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RECURSO DE RECLAMACIÓN. LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES TIENEN LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA LAS DETERMINACIONES DE TRÁMITE DICTADAS POR LOS PRESIDENTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO (ARTÍCULO 104 DE LA LEY DE AMPARO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 94/2024. · Registro digital (IUS): 32568
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-07-05
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Julio de 2024, Tomo I, Volumen 2, Pág.1541.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 94/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO. 17 DE ABRIL DE 2024. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LA MAGISTRADA ROSA ELENA GONZALEZ TIRADO (PRESIDENTA) Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. DISIDENTE: MAGISTRADA MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO. SECRETARIO: IVANN ALVAREZ HERNÁNDEZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de diecisiete de abril de dos mil veinticuatro.

VISTOS, para resolver el expediente relativo a la denuncia de contradicción de criterios identificada al rubro, y

RESULTANDO:

Primero.—Remisión de la contradicción de criterios a este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. Mediante oficio recibido vía MINTER-SCJN, proveniente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se remitieron diversas constancias, entre ellas, las siguientes:

• Escrito de denuncia de la posible contradicción de criterios, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de reclamación 42/2022 y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, al resolver el recurso de reclamación 8/2023; firmado por el Juez Octavo Civil por Audiencias y Especializado en Extinción de Dominio del Distrito Judicial Morelos, con Residencia en el Estado de Chihuahua, Chihuahua.

• Resolución de diez de enero de dos mil veinticuatro dictada por la Primera Sala del Alto Tribunal en la contradicción de criterios 248/2023, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de reclamación 42/2022 y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, al resolver el recurso de reclamación 8/2023.

En dicha resolución, la Primera Sala del Alto Tribunal se declaró incompetente para conocer de la contradicción de criterios denunciada y ordenó remitir la denuncia correspondiente al entonces Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, ahora Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.

Segundo.—Radicación y trámite. Mediante acuerdo de siete de marzo de dos mil veinticuatro, la Magistrada Presidenta de este Pleno Regional, ordenó formar el expediente de contradicción al que correspondió el número 94/2024, la admitió a trámite y ordenó turnar los autos para su estudio a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado.

En ese mismo proveído, la presidencia de este Pleno Regional consideró que no era necesario solicitar a los tribunales contendientes el informe sobre la vigencia de los criterios contendientes, toda vez que esos datos ya habían sido proporcionados a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal y como se advertía de los proveídos de cinco y seis de septiembre de dos mil veintitrés, dictados en la contradicción de criterios 248/2023, del índice de la referida sala.

Asimismo, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada en el Alto Tribunal en la que el tema a dilucidar guardara relación con el siguiente:

DETERMINAR LA LEGITIMACIÓN DE LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES PARA INTERPONER EL RECURSO EL RECURSO DE RECLAMACIÓN PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO.

Tercero.—Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante oficio recibido en este Pleno Regional el veintiséis de marzo de de dos mil veinticuatro, la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó que de la consulta al sistema correspondiente, así como de la revisión de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de tesis dictados por la presidencia del Alto Tribunal, no se encontraba radicada ninguna contradicción de criterios que guardara relación con el tema del presente asunto.

Cuarto.—Confirmación de turno. Integrado debidamente el expediente, en auto de uno de abril de dos mil veinticuatro, se confirmó el turno a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo ordenado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción den criterios 248/2023 y acorde con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 6, fracción II, 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; en relación con el 1o., fracción II, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales; en virtud de que la contradicción se suscitó entre tribunales colegiados pertenecientes al Primer Circuito y Sexto Circuito, es decir que comprenden a la Región Centro-Sur.

Además, este Pleno Regional ejerce jurisdicción por materia sobre el órgano jurisdiccional que emitió el primero de los criterios contendientes, a saber, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 32/2024 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2028305, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, de título siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LAS DENUNCIAS DE CRITERIOS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DE LA MISMA REGIÓN, PERO CON DIVERSA ESPECIALIZACIÓN, EL PLENO REGIONAL QUE EJERZA JURISDICCIÓN POR TERRITORIO Y MATERIA SOBRE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EMITIÓ EL PRIMERO DE LOS CRITERIOS EN CONTIENDA."

SEGUNDO.—Legitimación. De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, la contradicción de criterios fue denunciada por parte legitimada, toda vez que se trata del Juez Octavo Civil por Audiencias y Especializado en Extinción de Dominio del Distrito Judicial Morelos, con Residencia en el Estado de Chihuahua, parte recurrente en uno de los medios de impugnación (reclamación 42/2022) que dio origen a la presente contradicción.

