RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE LOS JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO. EL PLAZO PARA RESOLVER SOBRE LA SUSPENSIÓN CONFORME A LA LEY DE ENJUICIAMIENTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LOCAL, NO ES MAYOR AL QUE EXIGE LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.
AMPARO EN REVISIÓN 26/2015. 16 DE ABRIL DE 2015. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JOSÉ LUIS MONTELLANO DÍAZ. PONENTE: MAURICIO BARAJAS VILLA. SECRETARIO: ADOLFO GIMÉNEZ MIGUEL.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Estudio. Los agravios sintetizados son inoperantes en un aspecto, e infundados en otro.
En efecto, son inoperantes los agravios que se sintetizan en los incisos a) y b), porque se trata de argumentos que no guardan ninguna relación con las consideraciones que el a quo expuso para sobreseer en el juicio de amparo, ya que para ello sostuvo que la quejosa inobservó el principio de definitividad, en virtud de que, previamente a la acción constitucional debió instaurar el juicio contencioso administrativo; mientras que la recurrente aduce que los conceptos de violación que expuso no son de legalidad sino de constitucionalidad, y que se vulneran sus derechos humanos porque la autoridad le embargó un vehículo, sin que previamente le hubiese notificado de manera personal la orden administrativa de inspección y posible embargo.
Como se ve, no existe vinculación alguna entre lo considerado por el Juez de Distrito para sobreseer en el juicio de amparo, y los argumentos de la quejosa, por lo que tales motivos de inconformidad son inoperantes.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia con registro digital 232525, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del siguiente tenor:
"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ESTAR EN RELACIÓN DIRECTA CON LOS FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA.-Los agravios deben estar en relación directa e inmediata con los fundamentos contenidos en la sentencia que se recurre, y forzosamente deben contener, no sólo la cita de las disposiciones legales que se estimen infringidas y su concepto, sino también la concordancia entre aquéllas, éste y las consideraciones que fundamenten esa propia sentencia, pues de aceptar lo contrario, resultaría la introducción de nuevas cuestiones en la revisión que no constituyen su materia, toda vez que ésta se limita al estudio integral del fallo que se combate, con vista de los motivos de inconformidad que plantean los recurrentes.(1)
Por otra parte, los restantes agravios son infundados, porque contrariamente a lo expuesto por la quejosa recurrente, la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro no exige mayores requisitos para el otorgamiento de la suspensión del acto que se impugne en sede administrativa, que los previstos para conceder la suspensión definitiva en el amparo, ni contiene plazo mayor que el establecido para la suspensión provisional.
Esto es así, dado que la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, en su capítulo sexto, de rubro: "De la suspensión del acto impugnado", no contiene la referencia explícita a un plazo concreto para resolver en torno a tal medida cautelar, de manera que, por esa sola ausencia u omisión normativa, no es factible concluir que dicho término legal sea mayor que el establecido en la Ley de Amparo para resolver la suspensión provisional.
Lo anterior dado que, aun antes de extraer sin más y a partir de una interpretación sistemática y general, la eventual aplicación del término genérico de tres días que establece el artículo 33 del mismo ordenamiento local cuya ponderación aislada sí implicaría claramente un plazo mayor que el previsto en el juicio de amparo para resolver la suspensión provisional, es menester ponderar, con todo cuidado, si el contenido de las disposiciones específicas sobre la suspensión del acto administrativo permiten colegir la resolución de tal medida en un plazo igual o incluso menor del previsto en la Ley de Amparo, pues de ser así, esta sola condición aparente, de suyo, no sería suficiente para establecer la procedencia del juicio de amparo indirecto por encima del principio de definitividad.
Y es que la interpretación de este importante principio debe ser hecha en un contexto funcional, por virtud del cual se ha de ponderar, por un lado, entre la más sensata deferencia institucional para dejar actuar siempre que sea posible y en su más amplia plenitud de jurisdicción a la justicia local especializada, en justo balance y, por el otro, con la función complementaria y subsidiaria de la jurisdicción federal a través del medio de control y garantía constitucional de protección de los derechos humanos, como es el juicio de amparo en cualquiera de sus vías.
En esa tesitura, del análisis armónico de los artículos 44, 45 y 48 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, que regulan la suspensión oficiosa y a petición de parte, así como los requisitos para su procedencia, se deduce que el Juez de lo contencioso administrativo debe resolver sobre la suspensión desde la presentación de la demanda.
En efecto, el artículo 44 del ordenamiento legal citado, regula la suspensión de plano en una amplia gama de casos, con base en conceptos jurídicos indeterminados, al disponer que procede de manera oficiosa la suspensión cuando los actos materia de impugnación hubiesen sido ejecutados y afecten a particulares de escasos recursos económicos, impidiendo el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia; cuando el acto impugnado, de llegar a consumarse, hiciera materialmente imposible la restitución al actor en el goce de sus derechos, y que la suspensión en estos casos se decretará de plano en el acuerdo en que se admita la demanda.
Asimismo, ordena que en los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo, y que cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato e inexcusable cumplimiento.
