EMBARGO DE NUMERARIO CONTENIDO EN UNA CUENTA BANCARIA DECRETADO EXCLUSIVAMENTE POR LA CANTIDAD LÍQUIDA IMPUESTA COMO CONDENA EN EL JUICIO LABORAL. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN LA QUE SE REQUIERE A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO LA ENTREGA A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CANTIDAD ASEGURADA Y ORDENA LA NOTIFICACIÓN PERSONAL AL PATRÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 217/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO Y TERCERO DEL PRIMER CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017. CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. AUSENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIOS: FRANCISCO MANUEL RUBÍN DE CELIS GARZA Y HÉCTOR ORDUÑA SOSA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Máximo Tribunal. Esto es así, ya que se trata de una contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos, cuyo tema es de materia laboral, la cual corresponde a la especialidad de esta Segunda Sala y, no se estima necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia proviene de parte legítima, de conformidad con el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, al ser formulada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, es decir, uno de los órganos contendientes.
TERCERO.-Posturas de los Tribunales Colegiados de Circuito. Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester señalar los antecedentes de los casos concretos, así como las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.
A. Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 89/2016.
1. Jorge Luis del Ángel Canto demandó de Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación, el cumplimiento de su contrato de trabajo a través de la prórroga en su plaza de oficial de helipuerto, en virtud de que se le despidió el diez de julio de dos mil ocho; el pago de salarios caídos, incrementos, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, el otorgamiento de los beneficios del Seguro Social; el pago de aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro y al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.
2. El juicio laboral se siguió ante la Junta Especial Número Siete Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, quien emitió laudo el once de febrero de dos mil dieciséis, en el que resolvió condenar a Petróleos Mexicanos y Pemex Exploración y Producción a prorrogar el contrato individual de trabajo y a reinstalar al actor en la plaza de oficial de helipuerto; asimismo, condenó a la empresa demandada al pago de $********** (**********), por concepto de salarios caídos, menos la deducción del impuesto sobre la renta que corresponda; al pago del concepto de aguinaldos y primas vacacionales, por la cantidad de $********** (**********), menos el impuesto sobre la renta; finalmente, se condenó al pago de las aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro.
3. La Junta responsable declaró firme el laudo por acuerdo de ocho de julio de dos mil dieciséis y emitió -a solicitud del actor-, auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma el veintisiete de junio de dos mil dieciséis.
4. El trece de julio de dos mil dieciséis se dio cumplimiento al auto de ejecución, dado que se prorrogó el contrato individual del actor y se le reinstaló, de igual manera la apoderada de la empresa demandada solicitó que se le concedieran veinte días hábiles a efecto de dar cumplimiento al pago de las cantidades condenadas; la parte actora insistió en trabar embargo en la cuenta bancaria de la patronal, por lo que, la apoderada de la enjuiciada adujo que en el acto promovía el recurso de revisión contra actos del presidente ejecutor, con fundamento en los artículos 849, 850 y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo.
5. El doce de agosto de dos mil dieciséis se llevó a cabo la celebración de la audiencia incidental y, se emitió resolución en la que se declaró improcedente el recurso de revisión respecto del acta de ejecución de trece de julio de dos mil dieciséis y en el mismo acto se ordenó girar atento oficio a la institución bancaria denominada Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple a fin de que remitiera a la Junta el título de crédito a nombre del actor por las cantidades condenadas.
6. Contra la resolución reseñada, Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación, demandaron la protección federal mediante el juicio de amparo indirecto, el cual, concluyó en los términos siguientes:
"ÚNICO.-Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Petróleos Mexicanos y Pemex Exploración y Producción, contra la resolución de doce de agosto de dos mil dieciséis, en que se declaró improcedente el recurso de revisión contra actos del actuario ejecutor en el expediente laboral 160/2008, que reclamó del presidente de la Junta Especial Número Siete Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje y actuario adscrito, por los motivos precisados en el considerando último de esta sentencia."
