AMPARO DIRECTO. SI EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SE PLANTEAN CONJUNTAMENTE VIOLACIONES PROCESALES Y VICIOS COMETIDOS DURANTE EL DICTADO DE LA SENTENCIA, POR EXCEPCIÓN, DEBEN ESTUDIARSE PRIMERO ÉSTOS Y, DE SER FUNDADOS, SUBSANARSE EL PROCEDIMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO A), CONSTITUCIONAL, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 6 DE JUNIO DE 2011). APODERADO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI LA RESPONSABLE RECONOCIÓ SU PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE ORIGEN Y AL MOMENTO DE SUSCRIBIR LA DEMANDA RELATIVA EL PODER CON QUE ACTÚA NO ESTÁ VIGENTE, DEBE RECONOCERSE SU REPRESENTACIÓN CONFORME A LOS ARTÍCULOS 1o. Y 3o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, 13 DE LA LEY DE AMPARO Y AL PRINCIPIO RES INTER ALIOS ACTA. COMERCIO EXTERIOR. EL CAMBIO DE LOS PROGRAMAS DE IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA PRODUCIR ARTÍCULOS DE EXPORTACIÓN (PITEX), A LOS DIVERSOS PROGRAMAS PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX), DEBE CONSIDERARSE POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES AL ANALIZAR ASUNTOS QUE INVOLUCREN A EXPORTADORES QUE HUBIERAN SIDO TITULARES DE LOS PRIMEROS Y MIGRADO A LOS SEGUNDOS. INTERÉS EN AMPARO DIRECTO. LO TIENE QUIEN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL OBTUVO LA DECLARATORIA DE NULIDAD LISA Y LLANA DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA POR DEFICIENTE FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, SI EN EL CONTEXTO PRÁCTICO LOS EFECTOS DE ESA SENTENCIA NO LE PROPORCIONAN UNA SOLUCIÓN REAL A LA CUESTIÓN EFECTIVAMENTE PLANTEADA.
AMPARO DIRECTO 146/2011. 27 DE OCTUBRE DE 2011. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: SALVADOR GONZÁLEZ BALTIERRA. PONENTE: EMMANUEL G. ROSALES GUERRERO. SECRETARIO: ENRIQUE OROZCO MOLES.
CONSIDERANDO:
TERCERO. La demanda de amparo fue promovida por persona con legitimación, como se demostrará:
En efecto, consta en autos que la demanda del juicio de origen fue promovida por la sociedad mercantil **********, por conducto de su apoderado para pleitos y cobranzas **********, quien acreditó su carácter con la escritura pública 31,585, elaborada el veintiséis de febrero de dos mil siete por el notario público número diecisiete (17) del Estado de México.
Resulta necesario destacar que en la fecha en que fue promovida dicha demanda contenciosa administrativa, el mencionado poder general para pleitos y cobranzas se encontraba vigente en atención al contenido del artículo 7.768 del Código Civil para el Estado de México,(4) que establece una vigencia de tres años para este tipo de contratos, salvo que exista cláusula expresa en la cual se acuerde un plazo mayor, sin que este sea el caso (ver páginas 41 a 45 del juicio administrativo de origen).
Lo anterior, porque si el poder fue elaborado por el fedatario el veintisiete de febrero de dos mil siete, y la demanda del juicio administrativo fue presentada el veintiuno de septiembre de dos mil nueve, es evidente que la acción en representación fue ejercida durante la vigencia del poder.
Sin embargo, actualmente dicho poder carecería de vigencia por efectos de la mencionada presunción legal derivada del artículo 7.768 del Código Civil estatal antes mencionado, aspecto que podría llevar a estimar, en principio, que dicho poder sería jurídicamente insuficiente para probar la legitimación del suscriptor de la demanda de amparo directo que originó este juicio constitucional, máxime que de conformidad con el párrafo segundo de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto reformado y vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once), se establece que tratándose del amparo contra resoluciones provenientes de tribunales administrativos, el quejoso deberá acudir como titular de derechos subjetivos que le generen agravio de manera personal y directa; es decir, si bien la reforma constitucional reconoció con mayor extensión el interés para efectos de acudir al juicio de amparo, no menos cierto es que tal ampliación del concepto de interés no comprendió a los juicios constitucionales como el presente.
