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NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL INCIDENTE DE NULIDAD ES EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN IDÓNEO PARA COMBATIR LA ILEGALIDAD DE LAS REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO QUE PREVIENE AL QUEJOSO DE TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 420/2016. · Registro digital (IUS): 28436
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL NOVENO CIRCUITO Y EL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo I, Pág. 173.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 420/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL NOVENO CIRCUITO Y EL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: HORACIO VITE TORRES Y RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

Mediante la que se analizan los autos relativos a la contradicción de tesis 420/2016, en atención a la denuncia formulada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, respecto al criterio sustentado por dicho órgano jurisdiccional y el emitido por el Pleno en Materia Administrativa del Séptimo Circuito.

I. Antecedentes

1. Mediante oficio 7433, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio que adoptó en el recurso de queja 94/2016 de su índice, interpuesto contra el acuerdo dictado en el juicio de amparo indirecto 1110/2016-III, que tuvo por no presentada la demanda de amparo y el criterio sustentado por el Pleno en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, contenido en la jurisprudencia PC.VII.A. J/3 A (10a.), de título y subtítulo: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL INCIDENTE DE NULIDAD ES EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN IDÓNEO PARA COMBATIR LAS REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO QUE PREVIENE AL QUEJOSO DE TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."

II. Trámite

2. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante acuerdo de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, ordenó formar y registrar el expediente de contradicción de tesis bajo el número 420/2016 así como su admisión. El asunto se turnó al Ministro José Ramón Cossío Díaz para su estudio, en atención a que el Pleno de este Alto Tribunal, en sesión privada de veinte de febrero de dos mil doce, resolvió que aquellas denuncias de contradicción de tesis que se refieran al mismo problema jurídico planteado en una ya integrada y turnada en definitiva a ponencia, la nueva denuncia, al estimarse relacionada, se turnara al mismo ponente.(1)

3. Asimismo ordenó la obtención de copias certificadas de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 4/2016 del índice del Pleno en Materia Administrativa del Séptimo Circuito a quien solicitó informara si el criterio sustentado se encuentra vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.

4. Mediante auto de diez de marzo de dos mil diecisiete, el Pleno de Circuito informó que seguía vigente su criterio.(2) Consecuentemente, en proveído de veintisiete del mismo mes y año, el Ministro presidente tuvo por integrada la presente contradicción y ordenó enviar los autos al Ministro designado para la elaboración del proyecto de resolución.

III. Competencia

5. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con una interpretación extensiva y teleológica de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013. Dado que se plantea para determinar si los agravios aducidos en el recurso de queja tendentes a controvertir la legalidad de una notificación practicada en cumplimiento del auto que previene al quejoso de tener por no presentada la demanda de amparo indirecto, pueden ser materia del propio recurso, cuya temática es de materia común.

6. No pasa inadvertido para este Tribunal Pleno, que en el caso, la contradicción de criterios ocurre entre lo sustentado por un Tribunal Colegiado, y lo resuelto por un Pleno de Circuito de un diverso Circuito. Sin embargo, tomando en consideración en lo conducente el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013 de este Tribunal,(3( resulta claro que en materia de contradicción de tesis, se reconoció que son del conocimiento de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación los originados entre los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados de un diverso Circuito.

7. Tal determinación plenaria encuentra apoyo además, en la normatividad constitucional y legal aplicable, dado que si bien es cierto el artículo 107 constitucional no prevé de manera específica la competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de contradicciones de criterios entre un Tribunal Colegiado de un Circuito, respecto del sostenido por el Pleno de un diverso Circuito, no menos cierto resulta que ese precepto de la Constitución General sí prevé de manera expresa que corresponderá a la ley reglamentaria (Ley de Amparo) desarrollar las bases fijadas en la Constitución.

8. En esa tesitura, el artículo 226, fracción II, de la Ley de Amparo(4) vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, establece en lo conducente, que corresponde al Pleno o Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos Circuitos o entre los Tribunales Colegiados de diferente Circuito.

9. Lo que permite una interpretación bajo un criterio de mayoría de razón, en el sentido de que, si este Alto Tribunal tiene competencia para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos Circuitos o entre los Tribunales Colegiados de diferente Circuito, sobre la base subyacente de que respecto de esos criterios no existe regla constitucional ni legal sobre la prevalencia de alguno sobre el otro, entonces, también tiene competencia para conocer y resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre un Pleno de Circuito y un Tribunal Colegiado de diferente Circuito; dado que no existiría razón jurídica para proponer que este último tipo de contradicciones de criterios deban tratarse de manera diferente a las señaladas en primer término, cuando entre las tesis de jurisprudencia de un Pleno de Circuito respecto de la tesis de un Tribunal Colegiado de diferente Circuito, tampoco existe regla constitucional ni legal sobre la prevalencia de alguno de tales criterios sobre el otro.