TERCERO.—Criterios denunciados. A continuación se transcriben, en la parte respectiva los criterios denunciados como contradictorios.

A. Recurso de reclamación civil 42/2022, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

"... PRIMERO.—Este Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer del presente recurso de reclamación. ...

"El presente recurso de reclamación es procedente, en términos de los artículos 80 y 104 de la Ley de Amparo, pues se reclama del Presidente de este Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el proveído dictado el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, en el amparo en revisión civil 323/2022, donde se desechó dicho recurso de revisión por notoriamente improcedente, dada su extemporaneidad.

"...

"QUINTO.—Los argumentos planteados en el capítulo de agravios son esencialmente fundados, como se advierte del análisis de éstos y de las actuaciones del recurso de revisión civil 323/2022 del índice de este tribunal colegiado (del cual emana el proveído impugnado en este recurso de reclamación), así como del juicio de amparo indirecto 13/2022-I, que la autoridad federal remitió con el recurso de revisión mencionado, las cuales tienen pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2o. de la Ley de Amparo.

"El proveído ahora impugnado es el de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, emitido por la presidencia de este tribunal colegiado, que dada la certificación de la secretaria de acuerdos respecto al término para interponer el recurso de revisión, no admitió a trámite dicho recurso, planteado contra la sentencia dictada el trece de septiembre del año en curso, por el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito con sede en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto 13/2022-I, promovido por ... contra actos de la autoridad ahora reclamante.

"Ahora bien, le asiste razón a la autoridad inconforme cuando afirma que no se tomó en cuenta que el recurso fue presentado por correo en la oficina de comunicaciones públicas denominada Servicio Postal Mexicano o Sepomex el tres de octubre de dos mil veintidós ..."

B. Recurso de reclamación 8/2023, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito.

"... CUARTO.—Determinación de este Tribunal. Deviene innecesario realizar el estudio de los agravios expresados por el recurrente, dado que el recurso de reclamación que nos ocupa es improcedente.

"En efecto, el artículo 104 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente:

"(se transcribe).

"De cuya lectura se desprende que el recurso de reclamación procede contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de los tribunales colegiados de circuito, y puede interponerse por cualquiera de las partes por escrito donde formulen sus agravios.

"Ahora bien, en el caso procede traer a mención que la contradicción de tesis 44/98, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en consideración a lo establecido en el artículo 17 de la Carta Magna las autoridades jurisdiccionales al tramitar y resolver un proceso sometido ante su potestad deben actuar con estricto desapego e imparcialidad de las partes contendientes, pues deben circunscribirse a decir cuál es el derecho aplicable al justiciable, por lo que aun cuando son parte en el juicio de amparo en términos del artículo 5, fracción II de la ley de la materia, carecen de legitimación como órgano del estado encargado de la impartición de justicia, salvo que con la resolución que se impugna se le cause una afectación a su titular como persona física (como cuando en ella se impone una multa, por ejemplo).

"Por su parte, en la diversa Contradicción de tesis 92/2017, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó el análisis histórico y procesal del recurso de reclamación y precisó que para su procedencia deben cumplirse dos requisitos formales, a saber: 1. Que se promueva en contra de un acuerdo dictado por el Presidente de un tribunal colegiado; y, 2. Que se trate de un proveído de trámite; así como debe satisfacerse el aspecto material consistente en que el proveído recurrido produzca en el inconforme un perjuicio o agravio porque restrinja un derecho, lo anule, o bien lo defina.

"Estableció que no toda decisión de trámite y de presidencia es susceptible de impugnarse, pues para ello no basta que se cumplan estos requisitos formales, sino que se requiere que los efectos del proveído se materialicen en una de las partes y le ocasionen un menoscabo con su emisión, esto es, que produzca efectos definitivos que redunden en una afectación a la esfera material o jurídica del promovente.

"Con base en las razones jurídicas expuestas, el pleno de este tribunal considera que el presente recurso de reclamación es improcedente, en razón de que, por una parte, es promovido por la autoridad responsable juez de Distrito Especializado en Materia Laboral Federal de Asuntos Individuales del Estado de Puebla, quien instruyó el conflicto de seguridad social 69/2022-III y dictó la suspensión del acto reclamado materia de la resolución recurrida, por lo que, si bien de conformidad con el artículo 5, fracción II de la ley de la materia es parte en el juicio de amparo directo, lo cierto es que carece de legitimación para impugnar las determinaciones de trámite aquí dictadas al tratarse de un órgano jurisdiccional del estado que de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actúa con absoluta imparcialidad y debe estar desapegado de los intereses de la partes.