7. En contra de la determinación anterior, la parte quejosa interpuso el recurso de revisión (RA. 89/2016), del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, quien dictó sentencia el seis de enero de dos mil diecisiete, en el sentido de revocar la resolución recurrida y conceder el amparo, lo anterior, se sustentó en las siguientes consideraciones:
"Asimismo, aduce que el juzgador federal sobreseyó en el juicio al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo establecido por el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, al advertir que la resolución incidental de dos de agosto de dos mil dieciséis, emitida por la presidente ejecutora de la Junta Especial Número Siete Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, y destaca que el a quo no señaló en la sentencia cuál es la última actuación o resolución dictada en este procedimiento, lo que es infundado, ya que en la sentencia recurrida el juzgador federal efectivamente determinó con sustento en lo previsto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo establecido por el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, así como con apoyo en la jurisprudencia I.9o.T. J/34, sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, identificada con rubro y texto: ‘IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN EN MATERIA LABORAL.’, que la resolución incidental reclamada es un acto dentro del procedimiento de ejecución, y precisó lo siguiente:
"‘De la relación anterior, se advierte claramente que la parte quejosa al combatir la resolución de revisión de actos del actuario ejecutor, dictada el doce de agosto de dos mil dieciséis, en realidad está impugnando un acto dentro del procedimiento de ejecución del laudo, que indudablemente no constituye la última resolución dentro del mismo, que se entiende como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total del laudo, o se declara la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento al mismo.’
"La parte destacada de la sentencia plasmada permite advertir que la recurrente realizó una afirmación sin sustento, pues el juzgador de amparo sí precisó que en el procedimiento de ejecución la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total del laudo, o se declara la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento. De ahí que no asista razón a la recurrente.
"No obstante, el agravio es fundado en lo atinente a que el Juez de amparo omitió realizar una correcta interpretación de lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, apartado b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues la resolución recurrida sí es un acto de imposible reparación, como se argumenta a continuación.
"En efecto, en la sentencia recurrida, el a quo estimó que al combatir la resolución incidental de revisión de actos del ejecutor, el solicitante de amparo se inconforma contra un acto dentro del procedimiento de ejecución, que no constituye la última resolución. Sin embargo, al asumir esa determinación el juzgador federal soslayó que en la resolución incidental de doce de agosto de dos mil dieciséis, la presidente ejecutora estimó lo siguiente:
"‘Ahora bien del análisis de las constancias relativas a la ejecución por parte del C. Actuario de esta Junta especial, en cumplimiento al laudo emitido por esta Junta con fecha 11 de febrero de 2016, así como el acta de requerimiento de pago y embargo efectuada por el C. Actuario con fecha 13 de julio de 2016, se desprende que la fedatario, con las facultades establecidas por los artículos 951, fracción (sic) II, III y 953 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen que el C. Actuario requerirá de pago a la persona con quien entienda la diligencia de ejecución y si no efectúa el mismo procederá al embargo, a su vez el referido artículo 953 señala que las diligencias de embargo no pueden suspenderse, debiendo el c. actuario resolver las cuestiones que se susciten; éste atendió la diligencia con la persona que estuvo presente, es decir, con el apoderado legal de la demandada, quien fue quien lo atendió, y ante su negativa de pago, a petición de la accionante, procedió a trabar embargo, en cumplimiento al auto de ejecución de veintisiete de junio de 2016. Con lo anterior se dio cumplimiento a lo que establece en el artículo en cita, por tanto, resulta improcedente la revisión de los actos del C. Actuario que promueve la demandada.’
