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Modo: Corpus Pro

MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER QUEJA CONTRA EL AUTO QUE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA REFORMA DEL PODER JUDICIAL.

Tipo de asunto: QUEJA 258/2024. · Registro digital (IUS): 33311
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2025-06-20
Promovente: AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITA EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Junio de 2025, Tomo III, Volumen 2, Pág.1525.

QUEJA 258/2024. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITA AL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS. 8 DE NOVIEMBRE DE 2024. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GLORIA TERESA HERNÁNDEZ GARCÍA, SECRETARIA DE TRIBUNAL AUTORIZADA PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADA. SECRETARIA: REBECA NIETO CHACÓN.

Cuernavaca, Morelos. Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, correspondiente a la sesión de ocho de noviembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS, para resolver, los autos relativos al recurso de queja 258/2024, con número de expediente único nacional 36591119, del índice de este tribunal, interpuesto por la Agente del Ministerio Público Federal adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, en contra del auto de veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro, dictado por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, en el cuaderno incidental derivado del juicio de amparo indirecto **********.

ANTECEDENTES:

PRIMERO. Demanda. Mediante escrito ingresado el veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, **********, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto contra las autoridades y actos que textualmente indicó al tenor siguiente:

"iii. Autoridades responsables:

Se señalan como ordenadoras, las siguientes:

1. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

2. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

3. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Cabe precisar que la Cámara de Diputados se señala con la calidad de emisora del reclamado artículo 186 del Reglamento de la Cámara de Diputados, mientras que las Cámaras del Congreso de la Unión y el Presidente de la República se señalan en su doble carácter, esto es, como órganos legislativos respecto del consistente en el artículo 61, fracciones I y III, de la Ley de Amparo; y como integrantes del Poder Reformador de la Constitución.

4. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la LXVI Legislatura, autoridad que sustituyó a la misma comisión de la LXV Legislatura.

5. Las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales del Senado.

6. Las Legislaturas de los Estados que a continuación se señalan:

[...]

Estas legislaturas de los Estados solo como integrantes del poder reformador de la Constitución.

Autoridades ejecutoras:

Ahora bien, el Decreto impugnado se impugna como autoaplicativo, ya que desde su entrada en vigor causa afectaciones a los derechos humanos de la parte quejosa, tales como la desaparición de la carrera judicial para acceder a los cargos de juez y magistrado, se extinguen fideicomisos que son la base financiera para la protección de derechos de seguridad social del personal de base y de confianza del Poder Judicial de la Federación, así como se coarta el derecho a un juez independiente de los poderes públicos, pues la designación de quienes serán electos por la ciudadanía corre a cargo de dichos poderes, según el diseño constitucional.

No obstante, tampoco se ignora que con el inicio de vigencia de la reforma, se establecen una serie de obligaciones y deberes que tendrán que ejecutarse por las siguientes autoridades, a las que, por tal razón, se les atribuye la calidad de ejecutoras y, por ende, vinculadas al cumplimiento de la suspensión que debe concederse.

Por tanto, se señalan como autoridades ejecutoras, las siguientes:

1. Senado de la República.

2. Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

3. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

4. Comisión, entidad u organismo creados por el Consejo de la Judicatura Federal para la implementación de la reforma constitucional.

5. Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería del Consejo de la Judicatura Federal.

6. Dirección General de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal.

7. Dirección de Nómina del Consejo de la Judicatura Federal.

8. Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales del Consejo de la Judicatura Federal;

9. Delegado Regional de Administración del Consejo de la Judicatura Federal en el Estado de Morelos;

10. Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y

11. Tesorería de la Federación;

iv. Actos reclamados

1. El artículo 186 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Dicho acto se atribuye a la Cámara de Diputados, la cual expidió el reglamento aludido. Se precisa que tal normativo fue aplicado por dicha Cámara durante el proceso legislativo que culminó con la publicación del Decreto de reforma constitucional al "Poder Judicial", el quince de septiembre de dos mil veinticuatro.