No obstante lo anterior, en el caso, debe reconocerse la representación del suscriptor de la demanda, pero por motivos diferentes, conforme a los artículos 1o. y 3o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio contencioso administrativo federal y 13 de la Ley de Amparo.
En efecto, con independencia de que la representatividad de quien suscribió la demanda debió extinguirse después de los tres años inmediatos siguientes a la fecha del otorgamiento del poder (es decir, al veintiséis de febrero de dos mil diez), lo cierto es que la Sala Regional reconoció como representante de **********, al mencionado **********, con posterioridad a la vigencia del poder (extra pacta), al proveer respecto de la promoción suscrita por éste, presentada en la oficialía de partes de la responsable el dieciocho de agosto de dos mil diez (ver páginas 307 a 338 del juicio administrativo de origen), a la cual recayó el auto de veintiséis de agosto siguiente, en el cual expresamente se reconoció la representación en análisis (ver página 339 del juicio administrativo de origen), mismo reconocimiento que se reiteró al notificarse la sentencia reclamada.
De lo antes expuesto se desprende que tras la vigencia del poder existió reconocimiento de la Sala Fiscal responsable, que ahora ya no puede ser desconocido en este juicio constitucional por efectos de los mencionados artículos 1o. y 3o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como 13 de la Ley de Amparo; mismo reconocimiento de la personalidad que fue también tácitamente admitido por la autoridad tercero perjudicada, al no cuestionarlo.
Al respecto son aplicables, por analogía, los criterios siguientes:
"REPRESENTACIÓN. LA RECONOCIDA ENTRE LAS PARTES AL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO, CONVENIO O ACUERDO DE VOLUNTADES DE CUALQUIER ESPECIE, NO PUEDE DESCONOCERSE POSTERIORMENTE EN EL DESARROLLO DE LA MISMA RELACIÓN JURÍDICA (PRINCIPIO RES INTER ALIOS ACTA). El hecho de que al celebrarse un contrato, convenio o acuerdo de dos o más voluntades de cualquier especie se reconozca y acepte la representación de alguna de las partes o que tal aceptación sea mutua entre todas las que acuden a la celebración del acto jurídico del cual se deriva una relación cuya duración se prolonga en el tiempo, implica una aceptación expresa en términos del artículo 1803 del Código Civil Federal. Ahora bien, si posteriormente, en el desarrollo de esa misma relación jurídica, surgiera un conflicto en donde pretende desconocerse esa representación previamente aceptada, es evidente que tal desconocimiento queda desvirtuado con la existencia misma de la relación jurídica de que se trate, pues no es jurídicamente aceptable desconocer la representación de alguna de las partes que expresamente se aceptó al momento de contratar, además de que quien la desconoce estaría actuando contra sus propios actos, ya que la aceptación de la representación en la celebración del acto de origen de la relación jurídica implica un conocimiento cierto para ejercer esa representación, es decir, el pacto de reconocimiento mutuo de representación trae consigo la actualización del principio res inter alios acta que surte efectos entre las partes, aunque sólo sea para ese negocio jurídico específico. Así, resulta inadmisible que después de haber aprovechado los efectos de la representación en una etapa no contenciosa de la relación jurídica, el demandado pretenda ser exonerado de toda responsabilidad por el posible incumplimiento de las obligaciones contraídas, alegando que la otra parte carece de la representación que ya había reconocido, pues ello constituiría una actitud contraria a la probidad y buena fe que debe guardarse en toda clase de obligaciones contraídas por acuerdo de voluntades."(5)
"PERSONALIDAD. NO PUEDE DESCONOCERSE EN UNA ETAPA CONTENCIOSA LA QUE EXPRESAMENTE FUE ACEPTADA AL FORMALIZAR UN CONTRATO. El hecho de que al celebrarse un contrato en representación de una sociedad mercantil el contratante reconozca a quien comparece a nombre de aquélla la personalidad con que se ostenta, consignándose ese carácter en el documento en que aquél se formaliza, implica una aceptación expresa en términos del artículo 1803 del Código Civil Federal. Ahora bien, si posteriormente surge un conflicto que acarrea la tramitación de un juicio, bastará la exhibición del mencionado contrato para justificar la personería de quien representó a dicha sociedad, aun cuando no se exhiban los documentos en que conste el otorgamiento de la facultad de representación. Lo anterior tiene su fundamento en el respeto al principio de buena fe de los contratantes, puesto que no es jurídicamente aceptable el