Corpus
Modo: Corpus Pro

RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE HECHOS A QUE HACE REFERENCIA LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, POSEE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO INDIRECTO, LA NEGATIVA A INICIAR UNA INVESTIGACIÓN, ASÍ COMO LA DECISIÓN QUE ORDENA SU CONCLUSIÓN Y ARCHIVO, POR FALTA DE ELEMENTOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2020. · Registro digital (IUS): 30081
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2021-09-10
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO Y EL NOVENO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, Pág. 2560.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO Y EL NOVENO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 27 DE ABRIL DE 2021. MAYORÍA DE VEINTIDÓS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ FONSECA, HUMBERTO SUÁREZ CAMACHO, MIGUEL DE JESÚS ALVARADO ESQUIVEL, QUIEN FORMULÓ VOTO DE SALVEDADES, JEAN CLAUDE TRON PETIT, PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA, CARLOS RONZON SEVILLA, RICARDO OLVERA GARCÍA, MARCO ANTONIO CEPEDA ANAYA, QUIEN FORMULÓ VOTO DE SALVEDADES, CAROLINA ISABEL ALCALÁ VALENZUELA, OSCAR FERNANDO HERNÁNDEZ BAUTISTA, FERNANDO ANDRÉS ORTIZ CRUZ, JOSÉ ÁNGEL MANDUJANO GORDILLO, J. JESÚS GUTIÉRREZ LEGORRETA, JOSÉ EDUARDO ALVARADO RAMÍREZ, ERNESTO MARTÍNEZ ANDREU, GERMÁN EDUARDO BALTAZAR ROBLES, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR, ARMANDO CRUZ ESPINOSA, HUGO GUZMÁN LÓPEZ, MARTHA LLAMILÉ ORTIZ BRENA, CARLOS ALBERTO ZERPA DURÁN, SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUILLÉN (PRESIDENTE). DISIDENTE: ROSA ILIANA NORIEGA PÉREZ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ. SECRETARIA: KARLA YANELI MARTÍNEZ DÍAZ.

Ciudad de México. Sentencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de veintisiete de abril de dos mil veintiuno.

VISTOS;

Y

RESULTANDO:

PRIMERO.—Por oficio recibido el veintisiete de enero de dos mil veinte, en la presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Magistrado Jean Claude Tron Petit, integrante del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por el tribunal de su adscripción, en el amparo en revisión R.A. 466/2019, y por el Noveno Tribunal Colegiado de la misma materia y Circuito, al resolver el amparo en revisión R.A. 381/2019.

SEGUNDO.—Mediante proveído de treinta de enero de dos mil veinte, la presidenta del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito ordenó la formación del expediente PC01.I.A.04/2020.C y admitió la denuncia de contradicción de tesis.

TERCERO.—A través de oficios de fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, los Tribunales Colegiados Cuarto y Noveno informaron que no habían abandonado los criterios objeto de la denuncia.

CUARTO.—Una vez integrado el expediente, por auto de presidencia de cinco de marzo de dos mil veinte, fueron turnados los autos al Magistrado Jorge Higuera Corona, integrante del Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución.

QUINTO.—El veintidós de octubre de dos mil veinte, el presente asunto fue incluido para su resolución en la lista relativa a la segunda sesión ordinaria del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito.

SEXTO.—Mediante sesión ordinaria de diez de noviembre de dos mil veinte, al surgir con posterioridad a la fecha en que había sido listado el proyecto correspondiente, una circunstancia que ameritaba su reestructura, el Magistrado ponente solicitó al Pleno de Circuito, retirar el asunto en cuestión; petición que fue acordada favorablemente por este último.

SÉPTIMO.—A través del proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, la presidenta del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, ordenó renovar el plazo otorgado al Magistrado ponente para la elaboración del proyecto respectivo.

OCTAVO.—Con motivo de la nueva integración del Pleno de Circuito para el año dos mil veintiuno, el cinco de febrero del año en cita, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito ordenó returnar el expediente virtual de la presente contradicción de tesis, a la Magistrada Silvia Cerón Fernández, integrante del Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para la formulación del proyecto correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de posible contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, facción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que la denuncia versa sobre criterios emitidos por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue promovida por el Magistrado Jean Claude Tron Petit, integrante del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, órgano jurisdiccional cuyo criterio corresponde a uno de los contendientes en la denuncia en cuestión.

TERCERO.—Antecedentes. Para verificar la existencia de la contradicción de tesis, es necesario tener presente la parte conducente de las resoluciones materia de la denuncia.

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de nueve de enero de dos mil veinte, resolvió el amparo en revisión 466/2019, de su índice, cuya parte conducente, estableció:

"...

"Problemática jurídica a resolver.

"45. La cuestión jurídica a resolver, se centra en dar respuesta a la siguiente interrogante:

"• ¿Es correcta la decisión del Juez de origen en cuanto a que la parte quejosa carece de interés para promover el juicio de amparo?

"Estudio.

"46. En los agravios primero y segundo, la parte quejosa argumenta de manera sustancial que, contrario a lo expuesto por el Juez, cuenta con el interés jurídico para acudir al juicio de amparo a efecto de lograr una protección en su esfera jurídica en relación con las violaciones cometidas por las autoridades señaladas como responsables, en virtud de que el procedimiento de denuncia contemplado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, permite al denunciante contar con una actitud activa y no pasiva, respecto de las determinaciones que se dicten en dicho procedimiento.

"47. Asimismo, señala que su interés jurídico deriva del objeto social de la misma, entre otros, combatir la corrupción y la impunidad, a través de toda clase de demandas, denuncias, entre otros procedimientos establecidos en el orden jurídico mexicano e internacional, así como defender el ejercicio legal, equitativo y eficiente del gasto público.

"48. Que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a diferencia de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, reconoce a los denunciantes una participación activa en el procedimiento de responsabilidad administrativa, que les faculta para combatir actos posteriores a la recepción de una respuesta en relación con la denuncia presentada.

"49. Que los denunciantes de hechos que posiblemente constituyan responsabilidades administrativas, sí pueden impugnar actos u omisiones en el procedimiento de responsabilidades administrativas posteriores a aquel en el que su denuncia recibió respuesta, ya que ello se encuentra establecido expresamente en el artículo 102 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

"50. Los argumentos de la quejosa son sustancialmente fundados, por las razones que se exponen a continuación:

"51. El Juez, en el considerando quinto, estimó que, en el caso, debía sobreseerse el juicio de amparo, por los motivos siguientes:

"‘• Respecto del oficio **********, de nueve de enero de dos mil diecinueve, en el que se da por concluida la denuncia presentada por la quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los artículos 5o., fracción I y 6o. de la Ley de Amparo.

"‘• En el caso se reclama la determinación dictada en el oficio **********, de nueve de enero de dos mil diecinueve, que da por concluida la denuncia presentada por la quejosa, registrada con el número de expediente**********, por considerar que las presuntas irregularidades administrativas denunciadas, atribuidas a diversos funcionarios públicos adscritos al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, son ya materia del procedimiento administrativo **********.

"‘• El interés jurídico de la quejosa está acotado a recibir una respuesta en relación con la denuncia presentada; mas no respecto de actos posteriores (como lo es el resultado al que se haya arribado en relación con la denuncia), pues no le asiste el derecho para controvertir la determinación a la que llegó la autoridad responsable. Ello es así, porque aun cuando existe un pronunciamiento por parte de la autoridad, no existe obligación de realizarlo en determinado sentido.

"‘• Es aplicable a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 1/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"‘• Tampoco puede considerarse que la quejosa cuente con interés legítimo para combatir el oficio **********, de nueve de enero de dos mil diecinueve, que da por concluida la denuncia presentada por la quejosa, pues no puede sostenerse que el orden jurídico le otorga un derecho a salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento administrativo sancionador, sino solo una facultad para denunciar posibles irregularidades en el desempeño de las funciones de servidores públicos, las cuales, de actualizarse, sólo pueden ser sancionadas por el Estado, al ser una prerrogativa de éste, y no del promovente, de conformidad con el título cuarto de la Constitución Federal.

"‘• Lo anterior lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 6/2015, en sesión de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, reiterando que el denunciante o promovente de una queja administrativa no tiene interés jurídico ni legítimo para impugnar en amparo la resolución favorable al servidor público que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja o no existir motivo para fincar la responsabilidad administrativa, pues su finalidad no es proteger intereses colectivos o difusos, sino que tiene como objetivo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate.

"‘• Debido a lo anterior, resulta improcedente el juicio de amparo en contra del artículo 100, último párrafo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; esto, conforme a la técnica que impera en el juicio de amparo, tratándose del ejercicio de la acción de amparo contra una ley, reglamento o disposición normativa de carácter general, con motivo de su aplicación concreta.

