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Modo: Corpus Pro

AFIRMATIVA FICTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 366, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE A LA LEY LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS EN EL PROCEDIMIENTO DE TOMA DE NOTA SINDICAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 95/2024. · Registro digital (IUS): 32864
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-11-29
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMERO Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Noviembre de 2024, Tomo V, Volumen 1, Pág.207.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 95/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMERO Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO. 11 DE JULIO DE 2024. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA Y DE LOS MAGISTRADOS MIGUEL BONILLA LÓPEZ Y SAMUEL MERAZ LARES. PONENTE: MAGISTRADO SAMUEL MERAZ LARES. SECRETARIA: ARELY PECHIR MAGAÑA.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, relativo a la sesión ordinaria virtual de once de julio de dos mil veinticuatro.

RESOLUCIÓN

1. Correspondiente a la contradicción de criterios 95/2024, suscitada entre el Primero y Segundo, ambos Tribunales Colegiados del Vigésimo Octavo Circuito, al resolver los recursos de revisión 354/2023 y 235/2019, respectivamente.

2. La problemática jurídica que debe resolver este Pleno Regional, consiste en determinar si procede aplicar de manera supletoria lo dispuesto en el artículo 366 de la Ley Federal del Trabajo, a la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, respecto de la figura de afirmativa ficta, en cuanto a la toma de nota de un sindicato.

I. ANTECEDENTES

Denuncia de la contradicción de criterios.

3. Mediante escrito firmado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, hizo del conocimiento de este Pleno Regional la posible contradicción de criterios suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito al resolver el recurso de revisión 354/2023, de su índice y el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al conocer del recurso de revisión 325/2019, de su estadística, pues consideró que existe discordancia entre lo resuelto en dichos recursos.

4. Lo anterior, debido a que ambos colegiados se pronunciaron de manera discrepante en torno a la supletoriedad del artículo 366 de la Ley Federal del Trabajo, a la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y sus Municipios, respecto de la figura de la afirmativa ficta, respecto de la toma de nota de un sindicato.

II. TRÁMITE

Admisión y trámite de la contradicción.

5. Por auto de ocho de mayo de dos mil veinticuatro, el Magistrado Presidente de este Pleno Regional, admitió la denuncia que nos ocupa, ordenó la creación del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 95/2024, requirió a los Tribunales Colegiados contendientes informaran si los criterios que sustentaron seguían vigentes o las consideraciones para tenerlos por superados o abandonados y la fecha en que aquello aconteció; asimismo, pusieran a nuestra disposición la consulta del expediente electrónico de su índice y poder vincularlo con el que se creó en este Pleno Regional -número 35437081 del expediente único nacional [NEUN]-, mediante la herramienta denominada “Vincular con otro órgano/Relacionar con expediente de origen”.

6. También se comunicó a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la radicación de este asunto y se solicitó la información atinente a si existía alguna contradicción de tesis radicada en ese Alto Tribunal sobre la materia de la presente y se turnó electrónicamente a la ponencia del Magistrado Samuel Meraz Lares.

7. Mediante proveídos de trece y catorce, ambos de mayo de dos mil veinticuatro, se tuvieron por recibidos los informes enviados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, donde señalaron que los criterios emitidos en sus respectivos amparos directos en revisión continuaban vigentes.

8. Finalmente, por acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro, se tuvo al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando que no se encontraba radicada en ese Alto Tribunal alguna contradicción de criterios en la que el tema tenga relación con el establecido preliminarmente en el presente asunto; asimismo se confirmó el turno electrónico al Magistrado Samuel Meraz Lares, para la elaboración del proyecto correspondiente.

III. PRESENTACIÓN AMICUS CURIAE

9. Conforme a lo establecido por el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución podrá ofrecer voluntariamente su opinión respecto de alguna contradicción de criterios sujeta al conocimiento del algún Pleno Regional. Dicha opinión podrá presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.

10. En el caso, antes de la fecha en que fue publicada la lista de los asuntos para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios. Tampoco se presentó algún informe entre la publicación de la lista y antes de la fecha para la sesión programada para resolverla.

