ADICIONES O REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA.
QUEJA 68/2016. JUAN ROMERO TENORIO Y OTROS. 17 DE MAYO DE 2016. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ARMANDO CRUZ ESPINOSA. PONENTE: JUAN CARLOS CRUZ RAZO. SECRETARIO: JERSON SASTRÉ CASTELÁN.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO.-Con el objeto de verificar la legalidad de la determinación contenida en el auto recurrido, se estima pertinente realizar algunas reflexiones en torno a la facultad que tiene el Juez para desechar una demanda de amparo.
Al respecto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo,(6) el Juez de Distrito debe analizar el escrito de demanda y, en caso de advertir algún motivo de improcedencia en forma manifiesta e indudable, la desechará.
El citado precepto señala:
"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."
Respecto de lo que debe entenderse por motivo de improcedencia manifiesto e indudable, debe precisarse que lo manifiesto es lo que se advierte clara y patentemente, mientras que lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza.
En ese sentido, para que opere la improcedencia de la demanda de amparo por motivo manifiesto e indudable -hipótesis a que se refiere el artículo 113 de la Ley de Amparo-, se requiere que la causa de inviabilidad sea clara, evidente, que no pueda dudarse, pero si ese motivo puede ser cuestionable, no ha lugar a ese desechamiento, sino que debe admitirse la demanda de garantías, sin perjuicio de que, al resolver el juicio, se pueda sobreseer si se corrobora de manera fehaciente esa causa u otra que acredite la improcedencia.
Así, la hipótesis contenida en el artículo 113 de la Ley de Amparo es de aplicación estricta, pues el desechamiento de la demanda puede ocasionar daños al quejoso, al privarlo de la oportunidad de acreditar en el juicio constitucional, el desvanecimiento de las causales de improcedencia que, a priori, pudieran haberse apreciado.
De ahí que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que las causas de improcedencia deben probarse plenamente y no inferirse con base en presunciones, pues sólo por excepción y en los casos específicos que se prevén en la ley de la materia, puede vedarse el acceso a dicho medio de control constitucional.
Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se indica:
"Quinta Época
"Registro digital: 356116
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo LIX, Núm. 8, febrero de 1939
"Materia: Común
"Página: 2080
"IMPROCEDENCIA EN AMPARO, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE.-El artículo 145 de la Ley de Amparo no establece en qué casos los Jueces de Distrito deben estimar que existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que amerite que la demanda sea desechada de plano, y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, interpretando dicho artículo, ha resuelto que por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe reputarse aquel que, de la simple lectura de la demanda, aparezca comprendido en alguno de los casos de improcedencia que señala el artículo 73 de la propia ley, o bien, cuando el amparo, también por la simple lectura de la demanda, no se encuentre comprendido en el artículo 114 de la misma ley. Ahora bien, si el tercero perjudicado alega que una demanda de amparo debió ser desechada de plano, en virtud de que el mismo Juez de Distrito que le dio entrada, desechó otra demanda de amparo, promovida por la misma parte agraviada, contra varios actos, entre los cuales estaba comprendido el que en la nueva demanda se reclama, se necesita tener a la vista esas demandas y conocer los motivos por los que fue desechada la segunda, para establecer la comparación respectiva y poder inferir que se trata de un caso análogo en el que legalmente había sido procedente que fuera desechada; por lo tanto, la queja debe declararse infundada."
En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable estará plenamente demostrado cuando de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, se advierta en forma patente y absolutamente clara que dicha causal es operante y que, aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos de prueba que pudieran allegar las partes.
Esto es, para considerar probada sin lugar a dudas la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente, o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido.
Importante resulta significar también que, de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues de lo contrario se estaría privando a los quejosos de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que les causa perjuicio, en cuyo caso debe admitirse a trámite la demanda a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.
Apoya las consideraciones anteriores la siguiente tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto enseguida se transcriben:
"Novena Época
"Registro digital: 186605
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XVI, julio de 2002
"Tesis: 2a. LXXI/2002
"Materia: Común
"Página: 448
"DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.-El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por ‘manifiesto’ lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por ‘indudable’, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada."
En el referido contexto, el desechamiento de una demanda de amparo opera como un caso de estricta excepción, que debe estar indefectiblemente apoyado en lo manifiesto y notorio de la causal de improcedencia que se haga valer.
