REVISIÓN DE ACTOS DE EJECUCIÓN. EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE PREVÉ ESTE RECURSO, ES INAPLICABLE SUPLETORIAMENTE A LAS LEYES BUROCRÁTICAS DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, GUERRERO, TAMAULIPAS Y PUEBLA (INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 34/2013 [10a.]).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 357/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, SEGUNDO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO, PRIMERO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO. 6 DE FEBRERO DE 2013. CINCO VOTOS; VOTÓ CON SALVEDAD JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: MARÍA MARCELA RAMÍREZ CERRILLO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia laboral, en la que se encuentra especializada esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por **********, quien ostenta carácter de autorizado en uno de los juicios de amparo que participan en la presente contradicción.
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, siendo recurrente el quejoso, en sesión de veintiocho de julio de dos mil doce, en la parte que interesa, consideró:
"SÉPTIMO. ... En este orden de ideas, no es suficiente para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto que se reclame un acto en ejecución de sentencia en la que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, sino que debe constatarse que la parte quejosa haya agotado el recurso ordinario de defensa que, de ser el caso, esté previsto en la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo, salvo que el acto reclamado constituya una de las apuntadas hipótesis de excepción al precitado principio de definitividad que rige la acción constitucional de amparo. Consecuentemente, a pesar de que contra la diligencia de embargo de catorce de junio de dos mil once, donde la actuaria que llevó a cabo dicha diligencia manifestó su imposibilidad para embargar los recursos económicos del Ayuntamiento demandado, relativos a las partidas presupuestales estatales y federales que éste recibe, dado que existía un acuerdo del Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, que prohibía embargar dichos recursos, procedía el amparo indirecto, ésta no representa alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, por lo que le era exigible al quejoso agotar el medio ordinario de defensa, previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, aplicado supletoriamente a la Ley 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, como correctamente lo determinó el Juez de Distrito. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, criterio que comparte este Tribunal Colegiado, de rubro y texto siguientes: ‘AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). Ahora bien, el quejoso alega que la Ley Federal del Trabajo no es aplicable supletoriamente a la Ley 51, pues en esta última no existe el recurso de revisión contra actos del actuario. Contrario a las pretensiones del recurrente, debe decirse que el criterio de aplicar supletoriamente la Ley Federal del Trabajo a la Ley 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero ya ha sido adoptado por este tribunal en ejecutorias anteriores y se ha dicho que sí es aplicable supletoriamente, pues, al respecto, la mencionada Ley 51, en sus artículos 97 y 98, ordena que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de promover la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, para lo cual dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes y, cuando se solicite la ejecución de un laudo, dicho tribunal despachará auto de ejecución, comisionando a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo laudo favorable, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución. Se advierte que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje cuenta con las facultades para tramitar el procedimiento de ejecución de los laudos, para lo cual, ante la solicitud de ejecución de éste, le corresponde, por medio del actuario que para ello comisione, llevar a cabo la práctica de la diligencia de requerimiento de cumplimiento del laudo, sin que, en el caso, el ordenamiento citado (Ley 51) prevea recurso alguno contra el acto de ejecución de ese funcionario. En virtud de lo anterior, deriva la necesidad de acudir a la ley supletoria, es decir, a la Ley Federal del Trabajo, la que sí contempla en sus artículos 849, 850, 851 y 852, un medio de defensa legal que se puede hacer valer contra ese acto de ejecución, mediante el cual conocerá, en su caso, el presidente del tribunal de conciliación, sin que escape la circunstancia de que el citado medio legal se encuentra en una legislación diversa a la que rige el acto reclamado, pues basta con que en la Ley Federal del Trabajo, supletoria de aquélla, se prevenga de manera directa e inmediata, la procedencia del citado recurso de revisión, mediante el que se pueda modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Aunado a lo anterior, el establecimiento de un medio de impugnación no está restringido sólo al ordenamiento del cual emane formalmente el acto de autoridad, puesto que no existe disposición alguna aplicable al juicio de garantías que establezca tal limitante. Es aplicable, al respecto, por analogía, la siguiente jurisprudencia: ‘RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO).’ (se transcribe). Es preciso destacar que las disposiciones legales invocadas precedentemente, son aplicables de manera supletoria a la Ley 51, porque conforme al artículo 115, fracción VIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal, tanto la Ley Federal del Trabajo como la legislación burocrática federal, son aplicables supletoriamente a las leyes laborales de los Estados, y aun cuando la legislación local de la materia no contemple distinción alguna, dicha problemática se dilucida, atendiendo al principio de especialidad, ya que tanto los trabajadores de los municipios del Estado de Guerrero como de las dependencias federales, se rigen por el apartado B del artículo 123 de la Ley Fundamental, por tanto, existe coincidencia en ese aspecto, al ser prestadores de servicios de entidades públicas, en cambio, la Ley Federal del Trabajo regula las relaciones laborales de los trabajadores, incluidos en el apartado ‘A’, los cuales laboran con particulares y, como consecuencia, son sujetos a un régimen distinto de los primeros, por ende, debe acudirse supletoriamente, en primer término, a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y sólo en caso de no encontrar disposición al respecto en esa normatividad, se deberá acudir a lo previsto en la Ley Federal del Trabajo. Es aplicable al argumento anterior la tesis XXI.1o.39 L, cuyo criterio se comparte, de rubro y texto siguientes: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS COORDINADOS Y DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE GUERRERO. LEGISLACIONES SUPLETORIAS Y ORDEN DE APLICACIÓN.’ (se transcribe). En tales condiciones, como quedó demostrado que, en el caso, procedía aplicar supletoriamente la Ley Federal del Trabajo a la Ley 51, en consecuencia, el quejoso, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debió agotar el medio de defensa que establece la citada legislación laboral supletoria, en su artículo 849, es decir, el recurso de revisión, por medio del cual el acto consistente en la diligencia de pago y embargo practicada el catorce de junio de dos mil once, podía ser modificada, revocada o nulificada; pero, como en el caso eso no ocurrió, el Juez de Distrito estuvo en lo correcto, al decretar la improcedencia del juicio de garantías, al no haber agotado el quejoso el principio de definitividad. Son aplicables en apoyo a las anteriores consideraciones las siguientes tesis de diversos Tribunales Colegiados, cuyo contenido se comparte: ‘AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN DE LAUDO. NECESIDAD DE AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.’ (se transcribe). ‘LAUDOS, EJECUCIÓN DE. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, POR EXISTIR EL RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS DE EJECUTOR.’ (se transcribe). ‘REVISIÓN DE LOS ACTOS DEL EJECUTOR EN MATERIA DE LAUDOS, RECURSO DE. DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO.’ (se transcribe)."
CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, presentado por la parte quejosa, en sesión de veintidós de abril de dos mil nueve, sostuvo:
"QUINTO. ... Asiste la razón a los impugnantes cuando afirman que en contra de la resolución que estimó la prescripción de la acción para ejecutar el laudo, no es procedente el recurso de revisión, previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, conforme al numeral 6o. de este último cuerpo normativo, en virtud de que, en el caso, no opera la figura de la supletoriedad de ley. Para sustentar la anterior afirmación, precisa mencionar que, respecto al tema de la supletoriedad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios que el legislador ordinario, al dictar la norma de derecho, a fin de que ella pueda regular las relaciones entre los servidores públicos y el Estado, lo hace con un sentido abstracto; pero que, sin embargo, la aplicación de la norma abstracta al caso concreto o la subsunción del caso a la norma presenta frecuentemente dificultades, ya sea porque ciertos matices del hecho enjuiciado la hagan susceptible de interpretación, respecto a la exacta aplicabilidad de la norma, o bien, porque el legislador no haya previsto el caso, dando lugar a las ‘lagunas’ de la ley. Es así que cuando en la distribución normativa se presenta algún vacío legislativo que quebranta la estructura total y continua, regulada por el derecho positivo, se manifiesta el problema de la aplicación individualizada de la ley. En este tenor, sostuvo Nuestro Máximo Tribunal que en la doctrina se han desarrollado diversas teorías que explican la individualización normativa al caso concreto ante la existencia de ‘lagunas’ mediante la integración legislativa, y que en el derecho positivo el legislador reconoce la existencia de esas ‘lagunas’ o vacíos legislativos del sistema regulatorio, puesto que, incluso, indica cómo deben colmarse. Cuando tal evento sucede, el juzgador, al aplicar la norma, debe realizar una labor interpretativa utilizando los métodos hermenéuticos que considere desentrañan el sentido del contexto normativo para determinar el orden mejor y más justo del ordenamiento respectivo. Dentro de los métodos hermenéuticos está el de la integración legislativa o supletoriedad de la norma. Así, ante la existencia de un vacío legislativo, el propio creador de las leyes dispone de la figura jurídica de la supletoriedad. Por ello, la supletoriedad de una ley a otra debe ser expresa, puesto que sólo se aplica para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones de forma que se complemente con principios generales contenidos en otras leyes. De esta manera, la supletoriedad es un medio de aplicación legislativa para dar debida coherencia al sistema jurídico. El carácter supletorio de la ley resulta, en consecuencia, de una integración y reenvío de una ley a otros textos legislativos generales que fijen los principios aplicables a la regulación de la ley suplida. La supletoriedad es una figura jurídica que implica la acción de suplir una deficiencia o mala regulación de una ley de carácter general con otra de carácter específico, en la que se encuentre regulada la institución o figura a suplir; en este contexto, deben existir dos leyes: la ley a suplir y la ley supletoria. Así, la ley a suplir debe contener en su texto, de manera expresa, el ordenamiento legal que deba ser supletorio. La supletoriedad es, entonces, un principio de economía e integración legislativa para evitar la reiteración de tales principios, por una parte, así como la posibilidad de confirmación de los preceptos especiales en la ley suplida, por tal razón, en la enumeración expresa de leyes supletorias se establecen rangos prioritarios en su aplicación sobre la materia de la ley que se suple. Respecto a la aplicación supletoria de una ley, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, entre otras, las tesis que llevan por rubros, textos y datos de identificación los siguientes: ‘LEYES. APLICACIÓN SUPLETORIA.’ (se transcribe). ‘LEYES SUPLETORIAS, APLICACIÓN DE LAS.’ (se transcribe). ‘LEYES SUPLETORIAS, APLICACIÓN DE.’ (se transcribe). ‘LEYES SUPLETORIAS.’ (se transcribe). ‘SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. SÓLO PROCEDE EN AMPARO RESPECTO DE INSTITUCIONES QUE PREVÉ LA LEY ESPECÍFICA.’ (se transcribe). De lo expuesto deriva que la aplicación supletoria de las normas legales sólo es válida cuando, encontrándose contenida en la ley originaria la institución de que se trate, no obstante, dicha ley no la regule con la amplitud, exhaustividad y profundidad necesaria, esto es, que encontrándose prevista la institución no se estructure en detalle, de donde resulta necesario para la aplicación supletoria de una ley a otra, satisfacer los siguientes presupuestos: 1. Deben existir dos leyes: la ley a suplir y la ley supletoria. 2. La ley a suplir debe contener en su texto, de manera expresa, el ordenamiento legal que deba ser supletorio, es decir, que la supletoriedad debe preverse expresamente en el ordenamiento a suplir, característica sin la cual no puede existir la figura en comento. 3. Que la ley a suplir contemple la institución respecto de la que se pretenda la aplicación supletoria. 4. Que la institución comprendida en la ley a suplir no tenga la reglamentación requerida, o bien, que conteniéndola ésta sea deficiente. Estrechamente relacionado con el tema que nos ocupa, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que sólo es válido acudir a la figura jurídica de la supletoriedad cuando existe un vacío legislativo en la ley y no ante el silencio del legislador, respecto de situaciones que no tuvo la intención de establecer en la ley que permite dicha supletoriedad, lo que se advierte de las tesis que llevan por rubros, textos y datos de identificación los que a continuación se precisan: ‘PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, NO PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 164, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.’ (se transcribe). ‘INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE LAUDO. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE, O DEL ACUERDO QUE LO DESECHA, NO PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 164, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.’ (se transcribe). Bajo ese contexto, es pertinente reproducir a la letra el artículo 6o. de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, que dispone: ‘Artículo 6o.’ (se transcribe). Como puede observarse del dispositivo legal transcrito, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas autoriza la aplicación supletoria, en su orden, de: a) La Ley Federal del Trabajo, b) El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas y c) La costumbre, el uso y los principios generales de derecho. Lo anterior, salvo que por expresa disposición de dicho cuerpo normativo remita a diverso ordenamiento. En ese sentido, el numeral apuntado admite expresamente la supletoriedad y señala cuál es la ley supletoria, en su orden. Ahora, tratándose de recursos, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas no contiene ningún articulado que de manera expresa permita la procedencia de algún medio de impugnación en contra de la resolución que resuelve el incidente de prescripción de la acción para ejecutar el laudo dictada por la presidenta del Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Tamaulipas. De esa manera, atento a la naturaleza jurídica de la supletoriedad, cuyos elementos han sido expuestos en los párrafos precedentes, debe decirse que el mencionado artículo 6o. de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas únicamente dispone que en lo no previsto por esa ley o sus reglamentos, se aplicarán supletoriamente y, en su orden, la Ley Federal del Trabajo, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, la costumbre, el uso y los principios generales de derecho; salvo que por expresa referencia de la misma