APERCIBIMIENTO DE DOBLE PAGO EN EL PROCEDIMIENTO DE EMBARGO. EL ARTÍCULO 958 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA DE 1 DE MAYO DE 2019, NO PREVÉ UNA MULTA EXCESIVA NI TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS PRO PERSONA Y DE PROGRESIVIDAD.
AMPARO EN REVISIÓN 332/2024. BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX. 26 DE JUNIO DE 2024. PONENTE: MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: En la etapa de ejecución de un laudo, la actuaria adscrita a la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Boca del Río, Veracruz, requirió de pago a la persona moral demandada y trabó formal embargo sobre una cuenta bancaria y una de inversión empresarial, ambas de la patronal condenada, hasta por la cantidad de $**********.
En proveído de quince de junio de dos mil veintidós, se requirió a Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, integrante del Grupo Financiero Banamex, para que pusiera a disposición del Presidente Ejecutor de la Junta, el monto embargado mediante cheque nominativo expedido a favor del trabajador; bajo el apercibimiento que de no cumplir con ese requerimiento, se haría acreedora a doble pago por desobediencia, en términos del numeral 958 de la Ley Federal del Trabajo.
Seguido el trámite de ejecución, en proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, la Junta hizo efectivo el apercibimiento decretado y ordenó a dicha institución bancaria pusiera a disposición del Presidente Ejecutor de la Junta, la cantidad de $**********, como doble pago.
En contra de dicho acto, ostentándose como persona extraña al juicio laboral, el banco promovió juicio de amparo en el que reclamó de diversas autoridades formal y materialmente legislativas, la inconstitucionalidad del artículo 958 de la Ley Federal del Trabajo, con motivo de su primer acto de aplicación en el acuerdo anterior.
De dicha demanda correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, que lo admitió bajo el número del juicio de amparo indirecto 1043/2022; en el que una vez seguido el juicio, el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, el Juez de Distrito dictó sentencia, en la que por una parte, sobreseyó en el juicio, respecto al refrendo y publicación de la norma reclamada, en otra, negó el amparo por lo que hace a la norma impugnada y concedió la protección constitucional respecto del acto de aplicación.
Inconforme con tal determinación, el banco quejoso interpuso recurso de revisión, que por razón de turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, quién lo admitió con el número 110/2023.
Posteriormente, en cumplimiento a diversa determinación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se remitió al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, cuya presidencia, lo admitió con el número de expediente 1158/2023 y en sesión de seis de marzo de dos mil veinticuatro, resolvió dejar firme el sobreseimiento y en cuanto a la materia de la revisión, dejar a salvo la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer del recurso por cuanto hace al tema de constitucionalidad del artículo 958 de la Ley Federal del Trabajo.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día veintiséis de junio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 332/2024 interpuesto por Banco Nacional de México, sociedad anónima, integrante del grupo financiero BANAMEX, en contra de la sentencia engrosada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, en el juicio de amparo indirecto 1043/2022.
El problema jurídico a resolver por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en analizar la regularidad constitucional del artículo 958 de la Ley Federal del Trabajo.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Demanda de amparo indirecto. Por escrito presentado el diez de noviembre de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Banco Nacional de México, sociedad anónima, integrante del Grupo Financiero Banamex, (en adelante el quejoso), ostentándose como persona extraña al juicio, promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y actos siguientes:
A. Autoridades:
a) Presidente de la República.
b) Secretario de Gobernación.
c) Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, integrado por sus Cámaras de Diputados y Senadores.
d) Director del Diario Oficial de la Federación.
e) Presidente Ejecutor de la Junta Especial Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río.
B. Actos reclamados:
a) La inconstitucionalidad del artículo 958 de la Ley Federal del Trabajo.(1)
b) El acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 344/VIII/2018, de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, con motivo de la primera aplicación de dicho precepto.
2. Derechos fundamentales violados. La parte quejosa señaló los previstos en los artículos 1, 14, 16 y 22 de la Constitución Federal, y expresó conceptos de violación.
