Corpus
Modo: Corpus Pro

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA NO TIENE INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR EN AMPARO INDIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LA DESECHA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA, QUINTANA ROO Y AFINES).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 321/2018. · Registro digital (IUS): 28396
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-03-08
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y TERCERO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Pág. 1937.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 321/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y TERCERO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 23 DE ENERO DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, EDUARDO MEDINA MORA I., MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y JAVIER LAYNEZ POTISEK, QUIEN MANIFESTÓ QUE FORMULARÍA VOTO CONCURRENTE. DISIDENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito.

Lo anterior encuentra apoyo además, en el criterio contenido en la tesis P. I/2012 (10a.), que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo Circuito, y si bien en el Texto Constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes Circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso Circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo Circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes Circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo Circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un Circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente Circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito.". [Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Pleno, tesis aislada, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, P. I/2012 (10a.), página 9, registro digital: 2000331]

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

En efecto, los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, se encuentran previstos en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal(1) y 227 de la Ley de Amparo.(2) Asimismo, prevén que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran, los Jueces de Distrito y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante este Alto Tribunal, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

Como se expuso, dentro de los sujetos legitimados para denunciar una contradicción de tesis se encuentran los Magistrados integrantes de un Tribunal Colegiado de Circuito, en el caso, el escrito fue suscrito por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, cuya ejecutoria dictada en la queja **********, forma parte de la contradicción de tesis. Luego, es claro que está legitimado para formular la denuncia que nos ocupa, de conformidad con el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.

TERCERO.—Ejecutorias contendientes. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de tesis denunciada, es menester formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto y, posteriormente, transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

I. Por lo que hace a la queja **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, resuelto en sesión de doce de septiembre de dos mil dieciocho, se desprenden los antecedentes siguientes:

1. ********** interpuso recurso de queja administrativa en contra de la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla (**********), la cual se registró como expediente número **********, y el siete de junio de dos mil dieciocho, la Comisión de Vigilancia y Visitaduría del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla la desechó (primera etapa), al estimar que se encontraba impedida para determinar la legalidad o ilegalidad de los acuerdos emitidos en el juicio de divorcio **********.

2. En contra de lo anterior ********** promovió demanda de amparo indirecto radicada en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en la citada entidad federativa, con el número **********; y, desechada mediante acuerdo de cinco de julio de dos mil dieciocho, al considerar que "el solicitante del amparo tiene un interés simple, el cual no es protegido por la norma, pues aun cuando tiene derecho a presentar quejas por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos con las cuales se inicia, en su caso el procedimiento disciplinario correspondiente, ello no le genera un derecho para exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, pues sólo se trata de actos de control interno en los que la investigación efectuada busca determinar si el servidor público cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes a su cargo y si su conducta resulta o no compatible con el servicio que presta, y será el órgano disciplinario correspondiente el que decidirá si inicia o no formalmente el procedimiento administrativo de responsabilidad y si sanciona o no al servidor público; de lo que se sigue que la resolución que se emita dentro de los autos de un procedimiento administrativo de responsabilidad a un servidor público no irroga perjuicio alguno a **********, sin importar que él sea el denunciante".

3. Inconforme con esa determinación el impetrante interpuso recurso de queja, el cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, donde quedó registrado con el número **********; y, en sesión de doce de septiembre de dos mil dieciocho dictó resolución en la que declaró infundado el recurso y confirmó el acuerdo desechatorio, conforme a las razones siguientes:

"...

"QUINTO.—Estudio. Debe desestimarse el agravio planteado por el recurrente.

"Ahora bien, en el auto materia de la presente queja (fojas 30 a 35), se desprende que el Juez de Distrito con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, desechó de plano la demanda de amparo al determinar que en relación con el acto reclamado se actualizó, de forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 1o. y 5o., fracción I, todos de la Ley de Amparo, pues consideró que el quejoso carece de un derecho subjetivo reconocido por una norma y no existe una afectación directa a su esfera jurídica individual.

"...

"Sentado lo anterior, debe decirse que tal como lo sostuvo el Juez de Distrito, en la especie sí se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia a que aludió.

"En efecto, en el juicio de amparo de origen se reclama la resolución de la Comisión de Vigilancia y Visitaduría del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, de fecha siete de julio de este año, por medio de la cual se desechó la queja presentada por el quejoso en contra de la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, quien pretendió evidenciar supuestas conductas que infringen el contenido de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, llevadas a cabo dentro del juicio **********, de los del órgano del que es titular (sic).