2. El procedimiento legislativo (dictaminación, discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación) del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial.

Se precisa que el procedimiento legislativo se impugna con motivo de la sola entrada en vigor del Decreto, por los perjuicios que causa a la parte aquí quejosa y que se precisan más adelante.

Ese acto complejo se atribuye, en el ámbito de sus respectivas competencias, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; al Presidente de la República; al Secretario de Gobernación; al Director del Diario Oficial de la Federación; a las legislaturas locales; a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la LXVI Legislatura, autoridad que sustituyó a la misma comisión de la LXV Legislatura; así como a las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales del Senado, autoridades señaladas como responsables.

3. Como sistema normativo, los artículos 17, 20, 76, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 107, 110, 111, 113, 116, 122 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos, reformados, adicionados y derogados mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil veinticuatro, así como todos los artículos transitorios de ese Decreto.

Las normas de la Constitución y artículos transitorios mencionados se reclaman como sistema normativo; y se atribuyen, en el ámbito de sus respectivas competencias, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; al Presidente de la República; así como a las legislaturas locales señaladas como responsables.

Dichos preceptos se impugnan con motivo de la sola entrada en vigor del Decreto en cita, por los perjuicios que causa a la parte aquí quejosa y que se precisan más adelante.

4. El artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece la causa de improcedencia del juicio de amparo contra las adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esa norma legal se atribuye, en el ámbito de sus respectivas competencias, a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, y al Presidente de la República.

Como se precisará adelante (en el apartado en el que se justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de todas las normas y actos aquí controvertidos) se solicita que el órgano de amparo ejerza un control de constitucionalidad y de convencionalidad, tanto en forma concentrada (a la luz de los argumentos que hacemos valer), como ex officio o en control difuso.

Ello en atención a que dicho precepto de la Ley de Amparo se aparta del contenido de los artículos 2, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y así como de los diversos 17, 103, 107 y 136 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por ende, a partir del control de constitucionalidad y convencionalidad que se realice, se debe inaplicar al caso concreto, a fin de que no se deseche la demanda de amparo ni se sobresea en el juicio con base en la causa de improcedencia ahí prevista.

5. El artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos del Consejo de la Judicatura Federal. El acto se atribuye, en el ámbito de sus respectivas competencias, a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, y al Presidente de la República.

En relación con dicho precepto, se solicita que el órgano de control constitucional y convencionalidad que se realice, inaplicarse al presente caso, con el propósito de que no se deseche la demanda ni se decrete el sobreseimiento con base en la causa de improcedencia establecida en esa porción legal.

En todo caso, el precepto debe interpretase en relación con los artículos 1 y 17 constitucionales, así como 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, en relación con el derecho de tutela judicial efectiva, con el objeto de no imposibilitarle a los gobernados un medio de impugnación judicial en defensa de los actos de autoridad que atenten contra sus derechos fundamentales.

Con base en esa interpretación puede derrotarse la inatacabilidad de los actos del Consejo de la Judicatura Federal y de otros órganos de dicho, como los reclamados, y podría concluirse que, con base en el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, los derechos fundamentales en el marco de una democracia hace que sea inherente a esos derechos el que se cuente con remedios eficaces y expeditos para su protección, por supuesto, considerando que ningún derecho es eficaz si no es asistido por la tutela jurisdiccional.

En vía de consecuencia, la ejecución de los actos señalados en los numerales 2 a 4, los cuales se precisan a continuación:

A. La inminente incorporación de personas juzgadoras federales, a un listado que el Consejo de la Judicatura Federal deberá entregar al Senado de la República, a fin de que, mediante insaculación pública (tómbola) se seleccionen los cargos a elegir. Acto que se reclama al Consejo de la Judicatura Federal y al Senado de la República.