IV. COMPETENCIA

11. Este órgano colegiado es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de conformidad con los artículos 94, párrafo primero, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 14, fracción I, 43 a 46 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, reformado por el diverso Acuerdo General 38/2023.

12. Lo anterior, porque se trata de criterios emitidos por tribunales pertenecientes a la región centro-norte en asuntos del orden laboral, materia y jurisdicción correspondiente a la de este Pleno Regional.

V. LEGITIMACIÓN

13. La presente denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(2) al haber sido formulada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco.

VI. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

14. A efecto de que este órgano colegiado se encuentre en posibilidades de verificar la existencia de la contradicción entre los criterios que sustentaron los aludidos órganos de control constitucional, es menester señalar que por contradicción de “criterios” debe entenderse cualquier discrepancia en el sentido adoptado por órganos jurisdiccionales terminales mediante argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis.

15. Sirve de apoyo para esta determinación, la tesis de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS”,(3) y la jurisprudencia de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.”(4)

16. Así, de acuerdo con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una nueva forma de aproximarse a los problemas que se plantean en este tipo de asuntos es la necesidad de unificar criterios y no la de comprobar que se reúnan una serie de características formales o fácticas.

17. Para resolver si existe o no la contradicción de criterios es necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –no tanto los resultados que arrojen- con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos-.

18. Entonces, si la finalidad de la contradicción de criterios es la unificación y dado que el problema radica en los procesos de interpretación -no en los resultados adoptados por los tribunales contendientes-, es posible afirmar que para que una contradicción sea procedente, es indispensable que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que los tribunales colegiados contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque; es decir, que exista al menos un segmento de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general y en consecuencia, que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c) Que lo anterior, dé lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.(5)

19. En otras palabras, para la existencia de una contradicción de criterios se requiere que los órganos jurisdiccionales contendientes: I. Hayan realizado ejercicios interpretativos; II. Sobre el mismo problema jurídico y en virtud de ellos hayan llegado a soluciones contrarias; y III. Tal disputa interpretativa puede ser resuelta mediante la formulación de preguntas específicas.

20. Con lo anterior, se busca detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto, por lo que, para ello es necesario hacer una especificación sucinta sobre las cuestiones jurídicas relevantes que motivaron las respectivas posturas confrontadas.

21. Al respecto, este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, considera que sí existe una contradicción de criterios, ya que se ven satisfechos los requisitos para su existencia.

22. Respecto al primer requisito, se advierte que los órganos contendientes se pronunciaron sobre cuestiones litigiosas que fueron sometidas a su consideración, recurriendo a su arbitrio judicial, circunstancia en la que, a través de un ejercicio interpretativo, se buscó llegar a una solución determinada.

23. Así, cabe destacar que ambos recursos de revisión, tienen su origen en demandas de amparo indirecto presentadas por el Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios, Organismos Descentralizados, Similares y Conexos del Estado de Tlaxcala "Liberación 4 de Octubre", que impugnaron del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, diversas resoluciones de solicitud de toma de nota del comité ejecutivo y vigilancia, en las cuales se negó la misma.

A) Antecedentes procesales del recurso de revisión laboral 354/2023.

24. De dicha demanda, conoció por cuestión de turno el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, que entre otras cuestiones, admitió la demanda, la registró bajo el expediente **********, seguidos los trámites, se llevó a cabo la audiencia constitucional, culminando en la emisión de la sentencia en la que se sobreseyó por una parte dicho juicio y se negó la protección constitucional a la parte quejosa.

25. En la sentencia impugnada, el Juez de Distrito explicó que aunque la ley laboral estatal establecía la supletoriedad de diversas normativas, incluyendo la Ley Federal del Trabajo, esta se limitaba a aspectos procesales y no permitía introducir instituciones ajenas a la estructura legal fundamental. Se resaltó que la supletoriedad tiene como objetivo llenar vacíos o deficiencias en la normativa principal, sin introducir nuevas normas incompatibles con ella. Además, se argumentó que, si no había disposición legal específica en la ley estatal, no se consideraba un vacío legislativo, sino una decisión deliberada del legislador. Se respaldó esta interpretación con jurisprudencia que establece que ciertas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo no son aplicables supletoriamente a las leyes burocráticas estatales.