desconocimiento de la personalidad que expresamente fue aceptada en el momento de contratar, además de que quien la desconoce estaría actuando contra sus propios actos, ya que la aceptación de la representación en el acto de la firma implica un conocimiento cierto de que quien compareció a nombre de la sociedad está facultado para ejercer esa representación, es decir, el pacto de reconocimiento mutuo de personalidad trae consigo la actualización del principio res inter alios acta que surte efectos entre las partes, aunque sólo sea para ese negocio jurídico. Esto es, no es admisible que después de haber aprovechado los efectos de la contratación en una etapa no contenciosa de la relación jurídica, el demandado pretenda ser exonerado de toda responsabilidad por el posible incumplimiento de las obligaciones contraídas, alegando que la otra parte carece de personalidad, pues ello constituiría una actitud contraria a la probidad y buena fe que debe guardarse en los contratos."(6)
Consecuentemente, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, debe reconocerse la legitimación de **********, como representante de la quejosa **********.
CUARTO. La existencia de la sentencia definitiva reclamada quedó debidamente acreditada en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, con el informe justificado rendido por la autoridad responsable al que se acompañaron los autos originales del juicio **********, siendo en éstos donde aparece dicha sentencia (páginas 341 a 347 vuelta del expediente del juicio administrativo).
QUINTO. Las consideraciones de la sentencia reclamada son las siguientes:
"... SEGUNDO. La existencia jurídica de los actos administrativos. La existencia jurídica de los actos impugnados materia de esta controversia, ha quedado debidamente acreditada en autos, por la exhibición que de ellas hizo la demandante y por el reconocimiento expreso de su emisión, que manifestaron las autoridades demandadas, con fundamento en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia contenciosa administrativa, mismas que hacen prueba plena de conformidad con lo establecido por el artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. TERCERO. Improcedencia y sobreseimiento. La autoridad, al contestar la demanda, manifiesta que de conformidad con los artículos 8o., fracción XVI y 9o., fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se debe sobreseer el presente juicio de nulidad, porque las resoluciones impugnadas no constituyen resoluciones definitivas, debido a que son actos meramente informativos. A juicio de los Magistrados que integran esta Sala Regional, es infundada la causal de improcedencia que denuncia la autoridad demandada. Los artículos 8o., fracción XVI y 9o., fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, disponen lo siguiente: ‘Artículo 8o.’ (se transcribe). ‘Artículo 9o.’ (se transcribe). El artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en su parte conducente, señala lo siguiente: ‘Artículo 14.’ (se transcribe). La autoridad demandada considera que se actualiza la causal de improcedencia regulada en el artículo 8o., fracción XVI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque las resoluciones impugnadas no constituyen resoluciones definitivas sino únicamente informativas. En la resolución impugnada con número de oficio **********, de fecha 25 de junio de 2009, visible a fojas 47 de los autos, se resuelve que en relación al escrito presentado por la actora ante la autoridad demandada el 20 de mayo de 2009, a través del cual exhibió el reporte anual de operaciones de comercio exterior por el ejercicio de 2008, de su programa PITEX **********, éste sería enviado a la Delegación Federal Metropolitana de la Secretaría de Economía para su archivo, toda vez que el 15 de mayo de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución de fecha 21 de abril de 2008, por la que se dan a conocer los nombres de los titulares y números de programas de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación cancelados por la falta de presentación del reporte anual. De lo antes expuesto, esta juzgadora considera que la resolución impugnada no es un acto administrativo meramente informativo, sino que la autoridad demandada está propiamente resolviendo la petición de la actora en sentido negativo, al avisarle que la promoción, a través de la cual presentó el reporte anual de operaciones de comercio exterior de su programa de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios IMMEX, por el año de 2008, se turnaría a la Delegación Federal Metropolitana de la Secretaría de Economía para su archivo, ello porque su programa IMMEX ya estaba cancelado, a