Lo anterior es así, en virtud de que no toda causal de improcedencia, por el solo hecho de estar prevista en el artículo 107 de la Ley de Amparo, puede justificar que al proveer sobre la demanda, el Juez de Distrito la deseche de plano, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento, pues existen supuestos en los que no es patente su configuración y, por ende, debe admitirse el juicio de amparo y, con base en los elementos de convicción aportados por las partes durante la sustanciación del procedimiento, verificar si se actualiza o no una causa de inejercitabilidad de la acción de amparo pues, de lo contrario, podría dejarse al promovente en estado de indefensión, dado que se le privaría de la oportunidad de allegar pruebas al procedimiento que justifiquen la procedencia del juicio de amparo.
Ahora, en el presente caso, los quejosos, en su carácter de ciudadanos y como diputados federales, promovieron demanda de amparo colectivo en contra de las autoridades y actos siguientes: (foja 18)
"1. H. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrado por:
"I. Cámara de Diputados, en la LXIII legislatura; y,
"II. Cámara de Senadores en la LXIII legislatura.
"2. De acuerdo con los votos aprobatorios que remite el presidente de la Mesa Directiva del Senado, de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, y los recibidos por la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, son responsables las Legislaturas de los Estados Libres y Soberanos de: (1) Aguascalientes, (2) Chiapas, (3) Chihuahua, (4) Coahuila, (5) Durango, (6) Guerrero, (7) Hidalgo, (8) Jalisco, (9) Estado de México, (10) Michoacán, (11) Nayarit, (12) Oaxaca, (13) Puebla, (14) Quintana Roo, (15) Sinaloa, (16) Tamaulipas, (17) Veracruz, (18) Zacatecas, (19) Baja California Sur, (20) Campeche, (21) Sonora, (22) Tabasco y (23) Tlaxcala.
"3. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Por permitir la declaratoria de constitucionalidad del Decreto que se impugna: ‘La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 constitucional, y previa la aprobación de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la mayoría de las Legislaturas de los Estados, declara reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México. 20 de enero de 2016.’
"4. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos es responsable, como autoridad promulgadora, de las reformas sobre diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, misma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil dieciséis.
"5. C. Secretario de Gobernación. Como autoridad refrendadora: ‘En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintinueve de enero de dos mil dieciséis.-Enrique Peña Nieto. Rúbrica.-El Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Rúbrica’.
"6. C. Director del Diario Oficial de la Federación. Responsable de la publicación del Decreto sobre la reforma política de la Ciudad de México en el Diario Oficial, edición vespertina del veintinueve de enero de dos mil dieciséis, así como la publicación de los Acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral en la edición del cinco de febrero del mismo año.
"7. El Instituto Nacional Electoral, como autoridad ejecutora, por la aprobación y ejecución de los siguientes acuerdos:
"Primero. Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se emite la Convocatoria para la elección de sesenta diputados para integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
"Segundo. Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Plan y calendario integral del proceso electoral relativo a la elección de sesenta diputados por el principio de representación proporcional para integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, se determinan acciones conducentes para atenderlos, y se emiten los lineamientos correspondientes.
"Tercero. Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se designan presidentes del Consejo Local y Distritales en la Ciudad de México, quienes en todo tiempo fungirán como vocales ejecutivos de sus respectivas juntas locales y distritales."
Al respecto, en el auto recurrido el Juez de Distrito desechó de plano la demanda de amparo, al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, pues consideró que los actos reclamados, consistentes en el Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México y sus consecuencias, son actos atinentes al Constituyente Permanente, órgano sucesor directo del Constituyente Originario, en términos del artículo 135 de la Constitución Federal.
Lo anterior es así, dijo, en virtud de que los vicios que los quejosos atribuyen al decreto de reformas y sus consecuencias ocurren, precisamente, durante su sustanciación, lo cual jurídicamente no puede desvincularse de su objeto, que es la aprobación y declaratoria de reformas políticas constitucionales.
En consecuencia, el juzgador precisó que, tratándose del procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución, no puede separarse éste de la emisión de las propias normas constitucionales que deriven de él, por lo que, técnicamente, no es revisable por un órgano distinto del Reformador, a menos que el propio texto constitucional regulara esa revisión, lo cual no acontece dentro del sistema jurídico que impera en el país.
