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Modo: Corpus Pro

SENTENCIA DE AMPARO QUE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA EN CONTRA DEL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE NIEGA REQUERIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE SU CUMPLIMIENTO INMEDIATO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 392/2019. · Registro digital (IUS): 29676
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 83, Febrero de 2021, Tomo I, Pág. 810.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 392/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 1 DE JULIO DE 2020. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIA: IRLANDA DENISSE ÁVALOS NÚÑEZ.

II. Competencia

6. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos primero, segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos Circuitos y, al ser un asunto en materia penal, corresponde a la materia de especialidad de esta Primera Sala.

III. Legitimación

7. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues la formuló la parte quejosa en uno de los asuntos contendientes.

IV. Criterios denunciados

8. Con la finalidad de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, deben analizarse las consideraciones y argumentos en las que los Tribunales Colegiados basaron sus resoluciones. Sin embargo, antes de proceder a tal efecto, conviene tener presente, durante todo el desarrollo del presente asunto, lo dispuesto por los artículos 77, tercer párrafo y 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo:

"Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán:

"...

"En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales." [El resaltado es propio]

"Artículo 97. El recurso de queja procede:

"I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones:

"...

"e) Las que se dicten durante la tramitación del juicio, o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional." [El resaltado es propio]

Criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, al resolver la queja 46/2018.

Antecedentes

i. El veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, ********** y otras personas promovieron juicio de amparo indirecto en contra de diversos actos atribuidos a distintas autoridades, entre los que destaca la orden de aprehensión girada en su contra por la Jueza Tercera de Control del Primer Distrito Judicial en el Estado de Durango, como probables responsables en la comisión del delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

ii. Seguida la secuela procesal, el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Durango (expediente **********) concedió la protección constitucional por violaciones de forma (falta de fundamentación, motivación y congruencia) en el dictado de la orden de aprehensión, al advertir que la Jueza no precisó cuáles datos de prueba tomó en consideración, ni la valoración que les atribuyó, además de que las resoluciones escritas no coincidían con lo expresado oralmente. Por tanto, fijó los siguientes efectos: 1) que se dejara insubsistente la orden de aprehensión; y, 2) en caso de que el agente del Ministerio Público reiterara su solicitud, con libertad de jurisdicción, acatando lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, la Jueza resolviera lo que en derecho procediera.

iii. Por su parte, el once de mayo de dos mil dieciocho, el autorizado de las quejosas solicitó al Juez de Distrito que requiriera a las autoridades responsables el cumplimiento inmediato de la sentencia de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo.

iv. Mediante acuerdo de quince de mayo de dos mil dieciocho, el Juez de Distrito negó la solicitud, al considerar que no se actualizaba el supuesto previsto en el artículo 77 de la Ley de Amparo sobre el cumplimiento inmediato de las sentencias, en virtud de que la concesión otorgada por vicios de forma conlleva únicamente la obligación de la responsable de dejar insubsistente el acto que se le reclama y dictar otro en el que subsanen las violaciones que fueron destacadas en la sentencia, por lo que a nada práctico conduciría requerir el cumplimiento inmediato, pues a diferencia de los amparos concedidos de manera lisa y llana, que traen como consecuencia que la acción persecutoria penal deje de existir, esto no ocurre en la concesión de amparos para efectos.

v. Inconformes, las quejosas interpusieron recurso de queja, al considerar que se les causaba un daño trascendente y grave que no podría ser reparado posteriormente, ya que, ante la falta de cumplimiento inmediato de la sentencia, en cualquier momento podrían ser privadas de la libertad.

vi. Al respecto, entre otras cosas, indicaron que el Juez de Distrito interpretó incorrectamente el artículo 77 de la Ley de Amparo, en virtud de que de su lectura no se desprendía una distinción entre el amparo para efectos y el amparo liso y llano, a fin de que el cumplimiento sea inmediato.

vii. Por tanto, solicitaron que se revocara el acuerdo recurrido, para el efecto de que el Juez de Distrito ordenara a la Jueza de Control el cumplimiento inmediato de la sentencia.

