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Modo: Corpus Pro

AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL QUE TIENE POR DEPOSITADA Y REGISTRADA EL ACTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SINDICALES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 139/2024. · Registro digital (IUS): 33017
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-02-28
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO, Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Febrero de 2025, Tomo IV, Volumen 1, Pág.528.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 139/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO, Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 4 DE DICIEMBRE DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS GUADALUPE MADRIGAL BUENO Y MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR, Y DEL MAGISTRADO HÉCTOR LARA GONZÁLEZ. PONENTE: MAGISTRADA GUADALUPE MADRIGAL BUENO. SECRETARIO: EDUARDO ALFONSO GUERRERO SERRANO.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al día cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 139/2024, suscitada entre los Tribunales Colegiados Tercero y Primero, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito, y el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito.

I. TRÁMITE

1. Denuncia de contradicción. Mediante escrito presentado electrónicamente el siete de agosto de dos mil veinticuatro, la parte recurrente en el recurso de queja 183/2023, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, denunció la posible contradicción de criterios entre lo ahí resuelto y lo sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, al resolver los recursos de queja 202/2023 y 653/2023, respectivamente.

2. Trámite de la denuncia. Mediante proveído de ocho de agosto de dos mil veinticuatro, el Magistrado Presidente de este Pleno Regional tuvo por recibido el escrito citado y sus anexos, radicó la contradicción de criterios con el expediente 139/2024 y la admitió a trámite.

3. En dicho proveído solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que informaran si los criterios sustentados en los recursos de queja de sus respectivos índices se encontraban vigentes o, en su defecto, las sentencias en las que sustentaran uno diverso; la versión digitalizada de la resolución correspondiente, así como la habilitación para la consulta de los expedientes electrónicos respectivos a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

4. Paralelamente, solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que informara si se encontraba radicada ante ese Alto Tribunal alguna contradicción de criterios, amparo en revisión o cualquier otro asunto susceptible de constituir precedente obligatorio, en la que el tema a dilucidar guardara relación con la presente denuncia.

5. En ese mismo acuerdo el Magistrado Presidente ordenó turnar el presente asunto a la magistrada Rosa María Galván Zárate, para su estudio, con la precisión que el turno electrónico sería confirmado una vez que concluyera su integración, en términos de lo dispuesto en el artículo 41 del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.

6. En autos de trece, catorce y dieciséis de agosto del presente año, el Magistrado Presidente de este Pleno Regional, tuvo por recibidos los oficios 7417, 3486/2024 y 5633/2024 a través de los cuales, los Magistrados Presidentes del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito y de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo, Primero y Tercero del Primer Circuito, respectivamente, informaron que el criterio que sustentaron en los recursos de queja denunciados se encontraban vigentes; asimismo, remitieron las ejecutorias respectivas; y, comunicaron que giraron instrucciones para habilitar la consulta de sus expedientes electrónicos.

7. En el referido proveído de dieciséis de agosto del año en curso, también se tuvo por recibido el oficio SEADS/2903/2024, de diez de julio de dos mil veinticuatro, firmado por el Secretario Ejecutivo de adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual se informó la adscripción a este Pleno Regional de la Magistrada Guadalupe Madrigal Bueno, en sustitución de la Magistrada Rosa María Galván Zárate, con efectos a partir del dieciséis de agosto de dos mil veinticuatro; por lo que el presente asunto se returnó para su estudio a la primera de las nombradas, conforme a los artículos 37, 38, 41 y 44, del Acuerdo General 67/2022, Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.

8. Finalmente, en auto de diecisiete de octubre del año en curso, se recibió el oficio DGCCST/X/723/08/2024 del Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó a este Pleno Regional que no se encontraba radicada ante ese Alto Tribunal contradicción de criterios alguna que versara sobre el mismo punto jurídico que dio lugar a la presente denuncia.

9. Así, al encontrarse debidamente integrado el expediente, en ese proveído se confirmó el turno electrónico del presente asunto a la ponencia a cargo de la Magistrada Guadalupe Madrigal Bueno.

