SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE ANALIZAR EN AMPARO INDIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE REVOCA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE NULIDAD, DADAS LAS FACULTADES Y COMPETENCIA DEL JUEZ FEDERAL PARA CONOCER ACTOS DE CUALQUIER AUTORIDAD.
QUEJA 148/2016. 23 DE JUNIO DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS EN RELACIÓN CON EL TEMA CONTENIDO EN ESTA TESIS Y MAYORÍA RESPECTO DE DIVERSAS CONSIDERACIONES. DISIDENTE Y PONENTE: ANTONIO CEJA OCHOA. RELATORES DE LA MAYORÍA: SERGIO JAVIER COSS RAMOS Y SERGIO EDUARDO ALVARADO PUENTE. SECRETARIO: RICARDO ALEJANDRO BUCIO MÉNDEZ.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO.-Análisis de los agravios.
Los agravios son parcialmente fundados y suficientes para los efectos pretendidos.
Como ya se vio en los antecedentes, el quejoso solicitó la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que se suspendieran los efectos de la sentencia interlocutoria de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, emitida por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León.
Al proveer sobre lo anterior, el Juez de Distrito negó la suspensión de los actos reclamados, bajo las siguientes premisas:
1. Que dada la naturaleza del acto reclamado, era imposible suspenderlo, puesto que tendría que asumir decisiones jurisdiccionales propias de la Sala responsable, vulnerando con ello el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo.
2. Que el quejoso había solicitado la suspensión para el efecto de que siguiera surtiendo efectos la medida cautelar que se le había otorgado en el acuerdo de diez de febrero de dos mil diez, consistente en que se levantara el estado de clausura y fueran retirados los sellos impuestos al inmueble ubicado en la calle **********, que fue revocada en la resolución reclamada, de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis.
3. Que de concederse la suspensión para los anteriores efectos, se contravendrían el interés social y el orden público, previstos en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, porque los actos que reclamó ante la responsable se encuentran resguardados a través de la resolución reclamada en la que se revocó parcialmente la suspensión solicitada por el quejoso y que fuera emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León; instancia ordinaria a la que le compete, en modo originario, ventilar los litigios entre particulares y la administración pública municipal.
4. Que de concederse o negarse la suspensión provisional de los actos reclamados para el efecto solicitado por la quejosa (efecto que había sido revocado en la resolución reclamada), se afectarían el orden público y el interés social, al interferir jurídicamente en el procedimiento del juicio contencioso administrativo llevado a cabo ante el aludido Tribunal de Justicia Administrativa (en donde se impugnó la clausura del establecimiento antes mencionado); de ahí que no se cumpliera con el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo.
5. Porque no se satisfacían los requisitos previstos por el artículo 147 de la Ley de Amparo, consistentes en que resulte jurídica y materialmente restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dictara la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, toda vez que se advertía que resultaba jurídicamente imposible ordenar que no surtiera efectos la resolución impugnada en el juicio contencioso de origen, en la que se negó la suspensión de los actos a la aquí quejosa, en contra de la clausura ahí impugnada.
6. Porque existía imposibilidad jurídica para conceder la suspensión provisional en los términos pretendidos, debido a la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo, pues la suspensión en dicho juicio no es una institución sustituta de la suspensión prevista en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, ya que al legislador en la entidad federativa le corresponde, en primer término, regular las controversias entre los particulares y la administración pública estatal y municipal, entre otros sujetos legitimados pasivamente en el juicio contencioso administrativo, previendo medidas como la suspensión de los actos administrativos impugnados.
7. Que si conforme a la legislación de la materia ya se había ejercitado la acción litigiosa y se había concedido la suspensión solicitada por el actor y, luego, se determinó revocar parcialmente dicha medida cautelar, de ello derivaba la imposibilidad jurídica para que se otorgara la misma, por lo que adelantar los efectos de una eventual concesión del amparo, implicaría darle efectos restitutorios a la medida cautelar, que son propios de la sentencia de amparo.
