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Modo: Corpus Pro

INTERÉS LEGÍTIMO EN AMPARO INDIRECTO. NO LO TIENEN LOS TRABAJADORES, EN LO INDIVIDUAL, PARA IMPUGNAR LA TOMA DE NOTA DE UNA DIRECTIVA SINDICAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 48/2024. · Registro digital (IUS): 32493
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-06-07
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Junio de 2024, Tomo II, Pág.2052.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 48/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 17 DE ABRIL DE 2024. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. DISIDENTE: LENIA BATRES GUADARRAMA. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA; EN SU AUSENCIA HIZO SUYO EL ASUNTO ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: ILLIANA CAMARILLO GONZÁLEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecisiete de abril de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios, suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito (Región Centro-Norte) y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito (Región Centro-Sur).

El problema jurídico a resolver por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si, de conformidad con lo que disponen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la Ley de Amparo –vigentes a partir de la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once–, los trabajadores tienen interés legítimo para promover juicio de amparo indirecto en contra de vicios en la toma de nota de una directiva sindical dictada por una autoridad laboral.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio de diecisiete de enero de dos mil veinticuatro, los Magistrados integrantes y el secretario en funciones de Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, denunciaron la posible contradicción de criterios entre el emitido por ese órgano colegiado al resolver el amparo en revisión 905/2022 y el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 129/2022.

2. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil veinticuatro, la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la denuncia de contradicción de criterios con el número 48/2024 y la admitió a trámite, instruyó para que por conducto del MINTERSCJN la Presidencia del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito remitiera, únicamente por dicho medio, la versión digitalizada del escrito de agravios que dio origen al amparo en revisión 905/2022 de su índice; asimismo, solicitó a la Presidencia del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, enviara por dicho medio la versión digitalizada del escrito de agravios que dio origen al amparo en revisión 129/2022 de su índice, y del proveído en el que informara si el criterio sustentado en dicho asunto se encontraba vigente.(1)

3. Avocamiento. En proveído de siete de marzo de dos mil veinticuatro, el Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó su avocamiento, así como remitir el expediente a la ponencia de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

I. Competencia

4. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal,(2) 225 y 226, fracción II, de la Ley de Amparo(3) y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(4) en relación con los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023,(5) de veintiséis de enero de dos mil trece, así como el Artículo Segundo Transitorio(6) del instrumento normativo que modificó el indicado acuerdo general, de diez de abril de la misma anualidad, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios en materia laboral suscitada entre tribunales de distintas regiones y no se estima necesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal.

II. Legitimación

5. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción II,(7) de la Ley de Amparo; ya que la formularon los magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito.

III. Criterios denunciados

6. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.

I) Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito. Amparo en revisión 905/2022.

7. Antecedentes. Un trabajador promovió juicio de amparo en contra de la resolución emitida por el Presidente de la Sala de Conflictos Colectivos del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, en la cual se negó la toma de nota del cambio de la directiva del Sindicato de Trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit.

8. Por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, el cual resolvió sobreseer en el juicio, al estimar que se actualizaba la causal de improcedencia, respectiva a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso.

9. En contra de la resolución anterior el quejoso interpuso recurso de revisión del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, el cual dictó sentencia en la que determinó conceder la protección de la Justicia de la Unión.

10. Entre las consideraciones que expresó el Tribunal Colegiado de Circuito y que interesan al caso, se encuentran las siguientes:

• La autoridad recurrida determinó indebidamente que el quejoso no cuenta con interés legítimo para promover el juicio de amparo y, por lo tanto, no fue apegado a derecho que se decretara el sobreseimiento en el juicio.

• De la interpretación teleológica de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, permite afirmar que la exigencia atinente a que la parte quejosa cuente con interés jurídico para promover el juicio de amparo contra resoluciones de órganos jurisdiccionales opera únicamente cuando dicha resolución revista la característica de ser materialmente jurisdiccional, esto es, cuando se hayan desplegado funciones concernientes a dilucidar una controversia entre las partes interesadas, con el fin de que se restablezca el orden jurídico.