"Y, en ese aspecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la jurisprudencia 2a./J. 1/2006, invocada en la resolución recurrida, ya definió que aunque cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que aquél carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa.

"La referida jurisprudencia es localizable en la página 1120, Tomo XXIII, enero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y es del contenido siguiente: ‘RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE.’. (se transcribe)

"Este criterio emanó de lo resuelto en la contradicción de tesis **********, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien determinó si es que el denunciante de una queja administrativa tiene, o no, interés jurídico para promover juicio de amparo indirecto en contra de la resolución que estima improcedente una queja o que ordena el archivo del expediente.

"De la ejecutoria que resolvió la mencionada contradicción de tesis, en lo conducente, se advierte lo siguiente: (se transcribe).

"De lo anterior se obtiene que el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público correspondiente, por lo que aun cuando el orden jurídico otorga a los particulares la facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, dicha prerrogativa, no llega al extremo de exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones; por tanto, el denunciante de una queja carece de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del expediente por ser improcedente aquella promoción o por no existir elementos para fincar responsabilidad.

"En consecuencia, aun cuando el orden jurídico otorga a los particulares la facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, ello no significa que aquéllos puedan exigir de la autoridad determinada actuación respecto de sus pretensiones, como lo pretende el quejoso, al combatir en el juicio de amparo de origen el acuerdo dictado por la Comisión de Vigilancia y Visitaduría del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, en la queja administrativa **********.

"En consecuencia es infundada la aseveración del recurrente mediante la cual pretende justificar un interés para promover el juicio de amparo, señalando que su única intención es la investigación del funcionario y la imposición de sanciones derivado de una queja administrativa, y que si el procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa se contempla en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, entonces existe a favor de los gobernados, si es que las actuaciones de los servidores públicos contravienen disposiciones de ese ordenamiento, el que establece que es un interés general el que los funcionarios del poder judicial realicen sus actuaciones con estricto apego a las normas procesales y a los principios conducentes.

"Lo anterior, puesto que como antes se precisó, si bien es cierto los gobernados pueden presentar quejas administrativas, el propósito fundamental de ello no es salvaguardar intereses particulares, sino procurar una prestación óptima del servicio público correspondiente, ante lo cual los particulares que hagan uso de la facultad de formular quejas no pueden exigir de la autoridad determinada actuación respecto de sus pretensiones.

"Tampoco le asiste la razón al aseverar que sufre una afectación en su esfera jurídica, porque al presentar su escrito de queja hizo patentes ciertas conductas de un funcionario judicial que afectan sus derechos en un procedimiento; lo anterior, puesto que precisamente en él tiene los medios de impugnación conducentes, para defender que se respeten las formalidades, en el entendido de que lo que se pudiera resolver en la queja administrativa no deberá trascender al procedimiento judicial.

"Y, en cuanto a la pretensión del recurrente de sustentar su interés a partir de que el funcionario judicial podría continuar repitiendo conductas ilegales e imparciales, al no ser investigado y sancionado, lo que dice vulnera el contenido del artículo 17 constitucional, que le da el derecho a acceder a una administración de justicia impartida por tribunales imparciales, debe decirse que el argumento deviene inoperante por partir de consideraciones hipotéticas, insuficientes para controvertir la resolución recurrida.

"Es aplicable al caso, la tesis XVII.1o.C.T.12 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, que se comparte, visible en la página 1889, Libro XVI, Tomo 3, enero de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN UNA SITUACIÓN HIPOTÉTICA.’. (se transcribe)

"Finalmente, en cuanto a la pretensión del recurrente de que tiene interés legítimo para instar el juicio de amparo, citando al efecto la tesis XXVII.3o.31 K (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, debe decirse que la misma no obliga a este órgano colegiado, quien no la comparte, porque hace referencia a la vulneración del artículo 17 constitucional, a partir de conductas indebidas en un proceso jurisdiccional, y eso en realidad es una cuestión de fondo, que en su caso será objeto de estudio si es que se interponen los medios de defensa en el mismo, en tanto que lo que se resuelva en una queja administrativa no trasciende a ese procedimiento, ante lo cual no hay afectación a un interés legítimo, atento a que como lo dijo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el que una persona pueda presentar una queja para iniciar el procedimiento disciplinario correspondiente, no tiene como finalidad salvaguardar intereses particulares, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate.

"De ahí que la presentación de una queja administrativa no implica el interés legítimo para instar el juicio de amparo respecto del desechamiento de la misma, pues la queja como tal implica la revisión de la conducta del funcionario público, y no del expediente en el que se llevó a cabo la misma, y si la pretensión del denunciante es que éste se lleve de manera debida, entonces, en él es en el que tiene derechos que hacer valer para tal efecto.

"Lo anterior, puesto que el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra, lo que no se logaría (sic) en la especie, pues lo resuelto en esa queja, no trascenderá a un expediente judicial.

"Sustenta la anterior determinación la jurisprudencia 38/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 690, Libro 33, Tomo II, agosto de 2016, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas» que dice: ‘INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE.’. (se transcribe)

"Por tanto, el desechamiento de la queja reviste sólo un interés simple para el promovente, pues su pretensión radica en que un diverso procedimiento judicial se lleve adecuadamente, y ello no se es susceptible de lograrse a través de lo que se provea en un procedimiento de determinación de responsabilidad.

"En las relatadas circunstancias, al haberse desestimado el agravio formulado por el recurrente, lo procedente es declarar infundada la queja y, en consecuencia, desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse de forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 1o. y 5o., fracción I, todos de la Ley de Amparo. ..."

II. En relación con el recurso de queja **********, del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, se hace referencia a los siguientes antecedentes:

1. ********** interpuso recurso de queja administrativa en contra del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, en el Estado de Quintana Roo, de la secretaria de Acuerdos y de los actuarios adscritos a ese órgano jurisdiccional.

2. Con lo anterior el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la citada entidad federativa, por conducto del Juez interno, mediante acuerdo de veinte de diciembre de dos mil trece, dictado en el expediente **********, desechó la queja administrativa (primera etapa), al estimar que se interpuso de forma extemporánea.

3. Inconforme con esa determinación la persona moral referida promovió juicio de amparo indirecto, que se registró con el expediente **********, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, y su titular por proveído de siete de febrero de dos mil catorce, desechó la demanda por notoriamente improcedente al estimar que el acto reclamado no lesiona algún derecho subjetivo a favor de la quejosa, pues si bien el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo confiere el derecho a formular por escrito una denuncia como la mencionada, también lo es que éste queda satisfecho al presentar la queja administrativa.

4. No estando de acuerdo con lo anterior, la apoderada de la persona moral interpuso recurso de queja, del cual tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, donde quedó registrado con el número **********; y, en sesión de veintisiete de marzo de dos mil catorce, declaró fundado el recurso al considerar que si bien el denunciante de una queja administrativa no tiene interés jurídico, también lo es que sí cuenta con interés legítimo para impugnar a través del amparo indirecto la resolución que desecha dicha queja, lo que razonó de la manera siguiente:

"...

"SÉPTIMO.—Punto de estudio.

"Para brindar una mejor comprensión del caso que nos ocupa, a continuación se relatan los antecedentes más relevantes:

"1. El nueve de mayo de dos mil once, ante la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, **********, en su carácter de apoderado de ********** demandó en la vía ordinaria mercantil a 1) **********, 2) **********, 3) **********, 4) **********, 5) **********, titular de la Notaría Pública Número ********** del Estado, y 6) **********; dicha demanda se admitió a trámite en el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, bajo el expediente ********** ...

"3. La parte actora ofreció como pruebas, en la audiencia respectiva celebrada el diecisiete de abril de dos mil tres, entre otras, inspecciones judiciales que se admitieron en esa misma fecha, para ser desahogadas en los siguientes lugares: a) Archivos de la Oficialía 01 del Registro Civil de Cancún, Quintana Roo. b) Protocolo de la Notaría Pública Número ********** a cargo del **********, ubicada en **********.

"Estos medios de convicción se ofrecieron conjuntamente con una pericial en documentoscopia y grafoscopia en la que las partes contendientes designaron a sus peritos.

"4. El veintitrés de agosto de dos mil trece, se continuó con la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas que se difirió, en virtud de que las inspecciones ofrecidas por la actora no están debidamente preparadas ...

"5. Fue el once de octubre de dos mil trece cuando ... de nueva cuenta se difirió ...

"6. En este contexto, el cuatro de noviembre de dos mil trece, **********, en su carácter de abogada patrono de la parte demandada ********** interpuso queja administrativa contra **********, ********** y **********, la primera secretaria de Acuerdos y los segundos en cita, actuarios, todos funcionarios adscritos al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, con fundamento en los artículos 85, fracción XII, 86, fracciones II y IV, 125, 1255 Quinquies, fracciones III y VIII, 125 Septies, fracciones II, III y IV, 127, fracción II, 128, fracción II y 129 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.

