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Modo: Corpus Pro

JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. DEBE PROMOVERSE PREVIAMENTE AL AMPARO, DADO QUE CUMPLE A CABALIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL, EN VIGOR DESDE EL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE, POR CUANTO HACE AL PLAZO PREVISTO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 100/2012. · Registro digital (IUS): 24845
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-02-14
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Pág. 1937.

AMPARO EN REVISIÓN 100/2012. 30 DE MAYO DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ EDUARDO TÉLLEZ ESPINOZA. SECRETARIO: DAVID ALVARADO TOXTLE.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Deben desestimarse los agravios hechos valer, por las razones que a continuación se exponen:

Previo al pronunciamiento respectivo es conveniente precisar que de la demanda de amparo se advierte que ********** por su propio derecho, señaló como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes:

"II. Autoridades responsables. Señalo que tienen ese carácter las siguientes: a) Ciudadano Ing. Juan Carlos Valencia Vargas, Director General del Organismo de Cuenca Balsas, Dirección de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional del Agua, con domicilio oficial en Nueva Bélgica, esquina Pedro de Alvarado, sin número, colonia Reforma Norte, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62260, como autoridad ordenadora. Como autoridades ejecutoras señalo a las siguientes: b) C. Lic. Manuel Beristain Gómez, Director Local Puebla, Comisión Nacional del Agua. c) C. Lic. Héctor A. Rizo López, Subdirector de Administración del Agua. d) C. Ing. Francisco Javier Revilla Cerrillo, Jefe de Servicios a Usuarios. IV. Acto reclamado. Del ciudadano ingeniero Juan Carlos Valencia Vargas, Director General del Organismo de Cuenca Balsas, Director de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional del Agua, reclamo la resolución de fecha nueve de septiembre de dos mil once dictada dentro del expediente número 125/2010 de los del índice de dicho organismo operador, que fue notificado a través del oficio BOO.00.R05.02.375 380 turno 829."

Por auto de veinticinco de octubre de dos mil once, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Puebla, a quien fue turnado el asunto para conocer de la demanda, previo requerimiento de diecisiete de octubre de dos mil once, registró la demanda bajo el número de juicio 1573/2011 y solicitó a la quejosa precisara lo siguiente: 1) si señalaba como autoridad responsable al Director de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional del Agua, 2) si la autoridad responsable lo era el Director General de Asuntos Jurídicos de la mencionada comisión y 3) si las autoridades responsables Subdirector de Administración del Agua y Jefe de Servicios Jurídicos pertenecen a la Comisión Nacional del Agua o al Organismo de Cuenca Balsas de la citada comisión (fojas 26 y 27).

En atención al requerimiento que le fue formulado, la quejosa, mediante escrito presentado en el propio Juzgado, señaló como autoridad ejecutora al Director de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional del Agua y precisó que el Subdirector de Administración del Agua y Jefe de Servicios Jurídicos pertenecen a la Comisión Nacional del Agua (foja 30). Por lo que, atento a lo anterior, a través del auto dictado el veinticinco de octubre de dos mil once el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Puebla admitió a trámite la demanda (foja 31).

Seguido el procedimiento respectivo, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Puebla, dictó sentencia el veinte de febrero de dos mil doce (fojas 145 a 160), en la que sobreseyó en el juicio de garantías al estimar actualizado el motivo de improcedencia previsto en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, pues consideró que en forma previa a la promoción del juicio de garantías, la quejosa debió promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa.

Dicho fallo constituye la materia del presente recurso de revisión.

En principio, es inoperante lo que sostiene la quejosa recurrente, en el sentido de que el fallo en revisión es violatorio de las garantías de audiencia y legalidad que consagra la Constitución Federal.

Ello es así, porque al conocer de los juicios de amparo de su competencia los Jueces de Distrito ejercen la función de control constitucional, y aun cuando en contra de sus resoluciones dictadas en la audiencia constitucional procede el recurso de revisión, éste es un procedimiento que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional y, por ello, técnicamente no se deben analizar los agravios consistentes en que el Juez federal viola garantías ni preceptos constitucionales al conocer de un juicio de amparo, dada la naturaleza de éste y por la función de control constitucional que dicho juzgador desempeña.

Lo anterior tiene apoyo en el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 2/97, visible en las páginas 5 y 6, Tomo V, Enero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente:

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."

Ahora bien, a continuación se procederá al examen conjunto de los agravios segundo a cuarto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, al encontrarse estrechamente vinculados.

A través del segundo agravio señaló la recurrente que en la especie no son aplicables los artículos 2 y 52 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como el diverso 14, fracción XI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en virtud de que cada ley tiene sus particularidades y no se deben aplicar de manera genérica a todas las materias.

Mediante el tercer agravio arguyó que si bien el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo dispone que los interesados afectados por resoluciones de las autoridades administrativas, podrán interponer el recurso de revisión o cuando proceda intentar la vía jurisdiccional que corresponda, ella optó por promover el juicio de amparo, dado que a su decir ésta es la vía jurisdiccional correspondiente.