II. COMPETENCIA

10. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México es legalmente competente para resolver la presente contradicción de criterios, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los diversos 6, fracción II, 8, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; así como 1 y 3 del diverso Acuerdo General 38/2023, del propio Pleno, por el que se modifica la denominación de los plenos regionales de las regiones centro-norte y centro-sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio; en tanto se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados del Primer y Trigésimo Segundo Circuitos, pertenecientes a la región centro-sur, al resolver medios de impugnación relacionados con la materia laboral, los cuales corresponden a la jurisdicción de este Pleno Regional.

III. LEGITIMACIÓN

11. La denuncia proviene de parte legitimada, toda vez que fue formulada por la parte recurrente en el recurso de queja 183/2023, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con fundamento en el artículo 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 227, fracción III de la Ley de Amparo.

IV. CRITERIOS CONTENDIENTES

Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito

Recurso de queja 183/2023

12. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, un trabajador, en su carácter de asociado de base del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, promovió amparo indirecto contra la resolución de quince de septiembre de dos mil veintitrés emitida por el Subdirector de Verificación de Registros Sindicales “A”, de la Coordinación General de Registros de Asociaciones del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en la que declaró procedente el depósito y registro de acta de rendición de cuentas del referido sindicato correspondiente al periodo comprendido del uno de septiembre de dos mil veintidós, al veintiocho de febrero de dos mil veintitrés.

13. Asimismo, señaló como autoridades responsables al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y a la Coordinación General de Registros de Asociaciones de dicho Centro.

14. En su demanda afirmó, toralmente, que el acto registral reclamado transgredía su derecho a recibir cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio del sindicato al que se encontraba agremiado, porque la organización sindical no había cumplido con dichas obligaciones, previstas en los artículos 358, fracción IV, 371, fracción XIII y 373 de la Ley Federal del Trabajo, pese a lo cual se declaró procedente el depósito y registro del acta respectiva.

15. Desechamiento. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, la cual fue radicada bajo el expediente 3284/2023-IV.

16. Mediante proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, el Juez de Distrito desechó de plano la demanda, al estimar actualizada la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que establecía la obligación de la parte quejosa de agotar el medio ordinario de defensa a través del cual pudiera modificarse, revocarse o nulificarse el acto reclamado.

17. Al respecto, sostuvo que la reforma a la Ley Federal del Trabajo de uno de mayo de dos mil diecinueve introdujo el procedimiento especial colectivo, regulado por los artículos 897 al 897-G de la Ley Federal del Trabajo, para garantizar, entre otras cuestiones, la protección a la libertad de asociación, así como a la libertad y democracia sindicales.

18. En este sentido afirmó que, si el quejoso reclamaba el acto que declaró procedente el depósito y registro del acta de rendición de cuentas del sindicato, era necesario que agotara la vía en comento previo a su impugnación a través del juicio de amparo.

19. Recurso de queja. Inconforme con esa decisión, el trabajador quejoso hizo valer por vía de agravios, esencialmente, que la resolución del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral no podía controvertirse a través del procedimiento especial colectivo seguido ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, el cual únicamente era competente para resolver conflictos generados entre personas trabajadoras y sus empleadores.

20. Precisó que la resolución reclamada era un acto de autoridad proveniente de autoridad distinta de la judicial, en tanto fue emitida en ejercicio de la función registral que le reconocían a la responsable la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del propio Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y la Ley Federal del Trabajo.

21. Así, consideró que el desechamiento de su demanda de amparo transgredía su derecho de acceso a la justicia, puesto que la resolución reclamada no podría ser sustanciada frente a los tribunales laborales.

22. Sentencia. En sesión de cinco de enero de dos mil veinticuatro, los magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en suplencia de la deficiencia de la queja, declararon fundado el recurso.

23. En primer lugar, destacaron que, tanto las autoridades responsables, como el acto reclamado, pertenecían al ámbito administrativo, no al jurisdiccional, en tanto que provenía de un procedimiento de verificación de obligaciones sindicales en el cual no había partes ni litigio y cuyo único alcance era establecer si se cumplió con el depósito y registro de un acta de rendición de cuentas.

24. Apoyaron lo anterior en los artículos 1 y 5 de la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que reconocían a esta autoridad el carácter de organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con atribuciones para registrar, a nivel nacional, todos los contratos colectivos de trabajo, contratos-ley, reglamentos interiores de trabajo, y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados.

25. Asimismo, invocaron el artículo 9, fracción II, inciso C), del Estatuto Orgánico del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que contemplaba dentro de la estructura de ese organismo descentralizado la existencia de coordinaciones generales, entre ellas, la de Registro de Asociaciones.

26. Definido lo anterior, analizaron los artículos 897 a 897-G de la Ley Federal del Trabajo, que rigen el procedimiento especial colectivo, y determinaron que de ninguno de estos numerales se desprendía la posibilidad de suspender el acto administrativo reclamado.

27. Así, consideraron que, contrario a lo resuelto por el juzgador federal, la parte quejosa no estaba obligada a promover el procedimiento especial colectivo antes de acudir al juicio constitucional, porque el hecho de que esa vía no previera la suspensión del acto reclamado actualizaba una excepción al principio de definitividad, como se desprendía del artículo 61, fracción XX de la Ley Amparo:

“Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

[...]

XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.

[...]”.

28. Consecuentemente, revocaron el auto de desechamiento y ordenaron al Juez de Distrito que proveyera la admisión de la demanda, al no haber elementos para desecharla de plano.

Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito

Recurso de queja 202/2023

29. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, un trabajador, en su carácter de asociado de base del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, promovió amparo indirecto en idénticos términos a los relatados en los antecedentes del Recurso de Queja 183/2023, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en tanto se interpuso contra el mismo acto y autoridades responsables y adujo los mismos conceptos de violación.

30. Declinación de competencia. La demanda fue radicada en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, cuyo titular declinó competencia en favor de los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo con residencia en la Ciudad de México, atendiendo al artículo 37 de la Ley de Amparo, a saber, porque ahí tendría ejecución el acto reclamado.

31. Desechamiento. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, el cual aceptó la competencia planteada y radicó la demanda de amparo indirecto bajo el expediente 3657/2023-VII.

32. En proveído de veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés el Juez de Distrito desechó de plano la demanda al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, porque el quejoso no agotó el medio ordinario de defensa a través del cual pudiera modificarse, revocarse o nulificarse el acto reclamado.

33. Al respecto, sostuvo que la reforma a la Ley Federal del Trabajo de uno de mayo de dos mil diecinueve introdujo el procedimiento especial colectivo, regulado por los artículos 897-A al 897-G de la Ley Federal del Trabajo, para garantizar, entre otras cuestiones, la protección a la libertad de asociación, así como a la libertad y democracia sindicales.

34. Con independencia de lo anterior, adicionó que, conforme al artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo, el quejoso podía acudir ante la autoridad registral para denunciar la omisión de rendir cuentas completas y detalladas de la administración del patrimonio sindical, a fin de que esa autoridad requiriera al sindicato lo conducente; empero, dado que el quejoso no agotó ese medio ordinario de defensa previo a la promoción del juicio de amparo, éste devenía improcedente.

35. Recurso de queja. Inconforme con esa decisión, el trabajador quejoso hizo valer por vía de agravios, en lo que aquí interesa, que el artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo no establecía un medio ordinario de defensa que debiera agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo, sino una “denuncia administrativa” que no constituía un recurso contra las determinaciones de la autoridad registral, máxime que la ley en comento únicamente regulaba relaciones obrero-patronales.

36. Sentencia. En sesión de catorce de marzo de dos mil veinticuatro, los magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito declararon infundado el recurso de queja, al considerar que sí se configuraba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo.

37. Al respecto, subrayaron que, en contra del acto reclamado, el quejoso debió promover el procedimiento especial colectivo dispuesto en el artículo 897 de la Ley Federal del Trabajo, por virtud del cual era posible modificarlo, revocarlo o nulificarlo.

38. Precisado lo anterior, indicaron que, en términos de los artículos 371, fracción XIII y 373 de la Ley Federal del Trabajo, el trabajador recurrente también tenía derecho a solicitar información a la directiva del sindicato o al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral sobre la administración del patrimonio sindical, así como para denunciar la posible existencia de irregularidades en la gestión de los fondos sindicales; y que, de igual manera, estaba en posibilidad de acudir ante las instancias y procedimientos previstos en los estatutos sindicales para exigir el cumplimiento de esas obligaciones e, incluso, ante los Tribunales Laborales.

39. Finalmente, declararon inoperantes los agravios del recurrente en los cuales destacaba que el acto reclamado era un acto de autoridad registral no susceptible de analizarse por los tribunales laborales.

Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito

Recurso de queja 653/2023

40. Demanda de amparo. Mediante escrito promovido ante los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, el mismo quejoso y recurrente en el Recurso de Queja 202/2023, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, promovió juicio de amparo en términos semejantes a los ahí relatados, con la diferencia de que fue interpuesto contra la diversa resolución de veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, emitida por el Subdirector de Verificación de Registros Sindicales “F” de la Coordinación General de Registro de Asociaciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en la que se declaró procedente el depósito y registro de acta de rendición de cuentas del referido sindicato, correspondiente al periodo comprendido del uno de marzo al treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés.

41. De forma novedosa a las demandas de amparo previamente narradas, la parte quejosa sostuvo desde su escrito inicial que era procedente el amparo indirecto, habida cuenta que el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos no era competente para analizar la resolución reclamada a través del procedimiento especial colectivo, dado que se trataba de un acto emitido por una autoridad administrativa y no por un patrón o asociación sindical.

42. Aseveró que los actos administrativos como el que se reclamaba eran susceptibles de controvertirse, indistintamente, a través del procedimiento contencioso administrativo, competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o del juicio de amparo indirecto, competencia de los Jueces de Distrito. 43. Finalmente, añadió que era competente el Juez de Distrito ante el cual se presentara la demanda, conforme al artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que al acto reclamado tenía naturaleza omisiva y, por lo tanto, no requería ejecución material.

44. Radicación y desechamiento. Por razón de turno, correspondió conocer del asunto al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Colima, el cual radicó la demanda bajo el expediente 1457/2023-8.

45. En auto de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, el Juez de Distrito desechó de plano la demanda, al estimar actualizada la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, en tanto que el quejoso no agotó el procedimiento especial colectivo previsto en los artículos 897-A al 897-G de la Ley Federal del Trabajo.(1)

46. Recurso de queja. Inconforme con esa decisión el trabajador quejoso interpuso el referido recurso y en sus agravios planteó, esencialmente, que la resolución reclamada en amparo constituía un acto de autoridad sobre el cual no tenía facultades de revisión el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos.

47. Indicó que la facultad legal de dicho tribunal se constreñía a resolver conflictos de trabajo suscitados entre trabajadores y patrones, por lo que no era viable llamar al procedimiento especial colectivo al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que, conforme a su marco jurídico, tenía la calidad de autoridad administrativa.

48. Sentencia. En sesión de veinte de junio de dos mil veinticuatro, los magistrados integrantes del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito declararon fundado el recurso de queja, por las mismas razones aducidas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el Recurso de queja 183/2023.

49. Determinaron que, de conformidad con los artículos 1 y 5 de la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el artículo 9 del Estatuto Orgánico del mismo Centro, el acto reclamado y las autoridades responsables pertenecían al ámbito administrativo, al relacionarse con un procedimiento de verificación de obligaciones sindicales.

50. Establecido lo anterior, destacaron que los artículos 897 a 897-G de la Ley Federal del Trabajo, que regulaban el conflicto especial colectivo ante los tribunales laborales, no preveía la suspensión del acto, por lo cual se actualizaba la excepción al principio de definitividad, de conformidad con el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo.

51. Así, concluyeron que el juzgador federal debía proveer la admisión de la demanda, al no haber elementos para desecharla de plano.

V. ANÁLISIS DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN

52. La mecánica para emprender este estudio debe realizarse desde un enfoque que permita advertir la necesidad de unificar criterios jurídicos, pues su objetivo es otorgar certeza a las personas juzgadoras y justiciables.

53. Luego, dado que lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que, para que exista una contradicción de criterios, basta con identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, independientemente de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron.

54. Sirven de sustento la jurisprudencia P./J. 72/2010 y tesis aislada P. XLVII/2009, emitidas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a su letra dicen:

“CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que "al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes" se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en "diferencias" fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.”(2)

“CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan.”(3)

55. En ese contexto, si la finalidad de la contradicción de criterios es la unificación y el problema radica en los procesos de interpretación —que no en los resultados— adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes; entonces, es posible afirmar la existencia de una contradicción de criterios cuando se reúnan los requisitos siguientes:

a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33017-0f8557b4/amparo-indirecto-es-improcedente-contra-la-determinacion-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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