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Modo: Corpus Pro

JUICIO DE AMPARO. ES UN MEDIO PARA EL CONTROL DE LA LEGALIDAD, CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD. ÓRGANOS DE CONTROL (LEGALIDAD, CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD). SU EJERCICIO NO PUEDE SEPARARSE DE SU ÁMBITO DE COMPETENCIA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 559/2012. · Registro digital (IUS): 24406
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 2, Pág. 1284.

AMPARO DIRECTO 559/2012. 30 DE AGOSTO DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: WALTER ARELLANO HOBELSBERGER. SECRETARIO: ENRIQUE CANTOYA HERREJÓN.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Son inoperantes los conceptos de violación que vierte la quejosa, en atención a las consideraciones que a continuación se exponen.

En principio, debe destacarse que la parte quejosa hace amplia referencia a la afectación a su derecho humano de acceso a una vivienda digna y decorosa, el que estima infringido con la emisión de la sentencia condenatoria que se le impuso en el juicio especial hipotecario de origen, en cuya exposición sostiene que una persona moral diversa a las partes en el juicio, como es la sociedad hipotecaria federal, estaba obligada a tutelar ese derecho fundamental previsto en el artículo 4o. constitucional, el que a su vez se estima infringido por la Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal.

Tal circunstancia conduce a que, previamente a que se emita el pronunciamiento que corresponda a los argumentos concretos que se proponen, este órgano de control constitucional delimite la manera en que, conforme al marco constitucional vigente, debe asumirse la decisión que al caso corresponda.

En efecto, resulta una verdad incontrovertible que en los últimos tiempos, desde la Ley Fundamental, ha operado una sustancial modificación a la normatividad vigente en el Estado Mexicano, tanto en materia de derechos humanos, como en lo relativo al juicio de amparo.

Así, el artículo 1o. constitucional, establece lo siguiente:

"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

"Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

"Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."

Por su parte, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal (en lo conducente), determinan lo siguiente:

"Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:

"I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

"Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;

"II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. ...

"III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:

"a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.

"La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse.

"Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.

"Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado;

"b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y

"c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio.

"...

"V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes:

"...

"c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común.

"En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y

"VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones; ..."

Conforme a las citadas normas, el juicio de amparo es un medio de control que sirve para que los órganos competentes para ello, verifiquen el respeto que las autoridades del Estado deben a las normas generales ordinarias que regulan su actuación (control de legalidad), a la Ley Fundamental (control de constitucionalidad) y a los tratados o convenciones internacionales (control de convencionalidad).

Esto es, el juicio protector de los derechos fundamentales de los gobernados, conocido como juicio de amparo, tiene como parámetro de control esos tres tipos de normas jurídicas, y su objeto (de control) son los actos de autoridad -lato sensu-. Tal medio de defensa debe tramitarse y resolverse conforme a lo que establecen los artículos 103 y 107 constitucionales (y su ley reglamentaria), favoreciendo, desde luego, los principios interpretativos de los derechos humanos que se contienen en el artículo 1o. de ese propio ordenamiento.

Dicho precepto, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, tuvo importantes modificaciones que impactan directamente en la administración de justicia (en la que encuentra cabida el control constitucional que se ejerce por el Poder Judicial de la Federación), porque evidencian el reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos, mediante la expresión clara del principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, privilegiando aquellas que brinden mayor protección a sus destinatarios activos.

Al respecto, son ilustrativas las tesis 1a./J. 107/2012 (10a.) y 1a. XXVI/2012 (10a.) sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la página 799 del Libro XII, Tomo 2, octubre de 2012 y en la página 659 del Libro V, Tomo 1, febrero de 2012, respectivamente, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de los rubros y textos siguientes:

"PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE. De conformidad con el texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los tratados internacionales, la elección de la norma que será aplicable -en materia de derechos humanos-, atenderá a criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano."

"PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL. El segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro personae que es un criterio hermenéutico que informa todo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios. Esto implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación del principio pro personae en el análisis de los derechos humanos es un componente esencial que debe utilizarse imperiosamente en el establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la protección de la persona, a efecto de lograr su adecuada protección y el desarrollo de la jurisprudencia emitida en la materia, de manera que represente el estándar mínimo a partir del cual deben entenderse las obligaciones estatales en este rubro."

De esta manera, todos los órganos del Estado Mexicano, en el ámbito de sus competencias, al resolver los problemas en los que se involucren los derechos humanos, deben atender en principio a los que consagra la Carta Magna, como también a los contenidos en los tratados o convenciones internacionales que se hubieren suscrito en esa materia; lo que implica, como se ha dicho, un control de convencionalidad.

En ese tenor, si el propio mandato constitucional determina que la actuación de los órganos del Estado, entre ellos el Poder Judicial de la Federación, debe realizarse en el ámbito de sus competencias, esa aserción implica que previamente se ha delimitado un espacio y las formas en que debe efectuarse tal control sobre la regularidad de los actos de las autoridades del aparato estatal, en el que se tome como punto de partida el aludido parámetro normativo (legal, constitucional y convencional).

Conforme a ello, si el artículo 107 constitucional determina las bases mínimas sobre la competencia para conocer el juicio protector de derechos fundamentales (juicio de amparo), las que a su vez involucran cuestiones sobre su procedencia, es inconcuso que tratándose del procedimiento uni-instancial que corresponde conocer originariamente a los Tribunales Colegiados de Circuito, éste sólo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa en esos propios actos (in judicando) o bien en el procedimiento que las genere (in procedendo); lo que de manera lógica implica que, aun en el actual diseño constitucional de protección de derechos fundamentales, el juicio de amparo directo no debe ser ajeno a los aspectos relevantes que derivan del juicio que genera el acto en él reclamado.

Esto es, en la resolución de los juicios de amparo directo, salvo desde luego la real e insoslayable posibilidad de que pudiera desplegarse un control oficioso de convencionalidad, como lo ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, deben tenerse presentes todas las particularidades que se implican en la emisión de las ejecutorias respectivas; esto es, deben acatarse todas las reglas que definen y delimitan el hacer y modo de hacer de los tribunales federales al ejercer sus funciones propias, de modo que, so pretexto de un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos, el órgano de control no pueda separarse de su propio ámbito de competencias, pues sólo dentro de éstas es que puede ejercer el control de legalidad, constitucionalidad y de convencionalidad que le corresponde.

Por tanto, en términos de lo que dispone el artículo 1o. constitucional, los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación para efectuar el control de los actos de autoridad que constitucional y legalmente les corresponde, y a través de esa función deban tutelar en su máxima expresión los derechos humanos, sólo pueden actuar en el ámbito de sus propias competencias, por lo que no pueden apartarse de la regulación propia que el derecho positivo interno (constitucional, legal y jurisprudencial) les impone, y desde ahí, desde una competencia reglada, deben ser operadores jurídicos vigorosos para darle eficacia a esa protección de los derechos fundamentales, pero siempre conforme a la forma y términos en que se ha dispuesto el despliegue de sus atribuciones.

Sobre dichos temas son ilustrativos los criterios que ha sustentado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en las páginas 535, 551, 552 y 557, del Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, respectivamente, de los rubros y textos siguientes:

"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los Jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia."

"PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. El mecanismo para el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial debe ser acorde con el modelo general de control establecido constitucionalmente. El parámetro de análisis de este tipo de control que deberán ejercer todos los Jueces del país, se integra de la manera siguiente: a) todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en los artículos 1o. y 133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación; b) todos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; c) los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivados de las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido parte, y d) los criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado Mexicano no haya sido parte."

"PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. La posibilidad de inaplicación de leyes por los Jueces del país, en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los Jueces del país -al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano-, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los Jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los Jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte."

"SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO. Actualmente existen dos grandes vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano, que son acordes con el modelo de control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial. En primer término, el control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de control: acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo directo e indirecto; en segundo término, el control por parte del resto de los Jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda separada. Ambas vertientes de control se ejercen de manera independiente y la existencia de este modelo general de control no requiere que todos los casos sean revisables e impugnables en ambas. Es un sistema concentrado en una parte y difuso en otra, lo que permite que sean los criterios e interpretaciones constitucionales, ya sea por declaración de inconstitucionalidad o por inaplicación, de los que conozca la Suprema Corte para que determine cuál es la interpretación constitucional que finalmente debe prevalecer en el orden jurídico nacional. Finalmente, debe señalarse que todas las demás autoridades del país en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar su incompatibilidad."

En ese orden de ideas, partiendo del ámbito de las competencias que corresponden a este órgano colegiado, debe decirse a la parte quejosa que aun interpretando conforme al principio pro persona el derecho fundamental de acceso a la vivienda digna y decorosa, no puede llegarse a la conclusión de que la sentencia reclamada sea ilegal, inconstitucional o contraria a alguna convención internacional.

Así se considera porque, en principio, no obstante la prolija referencia que la solicitante del amparo realiza sobre diversa normatividad de índole internacional de los derechos humanos que estima violados, sólo se menciona en el artículo 25, numeral 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en el diverso 11, numeral 1, numeral del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, en los términos siguientes:

"Artículo 25.

"1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, tiene, asimismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad."

"Artículo 11.

"1. Los Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. ..."

De la lectura de esos preceptos, se advierte que la protección que contemplan al derecho humano a la vivienda, no es mayor a la que confiere el quinto párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que lo prevé en los términos siguientes:

"Artículo 4o. ... Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo."

Por ende, aun conforme al principio pro persona previsto en el artículo 1o. de la Ley Fundamental y conforme a los criterios del Alto Tribunal que ya se han reproducido, debe sostenerse que en el caso ninguna infracción se produjo a tales derechos con la emisión de la sentencia reclamada, ni con el procedimiento que le precedió y generó.

Así se considera porque la sola manifestación de la quejosa de que se infringen sus derechos fundamentales, es ineficaz para así determinarlo, cuando para así sustentarlo hace referencia a cuestiones que no pueden ser atendidas en este juicio de amparo, sea porque se proponen aspectos que escapan a las competencias propias de este órgano colegiado (que no fueron incorporadas a la litis de origen), o bien, porque omiten controvertir las consideraciones que dan sustento a lo decidido por la Sala responsable al confirmar la resolución apelada; ello, sin perjuicio de lo que adelante se sustenta sobre la manera en que el aludido derecho se respetó en beneficio de la solicitante del amparo.

En efecto, todos los argumentos de la quejosa en los que hace referencia a la sociedad hipotecaria federal, y a su ley orgánica, en cuyo contexto pretende cuestionar una cesión de derechos a favor de la actora del juicio de origen, y menciona aspectos relacionados con la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, y con la actividad misma de la construcción de vivienda, son inoperantes para que mediante ellos se analice la regularidad y validez legal, constitucional y convencional de la sentencia reclamada y del procedimiento que la originó, porque se trata de aspectos totalmente alejados de la litis de origen, y por ello, no pueden atenderse en la que se integra en el juicio de amparo que se resuelve.

De ahí que, la aludida persona moral carece de intervención alguna en el juicio especial hipotecario que fue resuelto con la sentencia reclamada, pues ni siquiera participó en los actos jurídicos documentados en la escritura pública base de la acción (que en sobre separado forma parte de las constancias del juicio de origen); de modo tal que tampoco puede hablarse de una inexistente cesión de derechos como lo aduce la parte quejosa en sus conceptos de violación, ni de la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de su respectiva ley orgánica, pues en ese tenor, nunca se aplicó en ese fallo ni en su procedimiento generador; lo que resulta indispensable para que un órgano de control pueda pronunciarse al respecto.

En ese contexto, es aplicable el criterio sustentado por este tribunal, publicado en la página 1825 del Libro VIII, Tomo 2, mayo de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del rubro y texto siguientes:

"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL, A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SÓLO ES VIABLE CUANDO ÉSTA SE HA APLICADO EN EL ACTO RECLAMADO O CON MOTIVO DE UNA VIOLACIÓN PROCESAL. El control de convencionalidad, al igual que el de constitucionalidad, de una norma legal, desplegable a través del juicio de amparo directo, implica el análisis sobre la validez de una disposición de carácter general que, conforme a la fracción IV del artículo 166 de la Ley de Amparo, no puede tenerse como acto reclamado destacado, pues tal calidad sólo corresponde a la sentencia definitiva, laudo o resolución que le haya puesto fin al juicio, pero nunca a la norma general. En ese tenor, la viabilidad de un estudio sobre el apego a la Constitución o a una convención internacional de esa disposición, debe tener como punto de partida su efectiva aplicación en el acto reclamado, sea de manera expresa o tácita, o bien, con motivo de alguna violación procesal. De ahí que si en un caso no se ha aplicado la norma general, se genera la imposibilidad para ejercer el aludido control de conve

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24406-fcad378b/juicio-de-amparo-es-un-medio-para-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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