26. Cabe destacar que el resolutor federal destacó que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, sostuvo un criterio similar al analizar el recurso de revisión **********.

A.1) Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al resolver el recurso de revisión laboral 354/2023.

En contra de lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión y en sentencia de once de abril de dos mil veinticuatro, determinó modificar la sentencia sujeta a revisión, donde confirmó el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo que la parte quejosa no combatió, y concedió el amparo para efecto de que el tribunal responsable dejara insubsistente la resolución de solicitud de toma de nota del Comité Ejecutivo y Vigilancia, dictada en el expediente de origen, y hecho lo anterior, dictara otra en la que se otorgara la misma.

Al respecto, el tribunal estimó equivocado el criterio del juez de Distrito, pues adujo que no es jurídicamente correcto que para resolver una controversia se aplique parcialmente un precepto, pues aplica todo su contenido o no se aplica, pero no una parte. Máxime que, al reconocer la aplicabilidad parcial del numeral 366(6) de la Ley Federal del Trabajo, implícitamente consideró que dicho precepto podía ser aplicado supletoriamente a la ley burocrática estatal, de conformidad con su artículo 8º(7) de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

Subrayó que la jurisprudencia 2a./J. 109/2011, de rubro: “TOMA DE NOTA DE DIRECTIVA SINDICAL. ES APLICABLE ANALÓGICAMENTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 366, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO”,(8) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada por la parte recurrente y respecto de la que el juez de Distrito omitió pronunciarse sobre su aplicación, aborda la cuestión de la toma de nota de directivas sindicales y destacó las consideraciones que sustentan dicha jurisprudencia, de donde se colegía que el Máximo Tribunal del País, estimó que, a pesar de la ausencia de una norma expresa que regule el procedimiento para la toma de nota sindical, el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo permite considerar, entre otros casos, las disposiciones que regulen situaciones similares. Por tanto, el artículo 366, último párrafo, de dicha ley, que establece el procedimiento y los plazos para el registro de un sindicato, puede aplicarse por analogía a la toma de nota.

Destacó que dicha aplicación analógica, como resaltó la Suprema Corte, se justificaba en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica, ya que la falta de claridad en el procedimiento podría afectar los derechos tanto del sindicato como de los trabajadores. Asimismo, hizo visible la diferenciación que realizó la Segunda Sala entre el registro y la toma de nota, la cual se reduce a aspectos temporales relacionados con el reconocimiento de la personalidad sindical, siendo el registro sindical la causa y la toma de nota, la consecuencia necesaria del propio registro.

Así, subrayó que, al no haber un precepto específico dentro de la Ley Federal del Trabajo que estableciera el procedimiento detallado para llevar a cabo el trámite relacionado con el cambio de la mesa directiva hasta la toma de nota, se deducía que dicho procedimiento se derivaba de la relación armónica de los artículos 365, fracción III, que obliga a los Sindicatos a exhibir a la autoridad sus estatutos; 371, que establece los requisitos básicos que deben contener estos; 377, en su fracción II, que obliga a los Sindicatos a comunicar los cambios de su directiva “acompañando por duplicado copias autorizadas de las actas respectivas”, así como 366, último párrafo, todos de la Ley Federal del Trabajo, este último referente a los plazos en los cuales la autoridad debe dar respuesta a la solicitud del registro sindical.

Lo anterior, debido a que la toma de nota implicaba la actualización tanto de situaciones de hecho como de derecho, las cuales deben ser verificadas por la autoridad competente, lo cual va más allá de simplemente recibir documentos.

