EMBARGO DE DINERO CONTENIDO EN CUENTAS BANCARIAS DECRETADO POR LA CANTIDAD LÍQUIDA IMPUESTA COMO CONDENA EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO SÓLO CONTRA LA RESOLUCIÓN EN LA QUE SE REQUIERE A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO LA ENTREGA AL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE LA CANTIDAD ASEGURADA.
QUEJA 33/2024. 9 DE MAYO DE 2024. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: LUCIO HUESCA BALLESTEROS, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGLAMENTA LA CARRERA JUDICIAL, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 30 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PONENTE: CLEMENTE GERARDO OCHOA CANTÚ. SECRETARIO: RAÚL FRANCISCO MORENO MORALES.
Xalapa-Enríquez, Veracruz. Acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, correspondiente a la sesión del día nueve de mayo de dos mil veinticuatro.
VISTOS, para resolver los autos del recurso de queja número 33/2024 civil, interpuesto por **********, por conducto de su apoderada **********, contra el auto dictado el quince de enero de dos mil veinticuatro, por el Juez Décimo Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, dentro del juicio de amparo indirecto número **********, promovido por la propia recurrente; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el doce de enero de dos mil veinticuatro, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado ese mismo día al Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en el Estado, ambos con residencia en esta ciudad, **********, por conducto de su apoderada **********, promovió juicio de amparo indirecto contra los actos que reclama del Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado, con residencia en esta ciudad, como ordenadora, y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como ejecutora; que estima violatorios de los artículos 1o., 14, 16 y 27 constitucionales, y que hizo consistir en el acuerdo de 29 de diciembre de 2023, dictado por el juez responsable dentro de los autos del juicio oral mercantil **********, a través del cual solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de que requiera a las instituciones bancarias del país para que, si es que existen, procedan a realizar la retención de la cuenta o cuentas de la quejosa, demandada en ese juicio, por la cantidad de $9,581,301.86 (nueve millones quinientos ochenta y un mil trescientos un pesos 86/100 M.N.); y su ejecución.
SEGUNDO. El Juez Décimo Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, a quien correspondió conocer de la demanda de amparo por razón de turno, mediante proveído de quince de enero de dos mil veinticuatro, radicó la misma con el número **********, y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, desechó de plano la demanda constitucional de que se trata, al estimar actualizada en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, este último interpretado a contrario sensu, de ese propio ordenamiento.
TERCERO. Inconforme con tal determinación, la quejosa **********, por conducto de su apoderada **********, interpuso en su contra recurso de queja, escrito que fue remitido, vía interconexión, a este tribunal colegiado de circuito, mediante el oficio **********, signado por el titular del juzgado de Distrito respectivo (previamente, dicho juzgado remitió vía correo electrónico institucional, el oficio **********, mediante el cual solicitó el registro para turno de tal recurso, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, el veinticinco de enero de dos mil veinticuatro, y turnado a este órgano colegiado el veintiséis siguiente), el que por conducto de su presidenta, lo admitió por auto dictado el treinta de los referido mes y año, registrándolo con el número 33/2024. Se notificó al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la radicación del recurso, y encontrándose los autos en estado de resolución, se turnaron para su estudio al magistrado relator el día seis de marzo de la presente anualidad; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, es competente para conocer del presente recurso de queja, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo; 38, fracción III, y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General número 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de ese mismo año, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.
SEGUNDO. El acuerdo impugnado se notificó a la recurrente vía electrónica el dieciséis de enero de dos mil veinticuatro, y surtió sus efectos ese mismo día, de conformidad con lo establecido por el artículo 31, fracción III, de la Ley de Amparo. Por tanto, el plazo de cinco días hábiles con que contaba para interponer el recurso, transcurrió del diecisiete al veintitrés de los referidos mes y año, y el escrito relativo fue presentado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el veintitrés de enero de dos mil veinticuatro, debiéndose descontar para el cómputo correspondiente los días veinte y veintiuno de los mismos mes y año, por ser sábado y domingo, respectivamente, y por tanto, inhábiles, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo, y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de donde se concluye que fue interpuesto en tiempo.