8. Que en cuanto a la imposibilidad material de otorgar la mencionada suspensión provisional, en el caso particular, se consideró que ésta derivó de que los actos reclamados se hacían consistir en la resolución jurisdiccional de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, en la cual, la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León determinó revocar parcialmente el auto de diez de febrero del año en curso, en la parte correspondiente a la suspensión de los actos por no acreditar la actora aquí quejosa, contar con el permiso y/o licencia vigente, por lo que adelantar los efectos de una eventual concesión del amparo implicaría sustituir al mencionado mandamiento que realizó la citada Sala Superior en la resolución reclamada, lo que redundaría a que éste órgano jurisdiccional se pronunciaría respecto de lo ordenado, precisamente, a la citada autoridad.
9. Que, aunado a lo anterior, de concederse la suspensión, se sustituiría a la referida autoridad jurisdiccional en sus facultades discrecionales para decidir sobre la suspensión de los actos, es decir, pronunciarse directamente sobre la legalidad del acto que constituye la materia de aquel juicio; de ahí que exista una imposibilidad jurídica y material para paralizar los actos reclamados, con lo que no se cumplen los requisitos previstos por el artículo 147 de la Ley de Amparo.
Contra lo anterior, el impetrante de amparo, hoy recurrente, en una parte de sus agravios, alega, en esencia, que fue incorrecta la determinación del a quo federal, ya que éste sí tiene competencia para proveer sobre la suspensión solicitada, sin que ello signifique que interferiría en las decisiones jurisdiccionales de las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León.
Es fundado lo anterior.
El artículo 1o. de la Constitución Federal de México, en la parte que nos interesa, prevé lo siguiente:
"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
"Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia."
El citado precepto tutela la protección amplia del gobernado estatuida en la Constitución Federal y en los tratados internacionales.
Por su parte, el artículo 103 constitucional establece:
"Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite
"I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte;
(Reformada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016)
"II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y
(Reformada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016)
"III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal."
Del anterior precepto destaca su fracción primera, que prevé que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite, por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esa Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.
Por otro lado, el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su parte conducente, refiere:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
"Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;
"...
"III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:
"...
"b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y
"...
"X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.
"Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si este último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes; ..."
Atento a lo establecido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
En la diversa fracción III, inciso b) del propio precepto constitucional se establece la procedencia del juicio de amparo en contra de actos emitidos por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuya ejecución sea de imposible reparación.
Por su parte, el artículo 1o. de la Ley de Amparo establece lo siguiente:
"Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:
"I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte;
"II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y
"III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley."
Destaca del anterior artículo de la Ley de Amparo, la fracción I, donde se alude a que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.
Así, conforme a los artículos 1o., 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados mediante decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación de 10 y 6 de junio de 2011, respectivamente, el juicio de amparo es un medio de control que sirve para que los órganos competentes verifiquen el respeto que las autoridades del Estado deben a las normas generales ordinarias que regulan su actuación (control de legalidad), a la Ley Fundamental (control de constitucionalidad) y a los tratados o convenciones internacionales (control de convencionalidad).
Esto es, el juicio protector de los derechos fundamentales de los gobernados, conocido como juicio de amparo, tiene como parámetro de control esos tres tipos de normas jurídicas, y su objeto (de control) son los actos de autoridad -lato sensu-. Tal medio de defensa debe tramitarse y resolverse conforme a lo que establecen los referidos artículos 103 y 107 constitucionales (y su ley reglamentaria), favoreciendo, desde luego, los principios interpretativos de los derechos humanos contenidos en el propio artículo 1o. constitucional.
De esta manera, todos los órganos del Estado Mexicano, en el ámbito de sus competencias, al resolver los problemas en los que se involucren los derechos humanos, deben atender, en principio, a los que consagra la Carta Magna, como también a los contenidos en los tratados o convenciones internacionales suscritos en esa materia y, desde luego, al cumplimiento del control de legalidad que no debe apartarse de los principios precisados.
Es decir, que no hay actos de autoridad que no puedan ser analizados a través del juicio de amparo; de ahí que los órganos del Poder Judicial de la Federación, en la esfera de sus respectivas competencias, tienen facultades para someter al control constitucional actos de cualquier autoridad, en este caso, del Estado.
En efecto, mediante el juicio de amparo es factible someter al control constitucional todos los actos de autoridad, sin tomar en cuenta su jerarquía o poder, siempre y cuando se ubiquen en las hipótesis previstas en el artículo 103 de la Carta Magna. Así, los actos que emite el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León son susceptibles de reclamarse a través del juicio de amparo y de suspenderse en los términos que la ley establece, cuando se aduzca que sean violatorios de derechos fundamentales y se cumplan los requisitos que para tal efecto se contienen en los artículos 125 a 158 de la Ley de Amparo.