Dijo que, por lo antes señalado, se resolvía completamente el tema analizado, ya que la aplicación analógica se basa en la razón suficiente de la regulación específica del registro sindical, que es la seguridad jurídica del proceso de registro, y esta se actualizaba en relación con el procedimiento para la toma de nota de un sindicato. De ello que, conforme a lo resuelto por el Máximo Tribunal del país, los supuestos de aplicación analógica jurídica del artículo 366, último párrafo, de la Ley Federal del Trabajo se aplicaban al procedimiento, plazos y consecuencias de la toma de nota con respecto a la modificación de la mesa directiva de un sindicato, tal como lo permite el artículo 17 de la propia ley, órgano supremo que a su vez concluyó que al existir la misma razón en el registro y la toma de nota de un sindicato, debía existir la misma regulación para ambos procesos.

El órgano de control constitucional destacó que, el artículo 54(9) de la ley burocrática estatal establece que los sindicatos deben ser registrados por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, presentando documentos como el acta de asamblea constitutiva, estatutos, lista de miembros y acta de designación de la directiva. Por su parte, el diverso 57,(10) detalla las obligaciones de los sindicatos, incluyendo la comunicación de cambios en la directiva y estatutos al tribunal; sin embargo, no se especifica el procedimiento, los plazos y las consecuencias legales para la toma de nota de un cambio en la directiva de un sindicato.

En consecuencia, señaló que basándose en las consideraciones del Máximo Tribunal del País sobre la importancia de establecer un procedimiento claro para la toma de nota, concluyó que el artículo 366 de la Ley Federal del Trabajo debía aplicarse supletoriamente -en todo su contenido-, a la ley burocrática estatal, puesto que dicho numeral prevé sanciones por el silencio de la autoridad laboral, garantizando así el derecho sindical y la libertad a través del reconocimiento de modificaciones en la estructura organizativa. Especialmente considerando que el registro y la toma de nota de un sindicato tienen la misma razón de ser y se refieren a la misma garantía de derechos sindicales, es decir, son mecanismos implementados por la Ley Federal del Trabajo para garantizar el derecho y libertad sindical, pues hace notar las formalidades que se tienen que cumplir para hacer efectiva la representación sindical, lo que justifica que se deba aplicar la misma regulación para ambos procesos.

Lo anterior, sin que en el caso dicha supletoriedad introduzca elementos extraños o incompatibles en la ley burocrática estatal. Pues aseguró que, no era posible que en la legislación local existiera indeterminación al respecto provocando con la omisión de la autoridad laboral el resolver sobre el cambio de directiva del sindicato en detrimento del derecho de representación de los agremiados; sobre todo, considerando que tales directivas generalmente son por anualidad y en el asunto, después de once meses de presentada la solicitud, se resolvió negar la toma de nota.

Además, dijo que los anteriores razonamientos no contravenían la jurisprudencia 2a./J. 45/2013 (10a.), de rubro: “REVISIÓN DE ACTOS DE EJECUCIÓN. EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE PREVÉ ESTE RECURSO, ES INAPLICABLE SUPLETORIAMENTE A LAS LEYES BUROCRÁTICAS DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, GUERRERO, TAMAULIPAS Y PUEBLA (INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 34/2013 [10a.])”, ya que con la supletoriedad de que se trata, no se creaba un nuevo recurso sino que se regula una situación similar al registro de un sindicato. Además, destacó que el juez de Distrito erró al considerar que la supletoriedad de leyes opera solo en cuestiones procesales, ya que la ley burocrática estatal no establece esta limitación, a diferencia de otras leyes similares, por ejemplo, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México.(11)

B) Antecedentes procesales del recurso de revisión laboral 235/2019.

27. El Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios, Organismos Descentralizados, Similares y Conexos del Estado de Tlaxcala "Liberación 4 de Octubre", promovió amparo indirecto a través del cual impugnó la resolución del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala que denegó la solicitud de toma de nota del Comité Ejecutivo y Vigilancia.

28. De esa demanda conoció por cuestión de turno el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien admitió y registró la demanda bajo el número 321/2019-II, seguidos los trámites correspondientes, se llevó a cabo la audiencia constitucional y dictó la sentencia en la que se otorgó el amparo al sindicato quejoso basándose en la discrepancia entre los procedimientos llevados a cabo, las normativas establecidas en los estatutos del sindicato y la ley laboral.

