ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA.
AMPARO EN REVISIÓN 31/2020. 4 DE MARZO DE 2020. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FERNANDO RANGEL RAMÍREZ. SECRETARIA: MIRIAM AIDÉ GARCÍA GONZÁLEZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO.—Son infundadas las manifestaciones que el recurrente realiza vía agravios.
El juicio de amparo biinstancial procede contra actos dictados por tribunales judiciales después de concluido el juicio que gozan de autonomía y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia decretada en el juicio natural, como son las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso, para preparar la ejecución de la sentencia y, en el caso, se reclama una sentencia interlocutoria que liquidó intereses moratorios.
En efecto, conforme a lo previsto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo,(1) la acción constitucional en la vía indirecta procede contra actos de tribunales judiciales dictados en el periodo de ejecución de sentencia, con la condición que se trate de la última resolución dictada en ese periodo, es decir, contra la que:
1. Aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado.
2. La que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento.
3. La que ordena el archivo definitivo del expediente.
Dentro de esta regla general de procedencia del amparo indirecto para los actos dictados después de concluido el juicio, se encuentra inmersa otra de carácter específico que establece que tratándose de procedimientos de remate, el amparo será procedente contra la última resolución ahí pronunciada, esto es, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de escritura de adjudicación, o bien, la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados.
Además, la doctrina jurisprudencial ha establecido algunas excepciones al criterio general antes aludido, respecto de la procedencia del juicio de amparo indirecto.
Efectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis:
1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia.
2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural.
Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante.
En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede el juicio de amparo indirecto contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada.
Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación.
En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente:
1. Contra la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, contra la que:
a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia.
b) La que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento.
c) La que ordena el archivo definitivo del expediente.
2. Contra la última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados.
3. Contra actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como lo son:
a) Las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida.
4. Contra actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada.
En el particular, en la demanda de amparo el quejoso señaló como acto reclamado la resolución dictada en la fase de ejecución de sentencia, que confirmó el proveído de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho que dice:
"...Agréguese a los autos el escrito del mandatario judicial de la parte demandada, a quien se tiene en tiempo desahogando la vista de ocho de octubre de dos mil dieciocho, en consecuencia, se admiten las pruebas ofrecidas por la incidentista e incidentaria (sic), quedando desahogadas por su propia y especial naturaleza, las documentales, instrumental de actuaciones y presuncional, legal y humana, con excepción de la pericial contable, con la que se da vista a la demandada, por tres días para que diga, si es pertinente, adicione puntos y cuestiones, y hecho que sea lo anterior, se acordará lo conducente, previniéndose a la demandada para que designe perito de su parte, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se le tendrá por conforme con el dictamen que rinda el perito de la parte actora. Notifíquese."
Es importante señalar, como premisa fundamental, como lo refirió el juzgado federal, que contrario a lo señalado por el ahora recurrente, en el referido proveído que fue confirmado por la resolución reclamada, no se admitió la pericial contable aludida, sino que el juzgador reservó acordar lo conducente a la admisión de esa prueba hasta tanto transcurriera el plazo de vista que dio a la ahora quejosa y recurrente a fin de que manifestara lo que estimara conducente con la pertinencia de esa prueba y, en su caso, adicionara el cuestionario respectivo y propusiera perito de su parte.
Incluso, la Sala responsable, en la resolución reclamada, en lo que interesa consideró:
"... Por tanto, el Juez no podía en el auto que se recurre desechar la prueba pericial de la demandada, porque la contraparte del actor no la ofreció, además, como lo establece dicho precepto legal, era obligación del juzgador que antes de admitir la prueba pericial diera vista a la contraria, mientras que la manifestación que realizó la parte demandada en su escrito de contestación al incidente, en relación con la prueba pericial en contabilidad ofrecida por la inconforme, no puede tenerse como ofrecimiento, porque de su texto claramente se advierte que refirió que dicha prueba era improcedente y manifestó que para el caso de que el a quo la admitiera, designaba perito de su parte, pero en modo alguno se advierte que hubiera ofrecido dicha probanza, porque de su capítulo correspondiente de pruebas, se desprende que únicamente ofreció la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto.
"En tal virtud, si bien es cierto que el artículo 1353 del Código de Comercio dispone que en el escrito inicial como en el escrito de contestación se deben ofrecer las pruebas, también lo es que el diverso numeral 1254 del citado ordenamiento legal, previene que antes de admitir la prueba pericial el Juez debe dar vista a la parte contraria del oferente, para que se manifieste sobre la pertinencia de la misma y, en su caso, proponga o amplié los puntos cuestionados, lo que el Juez en apego a derecho realizó en el auto impugnado; de ahí lo infundado de su agravio."
En virtud de lo anterior, son infundados los agravios, no sólo porque parten de la premisa errónea de que la pericial contable fue admitida lo que, como se ha visto, no fue así; sino, además, porque como bien lo señaló el Juez Federal, el acto reclamado que sólo dio vista a la ahora recurrente con la pertinencia de la pericial contable ofrecida en un incidente de liquidación promovido en la fase de ejecución de sentencia, no afecta materialmente derechos sustantivos.
