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Modo: Corpus Pro

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO AL JUZGADO DE DISTRITO. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE QUEJA CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON LA FINALIDAD DE PRESERVAR EL BENEFICIO CONSTITUCIONAL DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍA.

Tipo de asunto: QUEJA 69/2019. · Registro digital (IUS): 28687
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2019-06-07
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, Pág. 4782.

QUEJA 69/2019. 27 DE MARZO DE 2019. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ MARTÍN HERNÁNDEZ SIMENTAL. SECRETARIO: ARTURO PEDROZA ROMERO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.—Es innecesario transcribir y analizar el proveído recurrido y los agravios expresados por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Décimo de Distrito, con asiento en esta capital, toda vez que este Tribunal Colegiado advierte que dicho recurrente carece de legitimación para interponer el presente recurso de queja.

Aunque es cierto que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo, el Ministerio Público de la Federación podrá ser parte en los juicios de amparo; sin embargo, atendiendo al criterio jurisprudencial establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se encuentre legitimado para interponer el recurso de queja en un incidente de suspensión derivado de un juicio de amparo, es necesario que las disposiciones y actos impugnados afecten sus atribuciones, lo que ocurre cuando la Constitución o las leyes le encomienden la defensa de un interés específico como propio de la representación social, ya que de lo contrario, se trastornaría el equilibrio procesal de las partes en perjuicio de la parte quejosa.

El criterio jurisprudencial antes referido, es el siguiente:

"MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. ES PARTE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS Y PUEDE INTERPONER LA REVISIÓN AUN EN AMPARO CONTRA LEYES, SÓLO CUANDO LA MATERIA DE LA LEY IMPUGNADA AFECTE SUS ATRIBUCIONES. El artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo, reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, establece que el Ministerio Público Federal es parte en el juicio de garantías, con facultades para intervenir en todos los juicios e interponer los recursos que señala dicho ordenamiento; por tanto, el Ministerio Público está facultado para interponer el recurso de revisión, aun en amparo contra leyes, pero ello no significa que tenga legitimación para interponerlo ad libitum ni en todos los casos, sino únicamente cuando la Constitución o las leyes le encomiendan la defensa de un interés específico como propio de su representación social, pues aun cuando los artículos 2o., 3o., fracción I y 10, fracción I, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, le señalan genéricamente la tarea de velar por el orden constitucional, ésta debe interpretarse sin demérito de los principios que rigen todo juicio y, en especial, el de amparo, en cuanto que las partes sólo están legitimadas para interponer los recursos en contra de las resoluciones que afecten el interés que respectivamente les corresponde. Por tanto, el Ministerio Público Federal está legitimado para interponer el recurso de revisión tratándose de las disposiciones contenidas en el artículo 102 constitucional y en los ordenamientos penales y procesales relativos que le otorgan atribuciones para perseguir ante los tribunales los delitos del fuero federal, lo mismo que en todos aquellos casos y materias en que el orden legal le señala específicamente a dicho representante de la sociedad, la defensa de un interés. Por el contrario, si con la sola invocación genérica o abstracta de defender el orden constitucional, se aceptara que el Ministerio Público puede interponer la revisión en el juicio de garantías a su libre voluntad y en cualquier caso, se estaría desfigurando el concepto del interés en sí, el cual ya no estaría sujeto a la comprobación objetiva de los supuestos de la norma, sino a la expresión subjetiva del recurrente, además de que tratándose del amparo contra leyes, trastornaría el equilibrio procesal de las partes en perjuicio del quejoso, en virtud de que su intervención sólo vendría a reforzar la posición de las autoridades responsables, tanto de las que expiden, como de las que promulgan las leyes."(2)

En efecto, la citada representación social carece de legitimación para debatir en esta vía la concesión a la parte quejosa de la suspensión provisional de las disposiciones y actos reclamados, en virtud de que no existe afectación al interés que constitucionalmente le está encomendado proteger.

El estudio de la legitimación en los recursos, se erige como un aspecto relevante de orden público y preferente al fondo del asunto; por ende, este órgano de control constitucional está facultado para analizar de oficio ese presupuesto procesal.

Al respecto, los artículos 102, apartado A, fracción VI, segundo párrafo y 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen:

"Artículo 102.

"A. ...

"VI. ... Corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine..."