10. Máxime que es criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el objetivo fundamental del procedimiento de contradicción de tesis es generar seguridad jurídica, al terminar con la incertidumbre para los gobernados y los órganos jurisdiccionales por la existencia de criterios contradictorios, mediante la definición de una jurisprudencia que servirá para resolver uniformemente casos similares a los que motivaron la denuncia de contradicción.(5)

11. Sobre esas premisas, es posible afirmar que ante la existencia de criterios contradictorios emitidos en jurisprudencia por un Pleno de Circuito, respecto del emitido por un Tribunal Colegiado de diverso Circuito, se configura un escenario de incertidumbre para los justiciables que quedan expuestos a la posibilidad de que los juicios en los que intervengan, sean resueltos de manera incierta, al existir como jurídicamente válidos dos criterios, cuyo sentido es contradictorio.(6)

12. En consecuencia, con la finalidad de atender el propósito y objetivo fundamental que persigue el procedimiento de contradicción de tesis, consistente en dotar de mayor seguridad jurídica al sistema jurídico nacional, este Tribunal Pleno estima que deben ser interpretados de esta manera extensiva y teleológica los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2013, en el sentido de que es competente la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones de tesis suscitadas entre el criterio de un Pleno de Circuito respecto del criterio de un Tribunal Colegiado de distinto Circuito.

IV. Legitimación

13. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución General y los numerales 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, pues en el caso, fue realizada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, cuyo criterio se señala como discrepante respecto del sostenido por el Pleno en Materia Administrativa del Séptimo Circuito.

V. Existencia de la contradicción

14. Conforme con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la mecánica para abordar el análisis sobre la existencia de las contradicciones de tesis, no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(7) puesto que dicho criterio ya fue interrumpido. Una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos, debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados.

15. Por ello, para comprobar la existencia de una contradicción de tesis es indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo. Así, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y si el problema radica en los procesos de interpretación –que no en los resultados– adoptados por los órganos contendientes, entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de tesis cuando se cumplen los siguientes requisitos:

a. Los órganos jurisdiccionales contendientes hayan resuelto alguna cuestión jurídica en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general;

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

16. Sirve de apoyo, en cuanto al criterio que informa, el razonamiento sustentado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.".(8) Esta jurisprudencia se encuentra encaminada a proporcionar certidumbre en las decisiones judiciales y dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.

17. Por otro lado, cabe señalar que aun cuando uno de los criterios contendientes no constituye jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para examinar si existe la contradicción planteada y, en su caso, establecer cuál es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.", emitida por el Pleno de esta Suprema Corte.(9)

18. En atención a lo anterior y previo al análisis de los requisitos que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para identificar cuándo se está ante una contradicción de tesis, es necesario conocer los argumentos que sustentan las posturas contendientes.

19. El Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito resolvió el recurso de queja 94/2016,10 con los siguientes antecedentes y características:

Pascual Rodríguez Liñán, promovió amparo indirecto, contra actos del Juez Segundo del Ramo Penal de San Luis Potosí, entre otras autoridades; demanda que, por turno, correspondió conocer al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, registrándola con el número 1110/2016.

Mediante acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, el Juez de Distrito ordenó requerir al quejoso, para que precisara lo siguiente: i) si en el proceso que se le instruye se declaró cerrada la etapa de instrucción; o en su caso el estado que guarda dicho procedimiento; y, ii) si la queja que promovió en contra del retardo para dictar sentencia en el juicio de origen, ya fue resuelta; de no ser así, informe el estado procesal de la misma; apercibiéndolo de tener la demanda de amparo por no interpuesta en caso de incumplimiento al requerimiento. Consecuentemente, ordenó la notificación personal de dicho acuerdo.

Una vez transcurrido el plazo de cinco días sin que el quejoso desahogara dicha prevención, mediante acuerdo de trece de septiembre de dos mil dieciséis, el Juez hizo efectivo el apercibimiento decretado, por lo que tuvo por no presentada la demanda de amparo.

Inconforme con esa determinación, mediante escrito presentado el veintisiete de septiembre siguiente, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, el quejoso interpuso recurso de queja.

El presidente del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, órgano que conoció del asunto, lo admitió a trámite y lo registró con el número 94/2016; posteriormente, dictó sentencia el diez de noviembre de dos mil dieciséis, en la que declaró fundado el recurso de queja.