Así, el Juez Federal expuso que al Constituyente Permanente le asiste la potestad constitucional de reformar o adicionar la Constitución, así como la de sustanciar el procedimiento de reformas, por lo que su mecánica no es susceptible de control por la vía jurisdiccional, ya que lo encuentra en sí mismo, porque los órganos que en él actúan lo hacen en su carácter unitario y complejo, bajo su función extraordinaria de Órgano Reformador de la Constitución Federal, realizando una función de carácter soberano, no equiparable a la de ninguno de los órdenes parciales.
En contra de tales consideraciones, el ahora recurrente aduce, entre otras cosas, que es ilegal la determinación del Juez a quo, porque los actos fueron reclamados a entidades que encuadran en los supuestos de autoridades responsables, en términos de lo dispuesto por el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, ya que no actuaron en un plano de igualdad, ni como garantes de los derechos humanos de los ciudadanos.
Dicho argumento deviene inoperante, toda vez que de la lectura integral del acuerdo recurrido no se advierte que el desechamiento de la demanda de amparo se haya sustentado en que los actos reclamados no fueron emitidos por autoridades que tuvieran el carácter de responsables para efectos del juicio constitucional, sino, como se vio, porque tales actos encuadran en la fracción I del artículo 61 de la ley de la materia; es decir, porque su naturaleza no permite que sean impugnados a través del amparo biinstancial.
De este modo, la inoperancia en comento obedece a que el recurrente pretende controvertir consideraciones que no están plasmadas en el auto recurrido.
Cobra aplicación al respecto, por el sentido que la orienta, la jurisprudencia del Máximo Tribunal del País que dice:
"Octava Época
"Registro digital: 207013
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo VII, abril de 1991
"Página: 24
"Tesis: 3a./J. 16/91
"Jurisprudencia
"Materia: Común
"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES CUANDO SE DIRIGEN A COMBATIR CONSIDERACIONES LEGALES QUE NO SE FORMULARON EN LA SENTENCIA RECURRIDA.-Cuando lo que se ataca, mediante los agravios expresados, constituyen aspectos que no fueron abordados en la sentencia recurrida para sobreseer en el juicio, otorgar o negar la protección constitucional, deben desestimarse tales agravios por inoperantes puesto que no se desvirtúa la legalidad del fallo a revisión; a menos de que sea el quejoso quien recurre la sentencia y se esté en alguna de las hipótesis del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, en cuyo caso deberá suplirse la deficiencia de la queja."
Por otra parte, el recurrente aduce que el Juez de Distrito fue omiso en atender el capítulo en el cual solicitó la "inaplicación del contenido normativo de la fracción I del artículo 61 de la Ley de Amparo, por vulnerar el derecho humano de acceso a la justicia", así como el contenido de las jurisprudencias relacionadas con el control de convencionalidad ex officio que también solicitó.
De igual forma, solicita a este órgano revisor que aplique en su beneficio la norma más favorable al caso concreto, esto es, el principio pro persona.
Ahora bien, en principio, cabe precisar que tal como lo indica el recurrente, el Juez de Distrito fue omiso en analizar la posibilidad de inaplicar, en el presente caso, el contenido normativo de la fracción I del artículo 61 de la Ley de Amparo, en cuyo apartado los quejosos manifestaron lo siguiente: (fojas 31 vuelta a 34 del toca)
"Solicitud de inaplicación del contenido normativo de la fracción I del artículo 61 de la Ley de Amparo, por vulnerar el derecho humano de acceso a la justicia.
"Por estimar que la causal de ‘improcedencia’ prevista en el citado numeral resulta inconstitucional e inconvencional, toda vez que cancela indebidamente el derecho de acceso a la justicia que nos confieren los artículos 14, segundo párrafo, 17, segundo párrafo, 103, fracción I y 107, fracciones II y VII, entre otras disposiciones, de la Constitución Mexicana, y vulnera frontalmente las garantías de protección judicial reconocidas en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vigentes en nuestro país como Ley Suprema de la Unión, en términos de lo establecido en los artículos 1o. y 133 constitucionales, de manera cautelar solicitamos inaplicación al caso concreto, de la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el precepto legal impugnado.
"Lo anterior, a fin de que nuestra demanda de amparo no sea objeto del primer acto de aplicación -a los quejosos- de la norma legal que en este apartado se impugna.
"En ese tenor, tenemos presente que el artículo 61, en la fracción tildada de violatoria del referido derecho fundamental, dice así:
"‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"‘I. Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.’
