RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. CONFORME A LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA, MORELOS Y AFINES, QUIEN PRESENTA QUEJAS O DENUNCIAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE AQUÉLLOS TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE PRONUNCIARSE Y NOTIFICAR EL ACUERDO QUE RECAIGA AL ESCRITO O COMPARECENCIA RELATIVO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 301/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y CUARTO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 25 DE FEBRERO DE 2015. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. DISIDENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: LOURDES MARGARITA GARCÍA GALICIA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de diversos circuitos cuyo punto de contradicción versa sobre la materia administrativa y, además es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
Lo anterior, con apoyo en la tesis P. I/2012 (10a.),(1) sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal que se lee bajo el rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el Texto Constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito."
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo establecido en el artículo 227, fracción II, de la nueva Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de donde deriva la resolución cuyas consideraciones se estiman contradictorias.
TERCERO. Criterios de los Tribunales Colegiados de Circuito que sustentan posturas contradictorias. A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener presentes las consideraciones en que se apoyaron los órganos colegiados antes precisados, al dictar las respectivas ejecutorias.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en el recurso de revisión ********** (interpuesto por la delegada de la Secretaría de la Contraloría en la Secretaría de Transportes del Estado de Puebla, en contra de la sentencia de tres de marzo de dos mil catorce, dictada en el juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en ese Estado), emitió sentencia en sesión de catorce de agosto de dos mil catorce y en la parte que interesa, determinó:
"SÉPTIMO. Análisis de la causa de improcedencia no estudiada por la Juez de Distrito.
"La recurrente arguye que la Juez de Distrito actuó ilegalmente al entrar al estudio del procedimiento administrativo sancionatorio previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y en esa medida, es que el fallo impugnado es incongruente dado que al no afectarle la omisión controvertida al quejoso no hay concordancia entre la parte considerativa y los resolutivos.
"Precisa que la tesis en que se apoyó la a quo hace alusión al derecho fundamental de petición, por lo que el fallo es incongruente, dado que la materia del juicio es responsabilidad administrativa y en este tenor es que no ponderó los alcances del criterio en que basó la resolución al no hacer una diferenciación entre lo que es el derecho a quejarse por la actuación de un servidor público, con lo que es el derecho de hacer una petición a las autoridades.
"La autoridad responsable considera que el juicio de amparo es improcedente, en razón de que al tratarse de una queja administrativa no está dentro de los supuestos del derecho de petición contenido en el artículo 8o. constitucional, por lo que el peticionario carece de interés jurídico para reclamar en sede constitucional la omisión de la autoridad ante quien se presentó la denuncia de emitir el acuerdo respectivo y notificarlo al interesado.
"El ente gubernamental estima que la naturaleza de una queja administrativa tiene que ver con la facultad punitiva del Estado y en esa medida, el denunciante no está facultado para reclamar en amparo el que no se hayan ejercido las atribuciones de investigación y sanción en contra del servidor público denunciado.
"Es infundada la causa de improcedencia.
"Es verdad que conforme a lo ordenado en el artículo 109, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a los Congresos Estatales, así como al Congreso de la Unión, el establecer leyes en materia de responsabilidad administrativa y que los procedimientos deberán desarrollarse autónomamente, en el entendido de que corresponde a la autoridad facultada la investigación y en su caso, sanción de los funcionarios que incurran en responsabilidad administrativa.
"De igual manera, este Tribunal Colegiado de Circuito no desconoce la existencia de la jurisprudencia 1/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ...
"Empero, ello no quiere decir que el denunciante carezca de interés jurídico para reclamar la omisión por parte de la autoridad encargada de conocer de las denuncias por responsabilidad, de dar respuesta al escrito a través del cual se hace de su conocimiento de hechos que pudieren constituir conductas infractoras.
"Esto es así, en virtud de que si el denunciante tiene el derecho a presentar una queja administrativa en contra de un servidor público por considerar que su actuación constituye una infracción a las leyes en materia de responsabilidad y por ello debe ser investigado, es inconcuso que cuenta con la prerrogativa de que la autoridad ante quien se presente la denuncia, le informe del trámite que le dio al escrito presentado.
"Se sostiene este aserto, con base en que el hecho de que el impetrante tenga facultades para presentar una denuncia, lleva aparejado su derecho a que la autoridad ante quien la hace valer, le informe del trámite que le dio, sin que ello signifique una transgresión a la facultad exclusiva punitiva con la que cuenta el Estado en materia de responsabilidades administrativas.