El diverso 45 estatuye que la suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentran, en tanto concluye el proceso administrativo, y que la suspensión podrá concederse con efectos restitutorios, siempre que proceda la medida cautelar genérica, tratándose de los casos previstos en el párrafo segundo y en las fracciones III y IV del artículo que antecede (artículo 44).
Por su parte, el artículo 48 dispone que la resolución que conceda la suspensión del acto impugnado surtirá sus efectos inmediatamente, aunque se interponga el recurso de revisión. El acuerdo en que se niegue la suspensión deja expedita la facultad de la autoridad demandada para la ejecución del acto impugnado, aun cuando se interponga el recurso de revisión, pero si la Sala Unitaria revoca el acuerdo recurrido y concede la suspensión, ésta surtirá sus efectos de manera inmediata.
Lo anterior patentiza la obligatoriedad para el juzgador local de lo contencioso administrativo, de resolver sobre la suspensión del acto impugnado desde la presentación de la demanda, y tan pronto como sea posible, ponderando en cada caso la necesidad de atender sin demora y comunicando inmediatamente los efectos de tal medida cautelar.
Pues de los enunciados jurídicos citados se desprende que el Juez, de acuerdo con la naturaleza del acto reclamado, la calidad del demandante, así como su especial situación frente al acto impugnado y el peligro en la demora, tiene la ineludible obligación de pronunciarse respecto de la suspensión, al momento de proveer sobre la admisión de la demanda.
En tal contexto, la ausencia de un plazo expreso para la suspensión en el juicio contencioso administrativo no implica que este proceso se ubique en la hipótesis normativa de ser considerado como aquellos donde se establece un plazo más extenso del que exige la Ley de Amparo para la suspensión provisional del acto reclamado, dado que si bien pudiera ser aplicable el máximo de tres días previsto en la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo de Querétaro, existe la obligatoriedad para el Juez de proveer sobre la suspensión desde la presentación de la demanda.
Por tanto, si conforme a lo dispuesto en los artículos 112 y 139 de la Ley de Amparo, el órgano que conozca del juicio debe proveer sobre la suspensión de los actos reclamados dentro de las veinticuatro horas siguientes al en que reciba la demanda, mientras que de los numerales 44, 45 y 48 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, se colige que el Juez puede conceder o negar la suspensión desde el acuerdo de radicación de la demanda; se concluye que este último ordenamiento legal no exige un plazo mayor que el que establece la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto, en sí mismo considerado, sea o no susceptible de ser suspendido.
Máxime que esta interpretación permite el eficaz funcionamiento del sistema jurisdiccional especializado en materia administrativa del Estado de Querétaro, creado precisamente para resolver las controversias entre la administración pública estatal y municipal con los particulares, pues no sólo se reconduce el acceso efectivo a la impartición de justicia administrativa local, sino que se deja que el juicio de amparo como garantía de los derechos humanos se ocupe, en su momento, de esta materia cuando se susciten actos procesales de imposible reparación o sentencias definitivas que pongan fin al proceso en cuestión.
En conclusión, la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro no exige plazo mayor para resolver sobre la suspensión que el que establece la Ley de Amparo para la suspensión provisional del acto reclamado, independientemente de que el acto, en sí mismo considerado, sea o no susceptible de ser suspendido.
Es menester poner de manifiesto que el criterio que aquí se asume, es conforme con la línea jurisprudencial que ha venido sustentando la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en la interpretación de la nueva Ley de Amparo, pues en relación con la justicia fiscal y administrativa, en el ámbito federal, ha sustentado el núcleo esencial de las razones expuestas en esta ejecutoria. Se trata de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.) que resulta aplicable en lo conducente, y por mayoría de razón, de título y subtítulo siguientes:
"RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).-La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, ‘... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional’. En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, ‘... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...’. Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que ‘El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud.’; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado.(2)
Se ha dicho que este precedente resulta aplicable, por mayoría de razón, pues si en la materia contenciosa administrativa federal, cuando existe un término explícito respecto de la suspensión mayor al de la Ley de Amparo, en materia de suspensión provisional, con mayor razón son aplicables sus fundamentos al caso en que la ley no prevé expresamente y dentro del apartado respectivo a la suspensión un plazo determinado.
En otro aspecto, es cierto que no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando solamente se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.
Sin embargo, en el caso no se actualizan dichas excepciones, porque si bien en la demanda de amparo la quejosa alegó violación a los artículos 8o., 14, 16, 17 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cierto es que también hizo valer aspectos de legalidad, en tanto que cuestionó la insuficiente fundamentación del acto reclamado, sobre el argumento de que la autoridad responsable, director de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, omitió invocar la fracción VII del artículo 9 del Reglamento de Anuncios para el Municipio de Querétaro, el cual -afirmó-, le otorgaba la facultad para ordenar y ejecutar visitas de inspección o verificación para vigilar el cumplimiento de ese reglamento.
Asimismo, alegó que se vulneraba en su perjuicio el artículo 88 bis, fracciones I, II y III, de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, ya que la orden de aseguramiento no se dirigió a persona alguna, ni describió físicamente al destinatario en el caso de que se hubiere negado a identificarse; omitió precisar el domicilio donde se llevaría a cabo el aseguramiento de bienes y que fue seleccionado por el propio inspector, ni indicó el objeto de la verificación.
