RECURSO DE REVISIÓN. LA JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMÓ LA NEGATIVA A REGISTRAR UN SINDICATO O LA TOMA DE NOTA DE CAMBIO DE SU DIRECTIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA, MORELOS Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO. 7 DE MAYO DE 2014. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. AUSENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IRMA GÓMEZ RODRÍGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza laboral, corresponde a la materia de su especialidad.
Lo anterior, con apoyo además, en la tesis P. I/2012 (10a.), sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, Núm. Registro IUS: 2000331, que se lee bajo el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(1)
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos.
TERCERO. Criterios contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existe la contradicción de tesis denunciada, es oportuno tener presente que el Pleno ha determinado jurisprudencia, en el sentido de que debe considerarse la existencia de una contradicción de tesis cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales o que se adviertan elementos secundarios diferentes en el origen de las ejecutorias.
De la misma manera, ha señalado que por "tesis" debe entenderse el criterio adoptado por el juzgador, a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; de ahí que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, expresando los razonamientos lógico-jurídicos necesarios para sustentar sus respectivas decisiones.
Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 72/2010, Núm. de Registro IUS: 164120, que lleva por rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(2)
Entonces, para determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, es necesario conocer los principales antecedentes de los asuntos de donde emanan los criterios que se denuncian como opositores y las consideraciones que expusieron los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
I. El Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos, en apoyo del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, resolvió el amparo en revisión laboral ********** (expediente auxiliar **********), interpuesto por los integrantes de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala.
• El asunto tiene su origen en el expediente laboral número **********, radicado ante la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, relativo al registro del ********** del Estado, en el que, por auto de uno de julio de dos mil trece, se desechó de plano la solicitud realizada por el **********, respecto a la expedición de la toma de nota al nuevo comité ejecutivo de ese sindicato, por no contar con interés jurídico ni facultades para solicitarlo.
• Inconformes con tal determinación, la secretaria general del comité ejecutivo y el secretario general, ambos del sindicato mencionado, solicitaron la protección de la Justicia Federal contra la negativa de otorgar la toma de nota a su nuevo comité ejecutivo, así como de las consecuencias y actos derivados.
• La demanda fue turnada al Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, donde quedó radicada con el expediente número **********, resuelto a través de la sentencia terminada de engrosar el uno de octubre de dos mil trece, en la cual, entre otras cosas, se concedió el amparo solicitado, para que dejara sin efectos el acto reclamado y, en su lugar, dictara otro en el cual fundara y motivara debidamente su determinación, además, con plenitud de jurisdicción, resolviera lo que en derecho correspondiera.
• La sentencia acabada de relacionar fue impugnada a través del recurso de revisión por la Junta responsable, dando origen al amparo en revisión laboral **********, del índice del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, resuelto en auxilio de sus labores por el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos (expediente auxiliar **********), por ejecutoria de veintitrés de enero de dos mil catorce, en la cual declaró improcedente el recurso de revisión y denunció la contradicción de tesis que ahora se resuelve, conforme a las consideraciones siguientes:
• De los artículos 81 y 93 de la Ley de Amparo, se obtiene que en contra de las sentencias dictadas por los Jueces de Distrito procede el recurso de revisión, el cual sólo podrá interponerse por la parte a quien afecte, salvo el caso de la revisión adhesiva, que es promovida por la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses.
• Desde el punto de vista competencial y legal, las Juntas de Conciliación y Arbitraje ejercen dos clases de funciones, las jurisdiccionales y las administrativas.
En torno a la actividad jurisdiccional que realiza una autoridad, invocó la jurisprudencia P./J. 22/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA."; y enseguida expuso que, si bien, por regla general, una autoridad responsable en el amparo no tiene legitimación para interponer un recurso de revisión contra las sentencias emitidas en el juicio biinstancial, dado que su actuación debe hallarse investida de absoluta imparcialidad y total desapego al interés de las partes, lo cierto es que ese argumento está referido exclusivamente a su función jurisdiccional (en que resuelve controversias).