"Siendo incongruente que, precisamente, el juicio que amplió su objeto para proteger al pueblo de las violaciones a sus derechos constitucionales y convencionales, llevadas a cabo por cualquier poder o autoridad, sea ahora el medio que los legisladores federales utilizan para vulnerar el derecho de acceso a la justicia constitucional; pues es de considerar que, la hipótesis de improcedencia que figura en la impugnada porción normativa, no existía en la ley anterior de la materia, ni existe ahora en la Constitución Federal o en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
"Es por ello que, previamente y respecto del contenido de esa porción normativa, le pedimos señor Juez que ejerza los controles de constitucionalidad y convencionalidad, a efecto de que, una vez que sea acreditada la incompatibilidad de la causal de improcedencia referida, frente a los contenidos esenciales del derecho de acceso a la justicia, insisto en los preceptos constitucionales e internacionales indicados supra, proceda a su inaplicación, sin perjuicio de hacer interpretación conforme, de modo que, en todo caso, se privilegie el mencionado derecho fundamental en el juicio que ahora intentamos.
"Tomando en cuenta para ello, entre otras cosas, las siguientes razones y fundamentos:
"En efecto, al declarar improcedente el juicio de garantías contra adiciones y reformas a la Constitución, esa fracción I del artículo 61 impugnado, violenta la esencia de la Constitución y los tratados internacionales, que establecen el derecho de toda persona a ser oída por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos de cualquier carácter, según reconoce el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
"En el caso de la exclusión del acceso de las personas al juicio de amparo, cuando se trate de demandas que aduzcan violaciones a los derechos humanos, posiblemente contenidas en normas generales de rango constitucional, el Estado Mexicano incumple con el precepto convencional referido, pues de aplicarse mecánicamente la norma legal impugnada, el Juez competente en este caso, no podría cumplir su obligación de oírnos en justicia con las debidas garantías, y tampoco podría determinar nuestros derechos, quedando impune cualquier posible vulneración a la Constitución o a la convención.
"Por lo cual, es de considerar que la causal de improcedencia indicada no reúne el estándar mínimo para ser considerada como parte del orden o sistema jurídico mexicano en un Estado supuestamente de derecho, y en una sociedad sólo en apariencia democrática, pero signante de la convención.
"Además de lo anterior, la referida causal de improcedencia impide a toda persona ejercer su derecho a un recurso sencillo y rápido, a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la Convención, aun cuando tal violación sea cometida por persona que actúe en ejercicio de sus funciones oficiales, como en el caso lo ha sido el Constituyente Permanente y el Presidente de la República, así como la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
"Con ello, la fracción I del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, cuya inaplicación se solicita, vulnera el derecho de acceso a la justicia, protegido por el artículo 25 de la citada Convención Americana, pues de esa manera México, como Estado Parte no sólo incumple el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, tales como las medidas legislativas o de otro carácter (por ejemplo, tesis y criterios judiciales, etcétera) que sean necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades que la Convención Americana ampara, sino que, contrario a ello, el legislador ordinario mexicano emite normas que declaran ‘improcedente’ el susodicho juicio, cuyo objeto es precisamente la protección de todos los derechos humanos que reconoce y el respeto a las garantías que otorga la Constitución, sea cual sea la autoridad emisora y el rango de dichas normas.
"En otras palabras, con el actuar del legislador federal, el Estado Mexicano también incurre en violación al artículo 2 de la Convención.
"Mucho menos sería posible al Juez garantizar una decisión de fondo, en cuanto a los derechos de toda persona que interponga el juicio de amparo, si omite declarar inconvencional e inaplicable al caso, la injusta causal de improcedencia, ni podría desarrollar las posibilidades de un recurso judicial inadmitido por disposición legal, aunque sea claro que el juicio de amparo es procedente según las reglas y principios de la Convención y la propia Constitución Federal.
"Con tal estado de cosas, se hace necesario, en nuestro concepto, que usted, C. Juez, ejerza los referidos controles de constitucionalidad y convencionalidad, armonizando las normas internas con las de la Convención Americana, o desaplicando la fracción I del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, si ésta fuere plenamente incompatible con las normas constitucionales o convencionales (como es el caso, a juicio nuestro).
