JUECES CALIFICADORES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA. NO ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LAS SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN RESOLUCIONES POR LAS QUE IMPUSIERON SANCIONES POR INFRACCIONES AL CÓDIGO REGLAMENTARIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA O A LOS BANDOS DE POLICÍA Y GOBIERNO DE OTRAS MUNICIPALIDADES, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN ÉSTOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 31 DE OCTUBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS LUIS MANUEL VILLA GUTIÉRREZ, MARÍA LEONOR PACHECO FIGUEROA Y JAIME RAÚL OROPEZA GARCÍA. PONENTE: MARÍA LEONOR PACHECO FIGUEROA. SECRETARIA: KRYSTELL DÍAZ BARRIENTOS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito es competente para conocer de la posible contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en atención a que los asuntos de los que deriva se emitieron por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Sexto Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser los denunciantes el Magistrado Miguel Ángel Ramírez González integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Magistrado Luis Manuel Villa Gutiérrez integrante del Primer Tribunal Colegiado en la misma materia y Circuito.
TERCERO.-Consideraciones de los Tribunales Colegiados. Las consideraciones que sobre el tema de la contradicción expusieron los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias de las que derivaron los criterios que se estiman discrepantes, son las siguientes:
1. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito:
1.1. En el amparo en revisión 174/2014:
"... SÉPTIMO.-No obstante haberse transcrito los agravios que en contra de la sentencia formula el Juez Calificador del Primer Turno de la Delegación Oriente del Municipio de Puebla, éstos no serán analizados, pues el recurso que hace valer es improcedente, por las razones que a continuación se exponen:
"El artículo 87 de la nueva Ley de Amparo dispone:
"‘Artículo 87. Las autoridades responsables sólo podrán interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas; tratándose de amparo contra normas generales podrán hacerlo los titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende su emisión o promulgación.
"‘Las autoridades judiciales o jurisdiccionales carecen de legitimación para recurrir las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando éste se hubiera emitido en ejercicio de la potestad jurisdiccional.’
"Conforme al precepto transcrito, las autoridades judiciales o jurisdiccionales carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión, en contra de las sentencias dictadas en los juicios en los que se reclamen las resoluciones emitidas en ejercicio de dicha función.
"En la especie, el Juez Calificador del Primer Turno de la Delegación Oriente del Municipio de Puebla tiene el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo, sin embargo, se trata de una autoridad que si bien es de carácter administrativo, realiza funciones jurisdiccionales.
"En efecto, los Municipios están facultados para expedir las disposiciones administrativas de observancia general dentro de su respectiva jurisdicción, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, así se desprende del artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:
"‘Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:
"‘... II. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.
"‘Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.
"‘El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:
"‘a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;
"‘b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento;
"‘c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de esta Constitución;
"‘d) El procedimiento y condiciones para que el Gobierno Estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la Legislatura Estatal considere que el Municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y
"‘e) Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes.
"‘Las Legislaturas Estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los Municipios y el Gobierno del Estado, o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores ...’
"En ejercicio de dicha facultad, el Municipio de Puebla expidió el Código Reglamentario, que en sus artículos 1, 2 y 3 dispone lo siguiente:
"‘Artículo 1. Las disposiciones del presente Código Reglamentario del Municipio de Puebla, son de orden público e interés social y reglamentarias de los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 78, fracción IV, 79, 80 y 84 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, los cuales otorgan al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, la facultad de expedir de acuerdo con las leyes en materia municipal que emita el Congreso del Estado, las disposiciones administrativas de observancia general dentro de su respectiva jurisdicción, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.’
"‘Artículo 2. En concordancia con el orden constitucional y legal vigente, el presente código se constituye como el instrumento reglamentario fundamental del Municipio de Puebla, en el cual rige ...’
"‘Artículo 3. El presente código tiene por objeto desarrollar las bases para la organización y el funcionamiento del Gobierno Municipal, proveer la exacta observancia de las leyes administrativas del Estado en los ámbitos de su competencia, así como regular las actividades privadas y los servicios públicos que al Ayuntamiento le corresponda reglamentar o proporcionar.’