B. La separación de las personas juzgadoras federales del cargo que desempeñan, con motivo del proceso electoral que iniciará en los días subsecuentes para sustituir a todas y todos los juzgadores federales por otros que serán electos por voto popular. Acto que se atribuye a todas las autoridades ejecutoras y que afecta el derecho de las personas quejosas a un juez independiente e imparcial.

C. La inminente destitución de todas las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación y su sustitución por otras elegidas "popularmente" con la intromisión de los Poderes Legislativo y Ejecutivo; la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal; y la destitución de las ministras y ministros que actualmente integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su sustitución por otros elegidos "popularmente" con la intromisión de los Poderes Legislativo y Ejecutivo Federales, entre otros efectos y consecuencias. Esto se atribuye a todas las autoridades responsables ejecutoras.

Lo anterior conlleva la afectación a la independencia del Poder Judicial de la Federación (en su vertiente de subordinación) por parte del Poder Ejecutivo Federal (específicamente por parte del Presidente de la República) y del Poder Legislativo Federal (Cámara de Diputados y Cámara de Senadores) que afecta al derecho de las personas quejosas a un juez independiente de los poderes públicos.

D. Como consecuencia de lo anterior, el procedimiento para la selección de las personas que participarán en el proceso de elección popular para ocupar los cargos de Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistradas y Magistrados de la Sala Superior y las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Magistradas y Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, Magistradas y Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito, previsto en el artículo 96 constitucional y transitorios segundo y demás aplicables; en específico, la publicación de la convocatoria para la integración del listado de las personas candidatas, por parte del Senado de la República (primer acto del procedimiento respectivo), así como los actos posteriores.

E. Todos los actos que integran el proceso electoral extraordinario 2024-2025 para la elección de Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistradas y Magistrados de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Magistradas y Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, Magistradas y Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito, previsto en los artículos 96 constitucional y en los transitorios respectivos.

Esto es, se reclaman del Instituto Nacional Electoral todos aquellos actos que realice a fin de llevar a cabo el proceso electoral extraordinario. A continuación, se citan de manera enunciativa, mas no limitativa, algunos de ellos:

E.1. La elaboración, aprobación, publicación y ejecución de los acuerdos que estime necesarios para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electoral extraordinario de dos mil veinticinco;

E.2. La elaboración de las boletas electorales del proceso electoral extraordinario de dos mil veinticinco para la elección de Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistradas y Magistrados de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Magistradas y Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, Magistrados, Magistradas, Juezas y Jueces de Distrito;

E.3. Cualquier acto relacionado con la jornada electoral que se prevé para celebrarse el primer domingo de junio de dos mi veinticinco; y,

E.4. La sanción y publicación de los resultados de la jornada electoral que se prevé para celebrarse el primer domingo de junio del año dos mil veinticinco, así como la entrega de constancias de mayoría a las candidaturas que pudiera estimarse que obtuvieron el mayor número de votos.

F. La extinción de los fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que actualmente existen en el Poder Judicial de la Federación (que se ordena en el artículo décimo transitorio del decreto); así como el entero de los recursos remanentes, productos y aprovechamientos que existan en dichos instrumentos.

Actos que se atribuyen, en el ámbito de sus competencias, al Consejo de la Judicatura Federal, al Secretario de Hacienda y Crédito Público, al Jefe del Servicio de Administración Tributaria y al Tesorero de la Federación.

No se puede soslayar graves violaciones constitucionales por parte de las autoridades responsables ante el incumplimiento de diversas suspensiones concedidas en diversos juicios de amparo, que a través de su competencia constitucional para ejercer control constitucional de normas generales, emitidas por las autoridades responsables que se encuentra establecida en el artículo 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como su soberanía para anular todo acto violatorio a la suspensión en términos del artículo 150 de la Ley de Amparo; ordenaron paralizar el trámite legislativo. Esto tomando en consideración que el juicio de amparo es procedente en contra del poder reformador de la Constitución, porque el control judicial puede examinar violaciones al procedimiento legislativo; en consecuencia, el dictado de aquellas suspensiones forma parte del margen de decisión judicial soberana de los jueces constitucionales.