"En razón de la determinación asumida en el recurso, en el segundo resolutivo ordenó lo siguiente:
"‘... se ordena girar atento oficio a la institución bancaria denominada Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple ... a fin de que remita a esta Junta Especial Siete Bis de la federal de Conciliación y Arbitraje, en el término de diez días hábiles, contados a partir de la notificación del presente proveído el título de crédito a nombre del C. Jorge Luis del Ángel Canto la cantidad (sic) de $********** (**********) y la cantidad de $********** (**********), quedando apercibida dicha institución que para el caso de incumplimiento a lo antes ordenado, se le aplicará una multa consistente en siete días de salario mínimo general vigente, conforme a lo establecido en el artículo 731, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, adjuntándole copia certificada de la diligencia de requerimiento y embargo de 13 de julio de 2016, así como del presente proveído.’ (Foja 99)
"Lo reseñado revela que el juzgador de amparo soslayó que el embargo de una cuenta bancaria, decretado en la fase ejecutiva del laudo de once de febrero de dos mil dieciséis, en la que existen cantidades líquidas a cubrir por la ejecutada -lo asienta la recurrente en el agravio-, lo que se traduce realmente en la afectación de un crédito a favor del actor, virtud a que en la propia resolución interlocutoria se ordenó a la institución bancaria la emisión y remisión en su oportunidad, de un título de crédito nominativo -pues la orden fue que se emita a nombre de Jorge Luis del Ángel Canto-, cuyo valor de cambio en moneda de curso legal es prácticamente inmediato y tiene poder liberatorio, porque basta que el banco conozca de la afectación por el embargo de una cuenta bancaria y que el ejecutor le ordene la entrega del dinero para que la institución de crédito lo haga inmediatamente, a través de la entrega del título de crédito respectivo.
"De ahí que, tal y como lo afirma la recurrente, el a quo debió advertir que el embargo en la cuenta bancaria de la cual es titular el patrón enjuiciado, quejosos en el amparo indirecto, es un acto irreparable, pues tiene como consecuencia la orden de emisión de un título de crédito en favor del actor, documento con poder liberatorio por cantidades fijas, acto cuya afectación a derechos sustantivos es inminente, lo que obliga al juzgador de amparo a revisar el contenido de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, a efecto de determinar la procedencia del juicio.
"La porción normativa enunciada, que debe entenderse en concordancia con la fracción IV, es del tenor siguiente:
"‘Artículo 107. El amparo indirecto procede:
"‘...
"‘IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.
"‘Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.
"‘En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;
"‘V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.’
"De ahí que resulte fundada la parte del agravio en el que sostiene la recurrente que el a quo soslayó que la resolución interlocutoria que recayó al recurso de revisión contra actos del ejecutor de doce de agosto de dos mil dieciséis, emitida por la presidente de la Junta Especial Número Siete Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el juicio laboral 160/2008, actualiza un acto de imposible reparación porque la condena en juicio al pago de una cantidad líquida por concepto de salarios caídos o de prestaciones legales no exceptúa del cumplimiento de la obligación patronal de enterar los impuestos retenidos al fisco y, por ende, permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos es inminente.
"Esto es, el embargo de cuentas bancarias decretado en el procedimiento de ejecución del laudo constituye un acto de imposible reparación, porque imposibilita al afectado para disponer materialmente de sus recursos económicos, con lo que se le impide utilizarlos para realizar sus fines, de ahí que sea un acto fuera de juicio que afecta de manera inmediata sus derechos sustantivos, y hace procedente el juicio de amparo indirecto conforme lo previsto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo.
"Se cita en apoyo, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 133/2010, del índice de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes:
"‘EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS DECRETADO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. AUNQUE SE TRATE DE UN ACTO FUERA DE JUICIO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.-El citado precepto prevé que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, siendo actos de esa naturaleza los que causan una afectación en los derechos sustantivos de una persona. En ese tenor, el embargo de cuentas bancarias decretado en el procedimiento administrativo de ejecución constituye un acto de imposible reparación, porque imposibilita al particular afectado para disponer materialmente de sus recursos económicos, con lo que se le impide utilizarlos para realizar sus fines, pues esa indisponibilidad afecta su desarrollo económico, al provocar el incumplimiento de sus obligaciones, de ahí que sea un acto fuera de juicio que afecta de manera inmediata sus derechos sustantivos. Por tanto, en su contra procede el juicio de amparo indirecto, en términos de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo.’