"De otra forma, es posible que la aplicación mecánica de la multimencionada causal de improcedencia del juicio de amparo comprometa la responsabilidad internacional del Estado Mexicano, situación que compete determinar subsidiariamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"Ahora bien, respecto al llamado ‘control de convencionalidad’, conviene citar la jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana sustentada en la sentencia del Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, de 23 de noviembre de 2009 y cuyo párrafo 339 expresa:
"(se transcribe)
"De un simple análisis de esa porción de la sentencia internacional, se llega a la conclusión de que dicho tribunal interamericano:
"- Confirmó la doctrina del ‘control de convencionalidad’ que ha venido consolidando, en el sentido de que los Estados Partes en tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, particularmente, los Jueces nacionales, como parte del aparato del Estado, están sometidos a ella.
"- Estableció que todos los Jueces deben velar porque los efectos de las disposiciones de la convención no sean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin.
"- Determinó que la aplicación de leyes o normas internas contrarias al objeto y fin de la convención, desde un inicio, carece de efectos jurídicos.
"- Sostuvo que los Jueces deben ejercer, ex officio, un ‘control de convencionalidad’ entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes.
"- Estimó que, al ejercer el control de convencionalidad, el Poder Judicial debe tener en cuenta tanto el tratado, como la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana.
"- Declaró que la Corte Interamericana es intérprete última de la Convención Americana.
"Ahora bien, de la anterior consideración, es claro que, a la luz de la Convención Americana, lo dispuesto en la fracción I del numeral 61 de la Ley de Amparo en vigor, desde un principio carece de efectos jurídicos, en la medida en que la causal de improcedencia pretende excluir las normas generales de rango constitucional, de entre aquellas que pueden ser combatidas por medio del juicio de garantías, no obstante que la Corte Interamericana determinó, jurisprudencialmente, que en México los Jueces deben hacer el control de convencionalidad reseñado.
"Dicho control de la regularidad convencional implica contrastar la ley en su parte impugnada, con el contenido normativo esencial del derecho de acceso a la justicia reconocido, como ya hemos visto, en los artículos 8.1 y 25 de la Convención y, de no existir interpretación conforme posible, debe estimarse incompatible la norma nacional frente a la internacional.
"Ello es así, por cuanto la norma de improcedencia niega el acceso a la justicia en los casos mencionados, en tanto que las normas convencionales multirreferidas reconocen ese derecho humano.
"Así, por ejemplo, en el Caso Boyce y otros vs. Barbados, los párrafos que se citan a continuación, contenidos en la sentencia de 20 de noviembre de 2007 (excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas), la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras consideraciones, sustentó lo siguiente:
"(se transcribe)
"Nótese del párrafo 80 que, aun cuando la Constitución de aquel país impedía el escrutinio judicial sobre el artículo de una ley secundaria, la Corte Interamericana no sólo consideró que el precepto legal citado era violatorio de los deberes establecidos en el artículo 2 y otros numerales de la Convención Americana, sino que, al mencionar que la causa de ese obstáculo lo era una norma constitucional, la sujetó también a control de convencionalidad concentrado.
"De lo cual, por analogía juris, se infiere que, aun en caso de que la Constitución Mexicana prohibiera impugnar mediante amparo la inconstitucionalidad de la ley de esa materia, la misma Norma Suprema del país, sería inconvencional y no sólo la causal de improcedencia en la ley reglamentaria.
"Ahora que, en el caso, la propia Constitución determina bases en su artículo 107, relacionadas estrechamente con el objeto del juicio de amparo previsto en el artículo 103 de la misma, bases que fueron incumplidas y aun contradichas por el Poder Legislativo federal, al establecer una causal de improcedencia sin asidero constitucional. Por tanto, al ser contrario a la Norma Fundante, debe inaplicarse al caso concreto.
"Otro caso en el que la Corte Interamericana ha llevado a cabo el control concentrado de convencionalidad es el llamado Caso Olmedo Bustos y otros vs. Chile, mediante sentencia de 5 de febrero de 2001, en cuyo párrafo 72, además de declarar inconvencional un artículo de la Constitución de aquel país, estableció que ello comprometía la responsabilidad internacional del Estado parte. Veamos:
"(se transcribe)
"De manera similar es de mencionar que, en la opinión consultiva OC-4/84, la propia Corte Internacional, a petición de Costa Rica, interpretó el contenido de un proyecto de reformas a la Constitución de ese país, mediante resolución de 19 de enero de 1984, en cuyos párrafos 13 y 14 consideró que:
"(se transcribe)
"Lo que implica, a nuestro entender, que las normas de un decreto de reforma y adiciones a la Constitución son también norm
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26760-cf7a8647/adiciones-o-reformas-a-la-constitucion-federal-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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