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Modo: Corpus Pro

JUICIO DE NULIDAD Y RECURSO DE REVISIÓN EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. ES INNECESARIO AGOTARLOS, PREVIO A PROMOVER EL AMPARO, AL ESTABLECERSE EN LOS ORDENAMIENTOS QUE LOS PREVÉN PLAZOS MAYORES QUE LA LEY DE AMPARO PARA ACORDAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 272/2018. · Registro digital (IUS): 28757
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2019-06-21
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, Pág. 4855.

AMPARO EN REVISIÓN 272/2018. 28 DE MARZO DE 2019. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MAURICIO FERNÁNDEZ DE LA MORA. SECRETARIO: JESÚS DESIDERIO CAVAZOS ELIZONDO.

CONSIDERANDO:

TERCERO.—Estudio de los agravios.

16. En principio, el recurrente refiere que el Juez de Distrito transgredió sus derechos humanos, por haber sobreseído en el juicio.

17. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el Juez Federal, al emitir la sentencia que se revisa, actuó investido del carácter de titular de un órgano de control constitucional, por ende, no puede atribuírsele transgresión a los derechos fundamentales, como se argumenta.

18. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 2/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación «y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, enero de 1997, página 5», bajo el registro digital: 199492, de rubro siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO."

19. En el resto de sus agravios, el inconforme señala que dejaron de tomarse en cuenta diversos planteamientos de fondo, tales como el relativo a que operó a su favor la prescripción; que debió haberse decretado la acumulación de su expediente, con el de diversos compañeros que también fueron cesados, así como a que no valoró (sic) adecuadamente las pruebas, en especial, un convenio verbal que afirma fue celebrado con sus superiores jerárquicos.

20. Sobre esos aspectos, debe tenerse en cuenta que si el Juez Federal decidió sobreseer en el juicio, entonces no podía analizar dichos temas de fondo.

21. Motivo por el cual, es inoperante el agravio.

22. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 52/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación «y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, agosto de 1998, página 244», bajo el registro digital: 195741, de rubro siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO."

23. Pese a lo anterior, este Tribunal Colegiado debe analizar oficiosamente las consideraciones de la sentencia recurrida, pues el quejoso reclama la resolución que confirmó su remoción definitiva en el cargo de policía tercero "A", adscrito a la Dirección de Operaciones de la Policía Estatal Acreditable.

24. Por lo que, aunque su relación con el Estado sea administrativa, se rige bajo las reglas del derecho laboral y, por tanto, se da el supuesto en que debe suplirse la queja deficiente, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, que señala lo siguiente:

"Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:

"...

"V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo."

25. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 7/2017 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación «del viernes 12 de mayo de 2017 a las 10:17 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 42, Tomo I, mayo de 2017, página 12», bajo el registro digital: 2014203, que es del contenido siguiente:

"SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE SEPARACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA. El precepto referido establece que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo; mandato que debe interpretarse como una ampliación del ámbito de tutela de esta institución en favor de todos los trabajadores, con independencia de la naturaleza de su relación con la parte patronal, lo cual incluye a los miembros de los cuerpos de seguridad pública, por ser personas al servicio del Estado. Así, esta interpretación resulta acorde con el núcleo de protección de la figura de la suplencia de la queja deficiente, pues si lo que con ella se pretende es salvaguardar los derechos de la clase trabajadora, posicionándolos en un plano de igualdad material frente al ejercicio de la labor jurisdiccional, es claro que dicha razón se surte igualmente tratándose de los miembros de las instituciones de seguridad pública, pues en este caso también se encuentran en una relación de subordinación donde la parte patronal, en principio, encuentra mayores facilidades para hacer valer sus pretensiones en juicio, máxime cuando, como en el caso, se trata del propio Estado." (lo resaltado no es de origen)

26. Así, se procede al análisis oficioso de la legalidad de las consideraciones que sustentaron el sobreseimiento decretado por el Juez Federal.

27. Por un lado, se aprecia que el Juez de Distrito sobreseyó por considerar inexistentes los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables: secretario de Seguridad Pública en el Estado de Tamaulipas, encargada del despacho del Departamento de Recursos Humanos, coordinador general de Administración, así como la Unidad de Enlace Informático del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Ciudad Victoria.