En ese orden de ideas, si el acto reclamado emana de una autoridad del Estado, como lo es la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, resulta inconcuso que, contrario a lo sostenido por el Juez de Distrito, sí tenía facultades para determinar lo conducente respecto a la concesión o negativa de la suspensión provisional del acto reclamado, pues la suspensión fue solicitada para el efecto de que se suspendieran los efectos de la sentencia interlocutoria de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, emitida por dicha autoridad.
Bajo esa tesitura, este tribunal no comparte el contenido de la siguiente tesis aislada:
"Novena Época
"Registro digital: 178121
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Tipo de tesis: Aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XXI, junio de 2005
"Materia administrativa
"Tesis: XXI.3o.29 A
"Página: 865
"SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA INTERLOCUTORIA QUE NIEGA LA MEDIDA CAUTELAR EN EL JUICIO DE NULIDAD.-La resolución por la que una de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa niega al actor del juicio de nulidad la suspensión de los actos impugnados, implica el rechazo a una solicitud del inconforme contra el que, acorde con el último párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, no es procedente conceder la suspensión en un juicio de garantías indirecto cuando tal interlocutoria se señale como acto reclamado porque, de hacerlo, se analizarían cuestiones que deben ser materia de estudio de la sentencia que recaiga al expediente principal, bajo el supuesto de que proceda el estudio de fondo de los planteamientos de la parte quejosa."
Lo anterior, porque no obstante que trata de una hipótesis distinta a la que nos ocupa, en temática, alude a que la suspensión en amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado lo constituye la interlocutoria que niega la medida cautelar en el juicio de nulidad, es decir, toca la negativa de la suspensión, porque de hacerlo se analizarían cuestiones que deben ser materia de estudio de la sentencia que recaiga al expediente principal, bajo el supuesto de que proceda el estudio de fondo de los planteamientos de la parte quejosa; aspecto que este tribunal no comparte por los motivos antes mencionados.
Una vez establecido lo anterior, dado que ha quedado superada la premisa bajo la cual el Juez de Distrito negó la suspensión provisional de los actos reclamados, este Tribunal Colegiado reasume jurisdicción para determinar la procedencia o no del otorgamiento de la medida cautelar.
Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 10/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 13, Tomo XIII, enero de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA OMISIÓN DE FUNDAR Y MOTIVAR EL AUTO EN QUE SE RESUELVE, DEBE REPARARSE POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE ESTÁ FACULTADO PARA ELLO, AL RESOLVER EL RECURSO DE QUEJA.-El análisis sistemático de los artículos 124, 130, 95, fracción XI, 97, fracción IV, 99, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, que respectivamente determinan la naturaleza de la suspensión provisional de los actos reclamados, así como las reglas de procedencia, tramitación y resolución del recurso de queja contra el acuerdo en que se concede o niega esa medida, permiten establecer que la omisión de fundar y motivar el acuerdo que resuelve la suspensión provisional de los actos reclamados, alegada como agravio, debe ser reparada por el Tribunal Colegiado de Circuito, en el trámite del recurso de queja correspondiente. Esto es así, porque la omisión apuntada se constriñe a una violación procesal cometida en el dictado del acuerdo impugnado, que lo nulifica, permitiendo al tribunal de alzada asumir plenitud de jurisdicción para resolver de plano lo que proceda, esto es, sin mayor sustanciación, de inmediato e integralmente, si niega o concede la medida suspensional, al contar con las constancias pertinentes, es decir, toda pieza de autos relacionada con esa medida, que el Juez de Distrito tiene obligación de enviarle junto con el escrito de queja, para fundar y motivar su determinación y así cumplir con la finalidad de decidir con celeridad y urgencia la medida suspensional, para evitar que quede sin materia y sobre todo que los actos reclamados se ejecuten o se sigan ejecutando causando al quejoso notorios daños y perjuicios de difícil reparación, en caso de obtener la concesión del amparo."