29. Esto es, la determinación del juez de Distrito se basó en que, a pesar de que la convocatoria se ajustaba a los estatutos y había quórum legal en la asamblea, no se cumplió con la solicitud de convocar a elecciones por parte de los Comités Ejecutivo y de Vigilancia, como fue acordado en la asamblea anterior y señaló cuestiones vinculadas a la representatividad del sindicato quejoso, cuestionando quiénes debieron presentar el amparo y la validez del poder otorgado.

30. Por tanto, se determinó que no se tomaría nota de la elección de los referidos comités debido a las deficiencias en el proceso, sin que esta decisión vulnere el principio de libertad sindical, ya que se buscaba verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la propia asamblea del sindicato.

31. Ante tales deficiencias, el resolutor biinstancial concedió la protección constitucional para efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente el acuerdo mediante el cual se resolvió negar la toma de nota al Comité Ejecutivo y de Vigilancia del Sindicato y en su lugar, dictara uno nuevo en el que de conformidad al último párrafo, del artículo 366 de la Ley de Amparo, determinara que operaba la afirmativa ficta y en consecuencia, siguiendo los lineamientos tasados en esa ejecutoria, se pronunciara en torno al registro de toma de nota respectiva. Hecho lo anterior, emitiera la constancia de mérito al sindicato quejoso.

B.1) Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al resolver el recurso de revisión laboral 235/2019.

En contra de lo anterior, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión y en sentencia de cinco de marzo de dos mil veinte, determinó confirmar por una parte -aunque por diversas razones-, la sentencia recurrida y conceder la protección constitucional para efecto de que la autoridad responsable dejara sin efectos la resolución reclamada en amparo y dictara una diversa en la cual prescindiera de considerar que la falta del escrito dirigido al Comité de Vigilancia, era una razón para negar la toma de nota solicitada y en los términos señalados en esta ejecutoria, con plenitud de jurisdicción resolviera lo que en derecho correspondiera.

El tribunal enfatizó que la autoridad responsable tenía razón al sostener que el artículo 366 de la Ley Federal del Trabajo no era aplicable en su totalidad al caso en cuestión, debido a que dicha figura -que es una forma de obtención de la toma de nota sindical-, representa un derecho sustantivo que no puede ser incorporado a la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, toda vez que existen dos requisitos esenciales para que la afirmativa ficta opere a favor del peticionario: I) que necesariamente se encuentre contemplada en la ley, de manera expresa o que se pueda deducir de su interpretación jurídica, y II) que el trámite o solicitud presentada ante una autoridad y cuyo cumplimiento por parte de esta se realice fuera del plazo que determinan las leyes.

Por lo anterior, explicó que el primero de los requisitos no se encontraba satisfecho ya que la multicitada figura no se encontraba regulada en la ley burocrática local, y que si bien el artículo 8º de esa normatividad estatal establecía la supletoriedad de otras normativas en caso de vacíos o deficiencias, esta supletoriedad tiene límites, ya que no tiene por objeto introducir instituciones ajenas o incompatibles con la estructura fundamental de la ley, sino regular aspectos no previstos o deficientemente reglamentados. Además, aclaró que esta supletoriedad operaba principalmente en cuestiones procesales y no debía crear nuevos derechos que no estuvieran contemplados en la legislación local.

Argumentó que la "afirmativa ficta" o "registro automático" previsto en el artículo 366 de la Ley Federal del Trabajo es una institución que no está contemplada en la ley burocrática local, lo cual, no se debe a un vacío legislativo, sino a que el legislador local deliberadamente no incluyó esta subinstitución en su normativa. Por lo tanto, al ser un derecho sustantivo y una subespecie del registro sindical, no puede aplicarse supletoriamente la Ley Federal del Trabajo para regular este aspecto en la legislación estatal.