28. Al respecto, no se aprecia queja deficiente que suplir.

29. Motivo por el cual, dicho sobreseimiento debe subsistir.

30. Por lo demás, con relación a la autoridad responsable, Consejo de Desarrollo Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en Ciudad Victoria, el Juez de Distrito consideró actualizada la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, precepto que dispone lo siguiente:

"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.

"No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.

"Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior."

31. Al respecto, el Juez Federal indicó que en contra de la resolución reclamada debió agotarse el juicio de nulidad, previsto en el artículo 4, fracciones XX y XXI, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas.(15)

32. Del mismo modo, indicó que no se actualiza algún supuesto de excepción al principio de definitividad.

33. En especial, puntualizó que la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, al regular la suspensión, no prevé más requisitos ni plazo mayor para su otorgamiento que la Ley de Amparo.

34. Pues bien, a fin de determinar si se coincide o no con la decisión del Juez Federal, enseguida se procede al análisis correspondiente.

35. Previamente, cabe tener en cuenta que el propio artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XX dispone, entre otros, el supuesto de que el quejoso debe agotar el medio ordinario de defensa si éste prevé la suspensión del acto impugnado:

a) Con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo.

b) Sin exigir mayores requisitos que los que dicha ley consigna para conceder la suspensión definitiva.

c) Sin prever plazo mayor que el que se establece para conceder la suspensión provisional.

36. Fue ése, precisamente, el supuesto de excepción en el que se enfocó el análisis del Juez Federal, en especial, el relativo a los requisitos y temporalidad identificados con los incisos b) y c) que anteceden.

37. Enseguida se procede a emprender un análisis comparativo de la regulación que para la suspensión prevé la ley local, a fin de confrontarla con lo que señala la Ley de Amparo, para determinar si se comparte o no la conclusión a que se arribó en la sentencia recurrida.

38. Así, en cuanto a los requisitos para el otorgamiento de la suspensión, ambas legislaciones prevén que debe mediar una solicitud del interesado, en los términos siguientes:

Ver requisito 1

39. Luego, ambas legislaciones contemplan un segundo requisito, consistente en que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, al señalar:

Ver requisito 2

40. Sin embargo, el ordenamiento local exige un tercer requisito que no contiene el artículo 128, ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, que es el que se visualiza enseguida:

Ver requisito 3

41. En efecto, la Ley de Amparo vigente no contempla como requisito para conceder la suspensión, que se ocasionen daños de difícil reparación.

42. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 72/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación «del viernes 1 de diciembre de 2017 a las 10:13 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 49, Tomo I, diciembre de 2017, página 387», bajo el registro digital: 2015700, que es del contenido siguiente:

"SUSPENSIÓN DEFINITIVA. LA ACREDITACIÓN DE LOS DAÑOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UN REQUISITO PARA OTORGARLA. El artículo 124, fracción III, de la Ley de Amparo abrogada establece como requisito para decretar la suspensión del acto reclamado que los daños y perjuicios que se causen al agraviado con su ejecución sean de difícil reparación. Sin embargo, en la reforma constitucional en materia de amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, se eliminó del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo referente a la difícil reparación de los daños y perjuicios que ocasione el acto reclamado. Asimismo, se privilegió la discrecionalidad de los jueces y se estableció su obligación de realizar un análisis ponderado entre la no afectación del interés social, el orden público y la apariencia del buen derecho, por lo que se fortaleció el rol protector de la suspensión. Ahora bien, la Ley de Amparo vigente no contempla como requisito para conceder la suspensión que se ocasionen daños de difícil reparación; de ahí que su acreditación no constituya un requisito para que proceda esa medida en el juicio de amparo. Debe resaltarse que esta interpretación es consistente con el propósito de la reforma constitucional en materia de amparo –en cuanto a la suspensión– en el sentido de privilegiar la discrecionalidad de los jueces. En efecto, considerar como requisito la acreditación de un daño de difícil reparación para otorgar la suspensión definitiva, sería regresar al sistema de requisitos formales que fue superado con dicha reforma constitucional." (lo resaltado no es de origen)