• Y consideró que para dirimir si, en la especie, a la luz de su función administrativa (toma de nota), la Junta responsable tiene o no legitimación para acudir al recurso de revisión, se dio a la tarea de reproducir la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia acabada de citar, lo que le llevó a concluir que, una autoridad responsable, en su función administrativa a la luz de un acto cuyo objeto es el desechamiento de la solicitud de toma de nota, tampoco está legitimada para interponer un recurso de revisión en contra de las sentencias de amparo indirecto.
Porque, si bien el Juez de Distrito determinó otorgar la protección constitucional para que la Junta responsable dejara sin efectos el auto que desecha la solicitud de toma de nota del comité ejecutivo del **********, por el periodo de treinta de abril de dos mil trece al treinta de abril de dos mil dieciséis, al no reconocer la personalidad del solicitante y, en su lugar, fundara y motivara su determinación; tal determinación de ninguna manera trastoca los intereses o derechos de la autoridad, ni tampoco ocasiona un perjuicio en el ámbito de su competencia o en su esfera jurídica como ente público.
En principio, porque en esa determinación no se está resolviendo en relación con que fuera procedente la toma de nota; y aun cuando la Junta responsable debe verificar la realización del procedimiento respectivo, tampoco en ese caso podría considerarse la existencia de una afectación, porque la facultad de revisión que realice con el fin de tomar nota de la elección o cambio de directiva de los sindicatos, no podrá constituirse nunca en una indagatoria enfocada a examinar la veracidad de los actos y circunstancias cuyo resultado esté asentado en las actas correspondientes, sino, simple y llanamente, ha de enfocarse a verificar que en la elección de directiva se respetaron los pasos o etapas de los procedimientos formales determinados en los estatutos, que constituyen el marco normativo para cotejar con lo que se haya hecho constar en las actas relativas, debidamente firmadas y requisitadas, pues la autoridad sólo debe constreñirse a determinar, si en su aspecto formal se llevó a cabo el procedimiento en apego al principio de legalidad.
Así, concluyó el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento, que el ejercicio de la facultad apuntada ha de hacerse a manera de comprobación por lista de requisitos, no de juicios de valor, sino de existencia de la legalidad mínima inventariada, pues la toma de nota debe constituirse en una garantía precisamente de la voluntad de los agremiados vertida en sus estatutos, lo que quiere decir que la autoridad administrativa no puede calificar, aprobar o desaprobar su contenido; en apoyo a lo anterior, citó la jurisprudencia P./J. 32/2011, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "SINDICATOS. LA AUTORIDAD LABORAL ESTÁ FACULTADA PARA COTEJAR LAS ACTAS DE ASAMBLEA RELATIVAS A LA ELECCIÓN O CAMBIO DE DIRECTIVA, A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES QUE RIGIERON EL PROCEDIMIENTO CONFORME A SUS ESTATUTOS O, SUBSIDIARIAMENTE, A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 86/2000)."
Y reiteró que la responsable no estaba legitimada para acudir al recurso de revisión, máxime cuando la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la responsable, al ser parte en el procedimiento constitucional, sólo como excepción a la regla general, puede interponer los medios de impugnación previstos; empero, de ninguna manera puede velar por el interés de alguna de las partes, cualquiera que pueda o no resultar beneficiada; además que, en la especie, menos se está en el caso de que algunos de los integrantes de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y a través de la sentencia impugnada, se le haya impuesto una multa.
II. Por su parte, el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito conoció del amparo en revisión **********.
• El inicio del asunto se contiene en el expediente de número **********, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, donde se emitió el acuerdo de ocho de octubre de dos mil ocho, en el cual se negó el registro del Sindicato Único de Trabajadores Académicos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla, dado que los interesados no acreditaron ser trabajadores en servicio activo en el colegio acabado de citar, ni estar constituido por veinte trabajadores en activo, por lo menos.