Para ello, el Tribunal Colegiado calificó de fundados los agravios hechos valer por el recurrente en los que esencialmente controvierte la legalidad de la notificación, esto en suplencia de la deficiencia de la queja.

Lo anterior, porque conforme al artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, el medio de impugnación tiene por objeto que se verifique el proceder del Juez del Distrito, para lo cual debe revisar la legalidad del auto que ordenó aclarar la demanda, del requerimiento ahí contenido, el apercibimiento decretado, los motivos expuestos para tal efecto, el fundamento utilizado, así como el término otorgado para cumplir con tal prevención y posteriormente, comprobar si el plazo aludido transcurrió sin que se haya cumplido con la prevención ordenada.

Así, sostuvo que sobre la legalidad o inexistencia de la notificación del acuerdo que requirió la aclaración de la demanda, por excepción a la regla general de que tal cuestión es materia del incidente de nulidad de notificaciones, procede el análisis en la queja.

Lo anterior, porque no es jurídicamente factible la interposición del incidente de nulidad, cuando se trata de combatir una notificación realizada con antelación al dictado de una resolución culminatoria o auto que pone fin al juicio, esto es, el acuerdo por el cual se tiene por no interpuesta la demanda de amparo, lo cual haría improcedente el referido incidente.

También afirmó que el incidente no podría dejar sin efectos el auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo, ya que este no podría tener este alcance por no ser su objeto jurídico y, por ende, resulta ineficaz. En contraste, el recurso de queja, sí tiene dicho efecto y, por ello, es factible el estudio de la notificación.

En consecuencia, el Tribunal Colegiado al emprender dicho estudio, consideró que, al existir un requerimiento y prevención, tal auto debía ser notificado personalmente, conforme al artículo 26, fracción I, inciso c), y las reglas de notificación contenidas en el numeral 27, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo; en ese sentido, concluyó que el notificador no se cercioró de la identidad de la persona a quien se le tenía que notificar el proveído aclaratorio, esto es, el promovente del amparo; tampoco consta que se le haya entregado copia autorizada de tal acuerdo, de manera tal que declaró nula la notificación, fundado el recurso de queja, dejó sin efectos el acuerdo recurrido y ordenó que se notificara el auto de prevención al quejoso de manera legal.

20. Por su parte, el Pleno en Materia Administrativa del Séptimo Circuito resolvió la contradicción de tesis 4/2016, suscitada entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del citado Circuito, cuyos antecedentes son los siguientes:

a) Las posturas contendientes fueron:

a.1. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja 59/2016, determinó que los agravios del quejoso recurrente son inoperantes, ya que controvierten la forma en que se realizó la notificación del proveído de once de febrero de dos mil dieciséis, mas no lo acordado en ese proveído, en cuanto a que el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz determinó prevenirlo para que dentro del término de cinco días exhibiera nueve copias simples de todas las probanzas que anexó para integrar su escrito principal de demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por no presentada su demanda de amparo (registrado con el número 118/2016); así como, lo acordado en el diverso proveído, en cuanto a que era procedente hacerle efectivo el apercibimiento decretado, –en el que se tuvo por no presentada su demanda de amparo– en ese sentido, sostuvo que sus agravios no controvierten tales consideraciones, por lo que deben seguir subsistiendo.

Por último, sostuvo que el recurso de queja no es el medio idóneo para hacer valer sus alegaciones, sino el incidente de nulidad de notificaciones, debiéndose analizar en dicha vía, tanto los vicios propios de la notificación, como la forma en la que esta se ordenó. En consecuencia, declaró infundado el recurso.

a.2. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al conocer del recurso de queja 62/2016, determinó que los agravios de la quejosa recurrente son suficientes para declarar fundado su recurso, al considerar que le asistía la razón al señalar que de acuerdo con los artículos 26, fracción I, inciso c), y 27, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, el auto mediante el cual el Juez de Distrito ordenó aclarar su demanda de amparo (registrado con el número 120/2016) debió notificársele personalmente, aun cuando no hubiese señalado domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del lugar de residencia del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz.

Lo anterior, ya que en el proveído se ordenó que las notificaciones se le practicaran a la quejosa por lista, debido a que señaló su domicilio fuera del lugar de residencia del juzgado (de manera incongruente en la parte final se ordenó notificación personal), por lo que se le aplicó en perjuicio a la recurrente los artículos antes precisados –sostuvo el Colegiado–, porque éstos constreñían al Juez de Distrito a efectuar la primera notificación de manera personal, esto es, por medio de exhorto o despacho, de conformidad con los preceptos antes referidos.