• Sin embargo, en el escenario de que el órgano jurisdiccional emita un acto que sea materialmente administrativo, en cuanto a que no se haya desplegado en el ejercicio de la función jurisdiccional, en sentido estricto, entonces no será exigible que el promovente del amparo cuente con interés jurídico, por lo que sí será dable que se aduzca interés legítimo.

• La función jurisdiccional puede examinarse desde dos puntos de vista, el formal y el material: el análisis formal debe atender a la función desempeñada precisamente por el Poder Judicial, y el material, prescindiendo del órgano de que se trate (legislativo, administrativo o judicial), debe atender solo a la naturaleza del acto que se concreta o se exterioriza, es decir, a la naturaleza de la resolución o sentencia que se dicte, la cual debe ser de carácter jurisdiccional, consistiendo ello en que la determinación que se pronuncie resuelva una controversia planteada con el fin de restablecer el orden jurídico.

• Asimismo, la función administrativa del Estado también puede apreciarse desde el punto de vista formal y material, consistiendo la primera en la actividad que el Estado realiza por medio del Poder Ejecutivo y sus dependencias y, en la segunda, prescindiendo del órgano de que se trate (legislativo, administrativo o judicial), hay que atender solo a la naturaleza del acto, el cual debe ser de tipo administrativo, es decir, que el mismo no suponga una situación preexistente de conflicto ni que se intervenga con el fin de resolver una controversia que pretenda establecer un orden jurídico.

• En ese contexto, es dable afirmar que la exigencia prevista en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, relativo a que la parte quejosa cuente con interés jurídico opera únicamente cuando la resolución que emita el órgano jurisdiccional revista la característica de ser materialmente jurisdiccional, esto es, cuando dicho órgano haya desplegado las funciones concernientes a dilucidar la controversia que se someta a su potestad, a fin de restablecer el orden jurídico.

• Lo anterior, pues únicamente en el ejercicio de la función jurisdiccional podría romperse el equilibrio entre las partes contendientes de admitirse la procedencia del juicio de amparo por un tercero ajeno al litigio que aduzca tener interés legítimo; sin embargo, en el escenario de que el acto que emita el órgano jurisdiccional sea materialmente administrativo en cuanto a que no se haya desplegado, stricto sensu, en el ejercicio de la función jurisdiccional, entonces no debe exigirse que el promovente del amparo cuente con interés jurídico, por lo que sí será dable que aduzca interés legítimo.

• En mérito de lo expuesto, se considera que el registro de la toma de nota del cambio de directiva de un sindicato es un acto administrativo laboral y no jurisdiccional pues deriva del ejercicio de facultades administrativas y de trámite en un procedimiento de la misma naturaleza, ya que no se trata de resolver mediante un acto de decisión, un conflicto de intereses preexistente, sino de la emisión de un acto que permite a los interesados cumplir con el requisito formal que la ley exige para que se reconozca dicha situación jurídica.

II) Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito. Amparo en revisión 129/2022.

11. Antecedentes. Diversas personas en su carácter de trabajadores del Sindicato Único y Democrático de Empleados de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, promovieron juicio de amparo en contra de diversas autoridades y actos reclamados, entre ellos, de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, la resolución mediante la cual se tomó nota del Nuevo Comité Ejecutivo del Sindicato Único y Democrático de Empleados de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, así como la incompetencia para seguir tramitando el expediente sindical y la remisión del mismo al Tribunal de Conciliación y Arbitraje respectivo.

12. De lo anterior correspondió conocer al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, el cual, en lo que interesa, resolvió sobreseer en el juicio al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo; toda vez que los quejosos no contaban con legitimación para instar el juicio de amparo.

13. Inconformes los quejosos interpusieron recurso de revisión. De dicho recurso conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, el cual resolvió confirmar la sentencia impugnada y sobreseer respecto de las autoridades responsables y actos reclamados precisados en la demanda de amparo.