"Asimismo, ilustra lo anterior la tesis 2a. XLVIII/2015 (10a.), del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes:
"‘ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO.’ (se transcribe)
"...
"Tampoco pasa inadvertido que los criterios jurisprudenciales que se han plasmado en apoyo a los razonamientos que anteceden, corresponden a materias diferentes a la laboral de la que emana el reclamo en amparo indirecto; sin embargo, no debe pasar inadvertido que tanto el embargo de cuentas bancarias decretado en el procedimiento administrativo de ejecución -acto fuera de juicio-, como la orden de embargo de una cuenta bancaria, decretado en la fase ejecutiva del laudo de once de febrero de dos mil dieciséis -emitida después de concluido el juicio-, comparten la característica de irreparabilidad que implica la procedencia del juicio de amparo indirecto, porque una vez decretados, provocan la salida de cantidades líquidas del patrimonio del obligado.
"En efecto, por la liquidez que representa la cuenta bancaria, el embargo -emitido fuera de juicio o después de concluido aquél-, imposibilita al particular afectado para disponer materialmente de sus recursos económicos y utilizarlos para realizar sus fines, porque la orden de emisión de un título de crédito con motivo del embargo provoca la salida de cantidades de dinero del patrimonio del obligado, lo que a todas luces afecta de manera inmediata sus derechos sustantivos y hace procedente el amparo indirecto, aun sin tratarse de la última resolución en el procedimiento de ejecución, ya que una vez trabado el embargo puede causar daño o perjuicio a la parte quejosa no reparable en la sentencia definitiva, y si se emite después de ejecutado el cobro, el daño o perjuicio tampoco podría repararse por el tribunal de alzada.
"Lo anterior sin que deba considerarse que la interposición de algún recurso o un nuevo juicio mediante el que pudieran reintegrarse al patrimonio de la quejosa las cantidades indebidamente pagadas representa reparabilidad, pues el resultado de aquéllos es incierto y, por lo pronto, las cantidades líquidas ya salieron del dominio del obligado.
"Por ende, es de estimarse que el embargo en cuentas bancarias decretado en la fase ejecutiva del laudo de once de febrero de dos mil dieciséis, es un acto de imposible reparación que hace procedente el juicio de amparo indirecto.
"Así, al resultar parcial pero suficientemente fundado el agravio formulado por la apoderada de las recurrentes, procede revocar la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis emitida en el expediente de amparo indirecto 1549/2016 que sobreseyó en el juicio y emitir la sentencia que corresponde, con fundamento en lo previsto por el artículo 93, fracción V, de la Ley de Amparo que así lo prevé, a saber: (se transcribe)
"En tales condiciones, lo procedente es levantar el sobreseimiento decretado, reasumir jurisdicción y analizar la constitucionalidad de los citados actos de autoridad, a la luz de los conceptos de violación expuestos, conforme con lo dispuesto en la fracción V del numeral 93 de la Ley de Amparo.
"...
"En efecto, la apoderada de los organismos quejosos afirma que al resolver el recurso de revisión de los actos del ejecutor de doce de agosto de dos mil dieciséis, la presidente de la Junta del conocimiento soslayó que el laudo ejecutoriado de once de febrero de dos mil dieciséis, relativo a la controversia laboral seguida bajo el expediente 160/2008, precisó en el resolutivo tercero que las condenas que deben pagarse al actor por concepto de salarios caídos por el periodo que transcurre del diez de julio de dos mil ocho al diez de junio de dos mil quince, más los que se sigan causando, así como por el pago de aguinaldo, prima vacacional y vacaciones de los años dos mil ocho al dos mil catorce, deben contemplar la deducción del impuesto sobre la renta que corresponda.