Lo anterior, porque la obligación de señalar domicilio convencional en el lugar del juicio, constituye un requisito de la demanda, cuya omisión no puede originar su sanción inmediata, sino el requerimiento previo en el sentido de que, en caso de no cumplir con dicha obligación procesal, las subsecuentes notificaciones, aun las personales, se harán por medio de lista.

En ese orden de ideas, el Tribunal Colegiado sostuvo que el Juez de Distrito indebidamente consideró que la quejosa no cumplió con el requerimiento contenido en el proveído que se ordenó prevenir y, por ende, determinó tener por no presentada la demanda de amparo, ya que se debió ordenar que se notificara a la quejosa mediante exhorto o despacho, en consecuencia, declaró fundado su recurso de queja.

b) En ese contexto, el Pleno de Circuito, al resolver la contradicción consideró que entre los criterios anteriores existe un punto de choque sustancial, en razón de que los dos tribunales tomaron como punto de partida la sustanciación de los recursos de queja interpuestos contra los acuerdos del Juez Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, que tuvieron por no presentadas las demandas que originaron los juicios de amparo 118/2016 y 120/2016; en ambos casos, se debió a que la parte quejosa no cumplió con la prevención que oportunamente se le notificó por lista de acuerdos, por no haber señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en la residencia del referido juzgado.

Sin embargo, los agravios planteados en los recursos de queja 59/2016 y 62/2016, son de igual contenido, esto es, controvierten la legalidad de la notificación, en ese sentido, uno de los tribunales los analizó y declaró fundados los agravios que combaten la práctica de la notificación en la que se apoyó el Juez de Distrito para emitir el auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo y, en cambio, el otro tribunal los declaró inoperantes, sosteniendo que ello no era materia del recurso de queja, sino, en todo caso, de un incidente de nulidad de notificaciones.

En ese contexto, el Pleno aquí contendiente, sostuvo que la contradicción de criterios era determinar si se puede o no estudiar, en el recurso de queja, la legalidad de la notificación que sirvió de base al auto recurrido para tener por no presentada la demanda de amparo.

En principio, sostuvo que de conformidad con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, estuvieron en lo correcto ambos tribunales al declarar procedente y resolver el recurso de queja interpuesto en contra del auto antes referido.

Una vez precisado lo anterior, avocándose al punto de contradicción, expuso la naturaleza jurídica, objeto y las diferencias tanto del incidente de nulidad de notificaciones como del recurso de queja; así sostuvo que una notificación realizada en contravención a los artículos 24 a 31 de Ley de Amparo, se encuentra afectada de nulidad.

Sin embargo, destacó que la nulidad de que se trata no opera de pleno derecho, sino que es requisito indispensable que exista una declaración por parte de la autoridad judicial, de ahí que, mientras no se haya declarado nula determinada notificación en el juicio de amparo, la misma se presume válida y surte plenamente sus efectos, de conformidad con el artículo 68 de la Ley de Amparo.

Lo anterior, encuentra justificación en el hecho de que las constancias actuariales de notificación tienen pleno valor probatorio, porque que el funcionario que las realiza goza de fe pública, de ahí que sea necesario que éstas sean desvirtuadas en cuanto a su contenido y se demuestra en el incidente de nulidad correspondiente, ante el propio órgano jurisdiccional que las realizó.

En ese sentido, a la parte afectada le corresponde la carga de probar que ésta se realizó en contravención a las normas que la rigen, pues de no promoverse el incidente respectivo o de declararse infundados los agravios vertidos, la notificación surtirá todos sus efectos legales, por ser éste el medio idóneo.

Lo anterior, ya que el quejoso tendrá oportunidad de ofrecer las pruebas que estime pertinentes para acreditar los vicios procesales, con el objeto de que el órgano jurisdiccional califique la validez de una determinada notificación practicada en el juicio de garantías y declare su nulidad, con la consecuente reposición del procedimiento a partir del momento de esa declaratoria, a efecto de integrar debidamente el proceso, lograr su validez formal y garantizar a las partes su derecho de defensa y, por otro, que mientras no se declare nula dicha notificación, se presume válida y surte plenamente todos los efectos legales correspondientes.

En consecuencia, el Pleno de Circuito concluyó que no pueden ser materia del recurso de queja, los agravios dirigidos a combatir la validez de una notificación y, por ello, dichos argumentos deben calificarse de inoperantes.

Esta decisión del Pleno de Circuito dio origen a la siguiente tesis de jurisprudencia.

"NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL INCIDENTE DE NULIDAD ES EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN IDÓNEO PARA COMBATIR LAS REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO QUE PREVIENE AL QUEJOSO DE TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El artículo 68 de la Ley de Amparo prevé que el incidente de nulidad de notificaciones es el único medio de impugnación para examinar la legalidad de una notificación practicada en el juicio de amparo cuando se hubiere realizado en contravención a las normas que la rigen, contenidas en los artículos 24 a 31 de esa ley, pues, a través de dicho incidente, el quejoso tendrá la oportunidad de ofrecer las pruebas que estime pertinentes para acreditar los vicios procesales con el objeto de que el órgano jurisdiccional califique su validez o declare su nulidad, con la consecuente reposición del procedimiento a partir del momento de esa declaratoria, a efecto de integrar debidamente el proceso, lograr su validez formal y garantizar a las partes su derecho de defensa; por tanto, mientras no se haya declarado nula la notificación, se presume válida y surte todos sus efectos legales de manera plena. Ahora bien, en tanto que el objeto del recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, consiste en analizar la legalidad de las consideraciones expuestas por el Juez en la resolución recurrida, y no determinar si las notificaciones practicadas en el juicio de amparo tuvieron que realizarse de tal o cual forma, lo que es materia exclusiva del referido incidente, es inconcuso que la actuación será válida mientras no exista en vía incidental la declaración de nulidad respectiva, de manera que los agravios aducidos en el recurso de queja tendentes a controvertir la ilegalidad de una notificación practicada en el juicio de amparo en cumplimiento del auto que previene al quejoso de tener por no presentada la demanda, no pueden ser materia del propio recurso, sino de dicho incidente, por lo que éstos deben declararse inoperantes."(11)

21. Precisadas las posturas del Tribunal Colegiado y Pleno de Circuito contendientes, ha lugar ahora a examinar si, en el caso, se satisfacen los requisitos necesarios para afirmar la existencia de una contradicción de criterios, de los que se ha dado noticia en párrafos precedentes.

22. Primer requisito: resolución de alguna cuestión litigiosa en la que hayan ejercido su arbitrio judicial a través de un método interpretativo. A juicio de este Tribunal Pleno, los órganos jurisdiccionales contendientes, al resolver, por un lado, la cuestión litigiosa presentada ante el Tribunal Colegiado y, por otro, la solución que propuso el Pleno de Circuito, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de un procedimiento interpretativo para llegar a una solución. Ello se advierte en las resoluciones por ellos emitidas, las cuales se detallaron al explicar las posturas de cada uno.

23. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Este Tribunal Pleno considera que el segundo requisito queda cumplido en el presente caso, ya que ambos contendientes analizaron asuntos en los que a partir de supuestos similares, llegaron a una conclusión diferente. Esto, porque emitieron su decisión a partir de consideraciones que encuentran identidad, esto es, formularon sus consideraciones a fin de establecer si se pueden estudiar, en el recurso de queja, los agravios tendientes a controvertir la legalidad de la notificación del proveído por el cual se previene y que sirvió de base al auto recurrido, que tuvo por no presentada la demanda de amparo indirecto, por incumplir con dicha prevención.

24. Por otro lado, en los ejercicios interpretativos realizados por el Tribunal Colegiado y Pleno de Circuito, contendientes, existe disenso en la decisión adoptada, por las razones siguientes:

25. El Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, al resolver el recurso de queja 94/2016, interpuesto contra el proveído que tuvo por no presentada la demanda del juicio de amparo indirecto, concluyó estudiar los agravios planteados por la quejosa recurrente, al considerar que en el recurso se puede analizar la legalidad de la notificación del proveído mediante el cual se ordenó prevenir al quejoso, y determinó que no estuvo debidamente notificado, en términos de las reglas establecidas en los artículos 24 a 31 de la Ley de Amparo, por lo que declaró fundado el recurso.

26. En cambio, el Pleno en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, más allá de las condiciones fácticas que se presentaron en los asuntos que conformaron su contradicción, su pronunciamiento se ciñó al tema de la forma de practicar la notificación y, en ese sentido expuso la naturaleza jurídica, objeto y diferencias tanto del incidente de nulidad de notificaciones como del recurso de queja. Asimismo, sostuvo que una notificación realizada en contravención a los artículos 24 a 31 de Ley de Amparo, se encuentra afectada de nulidad y, por ello, es indispensable que exista una declaración por parte de la autoridad judicial.

27. En ese orden, –sostuvo el Pleno de Circuito– el legislador estableció como requ

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28436-9c3d0575/notificaciones-en-el-juicio-de-amparo-indirecto-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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