RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. EL DENUNCIANTE TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE NO INICIAR LA INVESTIGACIÓN RELATIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 2016).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 253/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 28 DE ABRIL DE 2021. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: ISIDRO MUÑOZ ACEVEDO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambos preceptos legales vigentes a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de distinto Circuito, cuya materia corresponde a su especialidad.
SEGUNDO.—Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por Jaime González Campos, recurrente en el amparo en revisión 41/2020 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
TERCERO.—Criterios contendientes. Las consideraciones esenciales de los criterios que se denuncian como opositores, son las siguientes:
I. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión 466/2019 en sesión de nueve de enero de dos mil veinte, determinó en lo que interesa, lo siguiente:
· El denunciante cuenta con interés para impugnar en amparo la determinación de la autoridad de no iniciar el procedimiento de responsabilidad. La Ley General de Responsabilidades Administrativas forma parte de un sistema normativo complejo, que es el Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo objetivo primordial es el combate de la corrupción y el debido cumplimiento de las obligaciones relativas al servicio público, conducente a la organización y adecuado funcionamiento de la función pública.
En este sentido, "uno de los ejes principales y aportaciones del Sistema Nacional Anticorrupción y, en particular, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es la integración de la participación ciudadana con un papel más activo en el combate de la corrupción y el eficiente desempeño de la función pública", acorde con los principios de transparencia, imparcialidad, equidad, y legalidad, consagrados por dicha norma. Ello, a fin de empoderar a la sociedad civil para que, "a través de la participación ciudadana, se realice una adecuada vigilancia en el uso de los recursos públicos ... la Ley General de Responsabilidades tiene como propósito dotar al ciudadano de instrumentos eficaces y marco legal que permitan su eficiente participación."
Congruente con tales propósitos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé que tengan el carácter de denunciante, las personas físicas o morales, o el servidor público que acude ante las autoridades investigadoras con el fin de exponer actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con faltas administrativas, "ofreciendo un papel activo para cuestionar aquellas decisiones que no satisfagan su interés, no reduciendo ni limitando su intervención a un simple y mero denunciante."
· Bajo este contexto normativo, se advierte con claridad, que "la ley otorga al particular denunciante, una participación activa, tanto en la fase de investigación –denuncia y conclusión de hechos que puedan constituir falta administrativa o abstención–, como en el propio procedimiento administrativo de responsabilidad en su calidad de tercero, lo que se refuerza con la exposición de motivos que dio origen a la norma, por lo que no se comparte la conclusión del a quo, en el sentido que la intervención del quejoso se reduce a la mera denuncia."
Tan es así que "se advierte el derecho del denunciante para impugnar la abstención de la autoridad investigadora, de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa y, en su caso, las determinaciones exculpatorias." En esa línea de ideas, en el caso concreto, el interés de la quejosa está sustentado en su carácter de denunciante de hechos, con relación a los cuales la autoridad determinó no dar trámite al procedimiento de responsabilidad por existir un expediente previo con identidad de hechos, circunstancias de modo, tiempo y lugar, montos económicos, actores y actos denunciados.
· En efecto, como señaló la quejosa, la normatividad vigente, bajo la cual fue emitido el acto reclamado, a diferencia de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, norma analizada en los criterios jurisprudenciales aplicados por el Juez, "ahora otorga y reconoce un papel activo al denunciante, no limitando su participación e interés al mero acto de ser informado en cuanto a hechos iniciales y, posteriormente lo excluya de intervenir en la investigación y la eventual decisión, así como al mérito para sujetar, a quien corresponda, al procedimiento disciplinario."
Esto es así, pues como se vio, "la Ley General de Responsabilidades Administrativas ubica al denunciante como parte procesal, con posiciones, protagonismos y pretensiones equivalentes a los que corresponden al ente contralor y los probables responsables, sin hacer, distinciones."
· No obstante, en el caso particular, si bien la negativa de iniciar el procedimiento de investigación instado por el denunciante, deriva de un supuesto no previsto en la ley, tal circunstancia no presupone una limitante o impedimento para que el denunciante pueda impugnarla, pues debe subsistir la misma razón, esto es, que el denunciante está facultado para controvertir la actuación acusatoria y sancionatoria de la autoridad o su inejercicio.
Así, si la Ley General de Responsabilidades Administrativas no establece la procedencia del recurso de inconformidad, o algún otro medio ordinario de defensa, en contra de la resolución por la que se niega el inicio del procedimiento de investigación, ante la existencia de un expediente previo con identidad de hechos, circunstancias de modo, tiempo y lugar, montos económicos, actores y actos denunciados, "debe entonces estimarse procedente el juicio de amparo indirecto, como medio extraordinario de defensa, en razón de la analogía de razones y conseguir los fines pretendidos en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción."
En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 93, fracción V, de la Ley de Amparo, se revoca la sentencia recurrida y se procede a dictar la que en derecho corresponde.
· Remisión del asunto a la Suprema Corte. Una vez determinada la procedencia del amparo indirecto, el Colegiado estimó que correspondía conocer del fondo del asunto a este Tribunal Constitucional ya que se impugnaba la regularidad constitucional del precepto 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y, respecto del mismo no existían precedentes.
II. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 41/2020 en sesión de veintiséis de agosto de dos mil veinte, resolvió, en lo que interesa lo siguiente:
· Falta de interés. Resulta apegado a derecho lo resuelto en el fallo recurrido, en el sentido de que la parte quejosa carece de interés para impugnar el "desechamiento" de su denuncia, ya que la Suprema Corte ya se ha pronunciado sobre esta cuestión, a través de las jurisprudencias 2a./J. 1/2006, 2a./J. 124/2008 y 2a./J. 41/2019 (10a.), que citó el Juez de Distrito en su sentencia, "y que contrario a lo que indica el aquí recurrente, sí son aplicables al caso."
· Ello, ya que, dentro de los derechos que la ley le confiere al quejoso o denunciante, "no se encuentra el de exigir que la autoridad resuelva en determinado sentido, es decir, que declare que el funcionario público denunciado incurrió en responsabilidad y/o que procede imponerle determinada sanción específica"; debido a que, el procedimiento administrativo "no salvaguarda intereses particulares de dicho denunciante, sino la adecuada función del servidor público."
En la especie, el recurrente reclama el acuerdo de tres de abril de dos mil diecinueve, dictado en el procedimiento de investigación número 502/2018, en el cual se determinó declarar improcedente el recurso de queja y su archivo; el que fue seguido en contra del tercero interesado, por lo que carece de interés jurídico y legítimo para impugnar tal resolución, porque "el derecho del promovente de la queja para denunciarla y aportar pruebas, así como a comparecer dentro de las etapas correspondientes, no constituye razón suficiente para determinar que cuentan con interés jurídico para acudir al juicio de garantías contra dicha determinación, porque ello no le genera un derecho para exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones."
· Así pues, adverso a lo alegado por el disidente en el motivo de queja sometido a escrutinio constitucional, el carácter de denunciante o promovente de la queja administrativa que interpuso en contra del secretario general del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, no le proporciona el interés necesario para combatir la resolución que declaró improcedente iniciar el procedimiento administrativo correspondiente.
En consecuencia, se estima que, en la especie fueron correctamente aplicados los criterios invocados por el Juez de Distrito para sustentar su determinación, las cuales este tribunal tuvo en consideración para resolver en los términos destacados, pues, como se vio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dilucidó en forma integral la problemática jurídica relativa al interés jurídico y legítimo del denunciante de una queja administrativa "y a pesar de que dos de dichos criterios jurisprudenciales se refieren a legislaciones anteriores a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, lo cierto es que, su aplicación es por analogía, precisamente, porque las tesis sustentadas por el más Alto Tribunal del País pueden citarse por analogía o por las razones que las informan", ya que el artículo 14 constitucional, únicamente prohíbe ese tipo de aplicación (analógica) con relación al juicio del orden criminal, pero cuando el juzgador para la solución de un conflicto aplica por analogía o equiparación los razonamientos jurídicos que se contienen en una tesis, ello es procedente si el punto jurídico es igual al caso que se resolvió en ella, como ocurre en la especie.
CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. En principio, resulta oportuno puntualizar que el objeto de resolución de una contradicción de tesis consiste en unificar los criterios contendientes, a fin de abonar en el principio de seguridad jurídica.(1) Así, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen–, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.
A partir de los diversos criterios que ha emitido esta Suprema Corte, es posible concluir que las siguientes características deben analizarse para poder arribar a una conclusión en torno a la existencia de la contradicción de tesis:
I. No es necesario que los criterios que se estiman discrepantes deriven de elementos de hechos idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, y que a partir de ésta, arriben a decisiones encontradas.(2)
II. Que los tribunales contendientes hayan resuelto una cuestión litigiosa, en la cual se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un proceso interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que éste fuese y al efecto, arribaron a soluciones distintas.
III. Que entre los ejercicios interpretativos exista al menos una parte del razonamiento en el que la interpretación realizada gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
IV. Que de los anteriores elementos se pueda formular una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
V. Aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no es obstáculo para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer.(3)
A partir de los anteriores lineamientos, es dable sostener que en la especie existe la contradicción de tesis denunciada, ya que, al resolver los asuntos de sus respectivos índices, los aludidos tribunales se pronunciaron sobre una misma situación jurídica, a saber, si el denunciante cuenta con un derecho para impugnar, en el juicio de amparo indirecto, la determinación de las autoridades investigadoras de no iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa –conforme a la ley general–.
Siendo que los referidos órganos colegiados arribaron a conclusiones disímiles, ya que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito consideró, toralmente, que la decisión de no iniciar el procedimiento referido no afecta el interés del denunciante, toda vez que conforme a las jurisprudencias 2a./J. 1/2006, 2a./J. 124/2008 y 2a./J. 41/2019, aplicadas por analogía, "dentro de los derechos que la ley le confiere al quejoso o denunciante, no se encuentra el de exigir que la autoridad resuelva en determinado sentido ... debido a que, el procedimiento administrativo no salvaguarda intereses particulares de dicho denunciante, sino la adecuada función del servidor público."
De tal suerte que el quejoso en dicho asunto, como denunciante de presuntas irregularidades administrativas por parte del tercero interesado, cuenta con un mero interés simple para impugnar en el amparo la determinación de la autoridad de "desechar de plano su denuncia", porque su derecho a denunciar, a aportar pruebas al procedimiento de investigación, así como a comparecer dentro de las etapas correspondientes, "no constituye razón suficiente para determinar que cuenta con interés jurídico para acudir al juicio de garantías contra dicha determinación, porque ello no le genera un derecho para exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones."
En cambio, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a diferencia de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos –norma analizada en las jurisprudencias 2a./J. 1/2006, 2a./J. 124/2008 y 2a./J. 41/2019– "ahora otorga y reconoce un papel activo al denunciante, no limitando su participación e interés al mero acto de ser informado en cuanto a hechos iniciales y, posteriormente lo excluya de intervenir en la investigación y la eventual decisión, así como al mérito para sujetar, a quien corresponda, al procedimiento disciplinario."
Es decir, ahora la Ley General de Responsabilidades Administrativas "ubica al denunciante como parte procesal, con posiciones, protagonismos y pretensiones equivalentes a los que corresponden al ente contralor y los probables responsables, sin hacer, distinciones."
Así, la ley vigente "otorga al particular denunciante, una participación activa, tanto en la fase de investigación –denuncia y conclusión de hechos que puedan constituir falta administrativa o abstención–, como en el propio procedimiento administrativo de responsabilidad en su calidad de tercero", de ahí que el interés de la parte quejosa, "está sustentado en su carácter de denunciante de hechos, en relación con los cuales la autoridad determinó no dar trámite al procedimiento de responsabilidad por existir un expediente previo con identidad de hechos, circunstancias de modo, tiempo y lugar, montos económicos, actores y actos denunciados."
Conforme a lo anterior, esta Segunda Sala considera que existe la contradicción de tesis denunciada ya que, como se ha razonado, los Tribunales Colegiados se pronunciaron sobre el mismo punto jurídico, arribando a conclusiones disidentes.
Sin que resulte óbice a lo anterior que, hayan sido distintas las razones o justificaciones por las cuales las autoridades responsables decidieron, respectivamente, que no era dable iniciar el procedimiento de responsabilidades administrativas. Es decir, que en el caso del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito la denuncia haya sido "desechada" por no haberse aportado las pruebas suficientes para demostrar alguna infracción a las normas administrativas cometidas por el servidor público denunciado, mientras que en el asunto del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la denuncia no haya dado lugar a tal procedimiento en razón de que, ya existía un expediente previo con identidad de hechos, circunstancias de modo, tiempo y lugar, montos económicos, actores y actos denunciados.
Es así, por tres razones. La primera, porque el punto jurídico contradictorio estriba en determinar si resulta procedente el amparo indirecto cuando la autoridad se niega a dar inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa –con entera independencia de la razón por la cual la denuncia no haya "prosperado"–.
La segunda, porque la razón por la cual la denuncia no dio lugar al inicio del referido procedimiento, no constituye la razón decisoria sobre la cual los tribunales contendientes resolvieron la acreditación de un interés, –por el contrario, fue la apreciación de la "naturaleza" del carácter de denunciante, así como de la etapa de investigación de responsabilidades administrativas, lo que determinó en cada caso la actualización del interés jurídico–.
La tercera razón estriba en que, ante situaciones en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, ha sido criterio de esta Corte Constitucional que "debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico."
Por tanto, puede determinarse válidamente la existencia de una contradicción de tesis no obstante que los criterios sostenidos por los tribunales participantes contengan algunos elementos secundarios distintos, pues este Alto Tribunal, atendiendo a la teleología de la presente vía, "debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."
Da sustento a lo anterior la tesis P. XLVII/2009, que se lee bajo el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(4)
Atendiendo a lo anterior, el punto de contradicción que debe dilucidar esta Segunda Sala consiste en determinar si, el denunciante cuenta con interés para impugnar, en el juicio de amparo indirecto, la determinación de las autoridades investigadoras de no iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa –conforme a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas–.
QUINTO.—Consideraciones y fundamentos. A juicio de este Tribunal Constitucional, los denunciantes cuentan con interés jurídico para combatir en el juicio de amparo indirecto las determinaciones de las autoridades investigadoras por las cuales se estima que no es dable iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa pese a la denuncia presentada, a virtud de los derechos procesales que le concede la ley general en la materia y que, en su conjunto, reconocen al denunciante como parte activa del nuevo régimen de responsabilidades administrativas.
Para determinar las razones de ello, la metodología que seguirá la presente sentencia es la siguiente: en principio, se analizará la naturaleza y finalidad de la figura del denunciante, de la etapa de investigación, así como del procedimiento de responsabilidad administrativa, conforme al nuevo marco establecido por la ley general en la materia y, a partir de ello, se expondrán las razones por las cuales se estima que los precedentes de esta Corte Constitucional, respecto a la falta de interés jurídico de los denunciantes para combatir las decisiones de las autoridades de no iniciar el citado procedimiento, ya no pueden seguir aplicándose para determinar la procedencia del amparo, ni siquiera por analogía, a la luz del ordenamiento vigente en la materia.
1. Naturaleza y finalidades de la figura del denunciante, de la etapa de investigación y del procedimiento de responsabilidad administrativa. El veintisiete de mayo de dos mil quince se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución General de la República en materia de combate a la corrupción, entre ellas, las fracciones XXIV y XXIX-V de su artículo 73, "mediante las cuales se facultó al Congreso de la Unión para emitir, entre otras la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación."(5)
Por lo que hace al régimen de responsabilidades administrativas, se sostuvo en la iniciativa de reforma constitucional que, "Con la finalidad de construir un sistema nacional en materia de combate a la corrupción ... se propone un nuevo esquema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como de hechos de corrupción en que incurran tanto servidores públicos como particulares."(6) En materia de responsabilidades de los servidores públicos, "el objetivo que persigue el derecho administrativo sancionador es la generación de incentivos para inhibir actos de servidores públicos contrarios al sistema jurídico y al interés público." (7)
En suma, esta modificación, esto es, la emisión de una Ley General de Responsabilidades Administrativas "está encaminada justamente a contar con instrumentos jurídicos que permitan a las autoridades de todos los órdenes de gobierno cumplir con los objetivos planteados ... pues sólo la suma de esfuerzos conjuntos, con bases claras y precisas, permitirá alcanzar un nuevo sistema jurídico que se traduzca en un combate efectivo a la corrupción."(8)
El Constituyente Permanente estimó "que el régimen administrativo sancionador debe explicarse desde su función, esto es; se trata de un régimen que cumple una función de mantenimiento y protección de un sistema, en este caso, del servicio público."(9) Dicho régimen "posee como objetivo garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas por las leyes administrativas, utilizando un régimen de sanciones para lograr dichos objetivos."(10) Las sanciones administrativas "tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico, se trata de supuestos en los que la conducta humana es ordenada o prohibida con la finalidad de proteger un bien jurídico colectivo: el interés público."(11)
En cumplimiento a la citada reforma constitucional, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del dieciocho de julio de dos mil dieciséis, se expidieron las Leyes Generales del Sistema Nacional Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas, así como la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa.
Por lo que a la Ley General de Responsabilidades Administrativas se refiere –en lo sucesivo, la ley general–, es oportuno tener en cuenta que, acorde a su exposición de motivos, el Congreso de la Unión consideró que dicho ordenamiento legal, junto con los demás emanados de la reforma constitucional "deben proveer herramientas necesarias para cumplir el cometido de combatir las causas que han generado el incremento de la corrupción en México ... la legislación debe evitar y, por el contrario, corregir la fragmentación normativa e institucional que ha propiciado la ineficacia de los distintos componentes en el combate a la corrupción."
De tal suerte que "la política nacional de combate a la corrupción debe estar en la articulación de las normas y de las instituciones destinadas a combatir ese fenómeno, sobre la base de un nuevo sistema de responsabilidades administrativas y penales, con pesos y contrapesos suficientes para evitar la impunidad." En consecuencia, la ley general "debe establecer las bases normativas que permitan, en el ámbito administrativo, prevenir, combatir y castigar la corrupción con eficacia."
En efecto, a juicio del legislador federal, en la materia de responsabilidades administrativas, las reformas deben "conducir a prevenir y, en su caso, a identificar y sancionar las redes de la corrupción, impidiendo que quienes las conforman puedan seguir medrando con las atribuciones o los recursos públicos." Desde la perspectiva internacional, el Congreso de la Unión reconoció "la complejidad del fenómeno [de corrupción], y su capacidad para socavar la democracia. Se reconoce como un fenómeno multicausal y multidimensional que debe ser abordado desde varios frentes."
Luego, lejos de delimitar el fenómeno de la corrupción desde una mera óptica penal, el legislador federal expuso la necesidad de que, la ley general "desarrolle (sic) estas descripciones de conducta o tipos básicos [de sanciones por conductas de corrupción] de manera clara y sencilla, con el objeto de hacer más fácil su entendimiento, y más eficaz su aplicación." Así, se establecieron en la norma definiciones o tipos punitivos administrativos relativos al soborno, peculado, cohecho, apropiación indebida, tráfico de influencias, enriquecimiento oculto, entre otras conductas relacionadas con el fenómeno de la corrupción.
Asimismo, en la iniciativa se estableció, acorde con diversos estándares internacionales, la "obligación del Estado Mexicano de crear un sistema de protección de denunciantes, testigos y terceros coadyuvantes." Más importante aún, el legislador reconoció "la insuficiencia del Estado y la clase política de un país para hacer frente a este fenómeno [de corrupción] por sí mismos." Por ende, consideró que "la sociedad se convierte no sólo en vigilante, sino en actor fundamental en el control de la acción pública."
Por ello, la ley general en la materia debe promover "la corresponsabilidad y la participación de la sociedad en el combate a la corrupción." Dentro de las medidas atinentes a dicha corresponsabilidad y participación activa de la sociedad –y de especial relevancia para la presente contradicción de tesis– el legislador federal consideró necesario instituir "un nuevo proceso sancionatorio en el que los denunciantes tienen el derecho a ser informados sobre el cauce de éste, y tienen además un recurso eficaz para impugnar el resultado."
En ese contexto, bajo este nuevo esquema, "los denunciantes se convierten efectivamente en terceros coadyuvantes que pueden vigilar el curso del proceso, y pueden impugnar una mala decisión en la investigación o en la resolución." Se trata de "un eficaz contrapeso a las autoridades del Sistema Nacional Anticorrupción, que hace vigente la garantía individual de acceso a la justicia."
Siendo que todos los sistemas eficaces del mundo "tienen como plataforma esencial la colaboración de la sociedad en lo individual, y de la sociedad civil organizada en lo colectivo, para crear una gran contraloría social." Esta gran contraloría social "es el elemento que permite hacer efectiva la rendición de cuentas constante y sistemática, que toda democracia exitosa necesita."
A partir de lo anterior, se estableció en el precepto 3, fracción IX, de la ley general, la figura del "denunciante", el cual es definido como la "persona física o moral, o el Servidor Público que acude ante las autoridades investigadoras a que se refiere la presente ley, con el fin de denunciar actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con faltas administrativas." Asimismo, dentro de los llamados "Mecanismos Generales de Prevención", se estableció en el artículo 22 que, en el diseño y supervisión de mecanismos de autorregulación de personas morales relacionadas con la contratación pública, se considerarán las mejores prácticas internacionales sobre controles, ética e integridad en los negocios, además de incluir medidas que "contengan herramientas de denuncia y de protección a denunciantes."
Ahora bien, respecto a la etapa de investigación y calificación de las faltas graves y no graves, la ley general establece en su precepto 91 que la investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas iniciará de oficio, derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o, en su caso, de auditores externos, "o por denuncia." En el entendido que, a fin de proteger a los denunciantes, las "denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las autoridade
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29993-dd2cf83f/responsabilidades-administrativas-el-denunciante-tiene-interes-juridico-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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