Por último, en el cuarto agravio manifestó la quejosa que es ilegal la sentencia recurrida, ya que el Juez de Distrito resolvió que se debía promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin tomar en consideración que lo que demanda es una resolución en materia de concesión de agua y no una multa o pago de derechos fiscales, por lo que no se le deben aplicar disposiciones que no tienen relación con una concesión de agua.

De igual forma señaló que los argumentos vertidos por el Juez de amparo en la sentencia se anulan con la tesis de jurisprudencia 56/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO CORRESPONDIENTE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL PREVER EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS.", misma que dejó de aplicarse, lo cual le causa un agravio.

Deben desestimarse los argumentos anteriores.

Como se indicó, el acto reclamado en el juicio de amparo lo constituye la resolución derivada del recurso de revisión contenida en el oficio BOO.00.R05.02.375 380 suscrita por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional del Agua, relativa a una solicitud de prórroga del título de concesión ********** emitido por la entonces Gerencia en Puebla de la Comisión Nacional del Agua, para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales del subsuelo (foja 15), de lo que se desprende que el fundamento del actuar de la mencionada autoridad fue el siguiente:

"Considerando. ... III. ... Por lo expuesto y con fundamento en lo que establecen los artículos 14, 16, párrafo décimo quinto y 27, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32 Bis, fracciones III, V, XIV, XXIV y XLI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, 4, 12 Bis-2, fracciones IV y VII y 124 de la Ley de Aguas Nacionales y 1o. y 196, segundo párrafo de su Reglamento ... 1, 2, 35, fracción I, 83, 86 y 91, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 6, fracción IV, 9, fracción II, 10, 11, apartado B, 65, 66 y 73, fracción LVII en relación con el transitorio primero del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua ..."

De la anterior transcripción se colige que se aplicaron disposiciones de carácter administrativo como la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, de las que se concluye que la Comisión Nacional del Agua es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que tiene a su cargo el ejercicio de las facultades y el despacho de los asuntos que le encomienda la Ley de Aguas Nacionales (artículo 1o. del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua), a su vez se desprende de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión cuenta con varias dependencias, entre las que se encuentra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (artículo 9), y por último la Ley de Aguas Nacionales en su numeral 4o. dispone que la autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, quien la ejercerá directamente a través de la Comisión Nacional del Agua.

De igual forma se indica que de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, las disposiciones de dicho ordenamiento legal se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, precisando que la Comisión Nacional del Agua es un órgano administrativo desconcentrado de ésta) y que es supletorio a las diversas leyes administrativas.

En síntesis, se señala que la Comisión Nacional del Agua es una dependencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y que a sus actos y resoluciones les serán aplicables las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

A su vez, las resoluciones emitidas por este organismo pueden ser impugnables ya sea en sede administrativa (autoridad responsable) o ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dada la optatividad del medio de defensa, tal y como lo dispone el numeral 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en relación con los artículos 124 de la Ley de Aguas Nacionales y 14, fracción XI, de la Ley Orgánica del mencionado tribunal, numerales que a la letra dicen:

Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

"Artículo 83. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente."

Ley de Aguas Nacionales.

"Artículo 124. Contra los actos o resoluciones definitivas de ‘la Autoridad del Agua’ que causen agravio a particulares, se podrá interponer el recurso de revisión dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. El recurso tiene por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución reclamada y los fallos que se dicten contendrán el acto reclamado, un Capítulo de considerandos, los fundamentos legales en que se apoye y los puntos de resolución. Los reglamentos de la presente Ley establecerán los términos y demás requisitos para la tramitación y sustanciación del recurso."

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"Artículo 14. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: ... XI. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; ..."

Se invoca como apoyo a la anterior determinación la jurisprudencia 2a./J. 139/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 61 del Tomo XI, Junio de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"REVISIÓN EN SEDE ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESTABLECE LA OPCIÓN DE IMPUGNAR LOS ACTOS QUE SE RIGEN POR TAL ORDENAMIENTO A TRAVÉS DE ESE RECURSO O MEDIANTE EL JUICIO SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. De la interpretación literal y sistemática de lo dispuesto en los artículos 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 11, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, así como de los antecedentes históricos que informan a este último numeral, se colige que al hacerse referencia en el primero de los preceptos mencionados a las ‘vías judiciales correspondientes’ como instancia para impugnar los actos emitidos por las respectivas autoridades administrativas, el legislador tuvo la intención de aludir a un procedimiento seguido ante un órgano jurisdiccional, con independencia de que éste sea de naturaleza judicial, y cuyo objeto tenga afinidad con el recurso de revisión en sede administrativa, el cual se traduce en verificar que los actos de tales autoridades se apeguen a las diversas disposiciones aplicables; por otra parte, de lo establecido en el citado precepto de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, se deduce que a través de él se incluyó dentro del ámbito competencial del referido tribunal el conocimiento de las controversias que surjan entre los gobernados y las autoridades administrativas cuya actuación se rige por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sin que se condicionara la procedencia del juicio contencioso administrativo al agotamiento del citado recurso, máxime que la interposición de éste es optativa. En ese contexto, se impone concluir que los afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que se rijan por ese ordenamiento, que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, tienen la opción de impugnarlos a través del recurso de revisión en sede administrativa o mediante el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Fiscal de la Federación; destacando que dentro de las vías judiciales correspondientes a que hizo referencia el legislador en el mencionado artículo 83 no se encuentra el juicio de garantías dado que, en abono a lo anterior, constituye un principio derivado del diverso de supremacía constitucional que las hipótesis de procedencia de los medios de control de constitucionalidad de los actos de autoridad, únicamente pueden regularse en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en la ley reglamentaria que para desarrollar y pormenorizar esos medios emita el legislador ordinario."