Estas suspensiones fueron notificadas a las autoridades responsables, por lo que surtieron efectos de manera inmediata en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo; sin embargo, se inició el proceso para aprobar la reforma constitucional que ahora se tilda de inconstitucional e inconvencional, violando las medidas cautelares ordenadas por aquellos jueces federales, que son soberanos por disposición constitucional para decretar suspensiones en contra de todo acto que lesione el orden fundamental y los valores democráticos, como lo indica el artículo 107, fracción X constitucional.

Todo lo anterior, se trata de una tema de constitucionalidad, ya que todo acto que incumpla una orden suspensional debe declararse nulo ya que los jueces constitucionales pueden determinar dejar sin efectos todo lo actuado. Ello, porque la suspensión del acto reclamado es un poder procesal soberano de los jueces constitucionales federales y todos los Congresos de México quedan subordinados al escrutinio de la jurisdicción constitucional con base en lo establecido en el artículo 107, fracciones VII y X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. [...]"

Asimismo, solicitó la suspensión de plano en los términos siguientes:

"[...] Particularmente se solicita la medida cautelar a fin de que:

I No surta efectos el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución, en particular los artículos 17, 20, 76, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 107, 110, 111, 113, 116 y 122, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil veinticuatro, en vigor a partir del día siguiente.

II. Se suspenda de inmediato el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 para la selección de personas juzgadoras (que en términos del decreto reclamado inició el día de su publicación), lo cual implica que:

II.1 El Senado de la República no emita la convocatoria que se ordena, en el plazo de treinta días naturales posteriores a la entrada en vigor del Decreto, para integrar las listas de las personas candidatas que participen en la elección extraordinaria para renovar los cargos del Poder Judicial de la Federación, conforme al procedimiento previsto en el artículo 96 constitucional reformado.

II.2 De haberse emitido la convocatoria, las personas juzgadoras en funciones, no sean incluidas por el Senado en los listados que al cierre del plazo previsto en la convocatoria respectiva deberá emitir.

II.3 El Consejo de la Judicatura Federal no entregue al Senado de la República el listado con la totalidad de los cargos de personas juzgadoras, indicando el circuito judicial, especialización por materia, género, vacancias, renuncias y retiros programados, ni la demás información que le sea solicitada.

II.4 El Senado de la República no determine la porción de cargos a elegir de cada circuito judicial, atendiendo en prelación a las vacancias, renuncias y retiros programados, ni lleve a cabo la insaculación pública para completar la mitad de las personas juzgadoras federales a elegir en el proceso electoral extraordinario de dos mil veinticinco.

II.5 Se ordene al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que no lleve a cabo los actos atinentes a la elección extraordinaria el primer domingo de junio de dos mil veinticinco.

II.6 No se remueva a las personas juzgadoras del cargo al que accedieron con base en los principios de carrera judicial y meritocrático y en ese sentido.

III. No sean electos los magistrados que integrarán el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial, o en su defecto, no inicien funciones mientras se dicta fallo definitivo.

IV. No sean afectadas las remuneraciones de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación, para reducirlas a un monto menor al asignado para el titular del ejecutivo federal en el presupuesto de cada anualidad; sino que dichas remuneraciones se mantengan conforme a los montos que conforman actualmente los sueldos integrados y demás prestaciones complementarias asignadas.