Estudio de procedencia

i. El Tribunal Colegiado estimó que el recurso de queja era improcedente, toda vez que no se actualizó la hipótesis prevista en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo.

ii. Al respecto, señaló que dicha porción normativa establece que el recurso de queja es procedente en amparo indirecto, tratándose de resoluciones dictadas, incluso, después de la sentencia de amparo, en contra de las cuales no proceda el recurso de revisión, siempre que por su naturaleza trascendental y grave pudiera causar perjuicio a alguna de las partes.

iii. Precisó que para que un auto o resolución pueda catalogarse de naturaleza trascendental y grave es necesario que, por su contenido, produzca efectos que impliquen consecuencias en el futuro y que éstas, por razón de sus efectos, sean capaces de producir una afectación tal que pueda calificarse como grave; es decir, de notorios perjuicios o altamente perjudiciales que no puedan ser reparados en la sentencia definitiva, para lo cual debe atenderse a su contenido y a las circunstancias particulares del caso.

iv. Así, concluyó que el acuerdo recurrido no era de naturaleza trascendental ni grave, pues no producía efectos que lesionaran los derechos de la recurrente y que, a su vez, no fueran reparables en el procedimiento de ejecución por un Tribunal Colegiado o por esta Suprema Corte en un recurso posterior.

v. Consideró aplicable para tal efecto, lo señalado por la Segunda Sala de la Suprema Corte en la contradicción de tesis 180/2017, que derivó en la jurisprudencia, de rubro: "RECURSO DE QUEJA EN AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE NIEGA LA APERTURA DEL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA."(1)

vi. Precisó que, conforme a lo dispuesto por los artículos 196 a 201 de la Ley de Amparo, una vez iniciada la fase de ejecución de sentencia y requerido el cumplimiento a las autoridades responsables, el Juez de Distrito deberá pronunciarse, de manera fundada y motivada, sobre si se cumplió o no con la sentencia de amparo y si se incurrió en exceso o se cumplió deficientemente.

vii. Asimismo, señaló que, una vez emitido ese pronunciamiento, la parte que se sintiera agraviada podría interponer la inconformidad prevista en la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo,(2) momento en que podría reparársele algún agravio cometido durante ese procedimiento.

viii. En ese sentido, consideró que la violación que la recurrente pretendía deducir en el recurso de queja, relativa a la manera en que, desde su perspectiva, se debe proceder para la ejecución de la sentencia, con el propósito de que no se incurra en algún vicio de exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector, no tiene naturaleza trascendental y grave, pues no le afecta de modo irreparable.

ix. Precisó que esta violación se encuadra en el contexto de la fase de ejecución de la sentencia, por lo que aún está a expensas de la valoración que, sobre dicha ejecución, efectúe el Juez de Distrito, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo(3) y, de no estar conforme, podría interponer el recurso de inconformidad para que se le reparara la violación denunciada si la misma redundaba en exceso o defecto en el cumplimiento.

x. En ese sentido, concluyó que el acuerdo emitido por el Juez de Distrito no limitaba a la recurrente para inconformarse con la decisión final que se adoptara en el procedimiento de cumplimiento del fallo protector.

Criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver la queja 114/2018.

Antecedentes

i. **********, ********** y otros, promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la orden de aprehensión emitida por el Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude específico en grado de tentativa.

ii. El diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo emitió sentencia, en audiencia constitucional, en la que otorgó el amparo (expediente **********) para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la orden de aprehensión y emitiera una nueva, en la que determinara carecer de competencia para conocer de la solicitud de mandato de captura en la causa penal de origen y la remitiera al Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral correspondiente.

iii. El cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, los quejosos solicitaron al Juez de Distrito que requiriera a la autoridad responsable el cumplimiento inmediato de la sentencia, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. El Juez de Distrito negó dicha solicitud, al considerar que la sentencia no había causado ejecutoria y que la tercero interesada había interpuesto recurso de revisión, mismo que estaba en vías de integración para ser remitido al Tribunal Colegiado correspondiente para su sustanciación.

iv. Inconformes, los quejosos interpusieron recurso de queja en contra de esa determinación, al considerar que les causaba un perjuicio grave, no reparable en la sentencia definitiva, en virtud de las restricciones y condicionantes a su libertad que derivaban del acto reclamado.

v. Al respecto, indicaron que, al desechar su petición, el Juez de Distrito interpretó incorrectamente el artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, solicitaron que se revocara el acuerdo recurrido, a efecto de que se solicitara el cumplimiento inmediato de la sentencia de amparo.