remita a otro ordenamiento. Empero, del contenido de la ley a suplir no se obtiene el establecimiento de algún medio de impugnación en contra de la resolución que constituye el acto reclamado. Así, no puede tenerse por instituido un recurso, sino mediante ley que expresamente así lo ordene, lo que no hace la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas. Por tanto, debe concluirse que para que un ordenamiento legal pueda ser aplicado supletoriamente, es necesario que, en principio, exista establecida la institución, cuya reglamentación se trata de completar por medio de esa aplicación supletoria, lo que en el presente asunto, según se ha expuesto, no existe. Así, contra la opinión del Juez de Distrito, no es jurídicamente posible llevar aquella supletoriedad hasta la procedencia de un recurso, a saber, el de revisión, regulado por el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que, como se ha explicado, las leyes supletorias son aplicables en aquellas cuestiones procesales que, comprendidas en la ley que suplen, se encuentran carentes de reglamentación o son deficientemente reglamentadas. De esa guisa, se reitera, no es posible aplicar en forma supletoria el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, que prevé la procedencia del recurso de revisión contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, pues no se cumple con los requisitos exigidos por la regla genérica para que opere la supletoriedad de la ley, ya que la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas no contempla la institución respecto de la cual se aplica, es decir, los recursos. De ahí que no resulta aplicable el criterio jurisprudencial sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invocó el a quo, cuyos datos de localización y rubro son: ‘REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO.’ (Registro IUS No. 186133. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, agosto de 2002, página 374, tesis 2a./J. 95/2002, jurisprudencia, materia: laboral); lo anterior, porque el mismo interpreta el numeral 849 de la Ley Federal del Trabajo que, como se dijo, no es aplicable supletoriamente a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas."
Dicha ejecutoria dio origen a la siguiente tesis aislada:
"PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTAR EL LAUDO DICTADO POR EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. AL NO SER APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA ES IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN. El artículo 6o. de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas autoriza la aplicación supletoria, en su orden, de la Ley Federal del Trabajo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, de la costumbre, del uso y de los principios generales de derecho, salvo que por expresa disposición de la ley citada en primer orden remita a diverso ordenamiento. Por otro lado, dicha ley no contiene apartado alguno que prevea la interposición de recursos y, por ende, no existe disposición que admita la procedencia de algún medio de impugnación en contra de la resolución que decreta la prescripción de la acción para ejecutar el laudo dictado por el presidente del Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado de Tamaulipas. En consecuencia y en atención a la naturaleza jurídica de la supletoriedad que, como método de integración requiere satisfacer, entre otros presupuestos, el relativo a que la ley a suplir contenga la institución respecto de la que se pretenda la aplicación subsidiaria, no es jurídicamente posible aplicar en contra de dicha resolución y en forma supletoria el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo que admite el recurso de revisión contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares." (Novena Época. Registro IUS: 166603. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, agosto de 2009, materia: laboral, tesis XIX.2o.P.T.26 L, página 1674)
QUINTO. El Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, ahora Primero en la misma materia y circuito, al resolver el amparo en revisión **********, presentado por la parte tercera perjudicada, en sesión de veintiocho de junio de dos mil siete, sostuvo:
"III. ... Dicen que, al ser los actos de ejecución del laudo, actos después de concluido el juicio, que corresponden su conocimiento al presidente del tribunal, contra ellos procedía el recurso de revisión que supletoriamente previene el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo y el conocimiento y resolución del citado medio de impugnación al Pleno de ese tribunal. Por lo que si el quejoso no recurrió el acto reclamado en el plazo de tres días que la ley previene para su ejercicio, lo consintió tácitamente, pues contra el acto reclamado, ‘aunque fuere de diverso órgano’, no era procedente el juicio de garantías, pues no se agotó el principio de definitividad que previene la Ley de Amparo y, en consecuencia, dice, se actualizó la causal de improcedencia que invocó, por ende, dice que la sentencia recurrida le agravia porque afecta su seguridad jurídica y certeza de los actos de autoridad no combatidos en vía ordinaria, toda vez que el juzgador de amparo estudió la constitucionalidad del acto reclamado, cuando la ley le impedía hacerlo. Finalmente, dice que se le causó agravio en virtud de que: ‘... El Juez de control, juzga actos de un órgano de autoridad distinto al que la ley le atribuye esos actos, siendo imposible que pueda, incluso, la responsable enjuiciada (sic) dar cumplimiento a la sentencia que concede el amparo, pues no es ella la facultada legalmente para dictar o proveer las medidas necesarias para la ejecución pronta y expedita del laudo cuya ejecución se pretende.’