V. No se realice la extinción, cancelación, entrega o transferencia material a la Tesorería de la Federación, por parte del Consejo de la Judicatura Federal y de las entidades financieras fiduciarias, de los recursos de los fideicomisos a cargo del Poder Judicial de la Federación, así como sus remanentes, productos y aprovechamientos, como lo manda el artículo décimo transitorio, párrafos primero y segundo. Ello porque con la extinción de los fideicomisos se afectaría la independencia técnica y financiera del Poder Judicial de la Federación, puesto que su operatividad estaría limitada a la asignación presupuestaria por parte de la Cámara de Diputados, con lo cual se pondría en riesgo la apertura de nuevos Centros de Justicia Penal, se impediría la continuación de la implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral, así como se privaría a los trabajadores de beneficios adicionales de seguridad social, como lo son los consignados en el fondo de gastos médicos complementarios. VI. No se obligue a los órganos jurisdiccionales a seguir el procedimiento establecido en los artículos 17, párrafo segundo, y 20, fracción VII, del Decreto de reformas constitucionales, respecto de los asuntos que a su entrada en vigor excedan de seis meses, contados a partir de su conocimiento, para resolverlos, consistente en dar el aviso al Tribunal de Disciplina u órgano interno de control que corresponda, para justificar las razones de la dilación en el dictado de la sentencia.

VII. Como medida especial, la suspensión debe ser igualmente para ordenar a las autoridades responsables se abstengan directamente y por interpósitas personas de todo ataque, escarnio, difamaciones, humillantes, vejatorios, todo acto que implique ataques a la integridad personal y la posible persecución política contra las personas que pertenecen al Poder Judicial de la Federación.

Control difuso de convencionalidad y constitucionalidad del artículo 148, párrafo tercero de la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados, con efectos generales.

Finalmente, como se anticipó, se solicita que se otorgue la medida cautelar, a fin de que se suspendan las normas impugnadas con efectos generales.

Para ello se solicita expresamente la inaplicación del artículo 148, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. [...]"

La parte quejosa señaló como preceptos violados en su perjuicio los artículos 1, 14, 16, 49, 94, 97, 100, 133, 135 y 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1.1, 8.1, 23.1.c, 24, 25.1, 29 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3 párrafo 2.a, 14 párrafo 1, 25.c y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 6 y 7 del Protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a derechos económicos, sociales y culturales; narró los antecedentes del acto reclamado y esgrimió los conceptos de violación que consideró pertinentes.

SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por auto dictado el veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro, el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, formó y registró la demanda de amparo con el número **********, la admitió a trámite, ordenó la formación del incidente de suspensión por cuerda separada, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.

Del mismo modo, el referido Juez de Distrito se declaró impedido para conocer del asunto, en términos del artículo 51, fracción VI, de la Ley de Amparo.

TERCERO. Trámite del incidente de suspensión. Mediante acuerdo dictado en la misma fecha en el cuaderno incidental, el a quo requirió los informes previos a las autoridades responsables; se reservó fijar fecha para la celebración de la audiencia incidental hasta en tanto se resolviera el impedimento planteado y proveyó sobre las suspensiones solicitadas.

Por cuanto a las normas generales reclamadas y sus consecuencias (listados como fracciones I, II y III señaladas por la parte quejosa) y su ejecución, el Juez de Distrito negó la suspensión provisional solicitada. En relación con las consecuencias de las normas reclamadas respecto de las prestaciones del quejoso como integrante del Poder Judicial de la Federación (fracción IV señalada por el promovente), concedió la suspensión provisional para que las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, se abstuvieran de aplicar a la parte quejosa el Decreto reclamado, así como de materializar actos de ejecución en su perjuicio, medularmente para el efecto de que las autoridades responsables se abstuvieran de aplicar el decreto de reformas a la Carta Magna, publicado en el Periódico Oficial de la Federación, el quince de septiembre de dos mil veinticuatro, en lo que concierne al aspecto salarial del quejoso, para que no se vieran afectadas sus remuneraciones y se respeten los derechos inherentes al cargo que ostenta.

Determinó improcedente hacer pronunciamientos sobre la inaplicación del último párrafo del artículo 148 de la Ley de Amparo, en virtud de que la suspensión concedida no tiene efectos generales.

Respecto del Senado de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Tesorería de la Federación, en lo relativo a que no se realice la extinción, cancelación, entrega o transferencia material a la Tesorería de la Federación, por parte del Consejo de la Judicatura Federal y de las entidades financieras fiduciarias, de los recursos de los fideicomisos a cargo del Poder Judicial de la Federación, así como sus remanentes, productos y aprovechamientos, (fracción V previamente transcrita), señala que con los efectos otorgados en la suspensión se salvaguardaban los derechos de la parte quejosa.

