CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. SI SE SOLICITA SU EJERCICIO Y NO SE SEÑALA CLARAMENTE CUÁL ES EL DERECHO HUMANO QUE SE ESTIMA INFRINGIDO, LA NORMA GENERAL A CONTRASTAR NI EL AGRAVIO QUE PRODUCE, DEBE DECLARARSE INOPERANTE EL PLANTEAMIENTO CORRESPONDIENTE.
AMPARO EN REVISIÓN 29/2013 (CUADERNO AUXILIAR 207/2013) DEL ÍNDICE DEL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, CON APOYO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CANCÚN, QUINTANA ROO. 8 DE MARZO DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ YBRAÍN HERNÁNDEZ LIMA. SECRETARIO: JUAN CARLOS CORONA TORRES.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Análisis de la impugnación.
22. Conforme al artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo procede, primordialmente, contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que viole los derechos humanos y las garantías que reconoce para su protección, así como los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
23. De lo que se sigue que el objeto principal del juicio de amparo es la defensa de los derechos humanos que la Carta Fundamental reconoce; de ahí que por la naturaleza de su competencia, cuando ejercen su jurisdicción, a los juzgadores de amparo les corresponde en forma destacada la protección de los derechos humanos.
24. Como se sabe, la sustanciación del juicio de amparo se verifica a través de dos vías, la biinstancial o indirecta, y la uniinstancial o directa.
25. Tratándose de la biinstancial, el artículo 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución, dispone: "Cuando habiéndose ‘impugnado’ en la demanda de amparo normas generales por ‘estimarlas directamente violatorias’ de esta Constitución, ...". Lo que significa que el control que en la Carta Magna se instrumentó para realizar la defensa de los derechos humanos frente a una norma general, es directa, esto es, se caracteriza por la existencia de una impugnación, la cual se traduce en una acción cuyo contenido expreso es postular la inconstitucionalidad de la norma.
26. Por ello, de resultar fundada esa pretensión -propiamente denominada-, en congruencia, dará lugar a una declaratoria jurisdiccional de inconstitucionalidad de la norma general.
27. Empero, no puede admitirse que el control que en el amparo indirecto ejercen los órganos del Poder Judicial de la Federación, sólo se da mediante una modalidad directa.
28. Si por virtud del artículo 133 del Pacto de la Unión los Jueces comunes cuentan con amplias facultades de control difuso de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, para lo cual no necesitan de esa pretensión expresa de inconstitucionalidad; entonces, como garantes exprofeso de los derechos humanos, los Jueces de amparo también pueden ejercer ese control ex officio sobre la norma general aplicada en el acto reclamado, aun cuando ésta no sea expresamente reclamada.
29. Desde otro ángulo, si de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Federal, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano; y si la competencia de un Juez de amparo es conocer de un juicio que tiene como objeto la salvaguarda de esos derechos; entonces, frente a una norma general aplicada en el acto reclamado que resulta contraria a ellos, en términos del principio iura novit curia, es obligación de ese juzgador protegerlos y garantizarlos.
30. Por ello, en el juicio de amparo indirecto el juzgador federal no sólo puede examinar la regularidad de las normas generales conforme a una modalidad directa de control, sino que cuenta con facultades ex officio para ello, que, por elemental congruencia, al no existir pretensión expresa, no pueden dar lugar a una declaratoria de inconstitucionalidad en la parte dispositiva de la sentencia, sino sólo a la inaplicación de esa norma que se opone a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales.
31. Lo considerado es coincidente, en lo conducente, con lo que este mismo tribunal ha sustentado en la tesis XXVII.1o.(VIII Región) 8 K (10a.), de rubro y texto siguientes:
"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES APLICADAS EN EL ACTO RECLAMADO EN UN AMPARO INDIRECTO. ES VIABLE AUNQUE AQUÉLLAS NO HAYAN SIDO RECLAMADAS DE MANERA DESTACADA O SEA IMPROCEDENTE EL JUICIO EN SU CONTRA. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente a partir del once de junio de dos mil once establece que todas las autoridades, dentro del ámbito de sus competencias, deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Conforme al ámbito competencial de los juzgadores de amparo, les corresponde de forma relevante la protección de los derechos humanos, ya que su función primordial consiste en ejercer dentro de esa materia un control directo o concentrado de convencionalidad y constitucionalidad. Por otra parte, también existe una vertiente de control difuso o incidental ejercido por el resto de los Jueces del país, los cuales pueden analizar ex officio si las normas generales relacionadas con los procesos de su conocimiento vulneran algún derecho humano reconocido en el bloque de constitucionalidad; en cuyo caso deben inaplicar la norma transgresora, sin necesidad de verificar si podría ser impugnada a través del amparo. Pues bien, si los Jueces comunes cuentan con tan amplias facultades de control de convencionalidad y constitucionalidad de leyes, no puede sostenerse que carezcan de ellas los tribunales de amparo. Por el contrario, como principales garantes de los derechos humanos, pueden ejercer oficiosamente ese control sobre la norma general aplicada en el acto reclamado, aunque no haya sido reclamada o, habiéndolo sido, resulte improcedente el amparo en su contra. En efecto, lo anterior sólo impediría el otorgamiento de la protección federal contra la ley inconvencional o inconstitucional, pero no contra el acto concreto, como medida tendiente a lograr la desaplicación de aquella norma abstracta. Este criterio se encuentra orientado por el principio hermenéutico pro homine establecido en el referido artículo 1o., en virtud del cual debe acudirse a la interpretación más extensiva cuando se trata de fijar los alcances de los derechos humanos y sus garantías."(1)
32. Incluso, mediante estricto control de convencionalidad difuso, como Jueces integrantes del Poder Judicial del Estado Mexicano, los órganos de amparo se encuentran obligados, ex officio, a proteger y garantizar los derechos humanos frente a una norma o acto que atenta contra ellos o los vulnera, en acato a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
33. Los Estados Unidos Mexicanos constituyen un Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de suerte que de acuerdo con el artículo 1 de ese pacto, se ha comprometido a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
34. En la ejecutoria de **********, dictada en el expediente varios 912/2010, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que derivado del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y nueve, el presidente de la República hizo del conocimiento general la declaración para el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de manera tal que México reconoció, en forma general y con el carácter de obligatoria de pleno derecho, la competencia contenciosa de dicho órgano jurisdiccional sobre los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
35. Este reconocimiento de la jurisdicción de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos implica que existe la obligación de los Estados Unidos Mexicanos de cumplir con la decisión de ese órgano jurisdiccional, toda vez que constituye un Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos que así lo ha manifestado expresamente.
36. El Alto Tribunal del País también determinó que las resoluciones pronunciadas por aquella instancia internacional cuya jurisdicción ha sido aceptada por el Estado Mexicano, son obligatorias para todos los órganos del mismo en sus respectivas competencias, cuando haya figurado como Estado Parte en un litigio concreto; que por tanto, para el Poder Judicial son vinculantes no solamente los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios contenidos en la sentencia mediante la cual se resuelve ese litigio.
37. En la sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil nueve, emitida por el organismo internacional en el "Caso Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos", se determinó que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus Jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos, a esto se le conoce como control difuso de convencionalidad (stricto sensu).
38. De esta forma, teniendo en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, el Juez nacional debe ejercer un "control de convencionalidad" ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de las respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes.(2)
39. Ilustran lo anterior las tesis aisladas P. LXV/2011 (9a.), de rubro: "SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. SON VINCULANTES EN SUS TÉRMINOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE EN EL LITIGIO.",(3) P. LXVI/2011 (9a.), de rubro: "CRITERIOS EMITIDOS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO NO FUE PARTE. SON ORIENTADORES PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEAN MÁS FAVORABLES A LA PERSONA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."(4) y P. LXVII/2011 (9a.), de rubro: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.",(5) todas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
40. Así pues, tratándose del juicio de amparo indirecto, dos son las modalidades a través de las cuales el juzgador competente ejerce el control constitucional en términos de la defensa de derechos humanos -incluidos los reconocidos en tratados internacionales-, a saber:
a) la directa, que se caracteriza por existir una pretensión expresa de inconstitucionalidad de la norma que, de resultar fundada, en congruencia dará lugar a una declaratoria de inconstitucionalidad; y,
b) la ex officio, que se sustenta en el principio iura novit curia, y que no da lugar a una declaratoria de inconstitucionalidad en la parte dispositiva de la sentencia, sino sólo a la inaplicación de la ley fijada en el lado considerativo.
41. Hablando del control difuso que deben realizar los juzgadores en sede nacional, esto es, aquel que se realiza por la modalidad ex officio, el entonces Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez,(6) explica que en la sentencia de "Trabajadores cesados del Congreso de la Coidh", se especificó que aunque el control no puede estar limitado a las manifestaciones o actos de las partes, ello tampoco implica que daba ejercerse siempre, pues existen "presupuestos formales y materiales de admisibilidad y de procedencia" que deben tenerse en cuenta.