través del acuerdo de fecha 21 de abril de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de mayo de 2008. Además, es importante tener en cuenta, tal y como se desprende de la copia certificada del acuerdo de admisión de fecha 8 de agosto de 2008, dictado por la Primera Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que la actora interpuso juicio de nulidad en contra de la resolución publicada el 15 de mayo de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, resolución por la que se dan a conocer los nombres de los titulares y números de programas de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación cancelados. En ese orden de ideas, el presente juicio de nulidad sí resulta procedente en contra de la resolución impugnada, de conformidad con el artículo 14, fracción XI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al constituir un acto dictado por una autoridad administrativa que pone fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelve un expediente, en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y que, para ello, se basa en un acuerdo cuya impugnación se encuentra pendiente de resolución. En cuanto a la diversa resolución impugnada, identificada con el número de oficio **********, de fecha 25 de junio de 2009, visible a fojas 48 a 53 del expediente en que se actúa, también resulta ser un acto impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de conformidad con el artículo 14, fracción XI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. De la lectura de la resolución señalada en el párrafo que antecede, se observa que ésta se dictó para dar cumplimiento a una diversa resolución emitida el 19 de enero de 2009, recaída a un recurso administrativo de revisión promovido por la parte actora. En ese orden de ideas, resulta evidente que la resolución impugnada es un acto administrativo que, además de haberse emitido en cumplimiento de una resolución recaída a un recurso administrativo de revisión, fue dictado por una autoridad administrativa que pone fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelve un expediente, en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. CUARTO. Conceptos de impugnación. En el primer concepto de impugnación del escrito inicial de demanda, la actora sostiene que la autoridad que emitió las resoluciones impugnadas no tiene competencia material para ello. La autoridad, al contestar la demanda, considera infundado el argumento de la parte actora, porque la Dirección General de Comercio Exterior cuenta con la competencia material y territorial para emitir las resoluciones impugnadas. A juicio de los Magistrados que integran esta Sala Regional, es fundado el argumento de la parte actora. En la tesis de jurisprudencia 2a./J. 201/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 543, Tomo XXI, enero de 2005 del Semanario Judicial de la Federación, (sic) determinó que la competencia es la aptitud o potestad asignada legalmente a un órgano de autoridad para actuar con plena validez en determinado sentido; es decir, es el conjunto de facultades otorgadas por la ley a las autoridades para que su actuación se vea comprendida dentro de esa esfera de atribuciones, aspecto que encuentra su fundamento en el artículo 16 de la Constitución Federal, pues este numeral se refiere a la competencia y límites fijados para la actuación de los órganos del Estado frente a los particulares, como una garantía constitucional consagrada a favor de éstos. Señala la Corte que, concretamente en el derecho administrativo, la competencia de la autoridad se encuentra íntimamente vinculada con el cúmulo de facultades o potestades con las cuales se encuentran investidos los órganos del Estado, pues todo acto de la administración pública corresponde al ejercicio de un poder atribuido previamente por la ley, determinado y acotado por ella misma. Ese poder atribuido no es otra cosa que el conjunto de facultades con que cuentan los órganos del Estado para el cumplimiento de la función pública en general; facultades que proceden del orden jurídico y cuyo ejercicio implica la capacidad de constituir, modificar o extinguir válidamente situaciones jurídicas. Sigue diciendo que en virtud de que esa capacidad para emitir actos jurídicos válidos genera, por lo regular, obligaciones o derechos para los gobernados, resulta válido considerar que la falta o ausencia de facultades para la creación o emisión de un determinado acto jurídico, supone necesariamente su nulidad, esto por ser ilegal al provenir de un ente que no está facultado por una norma para crear o modificar situaciones jurídicas. Precisa también que, en ese sentido, la falta de competencia de la