3. Trámite. La demanda se turnó al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, cuyo titular previa aclaración, por acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós admitió el juicio de amparo indirecto 1043/2022.
4. Audiencia constitucional y sentencia de amparo. El juez de Distrito celebró audiencia constitucional el cinco de junio de dos mil veintitrés, en la que dictó sentencia terminada de engrosar el veintiséis de junio de ese año, en la que por una parte, sobreseyó en el juicio, respecto de los actos reclamados del Secretario de Gobernación y Director del Diario Oficial de la Federación, relativos al refrendo y publicación de la norma reclamada; al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, al considerar que la parte quejosa no combatió dichos actos por vicios propios.
5. Asimismo, negó la protección del amparo en relación con el concepto de violación planteado en el sentido de que el artículo 958 de la Ley Federal del Trabajo, viola el artículo 22 de la Constitución Federal, debido a que conlleva la imposición de una sanción o multa excesiva, por las razones siguientes:
a) Que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 906/2014,(2) interpretó el artículo 958 de la Ley Federal del Trabajo, en el que estableció que los laudos que decreten una condena de pago por una cantidad líquida, deben cumplirse en el plazo de setenta y dos horas; vencido el cual, a petición de la parte que obtuvo, el Presidente de la Junta deberá dictar auto de requerimiento y embargo. En la diligencia de embargo, el actuario requerirá de pago y, en caso de negativa de pago, procederá a embargar bienes suficientes para garantizar el monto de la condena.
b) Que dicho precepto establece que el actuario embarga créditos que no son realizables en el acto, es decir, aquéllos respecto de los cuales no puede resolverse de inmediato su pago al actor; supuesto en el cual, la ley dispone que se notifique al deudor o inquilino, ordenándole que el importe del pago que deba hacer al acreedor (demandado y condenado en laudo) lo haga directamente al Presidente de la Junta, con el apercibimiento que de incumplir, incurrirá en doble pago.
c) De esta manera, el apercibimiento de doble pago constituye una medida para el eficaz cumplimiento del laudo, que tiene como objetivo asegurar que el crédito embargado se realice en favor del actor; con esa finalidad, el Presidente ejecutor informa al deudor o inquilino obligado a pagar al acreedor, que tiene el carácter de demandado y condenado en el laudo, que el crédito que ha sido embargado, no deberá pagarlo al acreedor, sino directamente al Presidente.
d) Por lo que el doble pago se actualiza cuando el deudor –obligado a pagar el crédito– desobedeciendo el requerimiento del Presidente ejecutor, continúa pagando al acreedor –demandado y condenado en laudo– porque ese pago no lo exime de la obligación de pagar directamente al Presidente, autoridad obligada a procurar el cumplimiento del laudo.
e) Concluyó que era inoperante el concepto de violación expresado, ya que el precepto reclamado no contiene una multa o sanción, sino una medida de aseguramiento de un crédito embargado que tiene como único fin garantizar el cumplimiento del laudo, por tanto, no puede oponerse a lo previsto en el artículo 22 de la Carta Magna, que establece la prohibición a la autoridad de imponer multas excesivas y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.
6. De igual forma, concedió el amparo por cuanto hace al acto de aplicación reclamado del Presidente Ejecutor de la Junta responsable, conforme a las siguientes consideraciones:
a) Que el artículo 958 de la Ley Federal del Trabajo describe la hipótesis en la que el Actuario embarga créditos que no son realizables en el acto, es decir, aquéllos respecto de los cuales no puede resolverse de inmediato su pago al actor; supuesto en el cual, la ley dispone que se notifique al deudor o inquilino, ordenándole que el importe del pago que deba hacer al acreedor, lo haga directamente al Presidente de la Junta, con el apercibimiento que en caso de incumplir incurrirá en doble pago.
b) Por lo que el apercibimiento de doble pago constituye una medida para el eficaz cumplimiento del laudo, que tiene como objetivo asegurar que el crédito embargado se realice en favor del actor, por lo que el Presidente ejecutor debe informar al deudor o inquilino obligado a pagar al acreedor, que tiene el carácter de demandado y condenado en el laudo, que el crédito que ha sido embargado, no deberá pagarlo al acreedor, sino directamente al Presidente.