Bajo las anteriores premisas, corresponde analizar si los presupuestos que tomó en consideración la autoridad responsable para revocar la resolución de la Sala Ordinaria -en la que se otorgó a la quejosa la suspensión dentro del juicio contencioso administrativo, para el efecto de que se levantara el estado de clausura y fueran retirados los sellos impuestos en el inmueble ubicado en la calle **********- resultan válidos o no.
Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que la determinación contenida en el acto reclamado es válida y, por tanto, debe subsistir, en tanto se decide lo que corresponda respecto a la suspensión definitiva de los actos reclamados, en atención a que de otorgarse la suspensión provisional del acto reclamado se contravendrían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social, en contravención a lo dispuesto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, el cual dispone:
"Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes:
"I. Que la solicite el quejoso; y
"II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
"La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado."
Precepto el anterior del que se advierte que la suspensión se decretará en todas las materias, siempre que concurran los requisitos como el de que la solicite el quejoso, no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.
Así, por lo que hace al requisito establecido en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, el mismo se tiene por satisfecho, pues la medida cautelar fue solicitada por el quejoso en su escrito de demanda de amparo.
Por lo que hace a los requisitos previstos en la fracción II del referido numeral, este tribunal considera que no se actualizan en la especie, pues de concederse la suspensión se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público.
Cierto, del juicio contencioso de origen se advierte que la hoy quejosa solicitó la suspensión para que se levantara el estado de clausura que impera sobre el inmueble ubicado en la calle **********.
A lo anterior, la Sala Superior responsable determinó negar la medida solicitada, pues no se advertía que el recurrente hubiese demostrado con elemento probatorio alguno contar con el derecho que pretende preservar a través de la medida cautelar, pues si bien era cierto que había acompañado copia certificada de una licencia para la ampliación de construcción, así como otra de uso de edificación para local comercial respecto del citado inmueble, no menos lo era que la misma había sido autorizada a una diversa persona como lo era **********, pues de las constancias que obraban en autos se desprendía que mediante acuerdo administrativo de fecha veintisiete de noviembre de dos mil tres, el entonces secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, había autorizado las citadas licencias a esta última persona, no a la accionante en el juicio de nulidad, es decir, a la empresa denominada **********.
Asimismo, la Sala Superior adujo que no obstaba arribar a lo anterior, el hecho de que conjuntamente con el escrito de demanda, la actora hubiese allegado el contrato de arrendamiento celebrado entre **********, quien actúa como arrendadora y ********** como arrendatario; pues de dicho contrato únicamente se desprendía la relación contractual de la parte actora con la propietaria del inmueble, en relación con el uso o goce del inmueble objeto del acto impugnado en el juicio, y no que la misma fuera titular de la licencia de uso de suelo de edificación para local comercial que allegó al sumario de origen.
También adujo la Sala responsable que aun cuando se pudiese estimar que la negativa a suspender el acto reclamado afectara a la parte actora, en tanto que impide que continúe realizando las actividades comerciales que se llevan a cabo en el inmueble afecto, también era verdad que el interés particular de aquél no podría prevalecer sobre el interés de la colectividad, ya que la sociedad estaba interesada en que los negocios funcionen de acuerdo con los reglamentos aplicables al caso, sobre todo cuando se trate de negocios que afecten actividades de naturaleza comercial.
De lo hasta aquí relatado se puede apreciar que este tribunal no puede conceder la medida cautelar solicitada por la aludida persona moral, pues con ello se contravendrían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social, ya que la sociedad está interesada en que los giros comerciales, como el de la especie, funcionen a través de una licencia y que ésta sea a nombre del que opera dicho giro comercial y no de terceros.
Cierto, por lo que hace al orden público, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León contempla qué debe entenderse como construcción, los permisos especiales, como lo es, por un lado, el permiso de uso de suelo municipal y, por otro, la licencia de construcción municipal.
Tales permisos se contemplan, por lo que hace al uso de suelo, en los artículos 123, 127 y 281 a 285; mientras que el de construcción se prevé en los numerales 286 a 288 de la citada legislación, los cuales, respectivamente, refieren lo siguiente:
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León.
"Artículo 5. Para los efectos de esta ley, se entiende por:
"...