"Tal objetivo de regular las actividades privadas y los servicios públicos que corresponde al Municipio, se alcanza mediante los diversos órganos que lo integran, entre los que se encuentran los Jueces calificadores, cuyas funciones se regulan en los siguientes preceptos del propio Código Reglamentario para el Municipio de Puebla:
"‘Artículo 206. El presente capítulo tiene como objeto la regulación de los Juzgados calificadores los cuales estarán dirigidos por un Juez calificador, para tal fin la administración pública municipal diseñará y promoverá programas dando cabida a la más amplia participación de los habitantes en colaboración con las autoridades competentes para la preservación y conservación del orden público, procurando el acercamiento entre ellos y los Jueces calificadores en las colonias que conforman o integran el Municipio de Puebla, a efecto de coadyuvar en el mantenimiento del orden público, propiciar mayor participación en las funciones que éstos realizan; así como establecer vínculos que permitan la identificación de problemas y fenómenos sociales relacionados con la ley, y lograr que exista mayor participación de los ciudadanos para la prevención de conductas infractoras.’
"‘Artículo 206 Bis. Corresponde al Municipio por conducto de los Jueces calificadores, conocer de las conductas antisociales y sancionar las faltas administrativas en el presente capítulo.
"‘Entendiéndose para tal efecto, por conductas antisociales aquellas que van en contra de las normas de convivencia de la sociedad, en las cuales se atenta contra el patrimonio, la vida, la salud o cualquier otro bien jurídico protegido de una persona o de la sociedad en su conjunto.
"‘En los casos en que sea admisible la aplicación de los medios alternativos de solución de controversias para resolver las situaciones generadas entre particulares por la aplicación del presente código reglamentario, se harán del conocimiento de los involucrados una vez que se produce la actuación de los Jueces calificadores.’
"‘Artículo 206 Ter. Las disposiciones del presente capítulo son aplicables para los habitantes del Municipio y para las personas que de manera temporal transiten por el Municipio de Puebla y tienen por objeto:
"‘I. Preservar y proteger las garantías individuales y los derechos fundamentales de los habitantes del Municipio de Puebla y de los que transitan por el mismo;
"‘II. Fortalecer las reglas básicas para procurar una convivencia armónica de corresponsabilidad para mejorar el entorno y la calidad de vida de las personas;
"‘III. Promover el desarrollo humano y familiar preservando los bienes públicos y privados;
"‘IV. Procurar el orden y la tranquilidad de los habitantes del Municipio de Puebla para lograr la armonía social y la defensa de los intereses de la colectividad; y
"‘V. Determinar las acciones para su cumplimiento.’
"‘Artículo 207. Se consideran faltas o infracciones administrativas, aquellas acciones u omisiones que sean constitutivas de una contravención a las disposiciones del presente capítulo, y demás disposiciones de carácter general contenidas en los ordenamientos expedidos por el H. Ayuntamiento, excepto las de carácter fiscal, que alteren o afecten el orden y la seguridad en lugares públicos o bien, lugares privados, procediéndose por lo que hace a estos últimos a petición de los propietarios o responsables de los mismos.’
"‘Artículo 212. Sólo en los casos de que los responsables sean sorprendidos al momento de cometer la infracción, o en su caso, sean perseguidos por la autoridad o un particular, habrá lugar a su detención por elementos de las fuerzas de Seguridad Pública o Tránsito Municipal, cualquier autoridad o particular, tal como lo indica el artículo 16 párrafo V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quienes deberán trasladar de inmediato al infractor ante el Juez calificador o ante la Policía según sea el caso, poniéndolo a disposición de dicha autoridad, o cuando sea perseguido luego de cometerla, mediante boleta de remisión y/o del informe policial homologado considerado en el Código de Procedimientos Penales en el Estado de Puebla, acompañada de dictamen clínico/toxicológico, registro de cadena de custodia y la demostración de la lectura de derechos realizada por el elemento que efectuó la detención cuando el ordenamiento jurídico señalado entre en vigor.
"‘En los demás casos, el Juez calificador ordenará la comparecencia del presunto infractor para poder sustanciar el procedimiento en materia de faltas al presente capítulo, con los apercibimientos correspondientes, indicando expresamente la posibilidad de recurrir a los mecanismos alternativos de solución de controversias con los que cuenta el Ayuntamiento de Puebla.