Estudio de procedencia

i. En la materia que interesa a la presente contradicción, el Tribunal Colegiado estimó que sí era procedente el recurso de queja, en términos del artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, el cual contempla la impugnación de aquellos autos que no admitan expresamente el recurso de revisión y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar un daño o perjuicio a alguna de las partes, que no sea reparable por el Juez de amparo.

ii. Al respecto, señaló que el Pleno de esta Suprema Corte ha sustentado que para considerar un acto de naturaleza trascendental y grave es necesario que por su contenido produzca efectos que impliquen consecuencias en el futuro y que éstas, por razón de sus efectos, sean capaces de producir una afectación tal que pueda calificarse como grave; es decir, de notorios perjuicios o altamente perjudiciales que no puedan ser reparados en la sentencia definitiva, para lo cual debe atenderse a su contenido y a las circunstancias particulares del caso.

iii. Precisó que, a pesar de que el perjuicio es un presupuesto de todos los recursos, en el caso de este medio de impugnación, el daño debe ser de tal índole que la legalidad de la resolución respectiva no pueda ser materia de estudio en la sentencia que se dicte, o no sea reparable por el juzgador. El concepto de daño o perjuicio irreparable tiene, aquí, la acepción de violación de un derecho sustantivo.

iv. Así, consideró que el acuerdo impugnado actualizaba la procedencia de la queja, en virtud de que los recurrentes impugnaban que el Juez de Distrito soslayó aplicar lo dispuesto por el artículo 77, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, a efecto de que la autoridad responsable diera cumplimiento inmediato a la sentencia que les concedió el amparo; circunstancia que, de ser fundada, haría patente la vulneración al derecho de libertad de los quejosos -tutelada por el citado artículo 77- y, por tanto, actualizaría la naturaleza trascendental y grave que se requiere para hacer procedente el recurso.

v. Además, consideró que dicha cuestión correspondía en todo caso al análisis del estudio de fondo, por lo que debía declararse procedente. Esto, al considerar aplicable, por identidad jurídica, el criterio del Pleno de esta Suprema Corte, de rubro: "IMPROCEDENCIA EL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESISTIMARSE."(4)

vi. Por lo anterior, continuó con el estudio de fondo y declaró fundada la queja.

vii. Las consideraciones señaladas en el estudio de procedencia dieron origen a la tesis aislada, de rubro: "RECURSO DE QUEJA EN AMPARO INDIRECTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY DE LA MATERIA. PROCEDE CONTRA LA NEGATIVA DEL JUEZ DE DISTRITO DE EXIGIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE DEJE SIN EFECTOS, DE MANERA INMEDIATA, LA ORDEN RESTRICTIVA DE LA LIBERTAD RECLAMADA (RESPECTO DE DELITOS NO GRAVES O QUE NO AMERITAN PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA), EN VIRTUD DEL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA."(5)

V. Existencia de la contradicción

9. La unificación de criterios mediante las contradicciones de tesis es uno de los remedios previstos en la Constitución Federal para salvaguardar los valores de la justicia formal y el principio de universalidad en el razonamiento judicial.

10. Así, para determinar si existe la contradicción de tesis planteada y, en su caso, resolver cuál es el criterio que debe prevalecer, no es necesario que los criterios se sostengan en tesis jurisprudenciales. Más bien, por contradicción de tesis debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales mediante argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis.(6)

11. En ese sentido, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y dado que el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Los tribunales contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentra algún punto de toque. Es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general y que, sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c) Que lo anterior dé lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

12. A partir de lo expuesto, esta Primera Sala de la Suprema Corte advierte que sí se actualizan las condiciones necesarias para la existencia de la contradicción que se denuncia. Se explica.

13. La primera condición se cumple, pues ambos tribunales se pronunciaron sobre cuestiones litigiosas que fueron sometidas a su consideración, recurriendo a su arbitrio judicial.

14. En efecto, los dos tribunales interpretaron el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, para determinar si la negativa del Juez de amparo de requerir a la autoridad responsable el cumplimiento inmediato de la sentencia que concedió la protección constitucional en contra de una orden de aprehensión, de conformidad con el artículo 77, párrafo tercero, de la misma ley, actualiza los supuestos de trascendencia y gravedad para la procedencia del recurso de queja.

15. La segunda condición, consistente en que entre los ejercicios interpretativos se encuentre, al menos, un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, también queda colmada.