TERCERO. Resulta innecesaria la transcripción del auto recurrido, en virtud de obrar copia en el expediente físico formado con motivo de la versión electrónica de la que deriva la presente queja, y que se tiene a la vista al momento de resolver; cuya copia en términos similares se ha entregado a la magistrada y magistrados integrantes de este tribunal colegiado de circuito.
CUARTO. Los agravios expuestos por el recurrente, visibles a fojas 8 a 10 del presente expediente, únicamente se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertaran, pues su transcripción no es obligatoria y resulta innecesaria en tanto se estudien los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente aducidos; máxime que se ha entregado a la magistrada y magistrados integrantes de este tribunal colegiado de circuito, copia certificada de los mismos.
Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010,(1) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."
QUINTO. Son ineficaces los agravios que se hacen valer en el caso a estudio.
En ellos, la inconforme hace valer diversos planteamientos que, en lo medular, se concretan a lo siguiente:
a) Que le causa perjuicio la determinación del juez de Distrito, al desechar su demanda de amparo bajo el argumento de que el acto reclamado no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del juicio natural, ni del auto por el cual se haya requerido a la institución bancaria la entrega del numerario embargado.
b) Que las consideraciones de dicho juzgador no son acordes al caso concreto, pues no se trata de un embargo contenido en una cuenta bancaria, por un monto determinado, sino que se trata del embargo de numerario contenido en todas las cuentas bancarias, por un monto indeterminado, pues la responsable requirió la retención de todas las cuentas bancarias propiedad del banco quejoso hasta por la cantidad de $9,581,301.86 (nueve millones quinientos ochenta y un mil trescientos un pesos 86/100 M.N.), propiciando con esto que los bienes propiedad de la institución quejosa sean embargados en exceso, al punto de retenerse el monto adeudado en cada una de las instituciones bancarias del país.
c) Que en caso de ejecutarse dicha orden de retención de bienes, sería de imposible reparación, pues si se retiene el monto adeudado en cada una de las cuentas propiedad del banco impetrante, la quejosa estará impedida para cumplir con su objeto social, al no poder disponer de los recursos monetarios necesarios para seguir operando, y con ello, entre otras cuestiones, se afectará el pago de nóminas, impuestos, así como el cumplimiento de obligaciones con terceros.
d) Que entonces, es procedente el amparo indirecto no sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, sino también contra actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, esto es, contra aquellos que afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que Estado Mexicano sea parte, como en el caso, el patrimonio de la quejosa, lo cual pasó por alto el juez de Distrito al desechar su demanda de amparo.
Se reiteran ineficaces los argumentos que preceden.
En primer lugar, cabe decir, no es verdad que la orden de retención de bienes reclamada haya sido por un monto indeterminado, como lo alega en sus agravios la pretensora del amparo, pues como ésta misma lo afirma en el antecedente marcado con el número 3 de su demanda de amparo, la orden de retención de numerario en sus cuentas bancarias fue hasta por la cantidad de $9,581,301.86 (nueve millones quinientos ochenta y un mil trescientos un pesos 86/100 M.N.); importe al que se le condenó a pagar en favor de la parte actora en sentencia firme, es decir, se trata de un importe preciso y determinado.