"Señala que por diligencia de trece de julio de dos mil dieciséis, la actuaria ejecutora trabó embargo sobre la totalidad de la condena y omitió precisar que debía darse cumplimiento a la retención de impuestos, lo que motivó se interpusiera en el acto el recurso de revisión contra actos del ejecutor que se resolvió el doce de agosto de dos mil dieciséis y se declaró infundado; pero además, en el resolutivo segundo de aquélla la presidente ejecutora reiteró la orden de notificar el embargo sin considerar que para dar efectivo y puntual cumplimiento al laudo ejecutoriado debe realizarse la deducción del impuesto sobre la renta que corresponda, atendiendo a la obligación de la patronal que permita enterarla en su oportunidad a la autoridad hacendaria.
"El concepto de violación es fundado y suficiente para conceder el amparo a los organismos quejosos.
"...
"Se afirma lo anterior, porque el hecho de que se condene a la patronal al pago de salarios caídos y prestaciones legales con motivo de un juicio laboral no exceptúa de cubrir el impuesto sobre la renta a las personas que han estado sujetas a una relación laboral, y obtienen prestaciones derivadas de la condena impuesta por un órgano jurisdiccional, máxime si así está ordenado en el laudo firme; es obvio que la resolutora debe velar por el exacto cumplimiento de aquél, sin importar si existió separación justificada o injustificada, pues el hecho de que el pago deba hacerse por determinación judicial, como consecuencia de un despido, no priva a dicho pago de su carácter indemnizatorio, cuya base impositiva deriva de la obligación establecida en los artículos 31, fracción IV y 73, fracción VII, de la Constitución Federal.
"...
"De manera que si la condena fincada en laudo firme no representa que el trabajador esté exento de cubrir los impuestos en términos de lo previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tampoco implica que la patronal deje en manos de la resolutora su obligación de enterar los impuestos en términos de los artículos 93 y 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la presidente ejecutora debe proveer la apertura del incidente de liquidación en términos del artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, en el que se cuantifiquen las cantidades que deben deducirse de la condena al pago de salarios caídos, primas vacacionales y aguinaldo, por concepto de impuesto sobre la renta, para dar exacto cumplimiento al laudo firme de once de febrero de dos mil dieciséis, emitido en el expediente laboral 160/2008 ..."
Como consecuencia de dicha determinación se emitió la tesis I.3o.T.36 L (10a.) publicada bajo el número de registro digital: 2014026, cuyos título, subtítulo y texto, son los siguientes:
"EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS DECRETADO EN EJECUCIÓN DEL LAUDO. CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. El embargo de cuentas bancarias ordenado por las autoridades ejecutoras, después de concluido el juicio laboral, es decir, en la etapa de ejecución del laudo, adquiere una forma sui géneris de resolución finalista, pues a partir de que se ejecuta se imposibilita al afectado para disponer materialmente de sus recursos económicos, con lo que se le impide utilizarlos para realizar sus fines; de ahí que sea un acto fuera de juicio que afecta de manera inmediata los derechos sustantivos del gobernado, que posibilitan la aplicación excepcional, por analogía, de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del amparo indirecto conforme a la jurisprudencia P./J. 108/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 6, con el rubro: ‘EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.’ (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 40, Tomo IV, marzo de 2017, página 2699. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes 24 de marzo de 2017 a las 10:27 horas)
B. Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, al resolver el amparo en revisión 35/2017.
1. Denisse Arizmendi Villegas, en su carácter de síndico municipal y representante del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Morelos, la promulgación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; del Tribunal de Conciliación y Arbitraje Estatal y su presidente, el acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil quince; y del actuario adscrito a la citada autoridad laboral, la diligencia de requerimiento de pago y embargo de doce de agosto de dos mil dieciséis.
2. Agotadas las etapas del juicio de garantías, se dictó sentencia en la que se determinó, en primer lugar, sobreseer en el juicio respecto de la aplicación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; por otra parte, se abordó el análisis de la emisión del acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil quince y la diligencia de requerimiento de pago y embargo de doce de agosto de dos mil dieciséis practicada en el juicio laboral 01/161/11, concediendo el amparo.
