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Modo: Corpus Pro

LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE QUEJA EN AMPARO INDIRECTO. CARECE DE ELLA LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUANDO LA SUSPENSIÓN SE CONCEDIÓ RESPECTO DE ACTOS DE DIVERSA AUTORIDAD Y PARA EFECTOS QUE NO INCIDEN EN SUS FACULTADES.

Tipo de asunto: QUEJA 54/2025. · Registro digital (IUS): 33658
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2025-09-26
Promovente: SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTRA.
Localización: Duodécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Septiembre de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.660.

QUEJA 54/2025. SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTRA. 29 DE ENERO DE 2025. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: YURIDIA ARIAS ÁLVAREZ, SECRETARIA DE TRIBUNAL AUTORIZADA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADA. SECRETARIO: JOSÉ DE JESÚS FLORES HERRERA.

Zapopan, Jalisco, acuerdo del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión extraordinaria virtual de veintinueve de enero de dos mil veinticinco.

Visto para resolver el recurso de queja 54/2025, relativo al incidente de suspensión 1515/2024 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla; resolución que se emite bajo el siguiente:

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1. RESULTANDO

2. PRIMERO. Recursos de queja.

3. Mediante escritos ingresados electrónicamente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el Secretario de Hacienda y Crédito Público y la Titular de la Tesorería de la Federación, interpusieron recursos de queja en contra del auto de veinticinco de octubre de dos mil veinticinco, dictado por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 1515/2024 mediante el cual negó la suspensión provisional de algunos de los actos reclamados y concedió tal medida respecto de diversos actos reclamados.

4. SEGUNDO. Admisión y Turno.

5. De los mencionados recursos de queja tocó conocer a este Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, donde por acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veinticinco, el Presidente se avocó al conocimiento, y en auto de veintiocho siguiente se admitió a trámite y fue turnado a la Secretaria en Funciones de Magistrada, Yuridia Arias Álvarez para que formulara el proyecto de resolución que correspondiera.

6. CONSIDERANDO

7. PRIMERO. Competencia.

8. Este Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito tiene competencia legal para conocer y resolver los presentes recursos de queja, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo; los artículos 38, fracción III, 39 y 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada mediante el artículo transitorio Segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro en el Diario Oficial de la Federación, así como 35, fracción III, 36 y 210 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente,(1) así como a las circulares SECNO 2/2025(2) y SECNO 4/2025,(3) de diez y veintidós de enero de dos mil veinticinco, respectivamente, emitidas por el Secretario Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, ya que dichos recursos se interpuso en contra de un auto en que se concedió la suspensión provisional donde se reclama el Decreto de "Reforma constitucional al Poder Judicial" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024, con motivo de su entrada en vigor, en que este Tribunal Colegiado actúa como órgano jurisdiccional concentrante.

9. Además, sobre la competencia y reanudación de labores presenciales de este órgano colegiado es aplicable el "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo."

10. SEGUNDO. Improcedencia.

11. Los recursos son improcedentes debido a que las recurrentes carecen de legitimación.

12. El medio de defensa interpuesto por la Tesorería de la Federación y por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, con base en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, debe desecharse en virtud de que dichas autoridades carecen de legitimación. Como enseguida se verá.

13. Al respecto, se precisa que el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, relativo a la procedencia de los recursos de queja en el amparo indirecto, prevé lo siguiente:

"Artículo 97. El recurso de queja procede:

I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones: (...)

b) Las que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional."

14. Como se advierte, la queja interpuesta procede contra las determinaciones que concedan o nieguen la suspensión de plano o provisional.

15. No obstante, ello, al resolver la contradicción de tesis 317/2017, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, al analizar lo relativo a la procedencia de los medios de defensa como lo es el recurso de queja, era menester examinar si la parte recurrente se encontraba legitimada en la causa para promover tal ocurso; esto es, si la resolución impugnada le generaba afectación directa o no.

16. Así, consideró que, para determinar la procedibilidad del recurso de queja, no es dable atender a ese texto legal de manera aislada, ya que, aunado a que se actualice la hipótesis normativa plasmada en dicho precepto jurídico, resulta indispensable que el operador jurídico verifique que quien interponga tal recurso se vea afectado directamente por la determinación recurrida.

17. Además, estimó que las autoridades únicamente pueden defender los actos que ellas mismas ordenaron o ejecutaron, esto es, lo que les fueron reclamados por vicios propios y no los intereses u actos de otras autoridades o partes en el juicio de amparo indirecto, a pesar de que con ellos también pudiese demostrarse que no asiste razón a la parte quejosa.

18. Derivado de dicha contradicción, surgió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 23/2018, sustentada por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País (registro digital 2016591), publicada en la página setecientos noventa y cinco del tomo primero del libro quincuagésimo tercero, correspondiente a abril de dos mil dieciocho de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO D), DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Conforme al precepto citado, el recurso de queja procede, en amparo indirecto, contra las resoluciones que reconozcan o nieguen el carácter de tercero interesado. Al respecto, debe señalarse que para determinar su procedencia no es dable atender a ese enunciado normativo de manera aislada, pues resulta indispensable que quien lo interponga se vea afectado por esa determinación. Así pues, el recurso de queja, como medio de defensa dentro del juicio de amparo, debe entenderse establecido en favor de la persona que, efectivamente, resulte perjudicada o agraviada con la resolución que se pretende recurrir; en ese contexto, se concluye que las autoridades responsables carecen de legitimación para interponer el recurso referido contra las resoluciones de los Jueces de amparo en las que niegan el carácter de tercero interesado a determinada persona, ya que ello no les depara perjuicio, pues dicha determinación no limita su derecho a defender la constitucionalidad del acto que se les reclama, de plantear causales de improcedencia o motivos de sobreseimiento, ni implica variación alguna de la litis constitucional, la cual se integra con lo expuesto en la demanda de amparo y el acto que emitieron."

19. En el caso, las autoridades recurrentes controvierten mediante los presentes recursos de queja, la resolución de veinticinco de octubre de dos mil veinticuatro, emitida por la Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en la cual se concedió la suspensión de plano para los efectos siguientes:

"... De la demanda de amparo por una parte se advierte que en el inciso j) las y los quejosos reclaman actos de escarnio, infamantes, difamantes, humillantes, vejatorios, y, todo aquél que implique desaparición forzada (como acción y delito) que se pueda cometer en su contra, entendido como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad. En ese aspecto y al tratarse actos prohibidos por el 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Amparo este juzgador tiene la obligación de pronunciarse sobre la suspensión de oficio y de plano con relación a esos actos.

Con fundamento en los artículos 15, 53, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano únicamente respecto de los actos reclamados que consisten en ataques de escarnio, infamantes, difamantes, humillantes, vejatorios, y, todo acto que implique desaparición forzada (como acción y delito), esto es, el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad en contra de los aquí quejosos como personas operadoras del control Constitucional de los Derechos humanos, las cuales han sido víctimas de discurso de odio, para el efecto de que cesen inmediatamente, así como cualquier acto prohibido por el artículo 22 constitucional. (...)

Respecto al resto de los actos reclamados, no ha lugar a conceder la suspensión de plano, toda vez que los referidos actos no encuadran dentro de los mencionados en el artículo 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ..."

20. De lo inserto se advierte que la suspensión de plano concedida por el juez de Distrito en la resolución recurrida, fue únicamente respecto de los actos reclamados en la demanda de amparo en el inciso j), señalados por las y los quejosos como actos de escarnio, infamantes, difamantes, humillantes, vejatorios, y, todo aquél que implique desaparición forzada (como acción y delito) que se pueda cometer en su contra, entendido como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad.