Determinó improcedente pronunciarse respecto de los diversos efectos para los que solicitó la suspensión provisional (VI y VII), en tanto que, tales cuestiones no resultaban actos reclamados.

En lo relativo a la inaplicación de los artículos 17, párrafo segundo, y 20, fracción VII, del Decreto de reformas constitucionales, respecto del aviso que se debe dar al Tribunal de Disciplina u órgano interno de control que corresponda, en cuanto a los asuntos que a su entrada en vigor excedan de seis meses, contados a partir de su conocimiento, para resolverlos, consisten en actos futuros de realización incierta, por lo que no procedía conceder la medida cautelar.

Por cuanto a que se ordene a las autoridades responsables que se abstengan directamente y por interpósitas personas, de todo ataque, escarnio, difamaciones, humillantes, vejatorios, actos que impliquen ataques a su integridad personal, la posible persecución política, represalias en su contra, ataques con discursos de odio, amenazas, intimidaciones, etcétera, así como de realizar imputaciones o exhibiciones públicas de su identidad, domicilio, familia, o cualquier otro, incluso en redes sociales, amenazas, conclusión de nombramientos, cese, suspensión del cargo, ni alguna otra medida, por la sola circunstancia de estar ejerciendo sus derechos, a través de la demanda de amparo, determinó que se trata de actos que ya acontecieron, y que narra cómo contexto de los reclamados, pues no existe ningún dato que permita suponer con mayor grado de certeza que las autoridades señaladas como responsables pretenden realizar o se encuentren realizando tales actos en su contra y que al no ser actuales, tampoco se encuentran en los supuestos de los artículos 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo.

Auto que constituye el acto recurrido en este recurso de queja.

CUARTO. Trámite del recurso. Inconforme con el auto por el que se concedió la suspensión provisional, la Agente del Ministerio Público Federal adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, interpuso recurso de queja mediante escrito ingresado vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro.

Por oficio 28326/2024 el Titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, rindió su informe con justificación, en el que manifestó que era cierto el acto impugnado y puso a disposición de este órgano colegiado el expediente electrónico del juicio de amparo indirecto de origen; dicho oficio fue recibido a las once horas con cuarenta y nueve minutos del día siete de noviembre de dos mil veinticuatro.

Por auto de siete de noviembre de dos mil veinticuatro, la presidencia de este órgano colegiado ordenó formar y registrar este recurso de queja bajo el número 258/2024; se admitió a trámite el medio de impugnación que nos ocupa y se turnaron los autos a la Secretaria en funciones de Magistrada Gloria Teresa Hernández García para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

Finalmente, se informa a las partes que este tribunal está integrado por la secretaria en funciones de magistrada Gloria Teresa Hernández García por el Magistrado Neófito López Ramos y por el Magistrado Presidente Juan José Franco Luna.

CONSIDERANDO:

1) PRIMERO. Competencia. Este Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito es legalmente competente para conocer este asunto, de conformidad con los artículos 97, fracción I, inciso b), y 101, último párrafo, de la Ley de Amparo; 38, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, en relación con el punto segundo, fracción XVIII, ordinal 1, y punto tercero, fracción XVIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los juzgados de Distrito; toda vez que se trata de un recurso de queja interpuesto contra un auto dictado por un Juzgado de Distrito con residencia dentro de la circunscripción territorial de este órgano colegiado, en el que se proveyó respecto de la suspensión provisional solicitada.

2) SEGUNDO. Falta de legitimación de la recurrente para impugnar el auto que concede la suspensión a la quejosa, porque no le causa perjuicio ni puede representar los intereses de las autoridades responsables a quienes se dir

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33311-3561b638/ministerio-publico-de-la-federacion-carece-de-legitimacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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