También alegó que se infringió el artículo 92, fracción V, de la Ley de Procedimientos Administrativos, porque el supuesto inspector no se identificó.
Lo que evidencia que sus planteamientos no estuvieron encaminados a demostrar solamente violaciones directas a la Constitución, sino que también hizo valer aspectos de legalidad, supuesto en el cual no opera la excepción al principio de definitividad.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia con registro digital 237480, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN.-En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca."(3)
Por otro lado, el acto reclamado que la propia quejosa exhibió no carece de fundamentación, pues para su emisión la autoridad responsable consideró entre otros, los artículos 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9 de la Ley General de Asentamientos Humanos; 30, 95, 116, 118, 123, fracciones IV, V, IX, X y XIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 70, fracción III, 73, fracciones VI y XVII y último párrafo, del Código Municipal de Querétaro; 4, fracción V, 9, 40 y 41, fracción III, del Reglamento de Anuncios para el Municipio de Querétaro; 26 y 27 del Reglamento de Inspección y Verificación para el Municipio de Querétaro, así como 4, 10, 107 y 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, de aplicación supletoria a la materia.
Asimismo, contrariamente a lo afirmado por la quejosa, el medio de defensa ordinario, como lo expuso el juzgador de amparo, se encuentra contemplado en los artículos 20 y 41 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo; mas no en un reglamento.
Por tanto, en el caso no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad.
SEXTO.-Denuncia de contradicción de criterios. Sobre la misma cuestión jurídica a la aquí analizada, esto es, si previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto debe instaurarse el juicio contencioso administrativo, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito adoptó una postura diversa a la aquí analizada.
En efecto, es un hecho notorio para este Primer Tribunal Colegiado, que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el recurso de revisión administrativo **********, interpuesto por **********, contra la sentencia de veinticinco de julio de dos mil catorce, pronunciada en el juicio de amparo **********, por el entonces Juez Primero de Distrito en el Estado de Querétaro, actualmente Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, donde decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, por estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que contra el acto reclamado (acuerdo contenido en el oficio de vialidad número **********, correspondiente a la clave catastral **********, en el que se declaró improcedente la viabilidad para la colocación de anuncios autosoportados), resolvió que la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, en lo relativo al término para resolver sobre la suspensión, no tenía contemplado un lapso, por lo que adquiría vigencia el término genérico de tres días previsto por el artículo 33 de dicho ordenamiento legal, lo cual -sostuvo-, constituía un requisito mayor al requerido por la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, por ende, una excepción al principio de definitividad.(4)
Tal determinación constituye un hecho notorio para este Tribunal Colegiado.
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia XXI.3o. J/7, del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, octubre de 2003, página 804, del siguiente tenor:
"HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.-Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones."
Consecuentemente, como la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito es contraria a lo que se resuelve en la presente resolución, en términos de los artículos 226, fracción III, 227, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, hágase la denuncia de contradicción de criterios ante el Pleno de Circuito correspondiente.
Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, debe conservarse la integridad del presente expediente por tratarse de un asunto cuya sentencia contiene un criterio jurídico de relevancia, por lo que no es susceptible de depuración.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la resolución recurrida.
SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de amparo **********, promovido por **********, contra las autoridades y actos a que se refiere el resolutivo único de la resolución impugnada.
TERCERO.-Se denuncia la contradicción de criterios existente entre la tesis plasmada por este Tribunal Colegiado con la que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado de este mismo circuito, de conformidad con el considerando sexto de esta ejecutoria, por lo que remítanse al Pleno de Circuito copia certificada de la presente ejecutoria, así como el disco compacto que la contenga.
Notifíquese; publíquese y anótese en el libro de gobierno de este tribunal; hágase la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos naturales al lugar de su procedencia, y en su oportunidad archívese este expediente.
Así, por mayoría de votos de los Magistrados presidente Mauricio Barajas Villa y Alma Rosa Díaz Mora, contra el voto particular del Magistrado Jorge Mario Montellano Díaz, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, siendo ponente el primero de los nombrados.
En términos de lo previsto en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor el cinco de mayo de dos mil quince, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en ese supuesto normativo.
________________
1. Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 145-150, Primera Parte, materia común, página 159.
2. Registro digital 2008807. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas. «Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Tomo I, abril de 2015, página 783.»
3. Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 175-180, Tercera Parte, página 119.
4. CONSIDERANDO... NOVENO... Ese agravio es fundado, porque la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro sí establece un plazo mayor que el que la Ley de Amparo prevé para el otorgamiento de la suspensión provisional... Así las cosas, como en la ley del acto reclamado se prevé un mayor plazo que la Ley de Amparo para resolver sobre la suspensión, se actualizó la excepción al principio de definitividad y el quejoso no tuvo la necesidad de promover antes del amparo, el juicio de nulidad estatal..."
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25706-ca87cbf0/resoluciones-administrativas-impugnables-ante-los-juzgados-de-lo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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