43. De lo que se sigue que la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas contiene un requisito más para el otorgamiento de la suspensión, como se muestra en el siguiente comparativo:

Ver cuadro comparativo

44. No pasa inadvertida la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación «del viernes 18 de marzo de 2016 a las 10:40 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 28, Tomo II, marzo de 2016, página 1194», bajo el registro digital: 2011289, que es del contenido siguiente:

"JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." (lo resaltado no es de origen)

45. Pues del análisis de la ejecutoria de la que derivó dicho criterio, se advierte que el requisito atinente a la difícil reparación se hizo consistir en los casos en que el quejoso acude al juicio de amparo sobre la base de un interés legítimo.

46. Así se desprende del siguiente fragmento de dicha ejecutoria:

"C. Por otra parte, para la procedencia de la medida cautelar, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión del acto reclamado pues, al efecto, aquella legislación, en la fracción I del artículo 28, establece que la solicitud que al respecto presente el actor o su representante legal, se concederá siempre que:

"• No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.

"• Además de que los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado sean de difícil reparación.

"Mientras que la Ley de Amparo vigente, para la procedencia de la suspensión del acto reclamado, en su artículo 128, señala como requisitos:

"• Que la solicite el quejoso y

"• Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público;

"• Aunado a que el numeral 131 dispone que, cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá, cuando aquél acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, así como el interés social que justifique su otorgamiento; de lo que se sigue que esta circunstancia constituye propiamente un requisito.

"Entonces, un análisis comparativo de las porciones normativas en cuestión, evidencia que tanto en el juicio de nulidad, como en el juicio de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos, debe preceder la solicitud respectiva, la no afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación." (lo resaltado no es de origen)

47. Entonces, del análisis armónico de la jurisprudencia y su ejecutoria, se desprende que la equivalencia de requisitos, en su caso, operaría cuando el quejoso acude al juicio de amparo sobre la base de la defensa de un interés legítimo, situación que no se da en el presente caso, ya que queda claro que la promoción del juicio de derechos fundamentales se sustenta en un interés jurídico.

48. Ahora, aun si se estimara que el criterio aplica en todos los casos, y no sólo cuando se acude con base en un interés legítimo, lo cierto es que con posterioridad a la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.) –que data de dos mil dieciséis–, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la invocada jurisprudencia 1a./J. 72/2017 (10a.) –publicada en diciembre de dos mil diecisiete–, en la cual sostuvo que la Ley de Amparo vigente no contempla, como requisito para conceder la suspensión, que se ocasionen daños de difícil reparación.

49. En el entendido de que es este último criterio el que se aplica al emitir la presente ejecutoria, por dos razones:

a) El criterio de la Segunda Sala atiende a un tema de interés legítimo, que no se da en el caso concreto, pues el quejoso acude al juicio de amparo con base en un interés jurídico.

b) La jurisprudencia de la Primera Sala es más reciente.

50. Sin perjuicio de lo anterior, con fundamento en los artículos 226, fracción I y 227, fracción I, de la Ley de Amparo, se considera pertinente denunciar ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la posible contradicción que se da entre la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.) de la Segunda Sala, y la diversa jurisprudencia 1a./J. 72/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de ese Alto Tribunal.

51. Para tal efecto, gírese la comunicación correspondiente al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y adjúntesele el archivo electrónico del presente fallo.

52. Previo a continuar con el análisis del caso, cabe recapitular en que se ha concluido que la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión.

53. Lo que resulta suficiente para considerar que no se surte la causa de improcedencia que tuvo por actualizada el Juez de Distrito.

54. No obstante, en aras de una mayor exhaustividad, enseguida se procede al análisis relativo a si la ley local prevé un plazo menor o igual al que establece la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión.

55. Para ello, enseguida se confronta lo que dispone la legislación local, con respecto a la Ley de Amparo.

Ver tabla 1

56. Así, mientras el artículo 38, fracción III, inciso c), de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas prevé un plazo de 48 horas para que la autoridad se pronuncie sobre la medida cautelar; de los artículos 112 y 138 de la Ley de Amparo se desprende un plazo de 24 horas para tal fin, como se muestra enseguida:

Ver tabla 2

57. Pese a lo anterior, el Juez Federal señaló que la ley local no preveía un mayor plazo para el otorgamiento de la suspensión.