42. Al margen de los motivos concretos del entonces juzgador interamericano, este Tribunal Colegiado comparte tal criterio general. Ante ello, la ley, la práctica y la jurisprudencia muestran que algunos de esos presupuestos que, de no satisfacerse, impedirán el ejercicio del control ex officio, de manera enunciativa son:
a) Competencia del juzgador. En la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la resolución derivada del expediente varios 912/2010 emitida por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, se exige como presupuesto para realizar el control ex officio que el juzgador tenga competencia legal para resolver el procedimiento o proceso en el que vaya a contrastar la norma.
b) Si es a petición de parte, que se proporcionen los elementos mínimos. Si bien el control ex officio no está limitado a las manifestaciones o actos de las partes, cuando se solicita su realización, debe señalarse con toda claridad cuál es el derecho humano que se estima infringido, la norma general a contrastar y el agravio que le produce, pues de otra forma, fuera del cumplimiento del principio iura novit curia, el juzgador no está obligado a emprender un estudio expreso oficioso de los derechos humanos o preceptos constitucionales o convencionales que se le transcriban, o bien, que de manera genérica se invoquen como pertenecientes al sistema. Por tanto, una declaración de inoperancia sobre el planteamiento puede provenir de que no se le proporcionaron al juzgador elementos mínimos de análisis y que éste no advirtió que la norma en cuestión se oponía a un derecho humano.
c) Aplicación expresa o implícita de la norma. No puede descartarse el caso de que en la primera instancia del juicio -de amparo o aun un ordinario-, el control difuso puede producirse respecto de las normas que lo rigen, que deban aplicarse expresa o implícitamente para resolver alguna cuestión procedimental o sustantiva, a manera de ejemplo: cuando se ofrece una prueba al juzgador conoce cuál es el derecho que debe aplicar para decidir si la admite o no, por ende, antes de aplicar el precepto, si advierte un vicio de inconstitucionalidad, expresando razones y citando el derecho, debe pronunciarse y abstenerse de emplearlo para decidir el punto jurídico.
d) Perjuicio. La norma a contrastarse debe causar un perjuicio para quien solicita el control difuso, o bien, irrogarlo a cualquiera de las partes cuando se realiza en forma oficiosa.
e) Inexistencia de cosa juzgada respecto del tema en el juicio. Si el órgano jurisdiccional ya realizó el control difuso, estimando que la norma es constitucional, no puede realizarlo nuevamente, con mayor razón si un juzgador superior ya se pronunció sobre el tema.
f) Inexistencia de jurisprudencia obligatoria de la constitucionalidad de la norma. Conforme a la Ley de Amparo hay juzgadores a los que les resulta obligatoria la jurisprudencia que emiten los órganos colegiados del Poder Judicial de la Federación, por lo mismo, cuando uno de ellos estimó que la norma es constitucional plasmando dicha decisión en jurisprudencia, tal criterio debe respetarse, pues el control concentrado de constitucionalidad rige el control difuso y solamente el órgano que emitió la tesis es el que puede interrumpir su criterio.
g) Inexistencia de criterio vinculante respecto de la convencionalidad de la norma general. Conforme a las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para los tribunales del Estado Mexicano; de ahí que si sobre el caso concreto existe un criterio vinculante, tal decisión debe respetarse, pues el control concentrado en el ámbito internacional pertenece a ese organismo internacional y rige al control difuso.
43. Sin embargo, para realizar el control ex officio no sólo es necesario colmar esos requisitos de procedencia y admisibilidad, es decir, sus presupuestos de forma, adjetivos y sustantivos, ya que atendiendo a su naturaleza regida por el principio iura novit curia, aquél precisa una metodología que posibilite su correcta realización, puesto que su resultado no es cualquiera, sino la expulsión de normas generales del sistema legal. Así, la evaluación de la constitucionalidad de normas generales puede efectuarse siguiendo los siguientes pasos:
a) Identificar el derecho humano o subderecho previsto en la Constitución o en un tratado Internacional.
b) Identificar los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hayan establecido el alcance e interpretación del derecho humano.
c) Fijar la norma o porción normativa que será objeto de control.
d) Identificar si dicha norma tiene por objeto cumplir con alguna o algunas de las siguientes obligaciones: promover, respetar, proteger y garantizar otros derechos humanos.
e) Identificar las posibles interpretaciones que la norma permite y verificar si una de ellas guarda conformidad con el derecho humano o subderecho.(7)
f) Si la norma no permite interpretaciones, o bien, si todas sus interpretaciones resultan disconformes con el derecho humano, proceder a contrastarla en forma frontal, para lo cual deben tomarse en cuenta los principios de universalidad, interdependencia e indivisibilidad, progresividad y pro homine.(8)
g) Y desaplicar la norma o porción normativa que resulte contradictoria con el derecho humano.