"En efecto, como quedó asentado, con carácter de autoridad responsable y de auxiliar de este tribunal colegiado, de conformidad con el artículo 190 de la Ley de Amparo, proveyó respecto de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo directo **********, que fue materia de la incidencia cuya resolución ahora combate vía este recurso de reclamación, lo que evidencia su carácter de órgano del estado sujeto a imparcialidad y por ende carente de legitimación para dolerse de las determinaciones de trámite dictadas por la Presidencia de este Tribunal.

"Lo que no implica desatender que también la impugna por su propio derecho expresando agravios que a su estimación le causa; pero que de igual forma no la hacen procedente en virtud de que la resolución recurrida no irroga un perjuicio o menoscabo directo y actual en la persona física que encarna la función, pues de su lectura se aprecia que el presidente de este tribunal lo requirió, en términos del artículo 209 de la Ley de Amparo, como autoridad responsable y auxiliar en el trámite de la suspensión del acto reclamado, para que vigilara el acatamiento y cumplimiento de la medida suspensional que decretó en el conflicto de seguridad social de origen, o en su defecto, informara la imposibilidad legal para ello, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo se le impondría la sanción prevista en el diverso 262, de la Ley de Amparo; apercibimiento éste que no produce efectos definitivos, pues está condicionado a que cumpla con lo solicitado o bien exprese su imposibilidad al respecto, lo que no restringe, anula o define alguno de sus derechos en lo personal de manera directa y actual.

"Se comparte al efecto, por analogía el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado Administrativo del Cuarto Circuito la tesis IV.3o.A.22 K, con el siguiente rubro y texto:

"‘RECLAMACIÓN CONTRA EL AUTO QUE ADMITE UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES RESPONSABLES CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA.’ (se transcribe)

"Máxime que, de conformidad con los artículos 190, primer párrafo, y 154 de la Ley de Amparo, el aquí recurrente cuenta con facultades, como auxiliar de este tribunal en el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, en el amparo directo de mérito, y mientras, tanto este se resuelve para modificarla o revocarla de oficio cuando –como en la especie– ocurra un hecho superveniente, con independencia de la facultad del magistrado presidente de este tribunal para emitir la resolución recurrida conforme al artículo 207 Ley de Amparo, en atención a las razones expuestas, este recurso es improcedente y debe desecharse.

"Por lo expuesto y fundado ..."

CUARTO.—Existencia de la contradicción de criterios. Debe tenerse en cuenta que el objeto de resolución de una contradicción de criterios consiste en unificar aquellos a fin de procurar seguridad jurídica; por lo que para determinar si existe o no tal contradicción será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados, con el objeto de identificar si en algún aspecto de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones, si no necesariamente contradictorias, sí distintas y discrepantes.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 72/2010, del Pleno del Máximo Tribunal del País, con registro digital 164120, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, agosto de 2010, Tomo XXXII, página 7, de título, subtítulo y contenido siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." También, es orientadora la tesis P. XLVII/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 166996, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, julio de 2009, Tomo XXX, pagina 67, de título, subtítulo y contenido siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."

De los criterios transcritos se advierte que para la existencia de una contradicción de criterios es necesario que los órganos involucrados en los asuntos materia de la denuncia hayan:

A. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,

B. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.

De este modo, la existencia de la contradicción de criterios se encuentra supeditada a la satisfacción de los supuestos anotados, esto es, que al haber examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales, los órganos jurisdiccionales contendientes estudien la misma cuestión jurídica y que, a partir de ésta, arriben a posturas encontradas; sin que sea óbice que los criterios jurídicos sobre un punto de derecho no provengan del examen de los mismos elementos de hecho, especialmente cuando se trate de aspectos secundarios o accidentales que no modifiquen la situación examinada por los órganos contendientes, en tanto que lo relevante es que las posturas de decisión sean opuestas, con excepción de cuando la diferencia fáctica sea relevante e incida de manera determinante en los criterios sostenidos.