16. En efecto, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito sostuvo que el recurso de queja era improcedente, al no actualizarse el supuesto previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo. En su opinión, el acuerdo por medio del cual el Juez de Distrito se niega a requerir a la autoridad responsable el cumplimiento inmediato de la sentencia, que concedió el amparo respecto de una orden de aprehensión, no es de naturaleza trascendental ni grave, en virtud de que la materia de ese acuerdo se relaciona con los alcances que tendría que reconocerse a la sentencia, por lo que, de existir algún agravio, podría reparársele mediante la promoción del recurso de inconformidad o, en su caso, al resolverse el incidente de inejecución de sentencia, según se haya determinado cumplida o no la ejecutoria.

17. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito estimó procedente el recurso de queja, de conformidad con el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo. A su parecer, el acuerdo que negó requerir a la autoridad responsable el cumplimiento inmediato de la sentencia que otorgó la protección constitucional respecto de una orden de aprehensión, es de naturaleza trascendental y grave, en virtud de que, de ser fundado su agravio, se traduciría en la vulneración del derecho humano a la libertad personal del quejoso.

18. Lo anterior permite concluir que ambos tribunales sostuvieron posturas opuestas respecto de la procedencia del recurso de queja cuando se impugna del acuerdo que niega requerir a la autoridad responsable el cumplimiento inmediato de la sentencia que concedió el amparo en contra de una orden de aprehensión, en términos del artículo 77, tercer párrafo, de la Ley de Amparo.

19. No pasa inadvertido que, en los casos sometidos a estudio de los Tribunales Colegidos contendientes, los Jueces de Distrito negaron la solicitud de la parte quejosa, de requerir el cumplimiento inmediato, a partir de la interpretación de distintos fragmentos del párrafo tercero del artículo 77 de la Ley de Amparo.

20. Sin embargo, se estima que dicha cuestión no impacta en la existencia de la contradicción, pues dada la vocación de este tipo de asuntos de generar unidad en los criterios, se observa que subsiste un punto a definir por esta Primera Sala relacionado con la procedencia del recurso de queja -a partir de la actualización de las notas de trascendencia y gravedad- cuando se impugne esta negativa del Juez de Distrito, por considerar que dejó de observarse lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 77 de la Ley de Amparo; cuestión que fue abordada por los Tribunales Colegiados, llegando a determinaciones disímbolas: uno señalando que el recurso de queja es procedente y el otro considerando su improcedencia.

21. Así, el tercer requisito se cumple. Las posturas de los Tribunales Colegiados dan lugar al planteamiento y resolución por parte de esta Primera Sala sobre la siguiente interrogante: ¿Se actualizan las características de trascendencia y gravedad para la procedencia del recurso de queja, previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, ante la negativa del Juez de Distrito de requerir a la autoridad responsable el cumplimiento inmediato -en términos del artículo 77, tercer párrafo, de la misma ley- de la sentencia que otorgó la protección constitucional en contra de una orden de aprehensión?

VI. Estudio de fondo

22. Precisada la existencia de la presente contradicción, esta Primera Sala procede al estudio de fondo.

23. Como se indicó con anterioridad, el problema jurídico que debe resolverse consiste en determinar si se actualizan las características de trascendencia y gravedad para la procedencia del recurso de queja, previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, ante la negativa del Juez de Distrito de requerir a la autoridad responsable el cumplimiento inmediato -en términos del artículo 77, tercer párrafo, de la misma ley- de la sentencia que otorgó la protección constitucional en contra de una orden de aprehensión.

24. Al respecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que a continuación se sostiene:

25. El recurso de queja en amparo indirecto se encuentra previsto en el artículo 97, fracción I, de la Ley de Amparo, en el que se contempla un catálogo de resoluciones respecto de las cuales procede ese medio de impugnación. En particular, el inciso e) establece:

"Artículo 97. El recurso de queja procede:

"I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones:

"...

"e) Las que se dicten durante la tramitación del juicio, o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional." [El resaltado es propio]

26. De lo anterior, es posible advertir que el recurso de queja en amparo indirecto es procedente en contra de aquellas resoluciones dictadas después de la sentencia de amparo, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar perjuicio irreparable a alguna de las partes.

27. Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el Pleno de este Alto Tribunal, para que un acuerdo o resolución pueda catalogarse de naturaleza trascendental y grave es necesario que, por su contenido, produzca efectos que impliquen consecuencias en el futuro y que éstas, por razón de sus efectos, sean capaces de producir una afectación tal que pueda calificarse como grave; es decir, de notorios perjuicios o altamente perjudiciales que no puedan ser reparados posteriormente, para lo cual debe atenderse a las circunstancias particulares de cada caso.(7)

28. En el caso, en los asuntos contendientes, la materia de la queja es el acuerdo por medio del cual el Juez de Distrito se negó a requerir a la autoridad responsable el cumplimiento inmediato de la sentencia que otorgó el amparo en contra de una orden de aprehensión, en términos de lo dispuesto por el artículo 77, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, que señala:

"Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán:

"...