58. Al respecto, indicó que si bien el artículo 38, fracción III, inciso c), de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas establece que el Magistrado instructor debe proveer sobre la suspensión provisional dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes; ello no podía considerarse como un plazo mayor al de veinticuatro horas que prevé la Ley de Amparo, ya que no debía interpretarse como que tenían que transcurrir las cuarenta y ocho horas para que la autoridad pudiera pronunciarse, pues bien podía hacerlo de forma inmediata.

59. En apoyo a lo anterior, invocó un fragmento de la ejecutoria emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 177/2014.

60. Con base en lo cual, concluyó que el plazo de cuarenta y ocho horas que prevé la ley local, sólo significa que es el tiempo del que dispone para proveer la suspensión, mas no es un requisito para otorgar la medida, por lo que existe la posibilidad de que de inmediato se provea al respecto; y así consideró actualizada la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo.

61. Este Tribunal Colegiado considera que avalar dicho criterio, implicaría desconocer que la legislación local otorga a la autoridad un plazo que duplica el que la Ley de Amparo prevé para resolver sobre la medida suspensional.

62. Pretender minimizar lo anterior, porque existe una posibilidad de que la autoridad administrativa resuelva en un plazo menor o similar al que dispondría un Juez de amparo, equivale a tornar en letra muerta la excepción que de manera expresa consagra el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo.

63. Bajo esa óptica, si la ley respectiva ampliara dicho plazo a setenta y dos horas o más, se tendría que desatender dicha circunstancia, sobre la base de que es posible que la autoridad sea muy diligente, y no ocupe la totalidad de ese plazo, sino sólo veinticuatro horas o menos.

64. Este Tribunal Colegiado no concuerda con esa apreciación, pues propiciaría un estado de incertidumbre para las partes, quienes a pesar de que la ley respectiva establezca un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión, de todas formas se verían obligadas a agotar el medio ordinario de defensa, con la esperanza de que la autoridad administrativa provea sobre una eventual suspensión en un plazo menor o igual al de las veinticuatro horas, a sabiendas de que la ley le concede al menos cuarenta y ocho horas para hacerlo.

65. No pasan inadvertidas las consideraciones del Juez Federal, consistentes en los argumentos que expuso la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 177/2014, de los que derivó la jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación «del viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Tomo I, abril de 2015, página 783», bajo el registro digital: 2008807, que señala lo siguiente:

"RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, ‘...y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional’. En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, ‘...ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional...’. Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que ‘El Magistrado instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud.’; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado." (lo resaltado no es de origen)

66. Sin embargo, como se ve, el análisis emprendido por el Alto Tribunal en dicha contradicción de tesis versa sobre una legislación que para el otorgamiento de la suspensión dispone que deberá proveerse a más tardar dentro del día hábil siguiente; lo que se estimó, representaba una equivalencia al término de veinticuatro horas a que se refiere la Ley de Amparo.

67. Se señaló que sólo en algunos casos podría suscitarse una demora que excediera por unas horas el término que dispone la Ley de Amparo, pero que se trataría de situaciones excepcionales, que también se dan dentro del juicio constitucional.

68. Cabe destacar que el análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo como punto de partida una legislación que establece que sobre la suspensión debe resolverse a más tardar al día siguiente, en confrontación con la Ley de Amparo, que dispone un plazo de veinticuatro horas.

69. En la ejecutoria respectiva, el Alto Tribunal señaló:

"De esas precisiones se colige que el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no señala un plazo mayor que el previsto en la Ley de Amparo, para que el Magistrado instructor se pronuncie en relación con la suspensión del acto reclamado, pues su deber de conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud, coincide, en esencia, con la obligación del juzgador de amparo de admitir, prevenir o desechar la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, contado desde que la demanda fue presentada o, en su caso, turnada, ya que también

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28757-b08b4872/juicio-de-nulidad-y-recurso-de-revision-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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