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XV. El fiscal general de la República o el agente del Ministerio Público de la Federación que al efecto designe, será parte en todos los juicios de amparo en los que el acto reclamado provenga de procedimientos del orden penal y aquéllos que determine la ley."

En congruencia con lo anterior, los numerales 5o., fracción IV y 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, así como el diverso 19, fracción XXIV, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República señalan:

"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:

"...

"IV. El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer los recursos que señala esta ley, y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia.

"Sin embargo, en amparos indirectos en materias civil y mercantil, y con exclusión de la materia familiar, donde sólo se afecten intereses particulares, el Ministerio Público Federal podrá interponer los recursos que esta ley señala, sólo cuando los quejosos hubieren impugnado la constitucionalidad de normas generales y este aspecto se aborde en la sentencia."

"Artículo 97. El recurso de queja procede:

"I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones:

"...

"b) Las que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional."

"Artículo 19. Facultades de la persona titular de la Fiscalía General de la República

"...

"XXIV. Aquellas facultades establecidas en los artículos 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al fiscal general de la República."

Así, los preceptos constitucionales y legales reconocen al Ministerio Público de la Federación el carácter de parte en el juicio de amparo.

Los alcances de esa intervención se fijaron por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 1144/2005 y 1141/2006, en los cuales estableció que la facultad procesal de ejercer todos los actos e interponer los recursos que la ley conceda, no debe entenderse en términos ilimitados, sino en conjunción con los principios que rigen el juicio de amparo, entre los cuales destaca el de parte agraviada.

Ese postulado está sustentado en que las partes sólo están legitimadas para interponer los recursos en contra de las resoluciones que afecten los intereses que les corresponden.

Por tanto, el Ministerio Público Federal cuenta, entre otras facultades, con la de interponer los recursos que señala la Ley de Amparo.

En tal orden de ideas, si bien el artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo establece la facultad del Ministerio Público, como parte en el juicio de amparo, para recurrir, ello no significa que tenga legitimación para hacerlo en todos los casos, sino únicamente cuando sea en defensa de un interés específico propio de su representación social encomendada por la Constitución, como lo es la existencia del interés social en el asunto de que se trate, a fin de preservar el orden constitucional.

En ese sentido, el servicio de guardería en beneficio de los trabajadores y sus familiares constituye una prerrogativa de rango constitucional, porque su prestación se encuentra inmersa en el derecho humano a la seguridad social, consagrado en el artículo 123 de la Constitución Federal que, en lo conducente, se copia:

"Art. 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

"El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

"A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

"...

"XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

"...

"B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:

"...

"XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

"...

"c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles."

De esa manera, la legitimación para recurrir por parte del Ministerio Público guarda estrecha relación con un interés único y superior al de la autoridad responsable o del quejoso, ya que descansa en velar por la observancia del orden constitucional y legal.

Luego, es de interés público que toda autoridad respete el orden constitucional y los derechos humanos, entre los que sobresale el de seguridad social, previsto en el artículo 123 de la Carta Magna, que garantiza a los trabajadores y trabajadoras el derecho al servicio de guardería infantil y en correspondencia, impone al Estado Mexicano la obligación de garantizar su prestación, en condiciones que a su vez cumplan con el principio del interés superior del menor, incluso como beneficiarios de aquéllos –familiares–, reconocido en el artículo 4o. de la propia Carta Fundamental, que reza:

"Artículo 4o. ...

"En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez."

Bajo esa óptica, cuando existe una infracción a esos postulados y el justiciable logra a través del juicio constitucional la concesión de la suspensión provisional de las disposiciones y actos reclamados, es evidente que esa medida cautelar no puede causar agravio a los intereses que representa el Ministerio Público de la Federación, más cuando su función, como parte en el juicio de amparo, descansa en la preservación de la constitucionalidad y la legalidad.

En tal orden de ideas, es inconcuso que la oposición del Ministerio Público de la Federación contra la concesión de la suspensión provisional decretada resulta contraria a la consecución de ese propósito, ya que redunda en beneficio de la sociedad y, en consecuencia, no atenta contra los intereses públicos que representa en el juicio constitucional, antes bien, los salvaguarda.