En este orden de ideas, del análisis efectuado al acto reclamado se desprende que la quejosa optó por interponer el recurso ante la sede administrativa; no obstante, el mismo no es obligatorio dada la optatividad que menciona el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aunado a ello se especifica que tal y como se indica en la jurisprudencia 2a./J. 139/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, transcrita en líneas que anteceden, entre las vías judiciales a que hace referencia el mencionado numeral 83, no se encuentra el juicio de garantías, ya que el legislador al hacer referencia a dichas vías se refirió al juicio de nulidad y no al de amparo, ello en virtud de que los medios de control de constitucionalidad sólo se encuentran regulados y previstos en la Constitución y en la Ley de Amparo, no así en otra disposición legal; de ahí que el argumento vertido por la recurrente en el sentido de que optó por acudir al juicio de amparo una vez que agotó el recurso ordinario, por ser la vía jurisdiccional conducente es infundado.

Esto es, el multicitado artículo 83, que se aplicó en el procedimiento efectuado por la administración pública (Comisión Nacional del Agua), da competencia al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para conocer del acto reclamado en el juicio de amparo de origen, por lo que contrario a lo señalado por la promovente, en el sentido de que la sentencia que recurre le causa agravio ya que el Juez determinó que debía promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa antes de acudir al juicio de amparo, sin tomar en consideración que lo que demandó fue una solicitud de prórroga de una concesión de agua y no una multa o pago de derechos fiscales, por lo que cada ley y cada materia tienen sus fines propios y al aplicarle disposiciones que no poseen relación con una concesión de agua genera que lo resuelto sea ilegal, se indica que la legislación que se le aplicó fue la conducente y la competencia del citado tribunal no sólo se circunscribe a la materia fiscal, también comprende a la administrativa, tal y como se advierte del artículo 14 de la Ley Orgánica del citado tribunal, que enuncia respecto de qué actos administrativos y procedimientos es competente materialmente, del que se desprende que, entre otros, puede conocer de resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, de las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional, de las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de lo que se desprende que no sólo es competente para conocer de cuestiones de materia fiscal, como infundadamente lo refiere la recurrente, numeral que se transcribe a continuación:

"Artículo 14. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; II. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; III. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales; IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones. Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración; VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; VII. Las que se dicten en materia administrativa sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; VIII. Las que nieguen la indemnización o que, por su monto, no satisfagan al reclamante y las que impongan la obligación de resarcir los daños y perjuicios pagados con motivo de la reclamación, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado o de las leyes administrativas federales que contengan un régimen especial de responsabilidad patrimonial del Estado; IX. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, el Distrito Federal, los Estados o los Municipios, así como de sus entidades paraestatales; X. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior; XI. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; XII. Las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; XIII. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos; XIV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias. No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa; XV. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y XVI. Las señaladas en las demás leyes como competencia del Tribunal."

En este orden de ideas, este Tribunal Colegiado estima que, tal y como lo resolvió el Juez de Distrito, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14, fracción XI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la impetrante debió agotar en forma previa al juicio de amparo, el juicio contencioso administrativo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y al no haberlo hecho así se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, dado que vulneró el principio de definitividad.

Al respecto debe precisarse que el citado principio que rige al juicio de garantías, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación que en este caso es el juicio de nulidad, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, entre otras cuestiones, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal.

En relación con el tema, conviene señalar que de la interpretación de las disposiciones constitucionales y legales que rigen al principio de definitividad en el amparo indirecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado los lineamientos para determinar los casos en que, a manera de excepción, no existe obligación de agotarlo previamente a acudir al juicio de garantías.

Dicho criterio es el contenido en la tesis 2a./J. LVI/2000 de la citada Segunda Sala del Más Alto Tribunal de la Nación, consultable en la página 156, Tomo XII, Julio de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia."

El criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes transcrito, recoge aquellos casos que por su naturaleza trascendental y grave deben constituir una excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, al no ser posible reparar con los medios ordinarios de defensa que pudiesen interponer en su contra la magnitud de la violación perpetuada en contra de determinados derechos fundamentales del gobernado.

Señalándose que en materia administrativa sólo operan las citadas excepciones cuando:

1) El acto reclamado no se encuentre fundado ni motivado, situación que no se generó en la especie, tal y como se de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24845-d8d6c3b0/juicio-de-nulidad-ante-el-tribunal-federal-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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