c) Es decir, el doble pago se actualiza cuando el deudor –obligado a pagar el crédito– desobedeciendo el requerimiento del Presidente ejecutor, continúa pagando al acreedor –demandado y condenado en laudo– porque ese pago no lo exime de la obligación de pagar directamente al Presidente, autoridad obligada a procurar el cumplimiento del laudo.
d) De ahí que, el apercibimiento que regula el doble pago tiene por objeto, no que el trabajador reciba un pago doble de su crédito, sino evitar que el deudor, disponga de los saldos de las cuentas para fines distintos al pago del crédito embargado e impedir cualquier fraude que haga nugatoria la eficacia del secuestro en perjuicio del acreedor laboral.
e) De tal forma, que el único sujeto a quien se podrá apercibir de doble pago, es al deudor o inquilino del acreedor; aunado a que para hacer efectivo dicho apercibimiento, -en principio- es indispensable que el crédito que fue embargado, haya sido pagado por la patronal al acreedor.
f) En ese sentido, concluyó que resultaba fundado el concepto de violación planteado, porque del acuerdo reclamado se advierte que la Junta responsable interpretó de manera incorrecta el artículo 958 de la Ley Federal del Trabajo, al considerar que la institución bancaria quejosa es deudor o inquilino en el juicio laboral. Ello porque de las constancias que se acompañaron al informe justificado se desprende que el banco quejoso únicamente le asiste el carácter de autoridad auxiliar en el procedimiento de ejecución, dado que sólo tiene intervención cuando la Junta o Presidente de la Junta le requiere información a efecto de dar cumplimiento a la condena decretada en un laudo, es decir, la institución bancaria es un particular que no actúa unilateralmente, sino por mandato de una orden judicial, puesto que los bancos únicamente ejecutan los aseguramientos como auxiliares de las autoridades ordenadoras.
g) Por lo tanto, el banco quejoso no encuadra en alguno de los supuestos para que opere la figura de doble pago que le asignó la autoridad responsable, porque no es demandado, inquilino o deudor en el procedimiento laboral.
h) Por lo que concedió el amparo, para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el acuerdo reclamado y dicte uno nuevo, en el que se abstenga de considerar al banco quejoso como demandado/obligado solidario, patrón sustituto, deudor o inquilino de la parte acreedora y, por tanto, no se le aperciba de doble pago en caso de desobediencia, en términos del artículo 958 de la Ley Federal del Trabajo.
7. Recurso de revisión. Inconforme con la sentencia anterior, el quejoso interpuso recurso de revisión, por escrito presentado el once de julio de dos mil veintitrés a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que formuló los siguientes dos agravios que se sintetizan:
a) Primero, expuso que en la sentencia impugnada se violaron los principios de legalidad y congruencia, reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal; así como, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, ya que se realizó una errónea interpretación del alcance del numeral 22 de la Carta Magna, al estimar que el precepto legal reclamado no viola dicho dispositivo constitucional.
b) Que para fundar su determinación, se invocó el amparo en revisión 906/2014, resuelto por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se concluyó que el numeral en cuestión resulta constitucional; sin embargo, actualmente merece una nueva reflexión ya que la interpretación efectuada en dicha ejecutoria no es acorde con los principios que rigen los derechos humanos reconocidos en el texto constitucional, específicamente, es contraria a los principios pro persona y progresividad. En tanto que la palabra apercibimiento, en su acepción gramatical, significa sanción.
c) Que lo anterior es contradictorio, ya que por una parte se determinó que el artículo 958 de la Ley Federal del Trabajo, es constitucional, pues no constituye sanción, pero por otra, se le concedió el amparo, al estimarse que la propia Suprema Corte determinó que la naturaleza jurídica del apercibimiento de doble pago constituye una sanción a la desobediencia de un mandato legítimo de autoridad judicial, con lo que se reconoció que el apercibimiento sí constituye una doble sanción.
d) Segundo, que en la sentencia impugnada, se aplicó incorrectamente la jurisprudencia P./J. 47/95, ya que lejos de apoyar la decisión del A quo o sostener lo infundado del concepto de violación, da fundamento a la pretensión de la parte quejosa de que no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, pues el precepto reclamado no da la oportunidad de presentar y desahogar pruebas que permitan justificar la imposibilidad material o jurídica de entrega de dinero.
e) Incluso el artículo 958 de la ley impugnada, es incongruente con el diverso artículo 966 fracción II de la misma ley, ya que no permite ofrecer y desahogar pruebas, ni se sujeta al procedimiento de preferencia de créditos previstos en dicho numeral en caso de embargos previos.
8. Remisión del expediente a un órgano ordinario. Por auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, el Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, lo admitió con el número 110/2023.
9. Remisión del expediente a un órgano auxiliar. En proveído de siete de noviembre de esa anualidad, el Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado del conocimiento, ordenó el envío de dicho recurso al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, en cumplimiento a lo acordado por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal.
10. Trámite ante el órgano colegiado auxiliar. Por acuerdo de trece de ese mes y año, el Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, lo registró bajo el expediente 1158/2023.
11. Resolución del Tribunal Colegiado y remisión de los autos a este Alto Tribunal. En sesión de seis de marzo de dos mil veinticuatro, el Pleno de dicho tribunal dictó resolución en la que se determinó:
a) Declaró firme el sobreseimiento decretado por el a quo federal en relación con los actos reclamados relativos al refrendo y publicación de la norma impugnada a las autoridades responsables Secretario de Gobernación y Director del Diario Oficial de la Federación; en el que se consideró actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, ello al no existir agravio de la parte quejosa.
b) Señaló carecer de competencia legal y remitió el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al tema de constitucionalidad del artículo 958 de la Ley Federal del Trabajo.
12. Trámite ante la Suprema Corte. Por acuerdo de veintitrés de abril de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal ordenó el registro del asunto con el número de amparo en revisión 332/2024; asumió su competencia originaria y lo turnó a la ponencia del Ministro Alberto Pérez Dayán.
13. Avocamiento. Mediante proveído de tres de junio de dos mil veinticuatro, el Presidente de esta Segunda Sala se avocó al conocimiento del asunto, por lo que ordenó se remitieran los autos a su Ponencia para la elaboración del proyecto.
14. Publicación. De conformidad con el artículo 73, párrafo segundo de la Ley de Amparo, el proyecto de sentencia se hizo público, con la misma anticipación que la publicación de las listas de los asuntos.
I. COMPETENCIA
15. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer de este recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e) y 83 de la Ley de Amparo; así como 21, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en el punto Segundo, fracción III, inciso A y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023, en virtud de que se trata de un recurso de revisión en el que subsiste el problema de constitucionalidad del artículo 958 de la Ley Federal del Trabajo.
16. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).
II. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN
17. Resulta innecesario verificar la oportunidad en la presentación del recurso de revisión y la legitimación de quien lo interpuso, toda vez que dichos presupuestos procesales ya fueron motivo de pronunciamiento por el órgano jurisdiccional remisor.
III. PRONUNCIAMIENTO FIRME
18. Debe quedar firme la concesión del amparo y sus efectos por cuanto hace al acto de aplicación por no haber sido combatidos por el recurrente.
19. Es aplicable la jurisprudencia de número 3a./J. 7/91, de la entonces Tercera Sala, de rubro: "REVISION EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES."(3)
20. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).
IV. HECHOS QUE ANTECEDIERON AL JUICIO DE AMPARO
21. Previo al estudio de fondo del presente asunto, se narran ciertos antecedentes que se estiman necesarios para su solución, a saber:
a) Del juicio laboral. Octavio Josne Ceccheto, demandó en la instancia laboral a la persona moral Piracicaba, sociedad anónima de capital variable y/o EG Moto, sociedad anónima de capital variable, demanda que se admitió por la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, bajo el expediente 344/VIII/2018, cuyos integrantes, el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, emitieron laudo en el que condenaron a la parte patronal demandada, al pago de diversas prestaciones. b) Ejecución de laudo. Por acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintidós, emitido por el encargado del despacho de la Presidencia de dicha Junta, se ordenó practicar diligencia de embargo a la parte demandada.
c) Diligencia de embargo. El quince de junio de dos mil veintidós, la actuaria adscrita a la Junta responsable, requirió de pago a la parte demandada y trabó formal embargo sobre la cuenta bancaria ********** y la diversa de inversión empresarial **********, ambas de la institución Banco Nacional de México, sociedad anónima, integrante del Grupo Financiero Banamex, hasta por la cantidad de $**********.
d) Primer requerimiento al banco. En proveído de esa misma fecha, mediante oficio seiscientos ochenta y cuatro, la Junta requirió al quejoso, pusiera a disposición del Presidente Ejecutor el monto embargado mediante cheque nominativo a favor del trabajador actor, o la cantidad menor que tuvieran las cuentas; apercibido que de no cumplir con esa orden se haría acreedora a doble pago por desobediencia, en términos del numeral 958 de la Ley Federal del Trabajo.
e) Prórroga. El treinta de junio de dos mil veintidós, el quejoso solicitó una prórroga de cinco días para cumplir lo requerido; la que se le concedió en auto de siete de julio de dos mil veintidós.
f) Mediante escrito presentado el siete de julio de ese año, el quejoso informó que anotó el embargo realizado a la cuenta bancaria número **********, por el monto indicado e informó que ésta presentaba embargos anteriores.(4)
g) En proveído de seis de octubre siguiente, se hizo del conocimiento del banco requerido, la preferencia de los créditos de los trabajadores, en términos del artículo 966, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo; asimismo, que pusiera a disposición del Presidente Ejecutor el monto total del embargo en cheque nominativo a nombre del actor; apercibido que de no cumplir con esa orden se haría acreedor a doble pago por desobediencia, en términos del numeral 958 de la Ley Federal del Trabajo.
h) Por escrito de once de octubre de dos mil veintidós, el apoderado legal del banco informó a la Junta que luego de validar las cuentas, éstas presentaban un saldo de cero pesos.
i) Por escrito de veinte de octubre siguiente, el banco informó a la Junta que el estatus de las cuentas bancarias embargadas, se encontraban bloqueadas.
j) En proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, el Presidente Ejecutor de la Junta, ante la desobediencia del banco relativa a la omisión de pago de la cantidad embargada determinó hacer efectivo el apercibimiento ordenado en auto de quince de junio anterior; y ordenó a dicha institución bancaria que en el término de tres días pusiera a disposición del Presidente Ejecutor, la cantidad de $**********, como doble pago, de conformidad con el artículo 958 de la Ley Federal del Trabajo –determinación que constituye el acto de aplicación de la norma impugnada, en el juicio de amparo indirecto que se revisa-.
V. ESTUDIO
22. El recurrente, sustancialmente expone en sus agravios, que el artículo 958 de la Ley Federal del Trabajo, viola el artículo 22 de la Constitución Federal, que prohíbe la imposición de multas excesivas; asimismo, que la interpretación efectuada por esta Segunda Sala en el precedente citado en la sentencia impugnada, no es acorde con los principios que rigen los derechos humanos reconocidos en el texto constitucional, específicamente, pro persona y progresividad.
23. De ahí que, la cuestión a resolver consiste en determinar si el artículo 958 de la Ley Federal del Trabajo, establece la imposición de una multa excesiva que transgreda el artículo 22 de la Constitución General de la República, así como los principios pro persona y progresividad, reconocidos en el artículo 1, segundo y tercer párrafo de la Ley Fundamental.
24. Esta Segunda Sala considera infundado lo alegado por la parte quejosa, ya que el artículo 958 de la Ley Federal del Trabajo, no prevé alguna multa excesiva, sino que constituye una medida para garantizar el debido cumplimiento del laudo, por ende, es acorde al artículo 22 de la Constitución Federal, así como al paradigma de derechos humanos, derivado de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, ya que al tener como finalidad la debida ejecución de dicha resolución, debe interpretarse en forma sistemática como una garantía del derecho humano a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de ejecución de sentencias, reconocido en los artículos 17 de la Carta Magna, séptimo párrafo, 25.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.3, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; por las razones que se exponen.
V.1 Primer tema. Violación al artículo 22, párrafo primero, de la Constitución Federal
25. En principio se precisa que el artículo 22, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece un catálogo de las penas que quedan prohibidas en el Estado Mexicano y contiene entre ellas la prohibición de imponer "multas excesivas", en los términos siguientes:
Artículo. 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.
26. Si bien, en el dispositivo constitucional citado no se determina qué debe entenderse por "multa excesiva", este Alto Tribunal ha definido mediante una sólida doctrina jurisprudencial los alcances de dicho concepto, a través de diversos criterios,(5) en los que de manera coincidente ha señalado que dicho enunciado constitucional prohíbe que los ordenamientos jurídicos prevean multas fijas en las cuales no se fijen parámetros de graduación, es decir, entre un máximo y un mínimo, pues ello impide a la autoridad individualizar la sanción mediante la adecuada valoración de las circunstancias que concurran en cada caso.
27. Ahora bien, el referido artículo 958 de la Ley Federal del Trabajo, cuya regularidad constitucional reclama el quejoso, expresamente señala:(6)
Artículo 958. Si los bienes embargados son créditos, frutos o productos, se notificará al deudor o inquilino, que el importe del pago lo haga al Presidente ejecutor, apercibido de doble pago en caso de desobediencia.
28. Para una mejor comprensión de este precepto, se citan los diversos numerales 940, 945, 946, 950, 951, 953, 954 y 956,(7) de la propia ley laboral, tomando en cuenta que todos éstos se ubican en el capítulo relativo a la ejecución de laudos, con los que guarda relación, que establecen:
Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior, corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación Permanente, a los de las de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita.
Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación.
Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento.
Artículo 946. La ejecución deberá despacharse para el cumplimiento de un derecho o el pago de cantidad líquida, expresamente señalados en el laudo, entendiéndose por ésta, la cuantificada en el mismo.
Artículo 950. Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo.
Artículo 951. En la diligencia de requerimiento de pago y embargo se observarán las normas siguientes:
I. Se practicará en el lugar donde se presta o prestaron los servicios, en el nuevo domicilio del deudor o en la habitación, oficina, establecimiento o lugar señalado por el actuario en el acta de notificación de conformidad con el artículo 740 de esta Ley;
II. Si no se encuentra el deudor, la diligencia se practicará con cualquier persona que esté presente;
III. El Actuario requerirá de pago a la persona con quien entienda la diligencia y si no se efectúa el mismo procederá al embargo;
IV. El Actuario podrá, en caso necesario, sin autorización previa, solicitar el auxilio de la fuerza pública y romper las cerraduras del local en que se deba practicar la diligencia;
V. Si ninguna persona está presente, el actuario practicará el embargo y fijará copia autorizada de la diligencia en la puerta de entrada del local en que se hubiere practicado; y
VI. El Actuario, bajo su responsabilidad, embargará únicamente los bienes necesarios para garantizar el monto de la condena, de sus intereses y de los gastos de ejecución.
Artículo 953. Las diligencias de embargo no pueden suspenderse. El actuario resolverá las cuestiones que se susciten.
Artículo 954. El Actuario, tomando en consideración lo que expongan las partes, determinará los bienes que deban ser objeto del embargo, prefiriendo los que sean de más fácil realización.
Artículo 956. Si los bienes embargados fuesen dinero o créditos realizables en el acto, el Actuario trabará embargo y los pondrá a disposición del Presidente de la Junta, quien deberá resolver de inmediato sobre el pago del actor.
29. La norma reclamada y los restantes dispositivos citados, fueron interpretados por esta Segunda Sala, al resolver el amparo en revisión 906/2014, en los términos siguientes:
Los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje tienen la facultad para ejecutar los laudos, y tendrán la obligación de dictar las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita.
Los laudos deben cumplirse
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32682-284b176c/apercibimiento-de-doble-pago-en-el-procedimiento-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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