Máxime si se pondera que no es posible aceptar que bajo la facultad genérica y abstracta consagrada en el numeral 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo,(3) el fiscal cuente con la facultad de interponer a su libre voluntad y en cualquier caso el recurso de queja en el juicio de amparo, porque con ello se desfiguraría el concepto del interés, el cual ya no estaría sujeto a la comprobación objetiva de los supuestos de la norma, sino a la decisión subjetiva de dicha institución.

Adoptar una postura en contrario, trastocaría el equilibrio procesal de las partes en perjuicio de la parte quejosa, porque la intervención del Ministerio Público, en esos supuestos, reforzaría o sustituiría la posición de la autoridad responsable, quien está legitimada para interponer tal medio de impugnación, por ser a ella a la que, en su caso, le ocasionaría un perjuicio la concesión de la citada medida cautelar.

Lo resuelto es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 17/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, «Décima Época», Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 825, registro digital: 159928, que señala:

"MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO, AUN CUANDO SEA DE LA MATERIA PENAL, SI NO AFECTA A SUS ATRIBUCIONES. Acorde con la jurisprudencia P./J. 4/91, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. ES PARTE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS Y PUEDE INTERPONER LA REVISIÓN AUN EN AMPARO CONTRA LEYES, SÓLO CUANDO LA MATERIA DE LA LEY IMPUGNADA AFECTE SUS ATRIBUCIONES.’, si bien es cierto que en términos del artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo, el Ministerio Público de la Federación es parte en el juicio de garantías y por ello está legitimado para interponer el recurso de revisión, también lo es que dicha legitimación no es ilimitada o absoluta, pues aun cuando su función es velar por el orden constitucional, dicha atribución debe ejercerla sin contravenir los principios que rigen el juicio de amparo. En ese tenor, aunque las partes están legitimadas para interponer los recursos que estimen pertinentes para la defensa de sus intereses, tratándose de una sentencia de amparo en la que se declara la inconstitucionalidad de un precepto penal opera una excepción, pues la sola afirmación genérica del Ministerio Público de la Federación, en el sentido de que está defendiendo el orden constitucional no significa que esté legitimado para interponer el recurso de revisión en cualquier caso, menos en el amparo contra leyes penales, toda vez que, en este caso, su intervención sólo tendría por objeto defender o reforzar la posición de las autoridades responsables que intervinieron en el proceso de formación de las leyes cuya constitucionalidad se cuestiona, lo cual trastornaría el equilibrio procesal de las partes en perjuicio de la quejosa; máxime cuando la norma impugnada no impide el desarrollo de sus atribuciones; de ahí que el agente del Ministerio Público de la Federación carece de legitimación procesal para interponer el recurso de revisión, cuando se trata de una sentencia en la que un juez de distrito declaró la inconstitucionalidad de un precepto legal, aunque sea de la materia penal."

Debe precisarse que no se transgrede el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, no obstante que tal criterio se integró conforme a la ley anterior, en tanto continúa vigente por no oponerse a la actual, toda vez que si bien es cierto que el artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo sufrió cambios entre una legislación y otra (sic), también lo es que únicamente se agregó respecto a los amparos indirectos en materias civil y mercantil, y con exclusión de la materia familiar, que la representación social puede interponer recursos cuando el quejoso hubiere impugnado la constitucionalidad de normas generales y, tal aspecto, se abordó en la sentencia, lo que en la especie no aconteció (sic).

En consecuencia, el interés público, cuya protección está encomendada al Ministerio Público de la Federación adscrito a los juzgados de amparo, no resulta afectado cuando el órgano de control constitucional concede a la parte quejosa la suspensión provisional con la finalidad de preservar ese beneficio constitucional –prestación del servicio de guardería– del que viene gozando y, en esa medida, resulta clara la improcedencia del presente recurso de queja.

Resultan aplicables, en lo conducente, los criterios cuyos datos de localización, título, subtítulo y contenido se reproducen a continuación: "Época: Décima Época. Registro digital: 2011449. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Tomo III, abril de 2016, materia(s): común. Tesis: XXI.1o.P.A. J/4 (10a.), página 2063 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 15 de abril de 2016 a las 10:30 horas».

"MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN AMPARO INDIRECTO, CUANDO ELLO IMPLICA ASUMIR LA DEFENSA DE OTRA DE LAS PARTES INTERVINIENTES EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con la fracción IV del artículo 5o. de la Ley de Amparo, el Ministerio Público de la Federación es parte en todos los juicios constitucionales, y puede interponer los recursos que señala dicha ley, también lo es que ello no significa que, en todos los casos, tenga legitimación para interponer el recurso de revisión previsto en ese ordenamiento. Así, de acuerdo con la diversa fracción III, inciso e), del numeral en cita, en el juicio constitucional también es parte tercero interesada, el Ministerio Público que intervino en el procedimiento penal del que derivó el acto reclamado, siempre que no tenga el carácter de autoridad responsable; lo que implica que sería a éste a quien correspondería instar ese recurso, cuando se pretende justificar la legalidad del acto reclamado, emitido en el procedimiento penal en que interviene, y no al Ministerio Público de la Federación adscrito al órgano constitucional, quien únicamente podrá hacerlo cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o las leyes le encomienden la defensa de un interés específico, exclusivo de su representación social, pues su actuación tiene los límites que señalan los propios numerales, así como los diversos 17 de la Constitución Federal y 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, es decir, procurar la pronta y expedita administración de justicia. Por ende, cuando el Ministerio Público de la Federación pretende justificar la legalidad de la conducta de las autoridades responsables al emitir los actos reclamados y obtener la revocación de la sentencia recurrida, asume la defensa de otra de las partes que participan en el juicio constitucional, en el caso, de la autoridad ministerial que intervino en el procedimiento penal del que derivó el acto reclamado, quien tiene el carácter de autoridad responsable, lo que en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo, implica esa falta de legitimación y contraviene el artículo 9o. de este ordenamiento, por exceder la función concreta que al Ministerio Público de la Federación, como parte formal, corresponde en el juicio de amparo indirecto; ello, con independencia de la unidad que guarda la institución del Ministerio Público. Lo contrario haría inexplicable por qué el legislador, de manera novedosa, consideró como tercero interesado en el citado procedimiento constitucional al Ministerio Público de la Federación adscrito a la responsable."

"Época: Décima Época. Registro digital: 2013707. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Tomo III, febrero de 2017, materia(s): común-penal. Tesis: I.4o.P.13 P (10a.), página: 2312 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 17 de febrero de 2017 a las 10:19 horas».

"MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO AL JUZGADO DE DISTRITO. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO AL QUEJOSO, POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La fracción XV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce al Ministerio Público de la Federación el carácter de parte en el juicio de amparo en el que el acto reclamado provenga de procedimientos del orden penal y, por ende, legitimación para interponer los recursos que la Ley de Amparo concede; sin embargo, esa prerrogativa no es absoluta, ya que debe partir de una afectación real al interés público, cuya representación le está encomendada tutelar por mandato constitucional. En este contexto, es de interés público que toda autoridad respete el principio de legalidad, previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal, que impone fundar y motivar sus determinaciones; por ello, cuando debido a su falta, el particular logra mediante el juicio constitucional la protección de la Justicia Federal, esa concesión no puede causar agravio a los intereses que representa el Ministerio Público de la Federación adscrito a un Juzgado de Distrito, porque redunda en beneficio de la sociedad y, en consecuencia, no atenta contra los intereses públicos que representa; por tanto, carece de legitimación para interponer el recurso de revisión en su contra. Aceptar lo contrario, trastocaría el equilibrio procesal de las partes en perjuicio del quejoso, en virtud de que la intervención del Ministerio Público reforzaría o sustituiría la posición de la autoridad responsable, órgano legitimado para interponer el recurso de revisión, por ser a ella, a la que, en su caso, le ocasionaría un perjuicio la concesión constitucional."

Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 97, fracción I, inciso b), 98, fracción I, 99, 100, 101, último párrafo y 102 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.—Se desecha por improcedente el recurso de queja interpuesto por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua.

Notifíquese, publíquese y anótese en el libro de gobierno; remítase testimonio de esta resolución a la Juez Décimo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados José Martín Hernández Simental, Marta Olivia Tello Acuña y José Raymundo Cornejo Olvera, siendo presidente y ponente el primero de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 11, fracción VI, 108, 113, 118 y demás aplicables en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

________________

2. Octava Época. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, enero de 1991. Materia (s): común. Tesis: P./J. 4/91. Página 17.

3. En la parte que reza: "El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer los recursos que señala esta ley..."

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28687-9e6d2ae3/agente-del-ministerio-publico-de-la-federacion-adscrito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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