"‘• No pasa inadvertido que en el artículo 116 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se establece quiénes forman parte del procedimiento de responsabilidad administrativa; no obstante, el procedimiento de responsabilidad administrativa inicia cuando las autoridades sustanciadoras, en el ámbito de su competencia, admitan el informe de presunta responsabilidad administrativa conforme al numeral 112 de la citada ley.

"‘• Sobre esa base, si del oficio **********, de nueve de enero de dos mil diecinueve, por el que da por concluida la denuncia presentada por la quejosa, se sustenta en que no cuenta con interés jurídico o legítimo, por carecer de un derecho cualificado, que le permita obtener un beneficio, pues la ley que rige la materia, en primera instancia, sólo le reconoce el derecho a denunciar actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con faltas administrativas, es evidente que el juicio de amparo es igualmente improcedente respecto del acto reclamado consistente del (sic) artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al resultar improcedente el (sic) acción constitucional contra el acto de aplicación.’

"52. Precisado lo anterior, este tribunal no comparte la conclusión que precede por los motivos siguientes.

"53. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CXCIV/2016 (10a.), sostuvo el criterio siguiente:

"‘DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN. De la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 42/2007,(1) de rubro: «GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES», deriva que el acceso a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos que lo integran: 1) una previa al juicio, a la que atañe el derecho de acceso a la jurisdicción; 2) otra judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, 3) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. En estos términos, el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción debe entenderse como una especie del diverso de petición, que se actualiza cuando ésta se dirige a las autoridades jurisdiccionales, motivando su pronunciamiento. Su fundamento se encuentra en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual corresponde al Estado Mexicano impartir justicia a través de las instituciones y procedimientos previstos para tal efecto. Así, es perfectamente compatible con el artículo constitucional referido, que el órgano legislativo establezca condiciones para el acceso a los tribunales y regule distintas vías y procedimientos, cada uno de los cuales tendrá diferentes requisitos de procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar del aparato jurisdiccional, dentro de los cuales pueden establecerse, por ejemplo, aquellos que regulen: i) la admisibilidad de un escrito; ii) la legitimación activa y pasiva de las partes; iii) la representación; iv) la oportunidad en la interposición de la acción, excepción o defensa, recurso o incidente; v) la competencia del órgano ante el cual se promueve; vi) la exhibición de ciertos documentos de los cuales depende la existencia de la acción; y, vii) la procedencia de la vía. En resumen, los requisitos de procedencia, a falta de los cuales se actualiza la improcedencia de una acción, varían dependiendo de la vía que se ejerza y, en esencia, consisten en los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas que deben satisfacerse para la realización de la jurisdicción, es decir, para que el juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada en el caso sometido a su potestad y pueda resolverla, determinando los efectos de dicha resolución. Lo importante en cada caso será que para poder concluir que existe un verdadero acceso a la jurisdicción o a los tribunales, es necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios.’

"54. Del criterio transcrito se desprende que el acceso a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos que lo integran: 1) una previa al juicio, a la que atañe el derecho de acceso a la jurisdicción; 2) otra judicial, a la que corresponde el derecho al debido proceso; y, 3) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél –cumplimiento–.

"55. El derecho fundamental de acceso a la jurisdicción –aplicable a los casos de juicio pero también a los procedimientos en forma de juicio–, está previsto como un derecho de protección, de entidad trascendente para todo Estado democrático y debe entenderse como una especie del diverso de petición, que se actualiza cuando ésta se dirige a las autoridades jurisdiccionales (tanto en sentido formal como material), motivando como ineludible un pronunciamiento de carácter tutelar. Su fundamento se encuentra en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual corresponde al Estado Mexicano impartir justicia a través de las instituciones y procedimientos previstos para tal efecto.

"56. Así, es perfectamente compatible con el artículo constitucional referido, que el órgano legislativo establezca condiciones para el acceso a los tribunales o procedimientos en forma de juicio, y las respuestas que deben darse a los planteamientos de los justiciables, regulando distintas vías y procedimientos, cada uno de los cuales tendrá peculiares requisitos de procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar y respuesta del aparato jurisdiccional, dentro de los cuales pueden establecerse, por ejemplo, aquellos que regulen: i) la admisibilidad de un escrito; ii) la legitimación activa y pasiva de las partes; iii) la representación; iv) la oportunidad en la interposición de la acción, excepción o defensa, recurso o incidente; v) la competencia del órgano ante el cual se promueve; vi) la exhibición de ciertos documentos de los cuales depende la existencia de la acción; y, vii) la procedencia de la vía, entre otros.

"57. En resumen, los requisitos de procedencia, a falta de los cuales se actualiza la improcedencia de una acción, varían dependiendo de la vía que se ejerza y, en esencia, consisten en los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas que deben satisfacerse para la realización de la jurisdicción, es decir, para que el juzgador, o quien decide, se encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada en el caso sometido a su potestad y pueda resolverla, determinando los efectos de dicha resolución.

"58. Por otra parte, atendiendo a la problemática central, debe precisarse que la Ley General de Responsabilidades Administrativas forma parte de un sistema normativo complejo, que es el Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo objetivo primordial es el combate de la corrupción y el debido cumplimiento de las obligaciones relativas al servicio público, conducente a la organización y adecuado funcionamiento de la función pública.

"59. En este sentido, el artículo 113 de la Constitución Federal, cuyo contenido fue modificado mediante reforma de veintisiete de mayo de dos mil quince, establece lo siguiente:

"‘Artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:

"‘I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana;

"‘II. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley, y

"‘...’

"60. De la transcripción anterior, se advierte que una de las bases y ejes del Sistema Nacional Anticorrupción, es la participación ciudadana, la cual se hace efectiva, entre otras alternativas, mediante la inclusión de un representante en la integración del Comité Coordinador.

"61. Aunado a lo anterior, de la exposición de motivos que dio origen a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se desprende lo siguiente:

"‘Cámara de Origen: Senadores

"‘Exposición de motivos

"‘México, D.F., viernes 13 de diciembre de 2013.

"‘Nota: Este proceso legislativo e (sic) integra con 14 iniciativas de diversas fechas

"‘La política de Estado para el combate a la corrupción debe contener los mecanismos de articulación y coordinación necesarios con las instituciones claves en el ejercicio de las acciones estratégicas.

"‘...

"‘En ese sentido, el objetivo de esta iniciativa es reglamentar lo relativo al órgano responsable de combate a la corrupción en los términos del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, primera, con opinión de las Comisiones de Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana. La propuesta contiene lo siguiente:

"‘• Crea la Ley General en Materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a la Corrupción. La cual tiene como objeto el combate a la corrupción y el debido cumplimiento delas (sic) obligaciones relativas al servicio público.

"‘• Establece el funcionamiento del Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción como órgano responsable de encabezar las acciones del Estado en el combate a la corrupción. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"‘...

"‘12) Establece los mecanismos de participación ciudadana en el combate a la corrupción, destacando las figuras del testigo social, las auditorías sociales y las redes de participación ciudadana.

"‘...

"‘La corrupción se combate no sólo con el esfuerzo de las autoridades, es indispensable la participación ciudadana como el ingrediente más importante para el funcionamiento del Sistema. Cuanto más hagamos partícipe al ciudadano de los asuntos coyunturales del haber público, avanzaremos hacía (sic) un México más incluyente, ordenado y democrático.

"‘La reforma constitucional en materia de anticorrupción ha validado la participación del ciudadano dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, ha dotado de mayor contenido democrático al involucrar a la ciudadanía, titulares del poder público, en la generación de instrumentos que profesionalicen el actuar de los involucrados con los recursos públicos.

"‘El artículo 113 constitucional establece un gran precedente al incluir al ciudadano como uno de los integrantes de la coordinación del Sistema Nacional de (sic) Anticorrupción, a través de la creación de un Comité de Participación Ciudadana integrado por cinco ciudadanos especializados en transparencia, rendición de cuentas o el combate a la corrupción, con ello estamos seguros que la vigilancia, prevención y detección de la corrupción será todo un éxito.

"‘Derivado de lo anterior, en la presente iniciativa se pretende encausar los esfuerzos de la sociedad civil en el combate contra la corrupción a través del Comité de Participación Ciudadana creado por mandato constitucional.

"‘Es importante que el Comité de Participación Ciudadana, sea un órgano dinámico y con representación plenamente ciudadana, que sus integrantes no permanezcan demasiado tiempo en el encargo para que el propio sistema no los termine contaminando, por lo que se propone que duren dos años en el cargo y que sean designados de manera escalonada y con ello no se pierda la continuidad de sus decisiones.

"‘...

"‘Mecanismos de participación ciudadana

"‘Resulta imprescindible empoderar a la sociedad civil para que a través de la participación ciudadana se realice una adecuada vigilancia en el uso de los recursos públicos. Esta ley tiene cómo dotar al ciudadano de instrumentos eficaces que permitan su eficiente participación.

"‘Para promover la efectiva participación de la sociedad en el combate a la corrupción, se utilizarán, entre otros, los siguientes mecanismos:

"‘• El testigo social;

"‘• Las auditorías sociales para proyectos de alto impacto comunitario;

"‘• Las redes de participación ciudadana.

"‘•...

"‘Por las razones anteriormente expuestas se entiende la urgencia de contar con un marco legal que establezca las medidas y procedimientos para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción, susceptibles de ser investigados y sancionados, tanto administrativa como penalmente.

"‘De igual manera, resulta urgente garantizar la protección al funcionario público o a cualquier persona que, de buena (sic) denuncie dichos actos o testifique sobre los mismos...’

"62. De lo anterior se aprecia que uno de los ejes principales y aportaciones del Sistema Nacional Anticorrupción y, en particular, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es la integración de la participación ciudadana con un papel más activo en el combate de la corrupción y el eficiente desempeño de la función pública, acorde con los principios de transparencia, imparcialidad, equidad y legalidad, consagrados por dicha norma.

"63. Ello, con la ayuda de un marco legal que establezca las medidas y procedimientos para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción, susceptibles de ser investigados y sancionados, tanto administrativa como penalmente.

"64. En este sentido, se aprecia que es intención del constituyente que la corrupción se combata no sólo con el esfuerzo de las autoridades, sino que, a la par, es indispensable la participación ciudadana como el ingrediente más importante para el funcionamiento exitoso del Sistema Nacional Anticorrupción. Así pues, resulta imprescindible empoderar a la sociedad civil para que, a través de la participación ciudadana, se realice una adecuada vigilancia en el uso de los recursos públicos, concluyendo que la Ley General de Responsabilidades tiene como propósito dotar al ciudadano de instrumentos eficaces y marco legal que permitan su eficiente participación.

"65. Congruente con tales propósitos, y como un medio instrumental importante, resulta que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, dispone en sus artículos 3, fracción IX, 91, 100, 101 y 102 lo siguiente:

"‘Artículo 3. Para efectos de esta ley se entenderá por:

"‘...

"‘IX. Denunciante: La persona física o moral, o el servidor público que acude ante las autoridades investigadoras a que se refiere la presente ley, con el fin de denunciar actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con faltas administrativas, en términos de los artículos 91 y 93 de esta ley.’

"‘Artículo 91. La investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o, en su caso, de auditores externos.

"‘Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las autoridades investigadoras mantendrán con carácter de confidencial la identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones.’

"‘Artículo 100. Concluidas las diligencias de investigación, las autoridades investigadoras procederán al análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave.

"‘Una vez calificada la conducta en los términos del párrafo anterior, se incluirá la misma en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y éste se presentará ante la autoridad substanciadora a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa.

"‘Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito la facultad para sancionar. Dicha determinación, en su caso, se notificará a los Servidores Públicos y particulares sujetos a la investigación, así como a los denunciantes cuando éstos fueren identificables, dentro los diez días hábiles siguientes a su emisión.’

"‘Artículo 101. Las autoridades substanciadoras, o en su caso, las resolutoras se abstendrán de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en esta ley o de imponer sanciones administrativas a un servidor público, según sea el caso, cuando de las investigaciones practicadas o derivado de la valoración de las pruebas aportadas en el procedimiento referido, adviertan que no existe daño ni perjuicio a la hacienda pública federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos y que se actualiza alguna de las siguientes hipótesis:

"‘I. Que la actuación del servidor público, en la atención, trámite o resolución de asuntos a su cargo, esté referida a una cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible, en la que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones, siempre que la conducta o abstención no constituya una desviación a la legalidad y obren constancias de los elementos que tomó en cuenta el servidor público en la decisión que adoptó, o

"‘II. Que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, se hubieren producido, desaparecieron.

"‘La autoridad investigadora o el denunciante, podrán impugnar la abstención, en los términos de lo dispuesto por el siguiente capítulo.’

"‘Artículo 102. La calificación de los hechos como faltas administrativas no graves que realicen las autoridades investigadoras, será notificada al denunciante, cuando éste fuere identificable. Además de establecer la calificación que se le haya dado a la presunta falta, la notificación también contendrá de manera expresa la forma en que el notificado podrá acceder al expediente de presunta responsabilidad administrativa.

"‘La ca

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30081-fb82a245/responsabilidad-de-los-servidores-publicos-el-denunciante-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.