"7. El Juez Interno del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, el veinte de diciembre de dos mil trece, desechó de plano la denuncia por responsabilidad administrativa presentada por la ahora recurrente. Para sustentar su determinación argumentó:

"- Que conforme al artículo 129, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, la denuncia se presentó de forma extemporánea, ...

"8. Inconforme con la determinación del Juez interno, ********** promovió acción constitucional, que por cuestión de turno, correspondió conocer a la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, quien el siete de febrero del actual radicó la demanda bajo el expediente **********, pero al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con sus artículos 5o. y 6o., la desechó de plano.

"Esta determinación constituye la materia de la queja que ahora se resuelve.

"I. Interés legítimo.

"Aduce la recurrente que conforme al texto del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de noviembre de dos mil once, se advierte que la intención del Constituyente Permanente fue continuar la tutela del interés jurídico en el juicio de amparo, agregando además el ámbito de protección del interés legítimo.

"De acuerdo a lo anterior, la Juez de Distrito debió determinar en primer término la existencia de un supuesto en que se deba analizar el interés del quejoso, es decir, previo análisis de la demanda en su integridad, las pruebas presentadas naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable debió advertir cuál es el interés que busca protegerse.

"Aclara la recurrente que al acudir a demandar el amparo y protección federal lo hizo por su propio y personal derecho, con fundamento en la fracción V, del artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, que equivale al interés simple, pero también como abogado patrono de **********, que actualiza la diversa fracción II del numeral en cita, y revela su interés legítimo.

"En este contexto, alega la inconforme que se acreditó que el acto de autoridad afecta su interés legítimo identificado con las normas de acción, lo cual inadvirtió la Juez Federal, además de que también existe una afectación real y actual a su esfera jurídica pues denunció la omisión en el desempeño correcto de las labores de funcionarios jurisdiccionales, que transgrede y afecta sus derechos constitucionales.

"Luego, existe un interés legítimo de su parte, que en caso de concederse el amparo se traduce en un beneficio jurídico a su favor, que puede producir una afectación jurídica en sentido amplio de índole económica, profesional, de salud pública o cualquier otra.

"...

"Es fundado el argumento propuesto, en su causa de pedir.

"Asiste razón a la recurrente porque en el caso concreto sí le asiste derecho a promover la acción constitucional contra la resolución de veinte de diciembre de dos mil trece, contrario a lo determinado en el auto recurrido, como se explica a continuación:

"El artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en sentido contrario, vigente a partir del once de octubre del dos mil once, que indica: (se transcribe).

"Del contenido de dicha norma constitucional se aprecia como requisito de procedencia de los juicios de amparo:

"a) Que el quejoso acredite tener interés jurídico o legítimo (individual o colectivo), salvo para los asuntos en que se reclamen actos de tribunales en que se continúa exigiendo contar con el primero; y

"b) Que ese interés legítimo o jurídico se vean agraviados.

"Ahora bien, por agravio debe entenderse de forma general toda afectación real y actual; empero, tratándose de interés jurídico es menester que además sea personal y directo como estaba antes de la reforma; en cambio, para el interés legítimo no se requieren dichas exigencias pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y además provenir de un interés individual o colectivo.

"Para mejor claridad sobre el tema, resulta necesario transcribir la parte conducente de la exposición de motivos que dio origen al contenido actual de dicho dispositivo constitucional, que es del tenor siguiente: (se transcribe).

"Así las cosas, el legislador en el texto actual del artículo 107, fracción I, establece y amplía la posibilidad de acceder al juicio de amparo a las personas con el carácter de parte agraviada introduciendo como nueva posibilidad de impugnación a quienes detenten un interés legítimo individual o colectivo para promover la acción contra actos no emanados de autoridades jurisdiccionales, cuando se alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por la Constitución y, con ello se afecte la esfera jurídica del ciudadano, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Como se dijo, se continúa exigiendo la afectación a un derecho subjetivo de manera personal y directa, únicamente tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.

"... para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la parte agraviada acredite cualquiera de ellas para su procedencia, esto es, ya sea que demuestre contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo; que en el caso, le asiste a la recurrente.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28396-329deab2/responsabilidades-de-los-servidores-publicos-el-denunciante-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.