3. En contra de lo anterior, la tercero interesada interpuso recurso de revisión (RA. 35/2017), asunto del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito; seguidos los trámites de ley, dictó sentencia el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, en el sentido de sobreseer en el juicio, en donde, en la parte considerativa, sostuvo lo siguiente:
"SÉPTIMO.-Actualización de una causal de improcedencia advertida de oficio, en relación al acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil quince y el embargo de doce de agosto de dos mil dieciséis.
"Este tribunal de amparo determina que respecto de los actos consistentes en el acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil quince y el embargo de doce de agosto de dos mil dieciséis, se materializa la causal de improcedencia prevista en la fracción IV del artículo 107 -en sentido contrario-, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario el análisis de los agravios expresados por la recurrente.
"Lo anterior en razón de que en los antecedentes de la demanda de garantías, la representante del Ayuntamiento quejoso expuso que derivado del laudo emitido por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, el presidente ejecutor dictó acuerdo el veintisiete de junio de dos mil quince, por la cantidad de $********** (**********), y en cumplimiento a tal auto se trabó embargo en las cuentas bancarias del ente municipal el doce de agosto de dos mil dieciséis (foja 4 expediente laboral).
"De lo que se advierte, que los actos reclamados derivan del laudo condenatorio emitido por el tribunal obrero, lo que hace evidente que el acuerdo y el embargo que se reclaman, fueron emitidos -el primero- y ejecutados -el segundo- una vez concluido el juicio, esto es, en la etapa de ejecución.
"En ese contexto, es importante hacer notar que la procedencia del juicio de amparo indirecto, respecto de actos emitidos después de concluido un juicio se encuentra definida en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, al establecer que en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de garantías sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo.
"El precepto legal también define que la última resolución en etapa de ejecución es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente.
"Incluso fija que en los procedimientos de remate, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados.
"Tal dispositivo legal es el fundamento para analizar los actos reclamados por el Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos, de los que se advierte, en primer lugar que, el acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil quince y el embargo de doce de agosto de dos mil dieciséis, emanan del procedimiento de ejecución del laudo, etapa en la que la autoridad laboral emplea el poder coercitivo que le brinda el Estado para ejecutar el laudo en contra de la voluntad del demandado e incluso haciendo uso de las medidas de apremio que la ley prevé.
"En segundo lugar, se aprecia que tanto el acuerdo como el embargo antes citados, carecen de las características enunciadas por la ley reglamentaria para ser considerados como la resolución que pone fin al proced
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27516-ccc46afa/embargo-de-numerario-contenido-en-una-cuenta-bancaria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO DE AMPARO. EL INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO (INDEP), NO TIENE ESE CARÁCTER AL PROMOVERLO CONTRA LA EJECUCIÓN DEL LAUDO, CUANDO ACTÚA COMO OR (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- EMBARGO DE DINERO CONTENIDO EN CUENTAS BANCARIAS DECRETADO POR LA CANTIDAD LÍQUIDA IMPUESTA COMO CONDENA EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO SÓLO CONTRA LA RES (QUEJA)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- EMBARGO DE NUMERARIO CONTENIDO EN UNA CUENTA BANCARIA DECRETADO EXCLUSIVAMENTE POR LA CANTIDAD LÍQUIDA IMPUESTA COMO CONDENA EN EL JUICIO LABORAL. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SÓL (2a./J. 153/2017 (10a.))
- IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA LABORAL. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO SE PROMUEVE CONT (VII.2o.T.2 L (11a.))
- EMBARGO DE DINERO CONTENIDO EN CUENTAS BANCARIAS DECRETADO POR LA CANTIDAD LÍQUIDA IMPUESTA COMO CONDENA EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO SÓLO CONTRA LA RES (VII.1o.C.16 C (11a.))
- AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL EMBARGO DECRETADO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, EXCLUSIVAMENTE POR LA CANTIDAD LÍQUIDA IMPUESTA COMO CONDENA EN EL JUICIO. (P./J. 180/2026 (12a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis