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Modo: Corpus Pro

EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS. AL DECRETARSE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEBE PREVALECER EL ASEGURAMIENTO SÓLO POR LA CANTIDAD DECRETADA EN AUTOS.

Tipo de asunto: QUEJA 95/2020. · Registro digital (IUS): 33657
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2025-09-26
Promovente: —
Localización: Duodécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Septiembre de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.639.

QUEJA 95/2020. 19 DE ABRIL DE 2020. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FERNANDO RANGEL RAMÍREZ. SECRETARIA: MIRIAM AIDÉ GARCÍA GONZÁLEZ.

En la Ciudad de México, a diecinueve de abril de dos mil veinte.

VISTO para resolver el recurso de queja 95/2020, interpuesto por **********, por conducto de su administradora única **********, en contra de las resoluciones dictadas el seis y siete de abril de dos mil veinte, por el Juez Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto **********.

RESULTANDO:

PRIMERO. **********, por conducto de su administradora única **********, promovió amparo indirecto contra los actos y autoridades siguientes:

AUTORIDADES RESPONSABLES: -- COMO ORDENADORAS: --- 1.- C.C. Integrantes de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco con domicilio... --- 2.- C. Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco con domicilio... --- COMO EJECUTORAS: --- 3.- Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco con domicilio... --- 4.- La Dirección General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con domicilio... --- 5.- El área de litigio especializado demandas en contra, atención oficios judiciales, adscrita a **********, con domicilio... -- ACTOS RECLAMADOS: -- A) Del C. Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, se reclama: --- La falta y/o indebido e ilegal emplazamiento del juicio laboral **********, promovido por el C.C. **********, en contra de ********** sin conceder hecho o derecho alguno la notificación y emplazamiento, no siendo acorde a los artículos 742, 743, 751, 873, y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo. --- El ilegal citatorio supuestamente realizado a mi mandante, sin conceder hecho derecho alguno la notificación y emplazamiento, no siendo acorde a los artículos 742, 743, 751, 752 y 873 de la Ley Federal del Trabajo. --- La ilegal cédula de notificación y por consiguiente el ilegal emplazamiento supuestamente realizado a mi mandante, sin conceder hecho o derecho alguno la notificación y emplazamiento, no siendo acorde a los artículos 742, 743, 751, 873, y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo. --- B) Del C. Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, se reclama: --- Todos y cada uno de los ilegales acuerdos, diligencias, actuaciones, promociones, proveídos, laudos, autos de ejecución y/o cualquier otro actos que haya sido dictado con posterioridad a la tramitación del procedimiento laboral **********, en contra del quejoso, no obstante la falta y/o indebido e ilegal emplazamiento a dicho juicio, así como todas las diligencias posteriores que se han tramitado al ilegal emplazamiento a los cuales los quejosos resultan ajenos, pues es notoria la violación de la seguridad jurídica que integra el derecho fundamental de audiencia contenido en el artículo 14 constitucional y el derecho humano vinculado con la legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 16 y 17 constitucional. ... --- C) De los C.C. Integrantes de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, se reclama: --- Todos y cada uno de los ilegales acuerdos, diligencias, actuaciones, promociones, proveídos, laudos, autos de ejecución y/o cualquier otro actos que haya sido dictado con posterioridad a la tramitación del procedimiento laboral **********, en contra del quejoso, no obstante la falta y/o indebido e ilegal emplazamiento a dicho juicio. Así como todas la diligencias posteriores que se han tramitado al ilegal emplazamiento a los cuales los quejosos resultan ajenos, pues es notoria la violación de la seguridad jurídica que integra el derecho fundamental de audiencia contenido en el artículo 14 constitucional y la legalidad consagrada por el artículo 16 de la propia Carta Magna.... --- D) De la Dirección General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se reclama: el ilegal aseguramiento de la cuenta bancaria número ********** clabe ********** del ********** y de la cual es titular mi mandante con el número de cliente ********** sucursal **********, y su ejecución a través del **********, ordenada en el procedimiento laboral **********, seguido ante la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco y el cual fue realizado el pasado 20 de marzo del 2020. --- E) Del área de litigio especializado demandas en contra, atención oficios judiciales, adscrita a ********** se reclama: el ilegal aseguramiento de la cuenta bancaria número ********** clabe ********** del ********** y de la cual es titular mi mandante con el número de cliente ********** sucursal **********, y su ejecución ordenada por la Dirección General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, derivado del procedimiento laboral **********, seguido ante la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco y el cual fue realizado el pasado 20 de marzo del 2020, lo anterior con fundamento en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5 de la ley de Amparo, que establece que los particulares tendrán el carácter de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad...

SEGUNDO. El Juez Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, previo desahogo de un requerimiento, en resolución de seis de abril de dos mil veinte, declaró carecer de competencia legal en razón de territorio y remitió el asunto al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, para que se avocara al conocimiento del asunto.

El siete de abril de dos mil veinte, se acordó la razón en la que el actuario adscrito al Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México manifestó su imposibilidad de entregar, en el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, que se encontraba de guardia derivado de la contigencia de salud pública derivado del virus COVID-19; el oficio por el que se le remitió el juicio de amparo, por lo que el juez de Distrito primeramente citado reservó el envío del expediente.

La quejosa, por conducto de su administradora única **********, mediante escrito presentado el dieciséis de abril último, interpuso recurso de queja contra las citadas resoluciones de seis y siete del mismo mes y año.

Las resoluciones recurridas fueron notificadas personalmente el ocho de abril del año en curso; notificación que surtió efectos el nueve posterior, por lo que el término de cinco días para interponer recurso de queja, conforme al artículo 98 de la Ley de Amparo, corrió del diez al dieciséis de abril del mismo año.

De ese término se descontaron los días inhábiles once y doce de abril de dos mil veinte, por ser sábados y domingos, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

TERCERO. En virtud que conforme al anexo cuya liga se contiene en el artículo quinto transitorio del Acuerdo General 4/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, este tribunal fue designado para atender la guardia por el periodo comprendido del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, para atender los recursos de queja previstos en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, en los términos previstos en los artículos 3º, 4º y 9º del referido Acuerdo General; mediante proveído de diecisiete de abril último se admitió a trámite el presente recurso y se ordenó turnarlo al magistrado Fernando Rangel Ramírez, para la formulación del proyecto de resolución respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este tribunal es competente para conocer de este asunto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo; 37, fracción III, y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de un recurso de queja interpuesto contra dos resoluciones dictadas por un juez de Distrito en Materia de Trabajo con residencia en este Primer Circuito, en las que no se proveyó sobre la suspensión del acto reclamado.

Asimismo, conforme al anexo cuya liga se contiene en el artículo quinto transitorio del Acuerdo General 4/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, este tribunal fue designado para atender la guardia por el periodo comprendido del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, para atender los recursos de queja previstos en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, en los términos previstos en los artículos 3º, 4º y 9º del referido Acuerdo General.

Razón por la cual, al tratarse de un asunto considerado urgente conforme lo previsto en el artículo 9 del Acuerdo General 4/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este tribunal está dotado de competencia temporal mixta para conocer de los recursos de queja previstos en el artículo 97, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 12, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,(1) que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales.

En efecto, en virtud que en el citado Acuerdo General 4/2020 se designó a los órganos jurisdiccionales que se encontrarían de guardia dada la contingencia de salud, en el período del dieciocho de marzo al diecinueve de abril del año en curso, y respecto a los Tribunales Colegiados del Primer Circuito, designó a este órgano colegiado en Materia Civil, así como al Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal; pero no designó a un tribunal colegiado en materia del Trabajo, por tanto, por analogía y mayoría de razón, y a fin de privilegiar el acceso a la justicia, es aplicable el artículo 12 del Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales.

SEGUNDO. En la resolución recurrida de seis de abril de este año, el Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, estimó carecer de competencia, por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo indirecto **********, por lo que ordenó remitirlo al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno.

En lo que aquí interesa, señaló:

... Finalmente, cabe señalar que esta determinación, no prejuzga sobre el criterio que deba adoptar el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, que se encuentre de guardia, en relación a sí el asunto lo considera urgente, pues en términos del punto 2 de la Circular SECNO/5/2020, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, las y los titulares de los órganos jurisdiccionales tienen la atribución de ser intérpretes de las normas que aplican, y en todo caso, su ejercicio interpretativo puede considerar que la situación que dio lugar a la emisión del Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan las Medidas de Contingencia en las Áreas Administrativas del Propio Consejo por el fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19, al ser inédita y extraordinaria, supone tomar en consideración los derechos humanos en juego, y las consecuencias que pudiera traer la espera en la conclusión del periodo de contingencia, cuya extensión se aparta de la de un simple “receso” y, por ende resulta particularmente delicado, en cada caso que pueda presentarse. --- 3. Suspensión. --- Por otra parte, al encontrarse en el supuesto del artículo 39 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 48 del mismo ordenamiento legal, no ha lugar a decidir sobre la suspensión del acto reclamado; puesto que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, o expulsión, proscripción o destierro, extradición o desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ello, pues el citado numeral establece en lo que interesa: (Se transcribe).

Por su parte, la resolución recurrida de siete de abril del año en curso, es del tenor siguiente:

Ciudad de México, a siete de abril de dos mil veinte. --- Agréguese a los autos la razón actuarial de seis de abril del año en curso, en la que el fedatario adscrito al juzgado asentó que no le fue posible entregar el oficio **********, con sus respectivos anexos, al Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, que se encuentra de guardia, porque vía telefónica fue informado por **********, quien dijo ser secretaria del juzgado, que el acto reclamado no encuadraba dentro de las hipótesis establecidas en los Acuerdos 4/2010 y 5/2010 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y la Circular SECNO/5/2020, firmada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos Jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan las Medidas de Contingencia en las Áreas Administrativas del Propio Consejo por el fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19, amén de que la parte final del punto 2 de la circular 5/2020, sólo contempla el congelamiento de cuentas bancarias, por lo que el asunto, a criterio del juzgado de Distrito en el Estado de México, no se trataba de un caso urgente. --- Ahora bien, toda vez que en el acuerdo de seis de abril de dos mil veinte se puntualizó que la decisión plasmada en él no prejuzgaba sobre el criterio que pudiera adoptar el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, que se encuentre de guardia, en relación a la urgencia o no del asunto, pues en términos del punto 2 de la Circular SECNO/5/2020, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, las y los titulares de los órganos jurisdiccionales tienen la atribución de ser intérpretes de las normas que aplican, y en todo caso, su ejercicio interpretativo puede considerar que la situación que dio lugar a la emisión del Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan las Medidas de Contingencia en las Áreas Administrativas del Propio Consejo por el fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19, al ser inédita y extraordinaria, supone tomar en consideración los derechos humanos en juego, y las consecuencias que pudiera traer la espera en la conclusión del periodo de contingencia, cuya extensión se aparta de la de un simple “receso” y, por ende resulta particularmente delicado, en cada caso que pueda presentarse; este órgano jurisdiccional reserva el envío del expediente hasta que pueda entregarse en la Oficina de Correspondencia Común que corresponda para su turno al juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. --- Notifíquese personalmente.

TERCERO. La recurrente plantea el agravio siguiente:

ÚNICO.- La resolución que admite parcial la demanda de amparo indirecto causa una afectación directa en los derechos sustantivos de mi representada, toda vez que, al declarase incompetente y negar el estudio de los conceptos de violación que se hacen valer en la demanda de amparo, las autoridades responsables continuarán conculcando los derechos fundamentales consistentes en el acceso efectivo a la tutela judicial y administración de justicia, y mi mandante no podrá utilizar su cuenta bancaria al encontrarse la misma bloqueada en su totalidad, y no poder pagar sus diversas obligaciones ante terceros y autoridades fiscales por el periodo que dure la emergencia sanitaria. --- El Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, pasa inadvertido que en los antecedentes y conceptos de violación mi mandante señaló bajo protesta de decir verdad, que desconocía los hechos que originaron el embargo y ser un tercero extraño al juicio de origen, pero que fue informada por su ejecutivo de cuenta que los actos fueron ejecutados por las siguientes autoridades: --- La Dirección General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con domicilio ubicado en... --- El área de litigio especializado demandas en contra, atención oficios judiciales, adscrita a **********, con domicilio... --- Dichas autoridades ejecutoras sí tienen su domicilio dentro de la jurisdicción del juzgado, por lo que no puede asumir que se ejecutó en el domicilio donde se apertura la cuenta, toda vez que como se manifestó la instrucción fue realizada por las autoridades ejecutoras y no por el ejecutivo de cuenta de la cuenta que es titular mi mandante y el acto reclamado no lo conocía sino que el día 23 de marzo de 2020, debido a que mi mandante intentó realizar una operación bancaria de la cuenta bancaria número ********** clabe ********** del **********, y de la cual es titular mi mandante con el número de cliente ********** sucursal ********** y la cual se encontraba bloqueada, ese mismo día se comunicó con su ejecutivo de cuenta y le informó que su cuenta estaba bloqueada por la Dirección General de Atención a Autoridades, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cual ordenó aseguramiento de la cuenta bancaria, por lo que hacemos notar que dicha autoridad sí tiene su domicilio dentro de la jurisdicción del juzgado de Distrito y cumple con el supuesto establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo al ser el lugar donde se ejecutó el acto reclamado. --- En ese orden de ideas y relativo a la violación de los derechos sustantivos de mi representada, es importante destacar que las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de administrar la justicia de manera pronta y expedita a toda reclamación del ciudadano, es decir, que la autoridad responsable conceda a mi mandante el acceso efectivo a la tutela judicial y más aún que se trata de un caso urgente establecido en la propia la circular SECNO/5/2020, firmada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos Jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal que regulan las medidas de contingencia en las áreas administrativas del propio Consejo por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. --- En relación con lo anterior, una vez ejercitada la acción, la autoridad tiene la obligación de sustanciar el procedimiento y emitir sus resoluciones en un plazo razonable, otorgando así, el acceso efectivo a la tutela judicial. --- El concepto de plazo razonable debe concebirse como uno de los derechos mínimos de los justiciables y, correlativamente, como uno de los deberes más intensos del juzgador, y no se vincula a una cuestión meramente cuantitativa, sino fundamentalmente cualitativa, de modo que el método para determinar el cumplimiento o no por parte del Estado es del deber de resolver el conflicto en su jurisdicción en un tiempo razonable, se traduce en un examen de sentido común y sensata apreciación en cada caso concreto, motivo por el cual, el decretarse como incompetente de la demanda de amparo trae como consecuencia que la autoridad responsable ejecutora continúe violando los derechos fundamentales de mi representada, razón suficiente para que el Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México se declare competente de la demanda de amparo y previos trámites, otorgue el amparo y protección de la Justicia Federal. --- Independientemente de lo anterior, es necesario hacer mención que el Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, tiene la obligación de conocer y aplicar la jurisprudencia emitida por nuestros Tribunales Colegiados del Primer Circuito, Salas y Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo tanto al emitir el acuerdo en el cual se declara incompetente, está omitiendo su responsabilidad de observancia de la jurisprudencia, tal y como lo dicta el artículo 217 de la ley de la materia, mismo que transcribo para mayor abundamiento: (Se transcribe). --- Por tal motivo, el juzgado de Distrito se encuentra obligado para aplicar la jurisprudencia, la cual, para la controversia que nos ocupa, es decir, la presentación de amparo indirecto en contra de al violar derechos sustantivos, toda vez que la actuación de la autoridad responsable ejecutora constituye un congelamiento arbitrario de la cuenta bancaria, surgiendo una violación autónoma que justifica la promoción del amparo indirecto, al tratarse no solamente de una mera inobservancia de las normas que rigen el procedimiento laboral, sino de una auténtica denegación de justicia, no sólo contraventora de las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo, sino también de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Federal. --- Por último, resulta imprescindible hacer notar que los derechos de mi representada que se transgreden son derechos sustantivos, en virtud de que constituyen un acto de imposible reparación, es decir, lesionan los derechos fundamentales tutelados por nuestra Carta Magna, por tal motivo el juzgado de Distrito tiene la obligación de admitir la demanda de amparo y resolver los conceptos de violación planteados, sirviendo de apoyo la siguiente tesis: --- DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. (Se transcribe). CUARTO. Para una adecuada comprensión del asunto, es pertinente hacer referencia a lo planteado en la demanda de amparo.

La quejosa se ostenta tercera extraña por equiparación, pues reclamó, entre otros actos, el emplazamiento al juicio laboral **********, en el que se dictó laudo en su contra, por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos moneda nacional) y, para su ejecución, se decretó el aseguramiento de su cuenta bancaria **********, de **********.

En el capítulo de antecedentes señaló:

... bajo protesta de decir verdad manifiesto que el acto reclamado no lo conocía sino que el día 23 de marzo de 2020, debido a que mi mandante intentó realizar una operación bancaria de la cuenta bancaria número ********** y de la cual es titular mi mandante con el número de cliente ********** sucursal ********** y la cual se encontraba bloqueada, ese mismo día se comunicó con el ejecutivo de cuenta y le informó que su cuenta estaba bloqueada por la Dirección General de atención a autoridad, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cual ordenó aseguramiento de la cuenta bancaria derivado de la existencia de un laudo condenatorio y embargo realizado por la cantidad de $100,000.00, por concepto de indemnización constitucional, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, salarios caídos, ordenado en el procedimiento laboral número **********, seguido ante la Junta Especial número dos de la local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, por el C. **********, esto sin haber sido oído y vencido en juicio mi mandante, manifestando bajo protesta de decir verdad que no se ha tenido acceso al expediente laboral por lo que se desconoce por completo la existencia de dicho laudo condenatorio y cantidades señaladas que nos indicó el archivista adscrito a la autoridad responsable telefónicamente.