21. En esas circunstancias, este órgano jurisdiccional considera que, si bien la Tesorería de la Federación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fueron señaladas como autoridades responsables en la demanda de amparo, lo cierto es que la suspensión de plano de los actos reclamados, ahora recurrida, no incide directamente en su esfera de atribuciones, ya que no se le ordena a dichas autoridades que realicen o se abstengan de realizar alguna de las facultades que le corresponden.

22. Por tanto, aun cuando se concedió la suspensión de plano solicitada por la parte quejosa, ello afecta a las autoridades que, en su caso se señalaron como responsables de tales actos en el inciso j), indicado, esto es al Comandante de la Guardia Nacional, Secretaría de la defensa Nacional y Secretaría de Marina, por lo que son estas las que tienen legitimación para impugnar lo resuelto en el auto que aquí se combate.

23. Como se puede observar, en el caso particular la suspensión de oficio y de plano se resolvió otorgar respecto de los actos de escarnio, infamantes, difamantes, humillantes, vejatorios y, en general, todo aquel que implique desaparición forzada que se pueda cometer en contra de los quejosos, que reclamaron –a la par de la impugnación al Decreto de reforma constitucional de que se duelen– al Comandante de la Guardia Nacional y a las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina.

24. Por tanto, en el caso concreto que se analiza, las autoridades recurrentes recurrentes carecen de legitimación en la causa para interponer el presente medio de defensa, toda vez que los efectos dados a la suspensión de plano y de oficio de que se duelen, no las vincula de ninguna manera ya que, a fuerza de ser reiterativos, solo atañen al Comandante de la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina.

25. En consecuencia, lo procedente respecto a los recursos de queja interpuestos por la Tesorería de la Federación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es desecharlos por falta de legitimación.

26. Se cita y se comparte, por las razones que la informa, la tesis aislada XXV.4o.1 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito (registro digital 2020275), publicada en la página dos mil ciento cincuenta del tomo tercero del libro sexagésimo octavo, correspondiente a julio de dos mil diecinueve de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La procedencia del recurso de queja a que alude el precepto indicado está supeditada a que el inconforme con la resolución recurrida resienta un perjuicio jurídico concreto y actual, es decir, una afectación trascendente en sus derechos que represente el objeto de análisis en la segunda instancia y, por ende, la materia que pueda resarcirse con el medio de impugnación. En estas condiciones, no basta que el recurrente sea parte en el juicio en que se dicte la interlocutoria impugnada y se considere afectado, sino que es necesario que ésta le agravie de manera real y directa. Por tanto, si el Juez de Distrito negó la suspensión provisional de los actos reclamados, sea cual fuere el motivo, las autoridades señaladas como responsables carecen de legitimación para promover el recurso contra esa determinación, al no existir afectación alguna a sus intereses, derechos o atribuciones, dado que en el incidente de suspensión no se les constriñó a actuar en determinado sentido, como consecuencia de lo resuelto y, por ende, el recurso es improcedente."

27. Finalmente, no es óbice para estimar lo anterior, el hecho de que por auto de Presidencia se haya admitido el recurso de queja que nos ocupa, pues ese acuerdo no puede causar estado, únicamente se pronuncia para efectos de trámite y, por consiguiente, corresponde al Pleno de este Tribunal Colegiado decidir en definitiva sobre su viabilidad.

28. Al respecto, cobra aplicación al caso, por las razones que la informan la tesis de jurisprudencia 1a./J. 29/2006, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente:

"QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. DEBE DESECHARSE SI ENCONTRÁNDOSE EN ESTADO DE RESOLUCIÓN, EL PLENO DEL ÓRGANO COLEGIADO ADVIERTE QUE NO SE SATISFACEN LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA A QUE SE REFIERE DICHO PRECEPTO. El artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, establece que el recurso de queja procede contra las resoluciones de los Jueces de Distrito, o del superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos previstos en el artículo 37 de esa ley, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 del mencionado ordenamiento y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; o contra las que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con arreglo a la ley. En ese sentido, si al momento de dictar la resolución final los integrantes del Tribunal Colegiado de Circuito advierten que la queja no satisface los requisitos de procedencia mencionados deberán desechar el recurso, sin que sea obstáculo para ello el hecho de que su Presidente lo haya admitido a trámite, ya que al momento de dictar la resolución -que es cuando se tienen todos los elementos para pronunciarse al respecto- el Pleno del tribunal está facultado para estudiar y determinar la procedencia del recurso; además, es criterio reiterado de esta Suprema Corte que los autos dictados por el Presidente de un órgano colegiado no causan estado."

29. Como también, sirve de sustento, por las razones que contiene, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 222/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (registro digital 170598), visible en la página doscientos dieciséis del tomo vigésimo sexto, correspondiente a diciembre de dos mil siete de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"REVISIÓN EN AMPARO. LA ADMISIÓN DEL RECURSO NO CAUSA ESTADO. La admisión del recurso de revisión por parte del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del de una de sus Salas es una determinación que por su naturaleza no causa estado, al ser producto de un examen preliminar del asunto, correspondiendo en todo caso al órgano colegiado el estudio definitivo sobre su procedencia; por tanto, si con posterioridad advierte que el recurso interpuesto es improcedente, debe desecharlo."

30. Por último, cabe señalar que no es obstáculo para lo anterior, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente ejecutoria se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables en la especie conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, vigente al día siguiente, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto.

31. En idénticos términos se resolvió en los recursos de quejas 292/204, 309/204, 34/2025, y 93/2025 en sesión extraordinaria de 28 de enero de 2025.

32. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

33. RESUELVE:

34. ÚNICO.—Se desechan, por improcedentes, los recursos de queja.

Notifíquese; háganse las anotaciones correspondientes, envíese testimonio de esta resolución a su lugar de origen; hágase la versión pública suprimiendo la información considerada legalmente como confidencial, que encuadra en los supuestos normativos correspondientes y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Pleno de este Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que integran los Magistrados Jorge Héctor Cortés Ortiz (presidente), Oscar Hernández Peraza, así como la secretaria en funciones de Magistrada, Yuridia Arias Álvarez (ponente), en sustitución del Magistrado Juan José Rosales Sánchez, de conformidad con el oficio SEADS/4407/2024, de once de diciembre de dos mil veinticinco, suscrito por el Secretario Ejecutivo de adscripción del Consejo de la Judicatura Federal; y con fundamento en el artículo 188 de la Ley de Amparo y del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo; firman electrónicamente la presente ejecutoria en la fecha de su engrose, veintinueve de enero de dos mil veinticinco, en unión de la Secretaria de Acuerdos Rocío del Socorro Rodríguez Urzúa, quien autoriza y da fe.

En términos de lo previsto en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con lo dispuesto en el artículo 62 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

________________

1. Lo anterior, ante la falta de disposición expresa en los transitorios de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro en el Diario Oficial de la Federación, respecto de las disposiciones que regulan el trámite de los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley.

2. En sesión de 8 de enero de 2025, el Pleno determinó procedente la solicitud de concentración SECNO/CE/JA/11/2024, solicitada por el Instituto Nacional Electoral, para que los recursos interpuestos que se encuentren pendientes de resolución, o bien, pendientes de remitir y los que posteriormente se interpongan en los juicios de amparo indirecto en los que se reclame el Decreto de "Reforma constitucional al Poder Judicial" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024, con motivo de su entrada en vigor, se concentraran en el Quinto, Sexto y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

3. En sesión de 21 de enero de 2025, la Comisión de Creación de Nuevos Órganos aprobó el Punto de Acuerdo 6/2025, relativo a que los recursos de queja previstos en el artículo 97, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, relacionados con la temática establecida en la concentración de expedientes SECNO/CE/JA/11/2024, deben ser remitidos a los Tribunales Colegiados concentrantes.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33658-9cd3c6bc/legitimacion-en-el-recurso-de-queja-en-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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