"‘En ningún caso quien presente al presunto infractor realizará ninguna calificación jurídica de los hechos, sino que al momento de presentarlo y durante el procedimiento se expresará solamente sobre los hechos, acciones u omisiones del presentado, así como las pruebas que tuviere a disposición. El Juez calificador será, en todo momento quien, en relación a los hechos y pruebas recibidas determinará la infracción y la sanción que le «corresponda».’
"‘Artículo 220. Las unidades administrativas municipales responsables de la aplicación de este capítulo en los términos que el mismo señala son los siguientes:
"‘I. El C. Presidente municipal;
"‘II. El síndico municipal;
"‘III. La Comisión de Gobernación;
"‘IV. La Dirección de Juzgados Calificadores;
"‘V. Los Juzgados calificadores
"‘VI. La dependencia del honorable Ayuntamiento, que tenga a su cargo la seguridad pública y Tránsito Municipal;
"‘VII. La dependencia del H. Ayuntamiento, que tenga a su cargo el control de giros comerciales;
"‘VIII. La Dirección de Mediación, Conciliación y Arbitraje Condominal;
"‘IX. Los mediadores y conciliadores; y
"‘X. Los defensores.’
"‘Artículo 229. Son facultades y atribuciones de los Jueces calificadores:
"‘I. Declarar la responsabilidad o no responsabilidad de los probables infractores; incorporando en su caso a los infractores mayores de doce años y menores de dieciocho años a la comisión, dependencia, institución, órgano o cualquier otra, que para tal efecto se establezca, a fin de lograr su reinserción familiar y social;
"‘II. Aplicar las sanciones establecidas en este capítulo y las aplicables, así como vigilar la ejecución de las mismas;
"‘III. Ejercitar de oficio las funciones conciliatorias cuando de la falta cometida deriven daños y perjuicios que deban reclamarse por la vía civil.
"‘Entre particulares, cuando con motivo de la comisión de alguna infracción se causen daños y perjuicios a terceros que deban reclamarse por la vía civil y en su caso, obtener la reparación del daño o dejar a salvo los derechos del ofendido, siempre que los interesados se sometan voluntariamente para evitar una controversia jurisdiccional; actuando el Juez como amigable componedor;
"‘IV. Expedir constancia sobre hechos asentados en los libros de registro del Juzgado calificador;
"‘V. Dirigir administrativamente las labores del Juzgado calificador e informar de manera inmediata las ausencias del personal o cualquier falta a la dirección de los Juzgados calificadores, en el entendido de ser el jefe directo de su personal al que deberán obedecerle de manera expresa;
"‘VI. Solicitar el auxilio de la fuerza pública en caso de que así se requiera, para el adecuado funcionamiento del Juzgado calificador;
"‘VII. El Juez calificador deberá firmar los recibos de multas impuestas; y (sic)
"‘VIII. El Juez calificador deberá establecer estrecha coordinación con los titulares del Ministerio Público;
"‘IX. Cuidar que se respete la dignidad humana y las garantías constitucionales impidiendo todo maltrato, abuso físico o verbal, incomunicación, exacción o coacción moral en agravio de las personas que comparezcan al juzgado y en general preservar los derechos humanos;
"‘X. Informar diariamente por escrito a la Sindicatura Municipal por medio de la Dirección de Juzgados Calificadores sobre los asuntos tratados y las resoluciones que haya dictado;
"‘XI. Habilitar al personal del juzgado para suplir las ausencias temporales del secretario;
"‘XII. Asistir a las reuniones a que sea convocado, así como aquellas que se tengan con instituciones con las cuales haya celebrado convenio la Sindicatura Municipal;
"‘XIII. Girar instrucciones a la Policía Preventiva Municipal en su jurisdicción, por conducto de su superior jerárquico;
"‘XIV. La ejecución de los arrestos que impongan las autoridades administrativas municipales, de conformidad con este código será competencia del Juez calificador;
"‘XV. De las conductas establecidas en el capítulo 27 del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, conocerá esta autoridad municipal y serán sancionadas en los términos establecidos en el artículo 1920 de dicho ordenamiento legal;
"‘XVI. Brindarán orientación legal a quien lo solicite y tratándose de quejas entre particulares, dejarán constancia de la orientación y los canalizarán mediante oficio, a los órganos competentes cuando proceda y mediante tres citatorios se buscará la mediación;
"‘XVII. En función de la competencia que corresponda, dar vista y/o poner a disposición del agente del Ministerio Público Local o Federal, de manera directa por medio de oficio informativo a los infractores que considere han cometido delito, sea del orden estatal o federal y, en caso de que cualesquiera de ellos no acuda al aviso que se le dé, deberá poner en inmediata libertad al infractor, una vez concluido su arresto y/o pagada su multa; y
"‘XVIII. Las demás atribuciones que le confieran este reglamento y otros ordenamientos.’