Lo cual se corrobora con el contenido del auto reclamado que contiene dicha orden de retención, de fecha veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés, emitido en el juicio oral mercantil **********, del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado, con residencia en esta ciudad, y cuya copia agregó la quejosa a su libelo inicial, en donde, en su parte conducente, el juez del conocimiento proveyó:
"... No obstante, el juicio en que se actúa, se reitera, ya se dictó sentencia en la que se condenó a Banco del **********, al reembolso en favor de su contraparte de la cantidad de nueve millones quinientos ochenta y un mil trescientos nueve pesos con ochenta y seis centavos moneda nacional ($9,581,301.86). Fallo que se encuentra firme y por tanto debe ser cumplido por la condenada; sin que haya lugar, en este estadio procesal, a decretar el embargo con la intención de garantizar el acatamiento de tal determinación definitiva, pues lo procedente es, en todo caso, que se retengan bienes para efectuar el pago de la condena. ... Toda vez que hasta esta data la parte enjuiciada no ha exhibido las constancias que acrediten el cabal cumplimiento dado a la condena decretada en la referida resolución definitiva, y en virtud de que el estado de los autos lo permite, con fundamento en el artículo 142, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones de Crédito, líbrese atento oficio al correo electrónico contencioso@cnbv.gob.mx, dirigido al Director General Adjunto de Atención a Autoridades “A”, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de que por su conducto, requiera a las instituciones bancarias del país para que, si es que existen, procedan a realizar la retención de la cuenta o las cuentas bancarias a nombre del **********, hasta por la cantidad de nueve millones quinientos ochenta y un mil trescientos nueve pesos con ochenta y seis centavos moneda nacional ($9,581,301.86). Lo anterior, a fin de lograr el cumplimiento al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ..."
Por tanto, se insiste, si la orden de retención de bienes no se dictó por un monto indeterminado, sino por la cantidad líquida a que fue condenada la institución bancaria quejosa, palmario resulta que su alegación en sentido contrario deviene infundada.
Luego, en relación a que sí es procedente su demanda de amparo, es conveniente precisar que el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé lo siguiente:
"Artículo 107. El amparo indirecto procede:
"...
"IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.
"Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.
"En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior."
De tal precepto se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos, entre otros, de tribunales judiciales realizados después de concluido el juicio y tratándose de aquellos dictados en ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra el último acto de ese procedimiento; entendiéndose por éste el que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o la imposibilidad jurídica o material para dar cumplimiento, pudiendo reclamarse con éste las violaciones metidas durante el procedimiento en perjuicio del quejoso y que hubieren trascendido al resultado de esa resolución.
Asimismo, se aprecia que en los procedimientos de remate el juicio de amparo indirecto procede contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados.
Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció al resolver la contradicción de tesis 217/2017, en la que afirmó que en tal porción normativa no se contemplan los casos en los que el embargo recae sobre objetos que no requieren remate, como lo es el numerario contenido en una cuenta bancaria o los señalados en el artículo 956 de la Ley Federal del Trabajo, como son el dinero o créditos realizables en el acto, en los que dicha norma autoriza que el actuario trabe embargo y los ponga a disposición del presidente de la Junta, quien deberá resolver de inmediato el pago al actor.
Además, refirió que la Ley de Amparo tampoco establece con claridad contra qué acto procede el juicio constitucional cuando resulta innecesario el remate.
Asimismo, la referida Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que de la interpretación del último precepto citado de la ley laboral, por analogía se desprende que el amparo indirecto sólo procede contra la resolución que en definitiva requiere a la institución de crédito la entrega a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la referida cantidad asegurada y ordena la notificación personal al patrón, a efecto de que esté en aptitud de promover el juicio de amparo, en el que podrá hacer valer todas las violaciones que hubieran sido cometidas en su perjuicio durante el procedimiento de ejecución de laudo.
Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 153/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 643, Libro 49, diciembre de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2015834, de literalidad:
"EMBARGO DE NUMERARIO CONTENIDO EN UNA CUENTA BANCARIA DECRETADO EXCLUSIVAMENTE POR LA CANTIDAD LÍQUIDA IMPUESTA COMO CONDENA EN EL JUICIO LABORAL. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN LA QUE SE REQUIERE A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO LA ENTREGA A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CANTIDAD ASEGURADA Y ORDENA LA NOTIFICACIÓN PERSONAL AL PATRÓN. Conforme al artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, en los procedimientos de remate el juicio de amparo indirecto procede contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, sin contemplar los casos en los que el embargo recae sobre objetos que no requieren de remate, como lo es el numerario contenido en una cuenta bancaria. Así es, existen casos en los que, dada su naturaleza, es improcedente el remate de bienes, como sucede cuando se embargan, con fundamento en el artículo 956 de la Ley Federal del Trabajo, dinero o créditos realizables en el acto, pues dicha norma autoriza que en esos eventos el actuario trabe embargo y los ponga a disposición del presidente de la Junta, quien deberá resolver de inmediato sobre el pago al actor, sin que la Ley de Amparo establezca con claridad contra qué acto procede el juicio constitucional cuando resulta innecesario el remate. Ahora bien, este precepto, interpretado por analogía, permite considerar que tratándose del embargo de numerario contenido en una cuenta bancaria propiedad del patrón, cuando el actuario lo decreta por un monto determinado dentro del procedimiento de ejecución previsto en los artículos 950 a 966 de la Ley Federal del Trabajo, sobre la cantidad líquida que se pretende ejecutar el laudo, no es impugnable mediante el juicio de amparo indirecto, pues sólo procede contra la resolución que en definitiva requiere a la institución de crédito la entrega a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la referida cantidad asegurada y ordena, con fundamento en el artículo 742, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo, la notificación personal al patrón a efecto de estar en aptitud de promover el juicio de garantías, momento en el que pueden hacerse valer todas las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución. Considerar lo contrario, esto es, admitir la impugnación del embargo, permitiría interrumpir la secuela ejecutiva del laudo seguida por un tribunal del trabajo, lo que, precisamente, el legislador pretendió evitar en el artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al vedar la impugnación de cualquier acto distinto a la orden de entrega de los bienes."
En ese orden de ideas, aplicando la jurisprudencia anterior por su sentido jurídico, resulta claro, como bien lo sostuvo el juez de Distrito, que el amparo indirecto es procedente en contra de la última resolución dictada en la etapa de ejecución de un juicio mercantil, cuando el embargo recae sobre bienes no susceptibles de remate, como lo es el embargo de cuentas bancarias, únicamente si se promueve en contra de la resolución del juez natural que ordena a la institución bancaria la entrega del numerario embargado ante dicha autoridad, lo cual debe ser notificado a la parte demandada y condenada, a efecto de que esta última se encuentre en aptitud de hacerlo valer y pueda reclamar incluso las violaciones que hubieran sido cometidas durante el procedimiento y que hayan trascendido en su perjuicio en la resolución definitiva ya indicada.
En el caso, se advierte que la moral recurrente promovió juicio de amparo indirecto en contra del auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés, que requirió la retención en la cuenta o cuentas bancarias propiedad del banco quejoso hasta por el importe de $9,581,301.86 (nueve millones quinientos ochenta y un mil trescientos un pesos 86/100 M.N.), dictado en etapa de ejecución de sentencia.
En ese contexto, opuesto a lo alegado por la inconforme, se aprecia que el acto reclamado se trata de una resolución intermedia dictada en la etapa de ejecución de sentencia, contra la cual no resulta procedente el juicio de amparo indirecto.
Por consiguiente, es claro que por encontrarse el juicio oral mercantil en etapa de ejecución, se torna improcedente el juicio constitucional, toda vez que el acto reclamado no se trata de la última resolución dictada en esa etapa que aprueba o reconozca el cumplimiento de lo sentenciado.
Aunado a lo anterior, el hecho de que eventualmente se le impida disponer a la inconforme del numerario embargado, no constituye una excepción para la procedencia del juicio de amparo, pues para ello el acto reclamado debe afectar de manera directa los derechos sustantivos, que sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, lo que en el caso no acontece, pues se trata de un auto tendente a lograr el cumplimiento del fallo respectivo.
Por tanto, fue correcto que para establecer la improcedencia manifiesta del juicio de amparo, el juez de Distrito tomara en consideración que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en la fase de ejecución, dado que aquel constituye un acto intermedio que debe combatirse, de ser el caso, junto con la resolución que dé por concluida dicha etapa.