"En efecto, en la ejecutoria que corresponde al expediente de contradicción de tesis 139/2005-SS que generó la jurisprudencia 2a./J. 1/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se sostuvo lo siguiente: (se transcribe).
"De lo anterior se desprende que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 1/2006, analizó una problemática que tiene que ver con el caso, pero no está relacionada de manera directa a la planteada en este recurso de amparo en revisión.
"En efecto, como se desprende de la ejecutoria, el punto a dilucidar fue, si quien presenta una denuncia en contra de un servidor público tiene interés jurídico para combatir en amparo la resolución favorable al servidor público, que ordena el archivo del expediente, por ser improcedente la queja o no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa.
"Así las cosas, la diferencia que salta a la vista, es que el acto reclamado que generó el presente recurso de revisión no se trata de una decisión en torno a los hechos que se ponen en conocimiento de la autoridad encargada de investigarlos y, en su caso, determinar si son constitutivos de una infracción administrativa, sino que el motivo de la promoción del amparo es el silencio de la autoridad que recibió una queja administrativa.
"En este orden de ideas, en la contradicción de tesis ya hay un pronunciamiento por parte de la autoridad sancionadora, en el que ya sea de plano -desechamiento- o con posterioridad del desahogo del procedimiento -resolución final absolutoria-, considera que los hechos no constituyen causa de una infracción administrativa.
"En este supuesto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que el denunciante carece de interés jurídico para controvertir por medio del juicio de amparo la decisión mencionada en el párrafo anterior, porque quienes informan hechos probablemente constitutivos de causas de responsabilidad, aunque tienen la facultad o potestad de formular quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, lo cierto es que no cuentan con el poder de exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones.
"La Segunda Sala consideró que lo anterior obedece a que el régimen de responsabilidades de los servidores públicos no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino sólo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público en razón de que éste responde a intereses superiores de carácter público.
"Además, el órgano jurisdiccional de mérito, resolvió que la investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino con la finalidad de determinar con exactitud si el funcionario cumplió con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta.
"Ahora bien, el punto de encuentro que se aprecia entre los motivos de la ejecutoria y la problemática analizada en este recurso de revisión, es que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce que el legislador impuso a todos los servidores públicos, la obligación de respetar y hacer respetar el derecho a la formulación de quejas y denuncias.
"Por ello, es que al ser el acto reclamado en este juicio, la omisión de emitir el acuerdo que corresponde a la queja que presentó el quejoso y la notificación correspondiente, es que se considera que en este supuesto el denunciante sí tiene interés jurídico para promover el juicio de amparo.
"En efecto, el derecho subjetivo con que cuenta el peticionario de amparo, es el derecho a formular quejas y denuncias en contra de servidores públicos por incumplimiento a sus funciones, en el entendido de que la facultad o potestad de exigencia nace a partir de que todos los funcionarios están constreñidos a respetar y hacer respetar esa prerrogativa, tal como la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo reconoce en la ejecutoria antes transcrita.
"Esto es así, en virtud de que el derecho a presentar la queja no se entendería ni tendría sentido, si la autoridad encargada de conocer los hechos no informa al promovente del destino que le dio a su ocurso, puesto que la facultad de informar a la autoridad competente de unos hechos que probablemente constituyan responsabilidad administrativa, lleva aparejado el derecho a saber el acuerdo que recae en ese aspecto.
"Esto no quiere decir que el denunciante tenga derecho a que necesariamente se admita a trámite su queja, mucho menos a constreñir a la autoridad competente a ejercer sus facultades de investigación y sanción, pues ello está dentro de la esfera de actuación del ente gubernamental, en la inteligencia de que en este punto es que se diferencia lo abordado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 1/2006, dado que en el caso se está ante el silencio de la autoridad y en el supuesto de la contradicción de tesis, se parte de la base que la denuncia se desechó o se absolvió al servidor público, esto es, hay un pronunciamiento expreso.
"No obstante, la particularidad de que el denunciante carezca de interés en cuanto a la sustanciación y decisión final del procedimiento administrativo de responsabilidad, no quiere decir que no tenga el derecho a saber de la decisión que tomó la autoridad ante quien presentó su queja, en el entendido de que corresponde única y exclusivamente a la autoridad el decidir si inicia una causa, desecha o desestima los hechos que se ponen en su conocimiento, pero se insiste, que el silencio del ente gubernamental sí afecta el interés jurídico del denunciante, dado que no se entendería su derecho a quejarse si no se le informa qué acuerdo recayó a su queja.
"Se comparte la tesis siguiente:
"‘QUEJA ADMINISTRATIVA CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL AMPARO, CUANDO ALEGA SU FALTA DE PRONUNCIAMIENTO.’
"Ahora bien, la autoridad sustenta su causa de improcedencia en la tesis siguiente:
"‘DERECHO DE PETICIÓN PREVISTO POR EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO SE TRANSGREDE CUANDO NO SE INFORMA AL PROMOVENTE DEL TRÁMITE DADO A SU QUEJA ADMINISTRATIVA CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO.’
"El anterior criterio no se comparte, en virtud de que circunscribe el interés jurídico del denunciante al hecho de estar en aptitud de formular una queja y lo considera agotado una vez que el interesado presenta su escrito en donde hace del conocimiento de la autoridad de hechos probablemente constitutivos de responsabilidad administrativa.
"Esto es, estima que la prerrogativa de presentar una queja significa única y exclusivamente que la autoridad está constreñida a recibir el escrito respectivo, sin que tenga la obligación de informar al promovente el acuerdo que recae al libelo.
"Este Tribunal Colegiado de Circuito considera, como lo ha precisado en párrafos anteriores, que el derecho a presentar una denuncia materia de responsabilidad administrativa es inocuo si no se informa al promovente del destino que se le da a su escrito, puesto que si se taza la facultad de denunciar como lo hace el Tribunal Colegiado en la tesis transcrita, no se estaría ante un derecho subjetivo, sino más bien, ante una mera facultad o potestad que el orden jurídico concede al particular, sin concederle un poder de exigencia imperativa, lo cual no es exacto, dado que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó en claro que todos los funcionarios están constreñidos a respetar y hacer respetar la facultad de denuncia.
"Así las cosas, se considera que no se está ante una mera facultad o potestad, sino ante un derecho subjetivo, el cual debe ser tutelado con la intensidad que su naturaleza lo permite, esto es, la protección a la facultad de denunciar no termina en el hecho de que se permita al particular presentar su escrito, sino debe hacerse extensiva a que la autoridad quede obligada a dar una respuesta al interesado, sin que quede vinculada a actuar en algún sentido específico, pero sí es necesario que dé a conocer al promovente el acuerdo que recayó a su escrito.
"Los derechos deben entenderse y abordarse desde una óptica protectora, y tutelarse para que éstos en realidad sean efectivos, por lo que en el caso la efectividad del derecho a denunciar se verifica una vez que la autoridad ante quien se presentó la queja se pronuncie sobre el trámite que dará al ocurso, pues en ese caso, se materializa la voluntad de la autoridad y con ello queda satisfecha la pretensión del quejoso.
"De otra manera, estaríamos ante el supuesto de una mera prerrogativa o potestad sin exigencia imperativa, dado que si el denunciante pone en conocimiento de la autoridad hechos probablemente constitutivos de responsabilidad, lo cierto es que tiene la facultad de exigir al ente gubernamental que se pronuncie, pues de otro modo, ese derecho no es efectivo ni tendría sentido, ya que es explorado derecho que toda promoción debe ser atendida por la autoridad, sin importar que se trate de una facultad exclusiva que pueda ejercer la autoridad.
"En este orden de ideas, se considera que contrario a lo que alega la autoridad responsable, el quejoso sí tiene interés jurídico para reclamar en amparo la omisión del ente gubernamental en emitir el acuerdo y la notificación respectivos, ante la presentación de una queja en materia de responsabilidad administrativa.
"OCTAVO. Estudio de los agravios que controvierten el fondo del asunto.
"La autoridad considera que con el acto reclamado no se vulnera en perjuicio del quejoso el artículo 8o. constitucional, en atención a que la naturaleza jurídica de esa prerrogativa es distinta a lo atinente de cuestiones de responsabilidad administrativa.
"Alega que como no se vulnera el artículo 8o. constitucional fue contrario a derecho que se concediera el amparo al quejoso, puesto que al no ser compatible el derecho fundamental de petición con las cuestiones de responsabilidad administrativa, lo jurídicamente correcto era que se negara el amparo al no violarse la disposición constitucional en cita.
"Hace valer que la Juez no distinguió las hipótesis que tutela el artículo 8o. constitucional, en relación con el procedimiento prescrito en los artículos 53 y 53 Bis de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en atención a que la juzgadora sostuvo que se vulneró en perjuicio del quejoso el derecho de petición, lo cual no es exacto, en razón de que la naturaleza de la queja administrativa se refiere a la imputación de conductas constitutivas de responsabilidad.
"Afirma que el acto reclamado no transgrede el artículo 8o. constitucional, en atención a que no se está en los supuestos estipulados en dicho ordenamiento, dado que no es válido ejercer la acción de amparo con el objeto de supervisar la prosecución de una denuncia en materia de responsabilidades administrativas, en virtud de que si bien es verdad cualquier interesado puede presentar quejas o denuncias, lo cierto es que está estipulado en favor del denunciante el derecho de exigir que se dé contestación a su escrito, así como a que se le cite para que ratifique la denuncia.
"Indica que la Juez Federal, de manera ilegal, matizó el contenido del escrito de queja con el objeto de que coincidiera con los supuestos del derecho de petición en el cual la autoridad sí tiene la obligación de acordar y dar contestación a lo que se le solicita, por ello, considera que se suplió la queja deficiente en favor del impetrante, no obstante que estamos en un asunto en materia administrativa.
"Lo anterior es infundado.
"No le asiste la razón a la autoridad responsable, en virtud de que si bien es verdad hay un matiz entre lo que es el derecho de petición propiamente dicho y el derecho a denunciar hechos constitutivos de responsabilidad administrativa, lo cierto es que esa diferencia no excluye ni veda la posibilidad de que se viole el derecho de petición.
"En efecto, el artículo 8o. constitucional dispone lo siguiente: (se transcribe)
"De una interpretación que redunde en una administración de justicia constitucional efectiva, se obtiene que el precepto transcrito, contrario a lo alegado, sí contempla dentro de sus supuestos, las cuestiones de responsabilidad administrativa.
"Esto es así, en virtud de que la única limitante del derecho de petición se circunscribe a la materia política, la cual está reservada a los ciudadanos, pero fuera de esa hipótesis la Constitución Federal no realiza restricción alguna y en esa medida, es válido incluir a la responsabilidad administrativa dentro de lo tutelado en el artículo 8o. constitucional.
"El único matiz que existe y que se ha dejado asentado anteriormente, es que la materia de responsabilidad en cuanto a su tramitación y decisión final, es una facultad exclusiva de la autoridad sancionadora, pero esto no colisiona con el derecho de que el ente gubernamental tenga la obligación de informar por escrito del acuerdo recaído a la queja.
"Se sostiene este aserto, con base en que, el que se obligue a la autoridad a que responda sobre el trámite que le dio al ocurso, de ninguna manera mina la facultad exclusiva que el ente gubernamental tiene para decidir potestativamente en cuanto al destino y fondo de los hechos que se someten a su consideración, pues no hay duda que la respuesta cualquiera que sea ésta no es controvertible por el denunciante.
"Así las cosas, el silencio de la autoridad en materia de responsabilidad administrativa, sí viola en perjuicio del denunciante el derecho de petición, puesto que la queja se hace ante autoridad, ésta debe formularse de manera respetuosa y por escrito, por tanto, al tener esos elementos distintivos, es claro que la autoridad queda vinculada para emitir una respuesta por escrito al denunciante, pues se insiste, no se vulnera con ello ni se invaden sus facultades sobre el destino que la autoridad de manera discrecional le dará al ocurso.
"Lo anterior, se refuerza con el hecho que apuntó la Juez de Distrito en la sentencia reclamada, pues como bien lo sostuvo el artículo 37, fracción XLIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, la Contraloría está obligada a recibir por sí o a través de sus delegaciones -como es el caso- las denuncias o quejas que le presenten los particulares en contra de los servidores públicos.
"Además, como lo hizo patente la a quo en el fallo controvertido, el artículo 53 Bis de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, dispone lo siguiente:
"‘Artículo 53 Bis. La secretaría, los Ayuntamientos y los órganos de control que determinen las leyes, al conocer, investigar y sancionar el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 50 de esta ley, iniciarán el trámite de la queja o denuncia bajo las disposiciones siguientes:
"‘I. Las quejas o denuncias deberán presentarse por comparecencia directa o por escrito; en este último caso, el promovente deberá ser citado para que ratifique su promoción, en caso de que no sea ratificado se archivará el expediente correspondiente; lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad competente pueda darle seguimiento de oficio al asunto respectivo.’