. Ahora bien, antes de contestar los agravios reseñados, es conveniente reseñar algunos antecedentes en torno al acto reclamado, señalado por el trabajador, en el juicio de amparo biinstancial, consistente en la abstención de la autoridad responsable de proveer lo necesario para la pronta ejecución del laudo reclamado, dictado en el expediente laboral **********, promovido por la parte trabajadora, en contra del Ayuntamiento Constitucional de Tultepec, Estado de México y, en consecuencia de ello, la abstención de dictar las medidas necesarias para que la ejecución del laudo sea pronta y expedita hasta su total cumplimentación, dentro de los términos y plazos a que se refieren diversos preceptos de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado, así como de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria; asimismo, se reclamó el acuerdo de doce de septiembre de dos mil seis. De las constancias del juicio de amparo, origen del presente recurso, se desprende que por escrito presentado el once de enero de dos mil seis, el quejoso-actor **********, por conducto de su apoderado **********, solicitó ante la autoridad responsable que se despachara auto de ejecución de laudo, con efectos de mandamiento en forma, para requerir de pago y/o embargo al demandado Ayuntamiento Constitucional **********. Mediante acuerdo de veintitrés de enero de dos mil seis, el tribunal responsable dictó auto de requerimiento en contra del demandado Ayuntamiento Constitucional **********, por la cantidad de **********, y autorizó el auxilio de la fuerza pública (f. 29). En diligencia llevada a cabo el seis de abril de dos mil seis, el actuario adscrito al tribunal responsable hizo constar la negativa del demandado de reinstalar al actor, asimismo, en dicha diligencia, el actor señaló como bien para embargar, la Tesorería Municipal del Ayuntamiento Constitucional **********, nombrando como depositario interventor al tesorero de dicha entidad; también el precitado fedatario hizo constar, la oposición del demandado a la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo; precisó la omisión del actor de señalar que se trabara formal embargo; además de la imposibilidad de constituirse en la Tesorería Municipal, porque los elementos de seguridad pública, en el domicilio en el cual actuaba le solicitaron que se retirara del lugar o ‘los sacarían’; destacó, asimismo, el actuario, la incomparecencia de la fuerza pública autorizada por el tribunal responsable y la llegada de elementos de la policía estatal que les impidieron retirarse del lugar en el cual llevaban a cabo la diligencia (f. 33). En atención a lo acontecido en la precitada diligencia, el actor, por conducto de su apoderado **********, presentó un escrito el treinta y uno de agosto de dos mil seis, en el cual, esencialmente, solicitó que se intervinieran los recursos en efectivo al demandado Ayuntamiento Constitucional ********** y se giraran los oficios respectivos, a fin de que el titular de la entidad demandada entregara el importe de los recursos embargados al acreedor (f. 34). El doce de septiembre de dos mil seis, el tribunal responsable señaló que, como se desprendía de la diligencia realizada por el actuario de este tribunal, el seis de abril de dos mil seis, de la cual se desprendía que no se había realizado embargo alguno, ni tampoco se habían proporcionado los elementos necesarios, no acordó de conformidad la petición del apoderado legal del actor. En la sentencia reclamada, el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, estimó procedente conceder al quejoso el amparo solicitado en los términos siguientes: ‘... En esas condiciones, tomando en consideración que la responsable únicamente se concretó a no acordar de conformidad a (sic) petición del actor de intervenir los recursos en efectivo al demandado Ayuntamiento Constitucional ********** y que se giraran los oficios respectivos, a fin de que el titular de la entidad demandada entregara el importe de los recursos embargados al acreedor, es indudable que transgredió lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Federal y 253, 255 y 256 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, lo que obliga a conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el acuerdo reclamado y, en su lugar, pronuncie otro, en el que tomando en consideración lo asentado por el actuario en la diligencia llevada a cabo el dieciséis de abril de dos mil seis, con libertad de jurisdicción, dicte las medidas necesarias, para que la ejecución del laudo sea pronta y expedita, en términos del ordinal 251 de la citada ley burocrática; con lo cual quedará cumplido el fallo protector. Concesión que se extiende a la autoridad ejecutora, en virtud de que sus actos no se combaten por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el numeral 102, visible en la página sesenta y seis del Apéndice al Semanario Judicial
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24363-7af68fa7/revision-de-actos-de-ejecucion-el-articulo-849 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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