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Modo: Corpus Pro

EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 339/2011. · Registro digital (IUS): 23228
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Pág. 2727.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 339/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 19 DE OCTUBRE DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, dado que el tema a dilucidar corresponde a la materia laboral en la cual se encuentra especializada esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, el cual sustentó uno de los criterios denunciado como opositor.

TERCERO. El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, al resolver el amparo en revisión laboral 186/2011, en sesión de **********, donde figuró como recurrente **********, en lo que interesa consideró:

"CUARTA. Estudio de los agravios. Los argumentos expresados por el recurrente son fundados.

"Al respecto, ********** refiere que el Juez de Distrito sobreseyó el juicio de garantías sin considerar que el amparo y protección de la Justicia Federal no se solicitó únicamente para que la autoridad responsable emitiera un acuerdo respecto a la petición que se le formuló, sino también para que continuara con el procedimiento de ejecución en los plazos y términos que dicta la Ley Federal del Trabajo.

"Ello en virtud que -a su juicio- la Junta del conocimiento no ha respetado las garantías consagradas en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el tres de enero de dos mil once se solicitó la continuación del procedimiento de ejecución, sin embargo, tal petición fue acordada hasta el cuatro de marzo siguiente, fecha que excedió las cuarenta y ocho horas con las que contaba para hacerlo en términos del artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo.

"Y si bien realizó actos tendientes a la ejecución del laudo, lo cierto es que no ciñó su actuar a lo dispuesto en los artículos 940, 968, 970 y 971 de la Ley Federal del Trabajo, en los cuales expresamente se determina que la ejecución de los laudos debe hacerse en forma pronta y expedita.

"En apoyo a sus argumentos citó las tesis: ‘DERECHO DE PETICIÓN. LA CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN A AQUÉL, NO PUEDE ESTIMARSE ACTUALIZADA POR LA SIMPLE EVIDENCIA DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EMITIÓ UNA RESPUESTA.’, ‘DERECHO DE PETICIÓN. AL EXAMINARSE EL CUMPLIMIENTO A ESTA GARANTÍA ES INDISPENSABLE ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESPUESTA EMITIDA.’ y ‘EJECUCIÓN DE LAUDOS. AL DEMOSTRARSE QUE LA RESPONSABLE SE HA EXCEDIDO EN LOS TÉRMINOS QUE AL RESPECTO DISPONE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DEBE CONCEDERSE EL AMPARO PARA QUE SEAN CUMPLIDOS, SALVO QUE EXISTA CAUSA IMPUTABLE A LAS PARTES O A OTRAS AUTORIDADES (APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 44/2007 Y 2a./J. 45/2007).’

"Tales planteamientos se consideran fundados, pues del análisis de las constancias allegadas se advierte que el Juez de Distrito precisó indebidamente el acto reclamado por el impetrante.

"Efectivamente, los artículos 77, fracción I y 79 de la Ley de Amparo imponen al juzgador de amparo la obligación de precisar el acto reclamado, para lo cual se estima necesario mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la demanda de garantías debe interpretarse como un todo, con un sentido de liberalidad y no restrictivo para determinar con exactitud la intención del promovente, y de esta forma armonizar los datos y los elementos que lo conforman, pero sin cambiar su alcance y contenido.

"De tal suerte que al analizar el libelo constitucional, los juzgadores deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las expresiones que generen oscuridad o confusión; es decir, al fijar el acto reclamado se deberá atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo que habrá de resolverse.

"Sustentan lo considerado, en lo conducente, la jurisprudencia y tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

"‘DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.’ (la transcribe).

"‘ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.’ (la transcribe).

"En el caso, el Juez de Distrito consideró como acto reclamado:

"‘... La denegación de justicia en que incurre la autoridad responsable, en razón de que en los autos del juicio laboral **********, no dicta el acuerdo correspondiente al escrito presentado por la parte actora el **********, en el que solicita dicte auto de mandamiento en forma en contra de los demandados vencidos en juicio; con lo cual se advierte que la quejosa se duele que la responsable no le administra justicia en los términos que señala la ley.’

"No obstante ello, en la demanda de garantías se señaló:

"‘IV. Acto reclamado. Lo constituye la negativa de la responsable a ejecutar el laudo dictado dentro del expediente laboral **********, a pesar de haberlo solicitado mediante promoción que le fue presentada **********, bajo el folio **********, mediante el cual se le solicita a la autoridad responsable comisione de nueva cuenta al actuario adscrito a efecto de poder llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y en su caso embargo, todo ello dentro de los términos y plazos establecidos por la ley laboral, sin que hasta el momento se haya pronunciado al respecto, continuando con el desahogo del procedimiento de ejecución hasta su conclusión, respetando lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo para tal efecto, es decir, lo dispuesto por los numerales 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974 y 975 de la ley en mención, dándoles trámite a todos los subsecuentes hasta lograr el cabal cumplimiento a la resolución dictada por la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos.’

"‘... sin embargo, con fecha **********, presentó un escrito dirigido a la autoridad responsable, en el cual pido actualizar el crédito laboral a favor de mi representado y que se comisione de nueva cuenta al C. Actuario a efecto de poder requerir de pago a la demandada, no obstante a la presente fecha la autoridad señalada como responsable ha omitido acordar dicha petición, así como notificarme del mismo y, por ende, realizar los actos necesarios para la expedita tramitación del juicio hasta su total conclusión en el trámite de ejecución del laudo.

"‘...

"‘De acuerdo con los antecedentes narrados, se violan flagrantemente en nuestro perjuicio las garantías constitucionales establecidas en los artículos 8o., 14, 16 y 17 ... pues se debió ejecutar el laudo tal y como lo establece la Ley Federal del Trabajo. Tiene sustento lo anterior en la jurisprudencia «... EJECUCIÓN DE LAUDOS. AL DEMOSTRARSE QUE LA RESPONSABLE SE HA EXCEDIDO EN LOS TÉRMINOS QUE AL RESPECTO DISPONE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DEBE CONCEDERSE EL AMPARO PARA QUE SEAN CUMPLIDOS, SALVO QUE EXISTA CAUSA IMPUTABLE A LAS PARTES O A OTRAS AUTORIDADES (APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 44/2007 Y 2a./J. 45/2007).».’

"Transcripción de la cual se extraen los siguientes actos reclamados:

"1. La falta de contestación al escrito mediante el cual se solicitó auto de requerimiento de pago y embargo.

"2. La omisión del presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de sustanciar el procedimiento de ejecución dentro del expediente laboral **********, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, demorando así su continuación.

"Es por ello que el Juez de Distrito debió tener como actos reclamados los antes precisados, por lo que en ese aspecto resultan fundados los agravios expresados.

"Por tanto, ahora procederá el análisis separado de cada acto: en primer lugar, se analizará si fue correcto el sobreseimiento decretado respecto de la falta de contestación al escrito mediante el cual se solicitó auto de requerimiento de pago y embargo; y, en segundo, como se omitió tener como acto reclamado el relativo a la falta de sustanciación del procedimiento de ejecución, procederá que se haga el pronunciamiento respectivo en relación a dicho acto, ante la inexistencia del reenvío.

"Sustenta lo considerado la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, cuyo criterio se comparte:

"‘SENTENCIAS DE AMPARO. AL NO EXISTIR REENVÍO EL TRIBUNAL COLEGIADO QUE CONOZCA EN REVISIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS DEBE CORREGIR DE OFICIO, EN LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DE LA EJECUTORIA QUE PRONUNCIE, LAS IMPRECISIONES QUE ADVIERTA EN LOS ACTOS RECLAMADOS Y LOS DISTINTOS SENTIDOS EN QUE SE RESUELVAN, A FIN DE EVITAR LA INCONGRUENCIA EN ÉSTAS.’ (la transcribe).

"QUINTA. Análisis de la falta de contestación al escrito mediante el cual se solicitó auto de requerimiento de pago y embargo. Se estima correcto el actuar del Juez de Distrito de sobreseer en el juicio respecto de la omisión de dictar auto de requerimiento de pago y embargo, en términos del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, el cual dispone que el juicio de garantías resulta improcedente, entre otros motivos, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.

"En efecto, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo ‘cesar’ significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término ‘efecto’ significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa.

