REVISIÓN EN AMPARO. LAS AUTORIDADES QUE RESUELVEN RECURSOS EN SEDE ADMINISTRATIVA, POR REGLA GENERAL, TIENEN LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 25 DE AGOSTO DE 2015. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ FRANCISCO CILIA LÓPEZ Y MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ GONZÁLEZ, EN CONTRA DEL VOTO PARTICULAR DEL MAGISTRADO DIÓGENES CRUZ FIGUEROA. PONENTE: JOSÉ FRANCISCO CILIA LÓPEZ. SECRETARIO: ANTONIO MORA DÍEZ.
San Andrés Cholula, Puebla. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito, correspondiente a la sesión de veinticinco de agosto de dos mil quince.
VISTOS; para resolver los autos del expediente número 1/2015, relativo a la contradicción de tesis suscitada entre el Primer, Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito, denunciada por el Magistrado integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Jorge Eduardo Téllez Espinoza; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-José Eduardo Téllez Espinoza, en su carácter de Magistrado integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante oficio presentado el cuatro de mayo de dos mil quince en la Secretaría de Acuerdos del Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero en Materia Administrativa, ambos del Sexto Circuito, al resolver los recursos de revisión números RA. 281/2014, AR. 460/2013 y AR. 446/2014, de sus índices, respectivamente.
El denunciante señala en su escrito lo siguiente:
"1. Que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito al resolver, entre otros, el amparo en revisión RA. 281/2014, en sesión de veintinueve de octubre de dos mil catorce, ha sostenido que el recurso de revisión no puede interponerse por autoridades a quienes se les reclame en el juicio de amparo la resolución emitida en recursos administrativos, es decir, que sean autoridades administrativas que emitan actos en ejercicio de la potestad jurisdiccional, por carecer de legitimación, hipótesis que se encuentra contenida en el artículo 87, segundo párrafo, de la Ley de Amparo.-2. Que el Segundo y el Tercer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver los recursos de revisión AR. 460/2013 y AR. 446/2014, en sesiones de veintisiete de febrero de dos mil catorce y doce de marzo de dos mil quince, respectivamente, sostuvieron de manera implícita que sí es procedente el recurso de revisión interpuesto por autoridades administrativas cuando se les reclama en el juicio de amparo la resolución emitida en recursos administrativos, ya que ambos entraron al estudio de fondo de los agravios.-Al respecto, se invoca la jurisprudencia P./J. 93/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede consultar en la página 5, Tomo XXVIII, julio de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, vigente en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, por no oponerse a alguno de sus preceptos, que establece: ..." (se transcribe)
SEGUNDO.-Por proveído de seis de mayo de dos mil quince (citado equívocamente como seis de mayo de dos mil catorce), el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito, ordenó formar el expediente relativo a la contradicción de tesis respectiva con el número 1/2015 y solicitó a los presidentes de los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero en Materia Administrativa, todos del Sexto Circuito copias certificadas de las ejecutorias emitidas en los recursos de revisión RA. 281/2014, AR. 460/2013 y AR. 446/2014, de sus respectivos índices; asimismo, les solicitó que informaran si el criterio sustentado en los asuntos con los que se denuncia la contradicción de tesis se encuentra vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.
TERCERO.-Por auto de presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de doce de mayo de dos mil quince, se agregaron a los autos las copias certificadas que remitieron los presidentes de los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero en Materia Administrativa del Sexto Circuito, respecto de las ejecutorias que les fueron solicitadas, a saber, las dictadas en los recursos de revisión RA. 281/2014, AR. 460/2013 y AR. 446/2014, inclusive, la diversa del AR. 459/2014, que remitió de propia cuenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo circuito, en las que se sostiene el criterio respecto al tema materia de la presente contradicción; por lo que se turnaron los autos a la Magistrada María Leonor Pacheco Figueroa, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente; mismo que hace suyo en todas sus partes el Magistrado José Francisco Cilia López; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, en lo que es materia de su competencia, de conformidad con los artículos 94, párrafo séptimo, y 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 3, 9, 17, 18, y primero transitorio del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince; en atención a que se trata de una posible contradicción de tesis suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que se formuló por José Eduardo Téllez Espinoza, en su carácter de Magistrado integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, órgano colegiado que además resolvió el recurso de revisión RA. 281/2014, de su índice, y dicha ejecutoria forma parte de esta contradicción de tesis.
TERCERO.-Criterios contendientes. Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada, es necesario precisar las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, referidas como opuestas en el escrito de denuncia.
I. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en la ejecutoria dictada el veintinueve de octubre de dos mil catorce, al resolver, por mayoría de votos, el recurso de revisión número RA. 281/2014 (fojas 11 a 92 vuelta de la presente contradicción), en lo que interesa, consideró lo siguiente:
"QUINTO.-El agravio hecho valer por la autoridad recurrente no se analizará en cuanto al fondo, puesto que este Tribunal Colegiado advierte que el recurso que hace valer dicha autoridad es improcedente, por las razones que a continuación se exponen: En efecto, los artículos 81, fracción I, inciso e), y 87, párrafo segundo, ambos de la nueva Ley de Amparo disponen lo siguiente: (se transcribe).-De acuerdo con los preceptos legales anteriormente transcritos, se estima que el recurso de revisión procede en contra de la sentencia dictada en la audiencia constitucional, y la regla general establece que podrá interponerse por la autoridad a la que afecte directamente dicho fallo, en cuanto al acto que de ella se haya reclamado, excepto en el caso de las autoridades judiciales o jurisdiccionales que carecen de legitimación para recurrir las sentencias en las que se declare la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando se hubiera emitido en ejercicio de la facultad jurisdiccional, hipótesis esta última que se actualiza en el presente asunto.-En efecto, cabe destacar que, tratándose de las atribuciones correspondientes a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, no aplica esa regla general de procedencia, en virtud de que la característica fundamental de su función es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la resolución emitida en ejercicio de su potestad jurisdiccional.-El precepto legal en análisis de la nueva Ley de Amparo hace suyo el criterio jurisprudencial 22/2003, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se determinó que las autoridades responsables judiciales o jurisdiccionales en el juicio de amparo, carecen de legitimación para defender la legalidad de los actos que hayan emitido en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, con autonomía de criterio e imparcialidad.-Dicho criterio se encuentra publicado en la páginas 23 y 24, Tomo XVIII, julio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: (se transcribe).-En la ejecutoria de la que derivó el citado criterio, relativa a la contradicción de tesis 44/98, publicada en las páginas 866 a 899, Tomo XVIII, agosto de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, entre otras consideraciones, se contienen las siguientes: (se transcribe).-Con base en las razones antes transcritas, es dable afirmar que los conceptos fundamentales de la actividad jurisdiccional que tomó en cuenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son, precisamente, la completa y absoluta imparcialidad y el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, y que aun cuando la autoridad responsable es parte en el procedimiento constitucional, y como tal, puede interponer los recursos ahí previstos, ha de considerarse que esto es una regla general que no se actualiza cuando se trata de autoridades judiciales o jurisdiccionales, porque éstas son imparciales por excelencia, y su razón de ser es encontrar la verdad jurídica, mediante el ejercicio de decir el derecho entre los contendientes, garantizando así, la defensa de los derechos de la sociedad y el interés público.-Es decir, las autoridades responsables judiciales o jurisdiccionales en el juicio de amparo, carecen de legitimación para defender la legalidad de los actos que hayan emitido en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, con autonomía de criterio e imparcialidad.-En el caso particular del coordinador general jurídico de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, es una autoridad formalmente administrativa, pero materialmente jurisdiccional cuando decide cuestiones de derecho entre partes; sin que sea obstáculo para que imparta justicia, que sea autoridad administrativa; pues la división teórica de los poderes no ha existido de una manera absoluta, ya que, analizando la Constitución, se comprueba que el Ejecutivo ejerce, en varios casos, funciones legislativas y aun judiciales; y el Poder Legislativo, a su vez, desempeña funciones judiciales y administrativas.-En el caso concreto, de las constancias de autos del juicio de amparo se advierte que el quejoso ofreció como prueba copia certificada de la resolución reclamada recaída al recurso de revocación (fojas 54 a 78), de la que se aprecian los siguientes antecedentes: Que por acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil once, la delegada de la Secretaría de la Contraloría en el Sector Educativo, acordó iniciar el expediente administrativo número **********, con motivo de la recepción del oficio **********, suscrito por el director general del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), al haber detectado diversas irregularidades de ex funcionarios de ese organismo (foja 54).-Que, por acuerdo de primero de septiembre de dos mil once, la mencionada delegada de la Secretaría de la Contraloría en el sector educativo, acordó iniciar formal procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades, entre otros, en contra del ahora quejoso **********, dictándose para tal efecto los proveídos conducentes (foja 54).-Con fecha cinco de septiembre de dos mil trece, la mencionada delegada en el sector educativo emitió resolución administrativa de determinación de responsabilidades, de cuyos puntos resolutivos, en lo conducente, se aprecia lo siguiente: (se transcribe).-Inconforme con dicha determinación, el hoy impetrante interpuso recurso de revocación, el cual fue registrado con el número **********, resuelto el catorce de febrero de dos mil catorce, por la hoy autoridad recurrente, coordinador general jurídico de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla (fojas 54 a 78), cuyos puntos resolutivos son los siguientes: (se transcribe).-Los preceptos legales que le dan sustento al coordinador general jurídico responsable, para desarrollar su facultad jurisdiccional, esto es, de decir el derecho en los casos que se someten a su consideración, se encuentran contenidos en los artículos 3o., fracción II, 73, y 74, fracción IV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 1, párrafo segundo, 14, párrafo primero, 17, fracción IV, y 37, fracciones L y LVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; así como 4, fracción V, y 28, fracción XIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, los cuales establecen lo siguiente: Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla: (se transcribe).-Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla: (se transcribe).-Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla: (se transcribe).-Siendo así, si el acto reclamado es la resolución recaída precisamente al recurso de revocación, resuelto por el coordinador general jurídico responsable, no hay duda de que la emitió en ejercicio de su potestad jurisdiccional, conferida de manera expresa por la ley del acto; sin que sea óbice a ello, el que dicha potestad no sea la función preponderante de la autoridad responsable en cita, en virtud de que tal circunstancia no se contiene como limitante en el segundo párrafo del artículo 87 de la nueva Ley de Amparo, motivo por el cual, donde la ley no distingue no es dable hacer distinción alguna.-De ahí que sean inaplicables, en el presente caso, las jurisprudencias 37/2002 y 166/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: ‘INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO, AUN EN EL CASO DE QUE HAYA EJERCIDO FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES EN LAS CONTROVERSIAS DE SU CONOCIMIENTO,’ e ‘INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS. ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LAS SENTENCIAS DICTADAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DONDE FIGURE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, AUNQUE HUBIERE EJERCIDO FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.’, al no referirse al texto del artículo 87 de la nueva Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, y porque éste actualmente no prevé excepción alguna, sino que en forma categórica, en todos los casos en que el acto reclamado se haya emitido en ejercicio de la potestad jurisdiccional, la autoridad responsable que lo dictó carece de legitimación para recurrir la sentencia que declare su inconstitucionalidad.-Ahora bien, de la sentencia recurrida se advierte que la Juez de Distrito en el considerando tercero (fojas 103 vuelta y 104 frente), estimó actualizada la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la negativa de acto no desvirtuada de la autoridad responsable, secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, y en el considerando sexto (fojas 105 a 114), declaró esencialmente fundado uno de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, a quien le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que el coordinador general jurídico responsable deje insubsistente la resolución reclamada ‘y con plenitud de jurisdicción, a la luz de todo el material probatorio existente en el procedimiento natural, dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, ciñéndose a los lineamientos plasmados en esta sentencia y purgando los vicios formales que la afectaban o en sentido diverso de ser el resultado de la referida valoración de pruebas.-En caso de reiterar el sentido de la misma, deberá realizar el estudio respectivo para determinar si se actualiza la figura jurídica denominada «responsabilidad administrativa» conforme a lo establecido en el artículo 49, en relación con el 50, ambos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, y una vez que determine que alguien incurrió en responsabilidad administrativa, deberá señalar los elementos que integran cada una de las diversas hipótesis que considere actualizadas del artículo 50 en comento, especificando con qué medios de convicción se acreditan en lo particular cada uno de tales elementos, el fundamento legal en que se apoye, los razonamientos que tenga en cuenta para otorgarles valor probatorio conforme a las reglas de valoración de la prueba establecidas en los artículos 190 a 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de esa entidad federativa, establecer por qué el incumplimiento se realiza en contravención a los principios que deben observar los servidores públicos, es decir, en desacato a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que por ley se observa en el servicio público prestado por los servidores públicos, y señalar o precisar los medios de prueba y el valor legal correspondiente, así como también las causas, motivos o razones particulares para concederles eficacia probatoria, además de exponer los hechos y circunstancias que derivan de cada prueba, analizada en lo individual y en su conjunto para establecer las circunstancias de ejecución de modo, tiempo y lugar y, en su caso, la responsabilidad administrativa del aquí impetrante de garantías, esto a la luz de las consideraciones antes formuladas; en caso de estimarse acreditada la conducta de responsabilidad administrativa y la responsabilidad de ********** en su comisión, imponiéndole, en su caso, la sanción que corresponda -de las previstas en el artículo 58 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla-, tomando en cuenta los elementos previstos en el numeral 59 de la ley en comento.’ (fojas 113 frente y vuelta).-En mérito de lo anterior, se estima que la autoridad recurrente carece de legitimación para promover el presente recurso de revisión, en virtud de que al declararse la inconstitucionalidad de la resolución recaída al recurso de revocación, pronunciada por el coordinador general jurídico responsable en ejercicio de la potestad jurisdiccional, en la que decidió una cuestión de derecho entre el quejoso y el director general del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), quien presentó un oficio al haber detectado diversas irregularidades de ex funcionarios de dicho organismo; ello fue con la finalidad de administrar justicia, y aunque forme parte del juicio constitucional, ello no implica que pueda involucrarse en el interés de alguna de las partes, sea de interés privado o público, cualquiera que resulte ser el beneficiado o perjudicado en la contienda legal, por tratarse de una autoridad jurisdiccional al resolver un recurso, cuya característica fundamental de su función es la completa y absoluta imparcialidad.-Por lo que, en el caso, se estima que el coordinador general jurídico de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, carece de legitimación para recurrir la sentencia emitida en el expediente de amparo del que deriva este toca, ya que, como ha quedado evidenciado con antelación, dicho órgano jurisdiccional no está facultado para interponer el recurso a que se refiere el artículo 81 de la nueva Ley de Amparo, por carecer de legitimación al efecto; sin que en el caso pueda prevalecer el supuesto del primer párrafo del artículo 87 de la propia ley, por ser una sentencia, la recurrida, que afecta directamente el acto reclamado de la autoridad recurrente; sino que es prioritaria y preferente la hipótesis prevista en el último párrafo de dicho numeral, que en forma expresa y tajante dispone que las autoridades jurisdiccionales (como en la especie lo es la recurrente) carecen de legitimación para recurrir una sentencia que declara la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando éste se hubiera emitido en ejercicio de la potestad jurisdiccional, tal como acontece en el presente asunto.-En consecuencia, lo procedente es desechar el recurso de revisión interpuesto por la autoridad recurrente.-No es óbice a la conclusión alcanzada, el hecho de que por auto de presidencia, de diez de julio de dos mil catorce (fojas 31 y 32), se haya admitido a trámite el recurso interpuesto por el referido coordinador general jurídico, en virtud de que por la propia naturaleza de esa clase de autos, que simplemente hacen un examen preliminar del asunto, no causan estado y no obligan al Tribunal Colegiado cuando actúa en Pleno, el cual conserva en todo momento sus facultades decisorias para desechar los recursos que sean improcedentes, como acontece en la especie.-Tiene aplicación al caso, por igualdad de razón, la tesis CXX/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 478 y 479, Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: (se transcribe).-Similar criterio sostuvo este Tribunal Colegiado, al resolver, por mayoría de votos, contra el voto particular del Magistrado Francisco Javier Cárdenas Ramírez, el recurso de revisión RA. 215/2014, en sesión de diecinueve de septiembre del año dos mil catorce. ... Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 81, fracción I, 84, 86, 87, 88, 89 y 93 de la nueva Ley de Amparo, y 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: ... SEGUNDO.-Se desecha por improcedente el recurso de revisión interpuesto por el coordinador general jurídico de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla."
II. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en la ejecutoria dictada el veintisiete de febrero de dos mil catorce, al resolver, por unanimidad de votos, el recurso de revisión número AR. 460/2013 (fojas 161 a 169 vuelta de la presente contradicción), consideró lo siguiente:
"CUARTO.-Los agravios de la autoridad recurrente son en una parte infundados y en lo demás inoperantes.-Primero, carece de razón la autoridad agraviada al exponer, que la sentencia recurrida es violatoria de lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, toda vez que la juzgadora federal de origen no atendió lo verdaderamente planteado en el juicio constitucional, por lo que indebidamente concedió el amparo a la quejosa violando, incluso, los principios de congruencia y relatividad de las sentencia de amparo, dado que no precisó el acto reclamado y tampoco el nombre de la quejosa.-Toda vez que de los considerandos segundo y sexto de la sentencia recurrida se aprecia que la citada juzgadora federal, haciendo un verdadero estudio integral de la demanda de amparo y así como de las constancias que obran en autos, como es el expediente administrativo de inconformidad ********** (fojas 29 a 148), que a su informe justificado acompañó el director general jurídico y de lo contencioso de la Sindicatura Municipal de Puebla, en representación de la autoridad responsable, acertadamente precisó que el acto reclamado, consiste en la resolución recaída al recurso de inconformidad, de quince de julio de dos mil trece, dictado dentro del citado expediente por el síndico municipal de la indicada localidad, que confirmó la diversa resolución de tres de abril de dos mil trece, emitida por el director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Puebla (sic), cuando lo correcto es tres de mayo de dos mil trece, emitida por el jefe del Departamento de Gestión Ambiental y Coordinadora Especializada en Anuncios y Control de la Contaminación Visual, ambos de la Secretaría de Medio Ambiente y Servicios Públicos del Municipio de Puebla, consistente en el acta de clausura instrumentada dentro del expediente administrativo ********** (foja 88).