Además, que del análisis integral de la demanda de amparo indirecto y su anexo, no se aprecia que se haya señalado como acto reclamado destacado la orden girada a la institución bancaria correspondiente para poner a disposición del juzgado responsable o del actor la cantidad embargada, en cambio, lo que se trató de combatir es el auto que ordena la retención en la cuenta o cuentas bancarias a nombre de la institución quejosa hasta por la cantidad líquida a cuyo pago se le condenó en sentencia firme.
En ese sentido, como atinadamente lo sostuvo el juez federal, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado no es la última resolución dictada dentro de la etapa de ejecución de sentencia.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que este tribunal comparte, visible en la página 2713, Libro 12, abril de 2022, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, registro digital 2024440, de rubro: "EMBARGO DE DINERO CONTENIDO EN UNA CUENTA BANCARIA DECRETADO POR LA CANTIDAD LÍQUIDA IMPUESTA COMO CONDENA EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN LA QUE SE REQUIERE A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO LA ENTREGA AL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE LA CANTIDAD ASEGURADA.", que en lo conducente establece:
"Luego, siguiendo la interpretación analógica de dicho precepto constitucional por nuestro Máximo Tribunal cuando se embarga dinero o créditos fácilmente realizables, éstos quedarán a disposición del órgano jurisdiccional, quien tendrá la facultad de entregarlos al ejecutante; por lo que, tratándose del embargo de numerario contenido en una cuenta bancaria, propiedad del demandado, decretado exclusivamente por la cantidad líquida impuesta como condena en un juicio ordinario mercantil, el juicio de amparo en la vía indirecta sólo procede contra la resolución definitiva en la que se requiere a la institución de crédito la entrega al órgano jurisdiccional de la cantidad asegurada."
Finalmente, resulta inaplicable el criterio que cita la agraviada, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CONFORME A LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ABRIL DE 2013, AQUÉLLOS ABARCAN A LOS ACTOS INTRAPROCESALES QUE AFECTAN DERECHOS ADJETIVOS EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR."
Se afirma lo anterior, pues sobre el tema existe jurisprudencia definida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a que no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, puesto que tales criterios se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, debía prescindirse de su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal, donde en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ..."; lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto.
Es aplicable a lo así expuesto, por su sentido, la jurisprudencia número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital: 2006589, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", que en lo conducente señala: "... el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas."
Sentado lo anterior, ante la ineficacia de los agravios en estudio lo que procede en el caso es declarar infundado el presente recurso de queja.
Finalmente, cabe señalar que los criterios citados por este órgano colegiado, generados durante la vigencia de la Ley de Amparo aplicable hasta el dos de abril de dos mil trece, son susceptibles de regir en el caso, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la ley de la materia vigente, que dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley.", ya que aquéllos no se oponen a lo dispuesto en ésta, en los aspectos analizados.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 100, 101 y 103 de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por **********, por conducto de su apoderada **********, contra el auto dictado el quince de enero de dos mil veinticuatro, por el Juez Décimo Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, dentro del juicio de amparo indirecto **********, promovido por la propia recurrente.
Notifíquese.
Anótese en el libro electrónico correspondiente; remítase al Juez de Distrito aludido, copia certificada de esta resolución y, en su oportunidad, archívese este toca.
Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito por mayoría de votos de la magistrada Nadia Villanueva Vázquez (presidenta) y del magistrado Clemente Gerardo Ochoa Cantú (ponente), contra el voto particular de licenciado Lucio Huesca Ballesteros (secretario de tribunal en funciones de magistrado de circuito, autorizado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación), quien en su oportunidad lo formulará, quienes firman en unión del secretario de acuerdos, que autoriza y da fe.
En términos de lo previsto en los artículos 1, 3, 66, 110, 113, 118, 120 y demás aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 3 y 5 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
________________
1. Visible en la página 830 del Tomo XXXI, mayo de 2010, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 164618.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32700-a581956c/embargo-de-dinero-contenido-en-cuentas-bancarias-decretado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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