"Sobre este tema, el tratadista Alfonso Noriega, en su obra intitulada ‘Lecciones de Amparo’, opina que de acuerdo con el texto del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado ‘... cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga ...’; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario ‘... que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable’, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada, por lo que para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado ‘... se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente ...’; concluye que ‘... únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada.’

"A su vez, Ignacio Burgoa Orihuela, en su libro ‘El Juicio de Amparo’, expresa en relación con la causa de improcedencia citada que: ‘... El acto reclamado tiene como consecuencia inmediata la causación de una violación en los términos del artículo 103 constitucional. La violación o las violaciones son, pues, los efectos del acto reclamado. Entonces, cuando ha cesado la violación, cuando ha desaparecido la contravención, por haberlas reparado, por ejemplo, las propias autoridades responsables, el amparo deja de tener razón de ser, ya que perseguiría algo que ya está logrado: la reparación de la infracción.’

"De lo anterior, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que motivó el amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada.

"Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.

"En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, ambos de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella.

"Apoya lo considerado la jurisprudencia:

"‘CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.’ (la transcribe).

"En el caso se advierte que el **********, el aquí recurrente, presentó promoción ante la responsable en la que señaló nuevo domicilio de la patronal a efecto de que fuera requerida de pago y embargo.

"Ante la omisión del presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de ejecutar el laudo de forma pronta y expedita, ********** promovió juicio de garantías del que conoció el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos.

"Vía informe justificado, la responsable remitió, entre otras constancias, el acuerdo del cuatro de marzo de la presente anualidad, en el que comisionó al actuario de su adscripción para que requiriera de pago a la patronal, y en caso de negativa, le embargara bienes para garantizar el cumplimiento de la obligación.

"De lo que se sigue que con el dictado del proveído de cuatro de marzo de dos mil once cesaron los efectos del acto reclamado, pues las cosas han regresado al estado que guardaban antes de la violación cometida y se restituyó al impetrante en el goce de la garantía individual violada, es decir, la autoridad responsable proveyó lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo.

"Dicho de otro modo, con el dictado del auto de requerimiento de pago y embargo se restituyó al quejoso en el goce de la garantía individual violada en su perjuicio, pues con el actuar de la responsable, aquél está en aptitud de continuar con la ejecución del laudo dictado en el expediente laboral **********, y con ello se destruyen total e incondicionalmente los efectos de la omisión reclamada.

"Razón por la cual, es dable considerar que en el caso sometido a estudio se ha actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del numeral 73 de la Ley de Amparo y, por ende, fue correcto el actuar del Juez de Distrito al decretar el sobreseimiento del juicio, de conformidad con lo previsto en la fracción III del artículo 74 del propio ordenamiento legal, en lo que a dicho acto reclamado se refiere.

"Sobre el tópico cobra aplicación, a contrario sensu, la tesis:

"‘ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.’ (la transcribe).

"En las relatadas circunstancias, las tesis invocadas por la recurrente no son aplicables al caso concreto, en atención a las siguientes consideraciones:

"En efecto, la tesis aislada cuyo contenido es sólo de carácter orientador, titulada: ‘DERECHO DE PETICIÓN. LA CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN A AQUÉL, NO PUEDE ESTIMARSE ACTUALIZADA POR LA SIMPLE EVIDENCIA DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EMITIÓ UNA RESPUESTA.’, fue superada por contradicción de tesis, en la que se determinó que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, la que a continuación se transcribe:

"‘CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA.’ (la transcribe).

"Criterio que en nada beneficia al recurrente, pues en él se alude a que si al rendirse el informe justificado la autoridad responsable exhibe la respuesta dada a una solicitud del quejoso, los efectos de la falta de contestación habrán desaparecido, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada y, por otro lado, refiere que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto.

"Igual consideración merece la tesis de rubro: ‘DERECHO DE PETICIÓN. AL EXAMINAR EL CUMPLIMIENTO A ESTA GARANTÍA ES INDISPENSABLE ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESPUESTA EMITIDA.’, pues si bien en ella se alude a que el Juez de Distrito está obligado a analizar la legalidad de la notificación de la respuesta dada al impetrante de garantías, lo cierto es que a nada práctico conduciría reponer el procedimiento para el efecto de que se analizara tal cuestión, pues del análisis de los autos se advierte que el proveído de cuatro de marzo de dos mil once se le notificó por conducto de su apoderada legal ********** y que al interponer el recurso de revisión que ahora se resuelve hace alusión a su contenido, es decir, conoce la forma y términos en los que la autoridad contestó la petición formulada, de ahí que la tesis de carácter orientador que invoca no le resulte benéfica.

"Así, al haber resultado fundada la causa de improcedencia invocada por el Juez de Distrito, relativa a la omisión de dictar auto de requerimiento de pago y embargo solicitado, lo procedente es dejar intocado el sobreseimiento decretado.

"SEXTA. Análisis del acto consistente en la omisión del presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos de sustanciar el procedimiento de ejecución. Previo al análisis del fondo del asunto en relación a dicho acto, se procede al estudio de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo.

"Así, se considera que respecto a dicho acto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la omisión atribuida a la autoridad responsable es un acto futuro de realización incierta.

"El artículo en cita establece:

"‘Artículo 73.’ (lo transcribe).

"Asimismo, es aplicable en sentido contrario, la siguiente jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:

"‘ACTOS FUTUROS, NO LO SON LOS INMINENTES.’ (la transcribe).

"En el caso se actualiza dicha causal de improcedencia, pues de conformidad con los artículos 940, 945 y 950 de la Ley Federal del Trabajo, una vez dictado el laudo que ponga fin al juicio, éste debe cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación correspondiente, y transcurrido el término, el presidente a petición de la parte que obtuvo resolución favorable dictará auto de requerimiento y embargo así como las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita.

"Al respecto, al analizar el tema relativo a la prescripción de la acción de ejecución de los laudos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó:

"‘... si bien es cierto que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, por conducto de sus presidentes, tienen la obligación de ejecutar los laudos que pronuncien, también es verdad que esa obligación es correlativa con los particulares en el sentido de que éstos tienen la obligación de manifestar su voluntad de continuar con la acción ejercitada ...’

"Dicho criterio se contiene en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 91/97, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo, Tercero, Quinto y Sexto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, ambos en Materia de Trabajo, y de la cual derivó la jurisprudencia:

"‘LAUDOS. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE EJECUCIÓN.’ (la transcribe).

"De lo cual se advierte que si bien los presidentes de las Juntas están encargados de la ejecución de los laudos, ello siempre se ve condicionado a que la parte interesada impulse el procedimiento, pues a diferencia del juicio, en el cumplimiento del laudo no se puede actuar de manera oficiosa.

"Ello es así, pues si bien es cierto que de conformidad con las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: ‘AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.’ y ‘SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.’, el juicio laboral se configura por una serie de actos y etapas concatenadas o unidas entre sí, que se van desarrollando una tras otra en forma lógica. Tal concepción obedece a que su finalidad es que se emita el laudo dentro de los plazos que establece la ley, a través del cual los derechos de las partes encuentren definición.

"De ahí que el criterio que en ella se sostiene, relativo a la celeridad del juicio laboral, no puede hacerse extensiva a la etapa de ejecución del laudo, pues no obstante de conformidad con el invocado artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo, la ejecución de los laudos debe hacerse en forma pronta y expedita, no se establece ningún término para tal efecto y, por el contrario, el numeral 950 de la misma ley condiciona la emisión del auto de requerimiento de pago y embargo a la previa existencia de petición de parte.

"Incluso los diversos numerales 519 y 521 de la ley en cita disponen que la acción para solicitar la ejecución prescribe en dos años, lo que hace evidente que el sistema adoptado para el cumplimiento de lo resuelto difiere sustancialmente del que rige en el trámite del juicio; pues se hace evidente que tal disposición sanciona la inactividad de las partes, las que están obligadas a impulsar la ejecución del laudo hasta lograr el pago de las cantidades condenadas.

"A más que, al tratarse de una etapa en la que lo proveído por el tribunal laboral depende de la actitud que asuma la parte interesada y lo que le sea expresamente solicitado, es inconcuso que si en un juicio de garantías se reclaman las posibles violaciones en que pueda incurrir la Junta de Conciliación y Arbitraje en la ejecución del laudo, tal cuestión se tratará de actos futuros e inciertos, es decir, cuya realización es remota, ya que su existencia depende, en primer término, de la actividad previa del quejoso y, en segundo, de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones.

"En ese tenor, si bien es cierto que el escrito presentado el tres de enero de dos mil once, fue acordado por el presidente de la Junta dos meses y un día después, ello no conlleva a conceder el amparo por las posibles violaciones que se cometan en la aludida ejecución.

"Ilustran sobre el particular, la jurisprudencia y tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

"‘ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES.’ (la transcribe).

"‘ACTOS FUTUROS.’ (la transcribe).

"Así, no obstante la responsable tardó más de dos meses en proveer lo conducente para la tramitación del procedimiento de ejecución, en tanto el aquí recurrente insiste en que le causa perjuicio que la ejecución del laudo continúe con demora y que deberá concederse el amparo para el efecto de que, en lo subsecuente, la responsable continúe con el cumplimiento de lo sentenciado de manera pronta y expedita.

"Sin embargo, como ha quedado destacado, el presidente del conocimiento ya proveyó lo conducente para la continuación de la ejecución del laudo, para lo cual comisionó al actuario para que se constituyera en el domicilio de la patronal, a efecto de requerirla de pago y ante su negativa embargara bienes suficientes que garantizaran el crédito laboral; de lo cual se advierte que hasta el momento el acto del que se duele, es decir, la posible demora en el procedimiento de ejecución se trata de un acto futuro de realización incierta, en tanto dependerá de la actitud que asuma el aquí recurrente y lo que en su caso determine la autoridad responsable, razón por la cual no es procedente su análisis en esta instancia constitucional.

"Dicho de otro modo, la posible demora en que incurra la responsable a partir del dictado del auto de cuatro de marzo de dos mil once en el que dictó auto de requerimiento de pago es un acto futuro que en buena medida depende del impulso procesal que dé el recurrente y la actitud que ante ello asuma el presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, por lo cual no es dable su análisis en esta instancia.

"Por ello, la dilación ocurrida al acordar el escrito presentado el tres de enero de dos mil once, no afecta a posibles dilaciones y omisiones subsecuentes, porque el procedimiento de ejecución no participa de las mismas características que el trámite del juicio laboral.

"En base en tales consideraciones, en el procedimiento de ejecución de los laudos no resultan aplicables las jurisprudencias tituladas: ‘AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.’ y ‘SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.’, por lo que se disiente del criterio contenido en la siguiente tesis:

"‘EJECUCIÓN DE LAUDOS. AL DEMOSTRARSE QUE LA RESPONSABLE SE HA EXCEDIDO EN LOS TÉRMINOS QUE AL RESPECTO DISPONE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DEBE CONCEDERSE EL AMPARO PARA QUE SEAN CUMPLIDOS, SALVO QUE EXISTA CAUSA IMPUTABLE A LAS PARTES O A OTRAS AUTORIDADES (APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 44/2007 Y 2a./J. 45/2007).’. Por tanto, en términos del numeral 197-A de la Ley de Amparo, se estima pertinente denunciar la contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que decida qué criterio debe prevalecer.

"En las relatadas circunstancias, se impone decretar el sobreseimiento respecto al referido acto, en términos del artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo.

"Con base en lo expuesto y derivado de la incorrecta precisión de los actos reclamados, queda intocado el sobreseimiento como quedó precisado en la consideración quinta y se modifica la sentencia recurrida por lo que hace al acto que se hizo consistir en la demora en la ejecución del laudo que se atribuyó al presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para decretar sobreseimiento en términos de la presente consideración."

CUARTO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver en sesión de **********, el amparo en revisión **********, interpuesto por **********, en lo que interesa consideró:

"OCTAVO. Corresponde analizar la constitucionalidad del único acto de autoridad que resultó ser cierto, esto es, la abstención de proveer la ejecuc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23228-89640267/ejecucion-forzosa-de-laudos-amparo-solicitado-contra-actuaciones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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