autoridad que interviene en el procedimiento generador de un acto o resolución administrativa materia del juicio de nulidad, o en su emisión, incide directamente en la validez del acto mismo, porque las facultades asignadas a las autoridades administrativas para ordenar o, en su caso, instruir el procedimiento relativo, o para la emisión de actos que afecten la esfera jurídica de los particulares, constituye un elemento esencial e imprescindible para la eficacia y legalidad del acto administrativo, cuyo fundamento radica en el artículo 16 constitucional, por lo que un acto o resolución dictado por autoridad incompetente no podrá producir efecto alguno en la esfera jurídica de los gobernados, al estar afectado de ilegalidad, debiendo por ello anularse en su integridad. Concluye que, siendo la competencia un elemento esencial para la eficacia y validez de los actos administrativos en general, y ante las consecuencias generadas por la actuación o intervención de una autoridad legalmente incompetente, debe atenderse, para calificar todo acto o resolución administrativa emanado de un procedimiento, tanto a la competencia de la autoridad que lo ordenó o instruyó como al ente emisor, pues la falta de facultades de cualquiera de las autoridades que de algún modo intervengan en la emisión de una resolución definitiva, susceptible de impugnarse, incide en su validez y eficacia. Las resoluciones impugnadas, de fecha 25 de junio de 2009 (fojas 47 a 53 del sumario), fueron emitidas por el director de Industria Manufacturera de Exportación, en las que se invocan como fundamento de la competencia de la autoridad emisora, los artículos 1o., 2o., apartado B, fracción XIII, 25, fracciones I, II y VIII y segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, que dicen: De la competencia y organización de la secretaría. ‘Artículo 1o.’ (se transcribe). ‘Artículo 2o.’ (se transcribe). ‘Artículo 25.’ (se transcribe). Los preceptos legales recién transcritos, únicamente aluden a las facultades con que cuenta el director general de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía; sin embargo, quien emite los actos impugnados es el director de Industria Manufacturera de Exportación, sin que de esos artículos se desprendan las facultades con que éste cuenta, pero sobre todo, para dictar una resolución que ponga fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelva un expediente, en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. No pasa desapercibido para esta Sala, que de conformidad con el artículo 25, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, el director de Industria Manufacturera de Exportación es un auxiliar del director general de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía; sin embargo, ello no llega al extremo de que el director de Industria Manufacturera de Exportación, a nombre propio, ejerza las facultades que por ley le corresponden al director general de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Consecuentemente, el director de Industria Manufacturera de Exportación de la Secretaría de Economía, que emitió las resoluciones impugnadas, carece de competencia para resolver las peticiones del demandante, pues los preceptos que invoca en las citadas resoluciones no le otorgan atribuciones para ese fin; por ende, se actualiza la hipótesis de la fracción I del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que procede declarar la nulidad lisa y llana de las mismas; sin embargo, como los actos combatidos tienen su génesis en una petición del particular, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 52, fracción IV, de la misma ley, la nulidad debe ser para el efecto de que la autoridad demandada remita los escritos presentados por la actora los días 30 de julio de 2008 y 20 de mayo de 2009 a la autoridad competente para resolver la petición. Tiene aplicación la tesis 2a. CXCVI/2001 de la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 429, Tomo XIV, octubre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que se transcribe: ‘AUTORIDADES INCOMPETENTES. SUS ACTOS NO PRODUCEN EFECTO ALGUNO.’ (se transcriben texto y precedente). Por lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 49, 50, 51, fracción I y 52, fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve: I. Ha resultado infundada la causal de improcedencia denunciada por la autoridad demandada. II. La parte actora probó los extremos de su acción, en consecuencia. III. Se declara la nulidad de las resoluciones impugnadas, identificadas en el resultando primero, por las razones y para los efectos precisados en el considerando cuarto del presente fallo. IV. Notifíquese a las partes."