Lo anterior, lo respaldó con la tesis 2a./J. 45/2013 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “REVISIÓN DE ACTOS DE EJECUCIÓN. EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE PREVÉ ESTE RECURSO, ES INAPLICABLE SUPLETORIAMENTE A LAS "LEYES BUROCRÁTICAS DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, GUERRERO, TAMAULIPAS Y PUEBLA (INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA "2a./J. 34/2013 [10a.]).”(12)

32. Ahora bien, cabe destacar que a pesar de que el tribunal colegiado, destacó que la litis del recurso de revisión que se resolvía, debía ceñirse al estudio de la resolución constitucional que se impugnaba en vista de las consideraciones expuestas por el A quo, en que dio respuesta a los motivos de inconformidad planteados por el sindicato quejoso; de ello que, ese tribunal se encontraba imposibilitado a abordar cuestiones diversas; ya que a través de los agravios no era factible introducir cuestiones no controvertidas ante la potestad común, o no expuestos en los conceptos de violación, pues implicaría alterar la litis constitucional.

33. Así, analizó los conceptos de violación del sindicato de mérito, y en ese sentido argumentó que exigir la justificación de haber presentado un escrito al Comité de Vigilancia para convocar a elecciones, según la convocatoria de que se trata, excedía el límite establecido por la jurisprudencia 14/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que fija que al atender una solicitud de toma de nota, las autoridades no podían indagar sobre la veracidad de los actos asentados en las actas, sino que solo debían verificar el cumplimiento de las etapas formales del procedimiento descritas en los estatutos.

34. Además, destacó que, de acuerdo con los estatutos del sindicato en cuestión, el Comité de Vigilancia no tenía competencia para convocar a asambleas extraordinarias, ya que esa facultad recaía en el Comité Ejecutivo, y dijo que las asambleas generales ordinarias debían llevarse a cabo en fechas específicas y no requerían convocatoria.

35. El órgano colegiado señaló que la falta de un anexo en el acuerdo tomado en la asamblea extraordinaria, referente a un escrito dirigido al Comité de Vigilancia, no justificaba la negativa de tomar nota del cambio de directiva de los Comités de Vigilancia y Ejecutivo. De ello que, esta exigencia no estaba expresamente contemplada en los estatutos y excedía sus disposiciones. Además, argumentó que negar la toma de nota podría equivaler a una suspensión administrativa, lo cual está prohibido tanto por la ley laboral como por el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por México.

36. Luego, concluyó que la negativa a registrar el cambio de directiva de los Comités de Vigilancia y Ejecutivo del sindicato afectaba el derecho sindical de sus miembros, de modo que la autoridad responsable excedió su función al no respetar los artículos de los estatutos del sindicato, así como la Constitución y el Convenio internacional mencionado.

37. Consecuentemente, concedió la protección constitucional solicitada contra la determinación emitida por el Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala para efecto de que dejara insubsistente la resolución reclamada y en su lugar dictara otra en la cual, prescindiera de considerar que la falta del escrito dirigido al Comité de Vigilancia multicitado, era razón para negar la toma de nota solicitada por el sindicato quejoso, y por ende, en los términos señalados en esa ejecutoria, y con plenitud de jurisdicción, resolviera lo que en derecho correspondiera.

38. De lo hasta aquí expuesto, se advierte que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al desarrollar su arbitrio judicial, examinaron un mismo problema jurídico, no obstante, arribaron a conclusiones contrarias, esto es, realizaron un ejercicio interpretativo centrado en determinar si el artículo 366, último párrafo, de la Ley Federal del Trabajo podía ser aplicado o no supletoriamente a la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios en relación con la toma de nota del comité ejecutivo y vigilancia de un sindicato.

39. Ahora bien, por cuanto hace al segundo requisito, atinente a la existencia de un razonamiento en el que se adopte un criterio diferenciado sobre un mismo tema jurídico, es decir, un punto de toque, también se actualiza.

40. Lo anterior se afirma, ya que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, sostuvo que la aplicaci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32864-7345490c/afirmativa-ficta-prevista-en-el-articulo-366-ultimo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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