• Quienes se ostentaron como secretarios de diversos ramos del Sindicato Único de Trabajadores Académicos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla, promovieron demanda de amparo contra el acuerdo acabado de relacionar, registrándose ante el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Puebla, con el número de expediente **********, donde, sustanciado el procedimiento respectivo, el veintinueve de enero de dos mil nueve se emitió sentencia, en la cual se concedió el amparo para el efecto de que la Junta dejara insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar, emitiera otra en la que, valorando todos y cada uno de los elementos que conforman el sumario, con plenitud de jurisdicción, resolviera lo atinente a la acreditación de lo establecido en la fracción II del artículo 366 de la Ley Federal del Trabajo, que establece las causas por las que puede negarse el registro de un sindicato.
• Inconformes con tal determinación, el presidente y los representantes de los trabajadores y patrones, todos integrantes de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, interpusieron recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, resuelto en ejecutoria de veintitrés de abril de dos mil nueve que, en la parte que interesa, para los efectos de la presente contradicción de tesis, señaló:
• Previo al examen de los agravios, debe examinarse la legitimación de la autoridad responsable para interponer el presente recurso, pues de no existir alguna justificación trascendente para abordar el estudio de los reclamos que plantea dicha responsable, se actualizaría la improcedencia de dicho medio defensivo, cuenta habida que, por regla general, los órganos judiciales y jurisdiccionales carecen de tal facultad, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad y el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas. Por tanto, la actividad fundamental de una autoridad, que dirime una cuestión jurisdiccional, se agota con el dictado de la sentencia, pues así se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P./J. 22/2003, Núm. de Registro IUS: 183709, que al rubro dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA."
• En el caso que nos ocupa, la resolución reclamada en el juicio de amparo no fue emitida en una instancia jurisdiccional, sino que deriva de un proceso administrativo en el que no existe conflicto entre partes, el cual está regulado por los artículos 365 a 367 de la Ley Federal del Trabajo, de los que no se desprende que en el proceso de registro de sindicatos exista una etapa contenciosa que deba ser resuelta mediante alguna resolución jurisdiccional o análoga a ésta, sino que, se trata de un acto administrativo que se limita a la presentación de una solicitud que debe ser acordada favorable o desfavorablemente por la autoridad laboral, razón por la cual, se considera que la Junta responsable en este asunto tiene legitimación para acudir a la revisión, cuenta habida que la resolución reclamada no dirime controversia alguna entre partes.
En apoyo de lo anterior, el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento citó, por analogía, la tesis 2a./J. 111/2008, Núm. de Registro IUS: 169311, pronunciada por esta Segunda Sala, intitulada: "DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. ESTÁ LEGITIMADA PARA INTERPONER REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO QUE AFECTA LA RESOLUCIÓN QUE DICTÓ EN UN RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN."; con la precisión que lo anterior no implica que la autoridad responsable pueda realizar argumentos que en su caso correspondería efectuar a la parte patronal en un juicio contencioso, pues no debe pasar inadvertido que la única razón por la que se consideró procedente que la autoridad responsable acuda a la revisión, fue para salvaguardar el orden público, ya que así se desprende de la tesis antes invocada; por tanto, únicamente se examinarían los agravios en los que la inconforme planteó argumentos que pretendan poner de manifiesto una afectación al orden público, mas no así, los que señale posibles transgresiones a la institución donde prestan sus servicios los solicitantes del registro sindical, ya que, en todo caso, corresponde a ésta defender lo que a su interés convenga en un juicio contencioso laboral.
CUARTO. Existencia de la contradicción. Acorde con los criterios transcritos, se concluye que existe la contradicción de tesis denunciada, ya que los Tribunales Colegiados de Circuito arribaron a conclusiones contrarias, al pronunciarse sobre un mismo punto de derecho.