"En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales." [El resaltado es propio]

29. De la lectura de dicha porción normativa es posible advertir que, en materia penal, cuando se reclame, entre otros, una orden de aprehensión, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión. Lo anterior, siempre que se trate de delitos no considerados graves o que ameriten prisión preventiva oficiosa.

30. En ese sentido, el citado párrafo tercero del artículo 77 de la Ley de Amparo establece una excepción a la regla que establece que la sentencia surtirá sus efectos cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley.

31. En efecto, la Ley de Amparo prevé dos supuestos respecto al momento en el que inicia el cumplimiento de las sentencias de amparo: uno genérico y otro excepcional.

32. El genérico está previsto en los artículos 77, último párrafo, 192 y 211 a 214 de la Ley de Amparo, el cual, a grandes rasgos, establece que el cumplimiento de las sentencias de amparo inicia una vez que la sentencia cause ejecutoria. Por su parte, el excepcional está previsto en el citado párrafo tercero del artículo 77, el cual señala que, en ciertos asuntos del orden penal, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión.

33. Ahora bien, conviene precisar que el párrafo tercero del artículo 77 de la Ley de Amparo se incluyó con la emisión de la nueva ley.(8) El artículo correlativo de la ley abrogada era el 80,(9) en el cual únicamente se especificaban los efectos de las sentencias de amparo, por lo que dichas sentencias surtían eficacia conforme al supuesto general; es decir, cuando causaran ejecutoria.(10)

34. Así, aunque de la exposición de motivos de la Ley de Amparo vigente no se observa ningún pronunciamiento al respecto,(11) lo cierto es que esta incorporación permite concluir que el legislador estimó que los derechos fundamentales que podrían verse vulnerados con los actos previstos en el artículo 77, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, deben protegerse especialmente –el derecho a la libertad personal en el caso de la orden de aprehensión- y, por tanto, en los casos en que se conceda la protección constitucional en contra de aquéllos, debe restituirse de manera inmediata al quejoso en el pleno goce del derecho humano violado, incluso, antes de que cause ejecutoria -sin perjuicio de que pueda revocarse mediante el recurso de revisión–.

35. Ciertamente, el hecho de que surta efectos inmediatos indica que la sentencia cobra vigencia al momento de su emisión, sin necesidad de ninguna otra manifestación del Juez de Distrito, dado que dichos efectos emanan del mismo acto, por lo que deben acatarse sin dilación alguna. Por tanto, esta cuestión no debe confundirse con el hecho de que la sentencia cause ejecutoria, pues esto ocurre hasta que se surtan los supuestos señalados por la ley para que adquiera firmeza. Mientras esto no ocurra, dichas determinaciones son susceptibles de ser revocadas o modificadas.

36. Ahora bien, esta Primera Sala ha sostenido que el derecho a la libertad personal se refiere al estado de libertad física en que se encuentran los seres humanos, lo cual implica la ausencia de obstáculos y límites para llevar a cabo comportamientos corporales. Asimismo, que la libertad personal debe ser la regla y su limitación o restricción, la excepción.(12)

37. Esta Primera Sala ha señalado que la libertad personal se reconoce como derecho humano de primer rango, tanto en la Constitución Federal, como en distintos tratados internacionales de los que México es Parte, por lo que su tutela debe ser la más amplia posible y sólo puede limitarse bajo determinados supuestos de excepcionalidad; es decir, a partir del estricto cumplimiento de requisitos y garantías de forma mínima a favor de la persona pues, de lo contrario, se estaría ante una detención o privación de la libertad personal prohibida tanto a nivel nacional como internacional.(13)

38. En ese sentido, el artículo 16 constitucional delimita los supuestos que permiten la afectación al derecho de la libertad personal, entre los que se encuentra la orden de aprehensión.

39. Al respecto, esta Primera Sala ha sido enfática en señalar que, el escrutinio de la autoridad judicial debe ser la condición rectora y preferente en el régimen de detenciones; es decir, en principio, toda detención debe estar precedida por una autorización judicial tras analizar si la solicitud de la autoridad ministerial para

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29676-6abd35c5/sentencia-de-amparo-que-concede-la-proteccion-constitucional · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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