"XVI. Construcción: toda obra o instalación que transforme el estado actual o natural de un lote o predio con objeto de servir a las actividades humanas, tales como la fabricación de elementos físicos, la reconstrucción, modificación, remodelación, conservación, mantenimiento, restauración o demolición de bienes inmuebles, así como las excavaciones, movimientos de tierra, cortes, rellenos y similares; ..."
"Artículo 123. El suelo y las edificaciones que se construyen sobre las zonas primarias mencionadas en el artículo 121 de esta ley, se clasifican a su vez en zonas secundarias, las cuales se constituirán por los usos y destinos del suelo o aprovechamiento predominantes que determinen los programas de desarrollo urbano de los centros de población y los que se deriven de éste (sic), estos aprovechamientos se clasifican como sigue:
"I. Según los usos del suelo en:
"a) Habitacional;
"b) Comercial;
"c) Servicios;
"d) Industrial;
"e) Agropecuario;
"f) Forestal; y
"g) Mixto, en el que estarán permitidos los usos habitacionales, comerciales o de servicios.
"II. Según los destinos del suelo:
"a) Espacios abiertos y áreas verdes;
"b) Infraestructura y obras complementarias;
"c) Equipamiento urbano;
"d) Vialidad y obras complementarias; y
"e) Mixto."
"Artículo 127. Los usos de servicios del suelo y edificaciones, según la función, se clasifican en:
"I. De alimentos y bebidas: restaurantes, cafeterías, taquerías y similares;
"II. Cabaret y centros nocturnos;
"III. Derogada. (P.O. 4 de noviembre de 2011)
"IV. De alojamiento: hoteles, moteles, posadas, casas de huéspedes y similares;
"V. Servicios bancarios y financieros: casas de cambio, aseguradoras, arrendadoras y similares;
"VI. Prestación de servicios a empresas y particulares: oficinas, despachos de profesionistas, control de plagas, alquiler de automóviles, limpieza y mantenimiento de edificios y similares;
"VII. Servicios educativos: escuelas privadas de: educación preescolar, primaria, secundaria, preparatorias, universidades, educación especial, danza, arte y similares;
"VIII. Servicios de salud: consultorios médicos, dentales, hospitales, laboratorios, unidades de emergencia y similares;
"IX. Servicios de asistencia social: guarderías infantiles, orfanatorios, asilos y similares;
"X. Asociaciones civiles y similares: colegios de profesionistas, sindicatos, gremios, clubes deportivos y similares;
"XI. Servicios religiosos: templos, conventos, seminarios y similares;
"XII. Servicios mortuorios: funeraria, cementerio, incinerador, columbario, mixto y similares;
"XIII. Servicios de recreación pasiva: cines, radiodifusoras, teatros, autódromos, palenques, velódromos, estadios y similares;
"XIV. Servicios de recreación activa: canchas deportivas, campos de golf, vitapistas, patinaderos, boliches, centros para eventos sociales, juegos electrónicos y similares;
"XV. Servicios culturales: bibliotecas, museos, galerías de arte, zoológicos y similares;
"XVI. Servicios de reparación y mantenimiento de vehículos: talleres mecánicos, eléctricos, vulcanizadoras y similares;
"XVII. Servicios de reparación de otros artículos: cerrajerías, de calzado, de motocicletas y similares;
"XVIII. Servicios de limpieza: lavanderías públicas, tintorerías, de muebles, y similares;
"XIX. Servicios personales: salones de belleza, salas de masajes, peluquerías, fotografías, agencias de viajes y similares;
"XX. Servicios públicos: depósitos de desechos sólidos domésticos, reformatorios, rellenos sanitarios, oficinas de tránsito, centrales de policía y similares;
"XXI. Servicios de comunicaciones y transportes: ciber-cafés, correos, telégrafos, aeropuertos, helipuertos, estacionamiento de taxis, estaciones de radio y televisión; y
"XXII. Los demás que determinen los Municipios en sus reglamentos y programas de centros de población."
"Artículo 281. Los interesados en utilizar los lotes o predios para cualquier actividad, incluyendo la realización de construcciones y cambio de uso de edificaciones, deberán solicitar y obtener previamente de la autoridad municipal competente las licencias de usos del suelo, construcción, o uso de edificación, cumpliendo los requisitos que indiquen las disposiciones de carácter
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26891-84c92fb8/suspension-es-procedente-analizar-en-amparo-indirecto-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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