"De lo anterior se desprende que, cuando un particular presenta una denuncia por escrito deberá ser citado para que ratifique su promoción, en el entendido de que si no acude a realizar esta conducta, la consecuencia es el archivo del expediente, sin demérito de que la autoridad competente pueda darle seguimiento de oficio a la causa.
"Esta redacción pone de manifiesto como lo sostuvo la Juez de Distrito, que sí se vulnera en perjuicio del quejoso el derecho de petición, puesto que al tratarse de una queja por escrito, es obligación de la autoridad ante quien se presentó el citar al promovente para que ratifique el escrito, de lo que se sigue, que la promoción de una queja administrativa conforme a la normatividad del caso, conlleva una obligación de hacer por parte de la autoridad.
"Esta obligación se patentiza porque lleva implícita una sanción ante el incumplimiento del particular, como lo es, que si no comparece a validar el ocurso que contiene los hechos probablemente constitutivos de responsabilidad administrativa, se archivará el expediente respectivo.
"Así las cosas, es claro que contrario a lo que asevera la recurrente, sí se vulnera en perjuicio del peticionario de amparo el derecho de petición, dado que la ley que rige este asunto no solamente lleva aparejada la obligación de que la autoridad emita un acuerdo por escrito, sino que la constriñe a citar al particular como un requisito de viabilidad de la queja y por ello, es que el silencio del ente gubernamental sí transgrede el artículo 8o. constitucional, pues se insiste, que el hecho de que se trate de cuestiones de responsabilidad, no se excluye dada su naturaleza de la tutela del derecho de petición.
"Al ser infundados los agravios, se impone confirmar la sentencia controvertida. ..."
El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, al resolver el amparo directo **********, en sesión de diecisiete de agosto de dos mil doce, en lo conducente, consideró lo siguiente:
"Como se anunció, resultan infundados los conceptos de violación que se analizan.
"Por otro lado, es igualmente infundado el restante motivo de inconformidad alegado por el quejoso, en el cual, sostiene medularmente que es incorrecto el ulterior sobreseimiento decretado por la autoridad jurisdiccional responsable, respecto del diverso acto reclamado por él, mismo que hace consistir en la omisión de darle a conocer el trámite o resolución que haya recaído a la queja administrativa presentada en contra de quien señaló únicamente como **********, el cual dice haber irrumpido en su negocio y realizar actos al parecer ilegales, alegando transgresión en su perjuicio del derecho de petición tutelado por el artículo 8o. constitucional.
"Efectivamente, respecto del acto recién destacado, el órgano jurisdiccional responsable, sostuvo que el actor **********, en su demanda de nulidad, atribuyó el acto omisivo destacado, a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, a quien el quince de julio de dos mil once le fue turnado el escrito, mediante el cual, formuló queja administrativa el actor en contra de los supervisores que aduce irrumpieron en su negocio, mediante memorándum número **********, asignándose a tal queja el número de folio interno **********, y la cual, manifiesta el inconforme, a pesar de que en varias ocasiones ha preguntado por su trámite en dicha contraloría, sólo ha recibido como respuesta evasivas consistentes, en que en la fecha en la cual se resuelva, se le informará.
"Como se destacó al inicio del presente considerando, en torno a tal acto, el tribunal jurisdiccional responsable, sostuvo que el actor fue omiso en llamar a juicio a la autoridad a quien señaló como responsable de que su derecho se vea conculcado, o sea, a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, puesto que a pesar de que en su demanda refirió que su queja administrativa la presentó en esa dependencia municipal y de que fue prevenido para que subsanara las deficiencias de su demanda, aun así fue omiso en pedir que se le llamara a juicio, razón por la cual, se estimó necesario sobreseer en el juicio, al declararse actualizada la hipótesis de improcedencia referida.
"Sin embargo, aun cuando en contra de la determinación adoptada por el tribunal de origen, el demandante hace valer que es ilegal la actuación desplegada por éste, porque considera que a pesar de no haber llamado a juicio como demandada a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, aun así subsiste la violación en su perjuicio de lo que denomina derecho de petición, dado que el escrito de queja administrativa que promovió, se encuentra dirigida específicamente al pres
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25566-89ac55ad/responsabilidades-de-los-servidores-publicos-conforme-a-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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