14. Entre las consideraciones que mencionó el Tribunal Colegiado de Circuito, en lo que atañe al caso, se encuentran las siguientes:

• No les asiste la razón a los recurrentes al señalar que les causa perjuicio el expediente del registro sindical donde se sancionó la toma de nota del cambio del Comité Ejecutivo del Sindicato Único y Democrático de empleados de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán.

• Por lo que respecta al tema de la toma de nota del cambio de un Comité Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la entonces contradicción de tesis 366/2009 estableció que los únicos legitimados para promover el juicio de amparo contra algún vicio que adolezca la toma de nota, son los representantes del sindicato reconocidos por la ley y no los trabajadores en lo individual, toda vez que ésta se encuentra íntimamente ligada a los intereses colectivos, es decir, a los del sindicato y no a los derechos de los trabajadores o socios en lo particular.

• En dicha ejecutoria se resolvió el tema relativo a que los trabajadores o socios en lo individual, no obstante pertenecer a un gremio sindical, carecen de legitimación para reclamar la toma de nota, por tratarse de un acto cuya conexión jurídica sólo existe entre la autoridad responsable y el sindicato o la sección sindical, el que no es susceptible de afectar derechos individuales de los socios, sino que se encuentra vinculada con los derechos colectivos de la organización sindical. Lo anterior, derivó en la jurisprudencia 2a./J. 252/2009, de rubro: "TOMA DE NOTA DEL CAMBIO DE LA DIRECTIVA SINDICAL. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN I, DE LOS ESTATUTOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, NO CONFIERE LEGITIMACIÓN A LOS TRABAJADORES EN LO INDIVIDUAL PARA IMPUGNARLA EN EL JUICIO DE AMPARO."

• Por lo tanto, si los recurrentes concurrieron al juicio de amparo, como socios fundadores del Sindicato Único referido y señalaron que se encuentran afiliados a dicho sindicato, como bien lo sostuvo el a quo, carecen de legitimación para impugnar algún vicio del que adolezca la toma de nota del registro sindical, ya que corresponde únicamente a los representantes del sindicato quienes están legitimados para controvertir las cuestiones inherentes a tal registro.

• Asimismo, contrario a lo que señalan los recurrentes la jurisprudencia 2a./J. 252/2009 citada, sí es aplicable al caso, pues si bien es cierto que conforme a las reformas de la Ley de Amparo, se amplió el concepto de interés legítimo o colectivo en el juicio de amparo a la par del interés jurídico, lo cierto es que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece de manera expresa y clara que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el impetrante deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, es decir, la institución del interés legítimo no opera tratándose de resoluciones jurisdiccionales, como es el caso, de modo que sí es necesario sustentar las pretensiones deducidas en un interés jurídico, como presupuesto de procedencia de la acción constitucional.

• Así, conforme a la jurisprudencia citada, el máximo tribunal del país resolvió que los trabajadores o socios carecen de legitimación –interés jurídico– para impugnar algún vicio del que adolezca la toma de nota del registro sindical, ya que corresponde únicamente a los representantes del sindicato reconocidos por la ley los que están legitimados para controvertir las cuestiones inherentes a tal registro; de ahí que tampoco opera en este caso la institución del interés legítimo.

• Por tanto, contrariamente de lo que afirman los recurrentes, la jurisprudencia citada resulta aplicable al caso, dado que de ella se desprende quiénes son los únicos legitimados para combatir las cuestiones inherentes a la toma de nota, además, que dicho criterio no se encuentra superado.

IV. Existencia de la contradicción

15. Por cuestión de orden es necesario establecer si en el caso que se analiza se configura la contradicción de criterios, en tanto que bajo ese supuesto será posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar el criterio que en su caso deba prevalecer como jurisprudencia.

16. Al respecto, es importante destacar que para configurar una contradicción de criterios se requiere que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito o los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos materia de denuncia hayan:

a) Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales, aunque no lo sean las cuestiones fácticas que las rodean y,

b) Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.