En el capítulo de suspensión, solicitó expresamente que ésta se concediera en los términos siguientes:

...para el efecto de que las cosas se mantenga en el estado que actualmente guardan y se libere el excedente de las cantidades de la cuenta bancaria número ********** clabe ********** del **********, y de la cual es titular mi mandante con el número de cliente ********** sucursal **********, toda vez que conforme a los informes telefónicos del ejecutivo de cuenta y archivista de la autoridad responsable el laudo y requerimiento de pago fue por la cantidad aproximada de $100,000.00 y el embargo se trabó por la totalidad del numerario que cuenta la cuenta bancaria de la que es titular mi mandante, resultando un monto superior al requerido en la ilegal diligencia de requerimiento de pago y/o de embargo, lo que es claro que se infringen los derechos humanos de mi mandante al embargárseles bienes por un monto superior al demandado sin justificación alguna.

QUINTO. El recurso de queja es improcedente en relación con la resolución de seis de abril de dos mil veinte, por el que el juez de Distrito se declaró incompetente, por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo indirecto **********, promovido por la ahora recurrente.

Lo anterior, pues dicha resolución no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 97 de la Ley de Amparo.(2)

Además, aun cuando en dicha resolución el juez federal no proveyó sobre la suspensión de los actos reclamados, ello no actualiza la hipótesis prevista en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.

Ello, pues como bien lo refirió el juzgador federal, los actos reclamados no se ubican en la hipótesis prevista en el artículo 48, párrafo primero,(3) de la Ley de Amparo, para que, no obstante que haya declarado carecer de competencia por razón de territorio para conocer del juicio de amparo, en ese momento procesal estuviera vinculado a proveer sobre la suspensión del acto reclamado.

En consecuencia, procede desechar por improcedente el recurso de queja respecto de la resolución de seis de abril de dos mil veinte.

Es aplicable, por analogía y en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, la tesis con número de registro 226018, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1990, página 403, que dice:

QUEJA IMPROCEDENTE CONTRA LA DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. Para que pueda recurrirse en queja un acto pronunciado durante la tramitación de un juicio de garantías y que encuadre dentro del supuesto normativo de la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, no basta con descartar la procedencia del recurso de revisión, sino que resulta indispensable que la resolución combatida tenga una naturaleza trascendental y grave, susceptible de causar daño o perjuicio a la parte, no reparable en la sentencia que a la postre se dicte en el juicio constitucional. Tales elementos no se dan en la declaratoria de incompetencia de un juez de Distrito por no ser un acto de carácter definitivo, en razón de que se encuentra sujeto a la decisión posterior del Tribunal Colegiado a quien se remita la demanda de garantías, ya que dicho Tribunal podrá, en su caso, aceptar o no la competencia para conocer en única instancia de la demanda de amparo en cuestión.

No es obstáculo a lo anterior que por auto de presidencia de diecisiete de abril último se haya admitido este recurso, pues ese acuerdo no causa estado al no vincular al tribunal Pleno.

Es aplicable, por analogía y conforme lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 1a./J. 29/2006, registro 174627, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, julio 2006, página 188, que dice:

QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. DEBE DESECHARSE SI ENCONTRÁNDOSE EN ESTADO DE RESOLUCIÓN, EL PLENO DEL ÓRGANO COLEGIADO ADVIERTE QUE NO SE SATISFACEN LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA A QUE SE REFIERE DICHO PRECEPTO. El artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, establece que el recurso de queja procede contra las resoluciones de los Jueces de Distrito, o del superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos previstos en el artículo 37 de esa ley, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 del mencionado ordenamiento y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; o contra las que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con arreglo a la ley. En ese sentido, si al momento de dictar la resolución final los integrantes del Tribunal Colegiado de Circuito advierten que la queja no satisface los requisitos de procedencia mencionados deberán desechar el recurso, sin que sea obstáculo para ello el hecho de que su Presidente lo haya admitido a trámite, ya que al momento de dictar la resolución -que es cuando se tienen todos los elementos para pronunciarse al respecto- el Pleno del tribunal está facultado para estudiar y determinar la procedencia del recurso; además, es criterio reiterado de esta Suprema Corte que los autos dictados por el Presidente de un órgano colegiado no causan estado.

SEXTO. En este apartado se procede al examen de la resolución recurrida de siete de abril último.

Como premisa, se estima que respecto

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33657-3d041d17/embargo-de-cuentas-bancarias-al-decretarse-la-suspension · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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