"De lo hasta aquí expuesto se desprende, en primer lugar, que los juzgados calificadores pertenecen a la administración pública municipal.
"En segundo lugar, cabe observar que el Juez calificador tiene competencia para llevar a cabo el procedimiento tendente a verificar la comisión de faltas administrativas e imponer las sanciones que correspondan, para lo cual tiene que oír a los particulares interesados o afectados antes de dictar resolución, dentro de un procedimiento que implica actos materialmente jurisdiccionales.
"En tal virtud, este Tribunal Colegiado estima que un Juez calificador carece de legitimación para interponer el recurso de revisión en amparos donde ha intervenido como autoridad responsable, en razón de que, al ejercer facultades de naturaleza imparcial, carece de interés en que subsistan sus resoluciones.
"Tal criterio ha sido sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. CXV/95, que se invoca por igualdad de razón, publicada en la página 258 del Tomo II, diciembre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:
"‘REVISIÓN ADHESIVA EN AMPARO DIRECTO, NO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONERLA EL TRIBUNAL EMISOR DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA.-En términos de lo dispuesto por el artículo 83, fracción V, de la Ley de Amparo, procede el recurso de revisión, entre otros, contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución, pudiendo la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses adherirse a la revisión así interpuesta por el recurrente, de lo que se sigue que únicamente se legitima para interponer el recurso mencionado a las partes contendientes ante el tribunal responsable, pero no así al referido tribunal que por haber intervenido como órgano jurisdiccional neutral, carece de interés en que subsista el acto favorable al actor o al demandado en el procedimiento ordinario. No es obstáculo para lo anterior el hecho de que el artículo 166, fracción III, de la citada Ley de Amparo, dé al tribunal responsable el carácter de parte en el juicio de amparo directo, dado que ello debe entenderse limitado a las obligaciones que como autoridad jurisdiccional responsable tiene en los términos de los artículos 167 a 169 de la ley en cita, que consisten en emplazar a los terceros, rendir el informe justificado, remitir los autos, etcétera. Consecuentemente, el recurso de revisión o de revisión adhesiva interpuesto por el tribunal que emitió la resolución reclamada, es improcedente y debe desecharse.’
"El mismo criterio sostuvo el referido Pleno de ese Alto Tribunal en la tesis P. LI/98, que también se invoca por igualdad de razón, publicada en la página 32 del Tomo VIII, julio de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:
"‘REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES RESPONSABLES CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA.-Es cierto que las autoridades responsables son parte en el juicio de garantías y que, por tal razón, en términos generales y conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o., 5o., fracción II, 11, 83, fracción V y 87 de la Ley de Amparo, pueden válidamente intervenir en el juicio de garantías e interponer los recursos establecidos en la ley, pero también es cierto que las autoridades responsables que ejercen funciones jurisdiccionales carecen de legitimación para recurrir en revisión las sentencias de amparo directo dictadas por un Tribunal Colegiado de Circuito que efectuó consideraciones sobre la inconstitucionalidad de la ley aplicada en la resolución reclamada, ya que este tipo de autoridades tienen como característica esencial la imparcialidad que es intrínseca a la función jurisdiccional. En efecto, estas autoridades tienen como finalidad la búsqueda de la verdad jurídica mediante el ejercicio de la función de decir el derecho entre las partes contendientes, con la única y exclusiva pretensión de administrar justicia y garantizar los derechos de la sociedad y el interés público, lo que les impide asimilarse a las partes. Por ello, las autoridades judiciales, inclusive las del orden penal, no pueden válidamente recurrir en revisión la ejecutoria dictada en el juicio constitucional que declara la inconstitucionalidad de la resolución impugnada en la vía de amparo directo, pues con ello están favoreciendo a una de las partes contendientes con el correlativo perjuicio de la otra, demeritando así el deber de imparcialidad que la ley les impone y violando las obligaciones legales que les incumben como resolutoras, intérpretes y aplicadoras de la ley, ubicándose oficiosamente, además, como coadyuvantes del Ministerio Público y de la parte ofendida, lo cual resulta contrario a los principios que la doctrina, la ley y la jurisprudencia han reconocido en favor del reo.’