44. Esto, claro está, sin dejar de lado que en el control de constitucionalidad ex officio -incluido el de los tratados internacionales-, existen otros aspectos sustantivos e instrumentales que a la par deben considerarse, como son los siguientes:
a) Presunción de constitucionalidad de las normas del sistema jurídico.
b) Que algunas normas tienen por objeto o fin cumplir con las obligaciones del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar otros derechos humanos. Así es, conforme a los principios de interdependencia e indivisibilidad todos los derechos humanos deben ser protegidos, sin que ninguno pueda estar por encima del otro, por lo que debe tenerse presente que la norma general que se analice pudo haberse emitido para cumplir con alguna obligación en materia de derechos humanos; aspecto que debe ponderarse para fijar los alcances de una decisión. Por supuesto, el hecho de que una norma se haya instaurado para garantizar otros derechos de ninguna forma puede subsanar los vicios de constitucionalidad, pero sí debe ser tomado en cuenta para emitir decisiones ponderadas y prudentes.
c) Que un incorrecto control difuso de constitucionalidad también puede ser reparado mediante los recursos, en un control difuso ex officio a la inversa. En efecto, así como un Juez de primer grado en ejercicio oficioso de control puede concluir equivocadamente que una norma general es inconstitucional, el tribunal de segunda instancia también le puede regresar la regularidad constitucional a la norma de forma oficiosa, es decir, aun cuando los motivos de agravio sean deficientes pues, de otra forma, se permitirá la inaplicación de una norma que sí era constitucional.
45. Partiendo de las anteriores bases, como órgano revisor, esto es, como encargado de examinar la exacta aplicación de la ley en la sentencia recurrida, y estando incluido entre aquellas autoridades obligadas a velar por la vigencia de los derechos humanos reconocidos por la Carta Magna; pero además teniendo el deber de suplir la deficiencia de los agravios en términos del artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, todo lo cual justifica facultades no sólo de análisis oficioso de la sentencia recurrida, sino también de evaluación del a quo como operador del sistema de protección de derechos humanos, este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que en la sentencia recurrida se resolvió la controversia planteada a partir de una norma que, ex officio, debió ser inaplicada.
46. Ciertamente, el origen del recurso de revisión es el juicio de amparo indirecto que ********** promovió contra el acto que reclamó de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Estado de Chiapas, consistente en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral **********.
47. Del asunto correspondió conocer al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chiapas, residente en Tuxtla Gutiérrez, quien lo admitió y registró como amparo indirecto **********.
48. Sustanciado el procedimiento, en audiencia constitucional de veintiséis de noviembre de dos mil doce, ese juzgador dictó sentencia, la que autorizó el veintisiete siguiente. El sentido de tal resolución fue negar la protección constitucional solicitada.
49. Del examen de las consideraciones que dieron forma a la negativa del amparo y protección de la Justicia de la Unión, se advierte que éstas se sustentaron en la delimitación y aplicación del contenido normativo del artículo 95, párrafo segundo, de la Ley del Servicio Civil para el Estado y los Municipios de Chiapas.
50. Pues bien, tal norma no es compatible con el derecho de la quejosa de impartición de justicia pronta o en un plazo razonable.
51. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo segundo, en lo conducente, establece:
"Artículo 17. ... Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales."
52. Conforme al precepto transcrito toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta.
53. Esto es, en la norma reproducida, además de otros derechos, se reconoció el de un proceso sin dilaciones indebidas, es decir, un derecho a que los tribunales resuelvan los juicios que se les planteen dentro de los plazos que establezca la ley.
54. No obstante que el Constituyente de la Unión delegó al legislador secundario tanto federal como local, la libertad de fijar los plazos de los procedimientos -reserva de ley-, esto no significa que cuenten con facultades ilimitadas para determinarlos, pues aquéllas deben sujetarse al espíritu que dio origen a la norma constitucional, que radica en la conocida máxima según la cual "justicia retardada no es justicia", es decir, que si una sentencia llega fuera de tiempo, en realidad pierde su objeto.