17. Por tanto, hay contradicción de criterios cuando se satisfagan los supuestos enunciados, sin que sea obstáculo para su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean idénticos en torno a los hechos que los sustentan.

18. En ese sentido se pronunció el Pleno de este Alto Tribunal en el criterio jurisprudencial de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(8)

19. Conforme a lo anterior y, en atención a los antecedentes citados, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que en el caso existe la contradicción de criterios denunciada.

20. En efecto, de las sentencias emitidas por los tribunales colegiados, se advierte que ambos analizaron un mismo punto de derecho, esto es, se pronunciaron respecto a si, tratándose de vicios en la toma de nota del cambio de directiva de un Sindicato, los trabajadores pueden interponer juicio de amparo indirecto por tener un interés legítimo en términos de lo que disponen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la Ley de Amparo.

21. Al respecto, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, determinó que de una interpretación teleológica de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, tratándose de la toma de nota de la directiva de un sindicato, al ser un acto materialmente administrativo, no resulta exigible que el promovente del amparo cuente con interés jurídico, sino que únicamente aduzca un interés legítimo pues no se actualizan los supuestos de la función jurisdiccional.

22. Con base en lo anterior, consideró que los trabajadores tienen interés legítimo para combatir la toma de nota al tratarse de un acto administrativo laboral y no jurisdiccional porque no se trata de resolver mediante un acto de decisión, un conflicto de intereses preexistente, sino de la emisión de un acto que permite a los trabajadores cumplir con el requisito formal que la ley exige para que se reconozca dicha situación jurídica.

23. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito determinó que los únicos legitimados para promover el juicio de amparo, contra algún vicio que adolezca la toma de nota, son los representantes del sindicato reconocidos por la ley y no los trabajadores en lo individual, pues no obstante que pertenezcan a un gremio sindical, carecen de legitimación jurídica para reclamar la toma de nota por tratarse de un acto cuya conexión sólo existe entre la autoridad responsable y el sindicato o la sección sindical, que no es susceptible de afectar derechos individuales de los socios.

24. Además, que si bien es cierto que conforme a las reformas de la Ley de Amparo, se amplió el concepto de interés legítimo, lo cierto es que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, establece de manera expresa que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el impetrante deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; por lo que el interés legítimo no opera tratándose de resoluciones jurisdiccionales como lo es la toma de nota, de modo que es necesario sustentar las pretensiones deducidas en un interés jurídico, como presupuesto de procedencia de la acción constitucional. 25. Conforme lo anterior, se aprecia que los órganos colegiados analizaron hipótesis jurídicas similares; no obstante, arribaron a conclusiones divergentes con relación a si los trabajadores cuentan o no con interés legítimo para reclamar, en un juicio de amparo indirecto, vicios en la toma de nota de una directiva sindical, en términos de lo que dispone la Constitución Federal y la Ley de Amparo –vigente a partir de la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once–.

26. En el entendido de que uno de ellos estimó que la toma de nota es un acto administrativo y no jurisdiccional, por lo que no era exigible que los trabajadores contaran con un interés jurídico sino que bastaba advertir un interés legítimo para interponer un juicio de amparo indirecto.

27. Mientras que el otro órgano colegiado consideró que la toma de nota era una resolución jurisdiccional y, por tanto, se debía contar con un interés jurídico sin que pudiera alegarse un interés legítimo para promover un juicio de amparo.

28. Consecuentemente, conforme a los criterios citados se advierte que el punto de contradicción que subsiste y debe analizarse consiste en determinar si de conformidad con lo que disponen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la Ley de Amparo –vigente a partir de la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once–, los trabajadores tienen interés legítimo para promover juicio de amparo indirecto para reclamar la toma de nota de una directiva sindical dictada por una autoridad laboral.

V. Estudio de fondo

29. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta Segunda Sala, de acuerdo con las siguientes consideraciones.

30. A efecto de analizar los criterios en contradicción conviene precisar el contenido de lo que disponen los artículos 107, fracción I de la Constitución Federal, y 5o., fracción I de la Ley de Amparo, vigente a partir de la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once, en relación al interés de las partes para promover un juicio de amparo.

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

"Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;"

"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:

"I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

"El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.

"El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades.

"Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. ..."

31. De los artículos citados se advierte que el juicio de amparo se sigue a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter la persona que aduzca ser titular de un interés legítimo ya sea individual o colectivo que afecte de manera real y actual su esfera jurídica de manera directa o por su situación especial frente al orden jurídico.

32. Asimismo, se establece que, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.

33. Al respecto, esta Segunda Sala precisó que para promover un juicio de amparo indirecto el quejoso debe acreditar de manera fehaciente el interés, ya sea, jurídico o legítimo. En ese sentido, se establecieron los elementos necesarios que deben considerarse con relación a cada uno de ellos.

34. Así, respecto al interés jurídico, se indicó que debe verificarse: 1) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, 2) que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente.

35. Por lo que respecta al interés legítimo se indicó que debe acreditarse que: 1) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; 2) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, 3) el promovente pertenezca a esa colectividad.

36. Tales consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."(9)

37. Asimismo, el Pleno de este Alto Tribunal en la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).",(10) sostuvo que el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto.

38. Ahora bien, a efecto de analizar si los trabajadores cuentan con interés legítimo para reclamar en un juicio de amparo indirecto actos atinentes a la toma de nota, es preciso definir dicha figura.

39. La toma de nota es la constancia declarativa que emiten las autoridades registrales en materia de trabajo, con la cual se certifica y publicita la conformación y vigencia de las directivas de los sindicatos, de sus Estatutos y del padrón de miembros de los mismos, con respeto a la autonomía sindical, la cual se refleja en la libertad con que cuentan para autorregularse, redactar sus propios Estatutos y elegir a sus dirigencias. Es la resolución administrativa exclusiva de la autoridad laboral, que acredita la elección de la directiva de una organización sindical o sus renovaciones.(11)

40. Asimismo, respeto de la toma de nota, esta Segunda Sala ha señalado que si bien en la legislación laboral no se establece el procedimiento específico que la regule, ésta comparte elementos con el registro sindical, ya que ambas atienden a cuestiones referentes al reconocimiento de la personalidad de aquél, diferenciándose únicamente por un aspecto temporal.

41. En ese sentido, se concluyó que a la toma de nota le es aplicable por analogía, el procedimiento previsto en la Ley Federal del Trabajo, que prevé los plazos y consecuencias legales a seguir para el registro de un sindicato, pues el registro y la toma de nota de cambio de directiva sindical implican la actualización de situaciones de hecho y de derecho que la autoridad encargada debe verificar para salvaguardar la garantía de seguridad jurídica.(12)

42. Bajo ese contexto, la Ley Federal del Trabajo,(13) dentro del título de Relaciones Colectivas de Trabajo regula lo relativo a los sindicatos, su registro, documentos necesarios para ello, el procedimiento para la elección de la directiva sindical y secciones sindicales, la capacidad que tienen frente a las autoridades, quienes son sus representantes y las obligaciones de los sindicatos, entre otras cuestiones.

43. Tales aspectos se advierten de los siguientes artículos:

"Artículo 356. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses."

"Artículo 357. Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir sindicatos, sin necesidad de autorización previa.

"Cualquier injerencia indebida será sancionada en los términos que disponga la Ley."

"Artículo 359. Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción."

"Artículo 364 bis. En el registro de los sindicatos se deberán observar los principios de legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto a la libertad, autonomía, equidad y democracia sindical."

"Artículo 365. Los sindicatos deben registrarse en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en los casos de competencia federal y en las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los de competencia local, a cuyo efecto remitirán por duplicado:

"I. Co

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32493-b052cdc9/interes-legitimo-en-amparo-indirecto-no-lo-tienen · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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