"Si bien, por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, y cuya inconstitucionalidad se cuestiona, no ocurre así tratándose de las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas con apego a derecho.
"Por tanto, aun cuando la autoridad responsable es parte en el procedimiento constitucional y como tal puede interponer los recursos previstos por el mismo, ha de considerarse que ello es correcto como regla general, pero no cuando se trata de autoridades responsables judiciales o jurisdiccionales, ya que éstas son imparciales por excelencia; su razón de ser es encontrar la verdad jurídica mediante el ejercicio de decir el derecho entre las partes contendientes con la única y exclusiva finalidad de administrar justicia, garantizando así la defensa de los derechos de la sociedad y el interés público, por lo que no están facultados para interponer el recurso de revisión, al carecer de interés en la subsistencia del acto reclamado.
"En estas condiciones, como ya se precisó, el Juez Calificador del Primer Turno de la Delegación Oriente del Municipio de Puebla, es una autoridad administrativa, sin embargo, realiza funciones materialmente jurisdiccionales, conforme a lo dispuesto en los artículos 206 Bis, 212, 220, fracción V, 229, fracciones I, II y XIV, del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, por lo que se estima que carece de legitimación para interponer el recurso de revisión de mérito por lo que debe desecharse.
"Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 22/2003, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 23, Tomo XVIII, julio de 2003, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:
"‘REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA.-Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir.’
"Sin que sea obstáculo para esta conclusión, el hecho de que por auto de presidencia (fojas 20 y 21) se haya admitido a trámite el recurso en cuestión, en virtud de que por la propia naturaleza de esa clase de autos, que constituyen un examen preliminar del asunto, no causan estado y no obligan al Tribunal Colegiado cuando actúa en Pleno, el cual conserva en todo momento sus facultades decisorias para desechar los recursos que sean improcedentes, como acontece en la especie.
"Al efecto, se invoca la jurisprudencia número 5 del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que se comparte, publicada en la página 97, Tomo VII, marzo de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es el siguiente:
"‘RECURSO ADMITIDO POR AUTO DE PRESIDENCIA. EL PLENO PUEDE DESECHARLO, SI ADVIERTE QUE ES IMPROCEDENTE.-No es obstáculo para desechar el recurso, la admisión del mismo por el presidente de este tribunal, ya que dicha admisión no es definitiva, ni causa estado, pues deriva de un examen preliminar, en consecuencia, este tribunal está facultado para analizar la procedencia del recurso y desecharlo cuando advierta su improcedencia.’ ..."
1.2. Al resolver el amparo en revisión 306/2016:
"... CUARTO.-No obstante haberse transcrito la parte considerativa de la sentencia recurrida y el único agravio que formula el Juez Calificador del Primer Turno del Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, éstos no serán analizados, pues el recurso que hace valer es improcedente, por las razones que a continuación se exponen:
"Conforme al artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades judiciales o jurisdiccionales carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias dictadas en los juicios en los que se reclamen las resoluciones emitidas en ejercicio de dicha función.(1)
"En la especie, el Juez calificador recurrente tiene el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo, sin embargo, se trata de una autoridad que si bien es de carácter formalmente administrativa, realiza funciones materialmente jurisdiccionales.
"En efecto, los Municipios están facultados para expedir las disposiciones administrativas de observancia general dentro de su respectiva jurisdicción, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27568-6eb74c73/jueces-calificadores-de-los-municipios-del-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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