55. Por ello, las facultades con que cuenta el legislador secundario, han de traducirse en la expedición de leyes en las que se establezcan procedimientos que posibiliten que el ejercicio de la jurisdicción sea tan rápido como lo permitan los derechos procesales de los justiciables.
56. Al interpretar el artículo 17 constitucional, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República.
57. Así, ese Alto Tribunal consideró que para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecido por el legislador ordinario se apega a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberán tomarse en cuenta, entre otras circunstancias:
a) La naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita.
b) Y el contexto constitucional en el que ésta se da.(9)
58. En el sistema internacional de los derechos humanos, el derecho de impartición de justicia pronta se identifica con el de impartición de justicia en un plazo razonable. Ambos postulan la exigencia de que los procedimientos jurisdiccionales deben ser tan breves como lo permitan los derechos procesales de los justiciables.
59. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece:
"Artículo 8. Garantías judiciales.
"1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."
60. Del precepto transcrito se deriva que mediante él se reconoce como uno de los elementos del debido proceso, que los tribunales decidan los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable.
61. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido un conjunto de elementos que deben considerarse para determinar la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso concreto, a saber:
a) La identificación de la incidencia y actualidad de la conducta jurisdiccional omisa,(10) en la persona involucrada en el proceso.(11)
b) La actividad adjetiva del interesado.(12)
c) La complejidad del asunto en términos de sus circunstancias generales de jure y de facto, internas y externas.(13)
d) Y la aptitud material de la autoridad jurisdiccional para resolver el litigio a la brevedad.(14)
62. Cabe mencionar que el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos coincide sustancialmente con el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, el cual dispone:
"Artículo 6
"Derecho a un proceso equitativo
"1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida en que sea considerado estrictamente necesario por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia. ..."
63. Al interpretar tal precepto, y para determinar la razonabilidad del plazo, en el "Caso Moreira de Azevedo c. Portugal", el Tribunal Europeo de Derechos Humanos empleó el análisis del conjunto de actos relativos a su trámite, lo que llama el "análisis global del procedimiento", que consiste en analizar, en su conjunto, el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para así determinar si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no.
64. Ese tribunal internacional estableció como elementos a considerar para determinar un plazo razonable, los siguientes:
a) Complejidad del asunto.
b) Conducta del demandante.
c) Y el comportamiento de las autoridades competentes.(15)
65. De esta forma, para precisar el plazo razonable en la resolución de determinado asunto, debe atenderse a las características del caso particular ponderando los elementos descritos, conforme a criterios de normalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para de ahí poder emitir un juicio sobre si un acto concreto, que bien puede ser una ley, vulnera el derecho humano de justicia pronta o también denominado, de impartición de justicia en un plazo razonable.
66. Y es que la demora de una controversia, sin justificación, no sólo mantiene al gobernado en un estado de incertidumbre sobre su resolución, sino también en una situación de afectación vinculada directa e indirectamente con la vigencia o reconocimiento de los derechos en litigio; todo ello se debe evitar a fin de generarle el mejor estado de dignidad que en tales condiciones el Estado puede proporcionar.
67. Sobre las anteriores premisas, en el caso el procedimiento burocrático para el Estado de Chiapas es de orden público, observancia general e interés social, según se advierte del artículo 1 de la Ley del Servicio Civil para el Estado y los Municipios de Chiapas. En sus artículos 84, 86, 87, 88, 89, 90 y 95, párrafo segundo, esa codificación establece:
"Artículo 84. El procedimiento para resolver las controversias que se sometan al tribunal consistirá en: la presentación de la demanda que deberá hacerse por escrito; acuerdo de admisión o aclaración en su caso y orden de traslado a la parte demandada, la contestación se dará en igual forma dentro del término de quince días, se celebrará una sola audiencia en la que se recibirán las pruebas y alegatos de las partes y se pronunciara, la resolución, salvo cuando a juicio del tribunal se requiera la práctica de otras diligencias en cuyo caso se ordenara que se lleven a cabo y, una vez desahogadas, se dictara el laudo.
"Tan pronto se reciba la primera promoción de un conflicto individual, colectivo o sindical el presidente del tribunal turnará el asunto al secretario conciliador; quien a su vez dentro del término de veinticuatro horas siguientes citara a las partes a una audiencia de conciliación que deberán celebrare dentro del término de diez días siguientes a la citación; en la cual tratara de avenir a las partes, promoviendo la celebración del respectivo convenio, el cual obligara a las partes como si se tratara de sentencia e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25489-77814a15/control-difuso-de-constitucionalidad-si-se-solicita-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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