Tampoco constituye una resolución que goce de autonomía, pues al dictarse al interior de un incidente de liquidación promovido en la fase de ejecución de sentencia, es evidente que, de acuerdo con los principios que derivan no sólo de lo previsto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, sino de las reglas fundamentales que rigen la procedencia de la acción constitucional, al tratarse de un acto procesal emitido en un procedimiento incidental, que como se ha visto no es de imposible reparación por no afectar materialmente los derechos sustantivos de la quejosa, ahora recurrente, el juicio de amparo sólo será procedente contra la última resolución que, en su caso, se emita en ese incidente de liquidación.
Razón por la cual, sí se actualiza la causa de improcedencia invocada por el Juez Federal, lo cual propició el sobreseimiento del juicio conforme a lo previsto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo y, evidentemente, ello impidió al propio juzgador examinar en el fondo los conceptos de violación planteados.
De ahí la ineficacia de los agravios, pues además de que el Juez Federal sí precisó en forma correcta el acto reclamado y sus alcances, dado el sobreseimiento decretado, se encontró ante un impedimento legal para examinar el fondo del asunto, incluso, la presunta inconstitucionalidad de los artículos 1254 y 1353 del Código de Comercio, pues la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver el fondo de la controversia.
Es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 52/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo VIII, agosto de 1998, página 244, con número de registro digital: 195741, que dice:
"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo."
Con base en lo expuesto, contrario a lo que se sostiene, se respetaron los principios de acceso a la justicia, legalidad, seguridad jurídica, precisión, exhaustividad, fundamentación, motivación y debido proceso consagrados en la Constitución General y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos suscritos por el Estado Mexicano.
Conforme al artículo 1o. constitucional, todos los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano forman parte de un mismo catálogo que conforma el parámetro de control de regularidad del ordenamiento jurídico mexicano.
En consecuencia, los ordenamientos jurídicos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los criterios que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus resoluciones, como intérprete último de la Convención Americana en el ámbito internacional, son vinculantes para todos los órganos jurisdiccionales del país.
En efecto, el nuevo sistema de control de constitucionalidad que rige ahora al derecho mexicano, producto de la reforma constitucional, así como de lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente varios 912/2010(2) en cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco contra el Estado Mexicano, fallado el catorce de julio de dos mil once, determinó la obligación de las autoridades jurisdiccionales del Estado Mexicano de salvaguardar el contenido de los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por México, realizando el control de convencionalidad de las normas que fueran contrarias a la Constitución Mexicana y/o a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declarando su inaplicación dentro del caso concreto, y con la única reserva para el Poder Judicial de la Federación en la declaración de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de las normas.
Así, de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución General y la tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LXVII/2011 (9a.), de rubro: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.",(3) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades jurisdiccionales del país se encuentran obligadas a efectuar ex officio el control de convencionalidad, respecto de las normas del derecho interno que resulten contrarias al contenido de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, ya sea declarando su validez por no contravenir la norma del derecho internacional, o bien, desaplicándola o expulsándola del ordenamiento legal según sea la competencia del órgano de justicia.
Sin embargo, ello de manera alguna implica que deba resolverse a favor de la parte que se inconforma, si como en el caso, atendiendo a las cargas probatorias, no se demostró lo pretendido.
De modo que las normas de derechos humanos y la interpretación conforme no implica resolver a favor del gobernado siempre e ignorar los preceptos legales aplicables al caso, así como el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento.
En efecto, el hecho de que se viertan argumentos en relación con derechos humanos en relación con (sic) la protección más amplia no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas se deban resolver de manera favorable a las pretensiones de las partes, pues las controversias se resuelven conforme a las reglas de derecho.
Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, Tomo 2, octubre de dos mil trece, página novecientos seis, con número de registro digital: 2004748, que es del tenor siguiente:
"PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: ‘PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.’, reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de ‘derechos’ alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes."
En ese contexto, no se violentó al quejoso derecho fundamental alguno pues, se reitera, en el caso se actualizó la causa de improcedencia invocada por el Juez Federal.
De esa forma, al ser ineficaces los agravios y al no actualizarse alguno de los supuestos que prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo, que haga procedente suplir la deficiencia de los agravios, procede confirmar la sentencia recurrida.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.—Se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO.—Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero de este fallo.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución a las autoridades responsables y al Juez Federal respectivo, devuélvanse los autos relativos al Juzgado de Distrito de donde provienen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, integrado por los Magistrados, presidente J. Refugio Ortega Marín y Fernando Rangel Ramírez, así como el licenciado Francisco Javier Cárdenas Naranjo, secretario autorizado para desempeñar las funciones de Magistrado de Circuito mediante oficio CCJ/ST/612/2020, de fecha dieciocho de febrero de dos mil veinte, suscrito por el secretario técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; siendo ponente el segundo de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Nota: La ejecutoria relativa al expediente varios 912/2010 citada en esta sentencia, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Libro I, Tomo 1, octubre de 2011, página 313, con número de registro digital: 23183.
________________
1. "Artículo 107. El amparo indirecto procede:
"...
"IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.
"Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.
"En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior."
2. "...31. El parámetro de análisis de este tipo de control que deberán ejercer todos los Jueces del país, se integra de la manera siguiente:
"? Todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en los artículos 1o. y 133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación;
"? Todos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea Parte.
"? Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecidos en las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido parte, y criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado Mexicano no haya sido Parte."
3. Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, página 535, con número de registro digital: 160589, que dice:
"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia."
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30342-a686fa5d/actos-dictados-despues-de-concluido-el-juicio-etapa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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