SEXTO. La parte quejosa expresa el siguiente concepto de violación:
"Primer concepto de violación. Violación a lo dispuesto por los artículos 50, 51 y 52, en relación con los diversos 29, fracción III y 33 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con los artículos 202 y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 16 constitucional. Causa agravio a mi representada la sentencia definitiva que se impugna por violación a los artículos 50, 51 y 52, en relación con los diversos 29, fracción III y 33 de la primero (sic). La sentencia que constituye el acto de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con los artículos 202 y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 16 constitucional, en virtud de que la misma deriva de un procedimiento ilegal. En efecto, mi representada promovió juicio de nulidad en contra de los oficios **********, de fecha 25 de junio de 2009, emitidos por el director de Industria Manufacturera de Exportación, por el que se informó que en virtud de que el programa IMMEX de mi representada se encontraba cancelado, el reporte anual de operaciones correspondiente al año 2008 sería remitido a la Delegación Federal Metropolitana de la Secretaría de Economía para su archivo, y **********, de fecha 25 de junio de 2009, emitido por el director de Industria Manufacturera de Exportación, por el que se cumplimentó la resolución contenida en el oficio **********, de fecha 19 de enero de 2009, resolviendo el recurso de revisión intentado el 9 de octubre de 2008, en el sentido de que al estar cancelado, el programa IMMEX de mi representada, el mismo sería enviado a la Delegación Federal Metropolitana de la Secretaría de Economía para su archivo. Juicio que quedó radicado en la Tercera Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, bajo el expediente **********. Es el caso que, seguido el juicio en su procedimiento, la referida Sala Fiscal con fecha 10 de febrero de 2010, emitió auto por el cual se desechó por extemporánea la demanda de nulidad realizada por la representación de las autoridades demandadas, respecto de la cual ésta promovió recurso de reclamación, mismo que fue resuelto mediante sentencia interlocutoria de 7 de junio de 2010, en el sentido de declararlo fundado, revocando dicho auto desechatorio teniendo por contestada la demanda efectuada por la representación de la demandada. Sentencia interlocutoria de 7 de junio de 2010, que para el caso es ilegal, por las siguientes razones medulares: a) Porque la autoridad, con independencia de que hiciera valer el recurso de reclamación en contra del auto de fecha 23 de septiembre de 2009, debió en forma previa haber impugnado a través de incidente de nulidad de notificaciones, la notificación efectuada el 19 de octubre de 2009, relativa a la admisión de demanda de 23 de septiembre de 2009 y por la cual se le emplazó para que en el término de ley produjera su contestación. Ello es así ya que para el caso, según lo expresado en la interlocutoria de 7 de junio de 2010, la H. Sala Fiscal habría considerado, de acuerdo con los argumentos expresados por la autoridad en el escrito de recurso de reclamación por ella interpuesto, que la notificación realizada el día 19 de octubre de 2009, respecto del acuerdo de 23 de septiembre de 2009 y del tanto de la demanda, se efectuó en la Oficialía de Partes de la Oficialía Mayor, Dirección de Recursos Materiales, Servicios Generales, y no en la Dirección General de Industria Manufacturera de Exportación de la Dirección General de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Situación que al caso implicaría el que la notificación del referido acuerdo y de la demanda supuestamente se habría realizado en forma ilegal, al no haberse efectuado en el domicilio y directamente con la autoridad demandada en el juicio Dirección General de Industria Manufacturera de Exportación de la Dirección General de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Aspecto que, para el caso, legalmente y de acuerdo con lo establecido en los artículos 29, fracción III y 33 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, debió