Consecuentemente, si las premisas fácticas aun siendo parecidas, influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de criterios no puede configurarse, porque no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los órganos en contienda, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

Bajo el contexto descrito se obtiene que existe contradicción entre los criterios contendientes, pues en los fallos reseñados se analizó la procedencia o improcedencia de un recurso de reclamación interpuesto por una autoridad jurisdiccional en contra de un acuerdo emitido por la presidencia de un Tribunal Colegiado de Circuito.

Veamos. El Pleno del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (en el recurso de reclamación 42/2022), estimó que el medio de impugnación era procedente en términos de los artículos 80 y 104 de la Ley de Amparo, pues se recurría el proveído que desechó por extemporáneo un amparo en revisión, dictado por la presidencia de ese órgano colegiado.

Importa destacar que en torno a la legitimación de la autoridad recurrente no se hizo razonamiento específico y ya en el estudio consideró que los argumentos eran fundados toda vez que si la autoridad responsable tenía su domicilio fuera de la jurisdicción del lugar de residencia del juez de distrito que conoció del juicio de amparo, se debió tomar como fecha de presentación el tres de octubre de dos mil veintidós, en la que se depositó el recurso de revisión ante las Oficinas del Servicio Postal Mexicano y no la diversa de siete de octubre del año citado.

Concluyó que si la sentencia de amparo indirecto que se pretendía recurrir en revisión, se notificó al juzgador recurrente el veinte de septiembre de dos mil veintidós, el plazo de diez días para interponer el recurso de revisión, había transcurrido del veintiuno de septiembre al cuatro de octubre de dos mil veintidós, y si el recurso se depositó en la Oficina del Servicio Postal Mexicano el tres de octubre del mismo año, era inconcuso que se hizo dentro del término de ley, por lo que lo procedente era declarar fundado el recurso de reclamación.

Por su parte, los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito (en el recurso de reclamación 8/2023), estimaron innecesario estudiar los agravios expresados en contra del auto que declaró fundado el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, dado que el recurso de reclamación era improcedente, por haberlo interpuesto la autoridad [jurisdiccional] responsable, a saber, el Juez de Distrito del Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Puebla.

Señalaron que, si bien de conformidad con el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia era parte en el juicio de amparo directo, lo cierto era que carecía de legitimación para impugnar las determinaciones de trámite dictadas en ese asunto, al tratarse de un órgano jurisdiccional del Estado que de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actúa con absoluta imparcialidad y debe estar desapegado de los intereses de la partes.

Para justificar esa postura hicieron mención de los resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 44/98, en el sentido de que, acorde con lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, las autoridades jurisdiccionales al tramitar y resolver un proceso sometido ante su potestad deben actuar con estricto desapego e imparcialidad de las partes contendientes, pues deben circunscribirse a decir cuál es el derecho aplicable al justiciable, de modo que aun cuando sean parte en el juicio de amparo en términos del artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, carecen de legitimación para interponer recursos como órgano del Estado encargado de la impartición de justicia, salvo que con dicha resolución se cause una afectación a su titular como persona física.

Explicaron que no toda decisión de trámite y de presidencia era susceptible de impugnarse, pues no bastaba que se cumplieran los requisitos formales (1. Que se trate de un proveído dictado por la presidencia de un Tribunal Colegiado de Circuito y 2. Que sea un acuerdo de trámite), sino que era necesario que los efectos del proveído se materializaran en una de las partes y ocasionara un menoscabo con su emisión, es decir, que produjeran una afectación a la esfera material o jurídica del promovente.

Agregaron que el juez recurrente, tenía el carácter de autoridad responsable y de auxiliar de ese tribunal colegiado, de conformidad con el artículo 190 de la Ley de Amparo, pues proveyó respecto de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo directo, lo que evidenciaba su carácter de órgano del Estado sujeto a imparcialidad y, por ende, carecía de legitimación para dolerse de las determinaciones de trámite dictadas por la presidencia de ese tribunal.

Y que no se desatendían los argumentos en los que el recurrente señalaba que impugnaba la determinación por su propio derecho; sin embargo, éstos no hacían procedente el medio de defensa pues la resolución recurrida no irrogaba un perjuicio o menoscabo directo y actual en la persona física que encarna la función, ya que de su lectura se apreciaba que el presidente del Tribunal Colegiado lo había requerido, en términos del artículo 209 de la Ley de Amparo, como autoridad responsable y auxiliar en el trámite de la suspensión del acto reclamado, para que vigila

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32568-55bd2b18/recurso-de-reclamacion-las-autoridades-jurisdiccionales-senaladas-como · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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