De inicio, es oportuno señalar que esta Segunda Sala ha definido, que el registro de un sindicato y la toma de nota de cambio de la directiva, son situaciones semejantes, por ser cuestiones referentes al reconocimiento de la personalidad de aquél, diferenciándose únicamente por un aspecto temporal, de ahí que, a la toma de nota le es aplicable, por analogía, el procedimiento previsto en el artículo 366, último párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, que dispone los plazos y consecuencias legales a seguir para el registro de un sindicato, pues el registro y la toma de nota de cambio de directiva sindical implican la actualización de situaciones de hecho y de derecho que la autoridad encargada debe verificar para salvaguardar la garantía de seguridad jurídica, lo anterior se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 109/2011, que es del tenor siguiente:
"TOMA DE NOTA DE DIRECTIVA SINDICAL. ES APLICABLE ANALÓGICAMENTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 366, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Si bien no existe norma expresa que establezca el procedimiento para la toma de nota establecida en el artículo 377, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, conforme al artículo 17 del mismo ordenamiento, ante la falta de disposición expresa en la ley, se considerarán, entre otros supuestos, sus disposiciones que regulen casos semejantes. Por tal motivo, y como el registro de un sindicato y la toma de nota de cambio de directiva son situaciones semejantes, por ser cuestiones referentes al reconocimiento de la personalidad de aquél, diferenciándose únicamente por un aspecto temporal, se concluye que a la toma de nota le es aplicable por analogía el procedimiento previsto en el artículo 366, último párrafo, de la propia ley, que prevé los plazos y consecuencias legales a seguir para el registro de un sindicato, pues el registro y la toma de nota de cambio de directiva sindical implican la actualización de situaciones de hecho y de derecho que la autoridad encargada debe verificar para salvaguardar la garantía de seguridad jurídica."(3)
Tal aclaración obedece al hecho de que en los juicios de amparo que dieron origen a las ejecutorias que conforman la presente contienda, en uno se reclamó la negativa a otorgar la toma de nota al nuevo Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Académicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala; mientras que en el otro, se impugnó la negativa a dar trámite al registro del Sindicato Único de Trabajadores Académicos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla.
Por tanto, es dable sostener que en las ejecutorias reseñadas en el considerando que antecede, los Tribunales Colegiados de Circuito se pronunciaron sobre un mismo punto de derecho, consistente en la legitimación de una Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje Estatal, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada por un Juez de Distrito en un juicio de amparo indirecto, en el que se reclamaron cuestiones relativas al reconocimiento de la personalidad de un sindicato, tales como la negativa a otorgar la toma de nota al nuevo comité ejecutivo, o bien, dar trámite al registro sindical.
Sin embargo, al conocer de tales recursos adoptaron criterios divergentes, pues el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos,(4) determinó que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en su función administrativa a la luz de un acto cuyo objeto es el desechamiento de la solicitud de toma de nota al nuevo comité ejecutivo de un sindicato, no está legitimada para interponer un recurso de revisión contra las sentencias de amparo indirecto.
Por su parte, el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, si bien coincidió en que se trata de un acto administrativo, dado que el registro de sindicatos se limita a la presentación de una solicitud que debe ser acordada favorable o desfavorablemente por la autoridad laboral, resolvió que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, responsable en ese asunto, sí tiene legitimación para acudir a la revisión, cuenta habida que el acto reclamado no dirime controversia alguna entre las partes.
De ahí que sea inconcuso que se configura la contradicción de tesis denunciada, y el punto a dilucidar radica en determinar, si las Juntas Especiales de la Local de Conciliación y Arbitraje, están o no legitimadas en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia de amparo que afecta la resolución que emitieron para negarse a otorgar la toma de nota de directiva sindical, o bien, a dar trámite al registro de un sindicato.
QUINTO. Determinación del criterio que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que se precisará más adelante, por las razones que al efecto quedarán expuestas:
De inicio es imprescindible atender a que el artículo 87 de la anterior Ley de Amparo señala lo siguiente:
"Artículo 87. Las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que de cada una de ellas se haya reclamado; pero tratándose de amparos contra leyes, los titulares de los órganos de Estado a los que se encomiende su promulgación, o quienes los representen en los términos de esta ley, podrán interponer, en todo caso, tal recurso.
"Se observará lo dispuesto en el párrafo anterior, en cuanto fuere aplicable, respecto de las demás resoluciones que admitan el recurso de revisión.
"Las autoridades responsables podrán interponer el recurso de revisión a través de sus representantes, en los términos de las disposiciones aplicables."