haber sido materia de impugnación en su momento por parte de la autoridad a través del incidente de nulidad de notificaciones que en los mismos se prevé. Siendo que en el caso, no resultaba procedente ni legal que la Sala Fiscal a través del recurso de reclamación intentado por la actora, se pronunciara respecto de la notificación efectuada en la Oficialía de Partes de la Oficialía Mayor, Dirección de Recursos Materiales, Servicios Generales, para efecto de considerar fundado el citado recurso promovido por la autoridad pues, como se ha señalado, tal aspecto relativo a la ilegalidad de la notificación efectuada el día 19 de octubre de 2009, planteada por la autoridad demandada en su recurso de reclamación y que es considerada como válida por esa H. Sala Fiscal, sólo podría haber sido materia de planteamiento, análisis y resolución en el incidente de nulidad de notificaciones que tendría que haber interpuesto la autoridad demandada, situación que al caso no hizo. Por lo que si en contra de la referida notificación la representación de las autoridades demandadas no promovió el incidente de nulidad de notificaciones y a la fecha de emisión de la sentencia interlocutoria, que resolvió el recurso de reclamación intentado, no existió interposición del citado incidente por parte de la representación de la autoridad demandada y, por ende, no se controvirtió a través del medio de defensa legal idóneo tal notificación, la misma debió tenerse como legal y cierta en la fecha en que se realizó. Amén de que, en todo caso, no es materia del recurso de reclamación a que se refiere la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el resolver ni dilucidar sobre la legalidad de las notificaciones que se realicen por parte de los actuarios de las Salas Fiscales, pues ello, como se ha señalado, sólo es materia del incidente de nulidad de notificaciones. En este sentido, debió declararse infundado el recurso de reclamación que la representación de las autoridades demandadas interpuso en contra del auto desechatorio de la contestación de demanda, pues en ningún momento se controvirtió a través del medio de defensa idóneo, que para el caso lo era el incidente de nulidad de notificaciones, la notificación del auto admisorio de la demanda a la autoridad, no pudiendo ser, como se ha señalado, materia del recurso de reclamación la legalidad o no de la notificación del acuerdo de fecha 23 de septiembre de 2009. b) Porque con independencia de que la demandada se encontraría obligada a interponer incidente de nulidad de notificaciones en contra de la realizada el día 19 de octubre de 2009, respecto del acuerdo de 23 de septiembre de 2009 y del escrito de demanda, lo cierto es que al no interponerse dicho incidente la autoridad demandada habría consentido de plano la referida notificación, circunstancia por la cual evidentemente al haber presentado su contestación de demanda el día 15 de enero de 2010, ello se traducía en que tal contestación de demanda fuera por demás extemporánea. En este sentido, la resolución interlocutoria de 7 de junio de 2010 es ilegal, puesto que, para el caso, la notificación efectuada el día 19 de octubre de 2009, del acuerdo de 23 de septiembre y de la demanda, legalmente y para todos los efectos, se tenía como una notificación consentida pues, para el caso, como se ha señalado anteriormente, la demandada en ningún momento controvirtió tal notificación a través del incidente de nulidad de notificaciones, único medio legal existente en términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para obtener la nulidad de una notificación. En consecuencia, un acto consentido, como al caso lo fue la notificación realizada el día 19 de octubre de 2010, no podía ser materia de revisión ni de modificación, por lo cual debió tenerse por infundado el recurso de reclamación intentado por la demandada, ya que para el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24119-c3228de9/amparo-directo-si-en-los-conceptos-de-violacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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