-Asimismo, se advierte que una vez que dicha juzgadora estudió los relativos conceptos de violación y que los estimó sustancialmente fundados, concedió el amparo a la quejosa **********, al resolver que la autoridad responsable, síndico municipal del Ayuntamiento de Puebla, había violado los principios de debida fundamentación y motivación, así como los de congruencia y exhaustividad, toda vez que en la resolución reclamada de quince de julio de dos mil trece, dictada dentro recurso de inconformidad **********, había omitido dar contestación a todos y cada uno de los argumentos planteados por la recurrente (quejosa), particularmente en la que adujo, que los actos impugnados fueron dirigidos de manera irregular, porque no se precisó en ellos el nombre de la persona o el carácter de la persona a quién deberían buscar los funcionarios que llevaron a cabo la clausura, así como los motivos y circunstancias especiales por los cuales consideraron aplicables los artículos en los que apoyaron su actuación y competencia.-Igualmente, porque resolvió la precitada juzgadora, que en el punto resolutivo único de la comentada resolución reclamada, se había confirmado la resolución de tres de abril de dos mil trece, emitida por el director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Puebla, cuando lo correcto es la resolución de tres de mayo de dos mil trece, emitida por el jefe del Departamento de Gestión Ambiental y Coordinadora Especializada en Anuncios y Control de la Contaminación Visual, ambos de la Secretaría de Medio Ambiente y Servicios Públicos del Municipio de Puebla, consistente en el acta de clausura instrumentada dentro del expediente administrativo ********** (foja 164 vuelta).-De ahí lo infundado del agravio en estudio, dado que, como se vio, la juzgadora federal de origen en este caso sí atendió debidamente la litis constitucional que le planteó la quejosa **********, a quien concedió el amparo y, por ende, tampoco es verdad que se haya violado el principio de relatividad en el dictado de las sentencias de amparo.-Por lo demás, son inoperantes los agravios, por cuanto la inconforme arguye, que la sentencia recurrida es violatoria de lo dispuesto por los artículos 73, 74 fracciones I y VI, 75 y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, toda vez que la Jueza Federal indebidamente concedió el amparo a la quejosa por violación al principio de congruencia previsto en el artículo 272 de la Ley Orgánica Municipal, cuando que la resolución reclamada sí está debidamente fundada y motivada, ya que sí se estudiaron todos y cada uno de los agravios planteados en dicho medio ordinario de impugnación, no obstante que en el resolutivo único se determinó confirmar la resolución de tres de abril de dos mil trece, ya que lo correcto es tres de mayo del mismo año, emitida por el director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Puebla (sic).-En suma, aduce la autoridad responsable que en la resolución reclamada sí se expresaron motivos suficientes por los que se declararon infundados e inoperantes los agravios, ya que sí se invocaron todos y cada uno de los preceptos legales aplicables, así como la jurisprudencia que apoya dicha determinación, tal como lo dispone el artículo 272 de la Ley Orgánica Municipal.-Sin embargo, dichos agravios devienen inoperantes por insuficientes, toda vez que la autoridad recurrente omite controvertir de manera concreta y específica las razones que llevaron a la juzgadora federal de origen a conceder el amparo a la quejosa, como es que en la citada resolución reclamada o recaída al recurso de inconformidad, la autoridad responsable, síndico municipal del Ayuntamiento de Puebla, había omitido dar contestación a todos y cada uno de los argumentos planteados por la recurrente (quejosa), concretamente en la que adujo que los actos impugnados fueron dirigidos de manera irregular, porque no se precisó en ellos el nombre de la persona o el carácter de la persona a quién deberían buscar los funcionarios que llevaron a cabo la clausura, así como los motivos y circunstancias especiales por los cuales consideraron aplicables los artículos en los que apoyaron su actuación y competencia.-Asimismo, en la que expuso que en el punto resolutivo único se determinó confirmar la resolución de tres de abril de dos mil trece, emitida por el director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Puebla, cuando lo correcto es la resolución de tres de mayo de dos mil trece, emitida por el jefe del Departamento de Gestión Ambiental y Coordinadora Especializada en Anuncios y Control de la Contaminación Visual, ambos de la Secretaría de Medio Ambiente y Servicios Públicos del Municipio de Puebla.-Mientras que la autoridad recurrente ú
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25958-368efecd/revision-en-amparo-las-autoridades-que-resuelven-recursos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
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Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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