Del numeral acabado de transcribir se desprende la legitimación de la autoridad responsable para interponer el recurso de revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, tema que ha sido abordado por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 44/98-PL, donde determinó que tratándose de las atribuciones correspondientes a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, no aplica esa regla general de procedencia, en virtud que la característica fundamental de su función es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia.
Lo anterior deriva de la jurisprudencia P./J. 22/2003, que es del tenor literal siguiente:
"REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir."(5)
En la ejecutoria relativa, el Pleno de la Suprema Corte, entre otras consideraciones, sustentó las siguientes:
"Así, para la materia del presente asunto, es dable abordar como primera conclusión que las autoridades responsables en general (administrativas, legislativas y judiciales) estarán legitimadas para inconformarse en contra de las sentencias respectivas cuando éstas afecten, en el contexto de sus facultades, directamente los actos a cada una imputados, de manera tal que dicha vinculación cause un perjuicio en el ámbito de competencia del órgano de gobierno y en su esfera jurídica como ente público.
"Por lo que procede ahora establecer cuándo deben considerarse afectados los intereses de las autoridades jurisdiccionales y/o judiciales.
"La doctrina nos dice que la función jurisdiccional es la característica actividad del Estado encaminada a tutelar el ordenamiento jurídico, esto es, dirigida a obtener en los casos concretos la declaración del derecho y la observación de la norma jurídica mediante la resolución, con base en la misma, de las controversias que surjan por conflictos de intereses, tanto entre particulares (regulados en su parte sustantiva por normas de derecho privado), como entre particulares y el poder público (relaciones reglamentadas por disposiciones legales de derecho público); mediante la ejecución coactiva de las sentencias.
"...
"Ello es así en tanto que, tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, cuya característica fundamental de su función es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho; su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; y éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes, de modo imparcial como establece el artículo 17 de la propia Constitución Federal.
"...
"Consecuentemente, aun cuando la autoridad responsable es parte en el procedimiento constitucional y como parte puede interponer los recursos previstos por el mismo, ha de considerarse que ello es correcto como regla general, pero no cuando se trata de autoridades responsables judiciales o jurisdiccionales, ya que éstas son imparciales por excelencia; su razón de ser es encontrar la verdad jurídica mediante el ejercicio de decir el derecho entre las partes contendientes con la única y exclusiva finalidad de administrar justicia, garantizando así la defensa de los derechos de la sociedad y el interés público, lo que implica no involucrarse en el interés de las partes, cualquiera que resulte ser el beneficiado o perjudicado en la contienda legal, esto es, siendo imparciales ostentan una natura
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25174-ec445448/recurso-de-revision-la-junta-especial-de-conciliacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- REVISIÓN EN AMPARO. LAS AUTORIDADES QUE RESUELVEN RECURSOS EN SEDE ADMINISTRATIVA, POR REGLA GENERAL, TIENEN LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL TERCERO INTERESADO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONERLO CONTRA LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO A UNA PRONTA AD (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL QUE TIENE POR DEPOSITADA Y REGISTRADA EL ACTA DE RENDICIÓN DE CUENTA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- INTERÉS LEGÍTIMO EN AMPARO INDIRECTO. NO LO TIENEN LOS TRABAJADORES, EN LO INDIVIDUAL, PARA IMPUGNAR LA TOMA DE NOTA DE UNA DIRECTIVA SINDICAL. (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE EMISORA DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA, NO ESTÁ LEGITIMADA PARA INTERPONERLA. (I.6o.A. J/7)
- REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CARECE DE FACULTADES PARA CONFIRMAR POR MOTIVO DISTINTO, EL AUTO DEL JUEZ DE DISTRITO POR EL QUE SOBRESEYÓ FUERA DE (III.2o.A.55 K )
- REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE EMISORA DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA, NO ESTÁ LEGITIMADA PARA INTERPONERLA [TESIS HISTÓRICA]. (428 (H))
- TRIBUNAL COLEGIADO. IMPEDIMENTO PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISION, CUANDO EN LA DEMANDA QUE DESECHO EL JUEZ DE DISTRITO SE LE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis