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Modo: Corpus Pro

EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES INNECESARIO AGOTAR EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL EXIGIR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: QUEJA 18/2023. · Registro digital (IUS): 31657
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2023-08-11
Promovente: NGIS SERVICIOS Y SOPORTE EMPRESARIAL DE CAPITAL HUMANO, S.A. DE C.V. Y OTRA.
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Agosto de 2023, Tomo IV, Pág.4144.

QUEJA 18/2023. NGIS SERVICIOS Y SOPORTE EMPRESARIAL DE CAPITAL HUMANO, S.A. DE C.V. Y OTRA. 15 DE MARZO DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: RICARDO OLVERA GARCÍA. SECRETARIA: LILIANA JARAMILLO OLIVARES.

CONSIDERANDO:

SEXTO.—Estudio. Los dos agravios son infundados en una parte y fundados en otra, en suplencia de la deficiencia de la queja, al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, del tenor siguiente:

"Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:

"...

"VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de esta Ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada;"

El numeral transcrito, en lo que interesa, establece que la autoridad que conozca del juicio constitucional deberá suplir la deficiencia de los agravios cuando advierta que hubo contra el particular recurrente una violación evidente de la ley que lo dejó sin defensa, que es la que se advierte en forma clara y patente, que resulta obvia, que es innegable e indiscutible y que, por ello, para constatar su existencia no es necesario verter razonamientos y planteamientos cuestionables.

El precepto 113 de la ley de la materia dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia lo desechará de plano.

En ese orden, si el desechamiento de la demanda no se apoya en una causa de improcedencia manifiesta e indudable, ello constituye una violación evidente de la ley que deja en estado de indefensión al quejoso por afectar su derecho de acceso a la justicia, pues le impide inconformarse en la vía constitucional contra un acto de autoridad que considera violatorio de sus derechos humanos, razón por la cual, ante este desechamiento procede suplir la deficiencia de los agravios expresados en el recurso de queja que interponga, en términos del citado dispositivo 79, fracción VI.

Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 34/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 62, Tomo I, enero de 2019, página 9, que dice:

"SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, PROCEDE EN UN RECURSO DE QUEJA CUANDO EL ÓRGANO REVISOR ADVIERTE EL DESECHAMIENTO INDEBIDO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, POR NO ACTUALIZARSE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El precepto citado faculta al órgano jurisdiccional a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios cuando advierta que ha habido en contra del quejoso o del recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de la Ley de Amparo. Ahora bien, la suplencia referida procede en un recurso de queja cuando se combate la resolución que desechó la demanda de amparo indirecto por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia, siempre y cuando se advierta: i) la existencia de una violación manifiesta de la ley; y, ii) que dicha violación haya dejado sin defensa al quejoso. Lo anterior es así, pues al analizar la resolución recurrida, el órgano jurisdiccional debe verificar en primer lugar si se violó de manera evidente la ley, esto es, si se transgredió el artículo 113 de la Ley de Amparo y, en segundo lugar, si dicha transgresión dejó al quejoso sin defensa, lo cual debe entenderse como una afectación sustancial dentro del procedimiento y que se actualiza al negar el acceso a la acción de amparo con un desechamiento que no se apega al marco jurídico aplicable."

En el caso, del expediente electrónico del juicio de amparo se observa que en la demanda de amparo la parte quejosa señaló como actos y autoridades responsables los siguientes:

"III. Autoridades responsables:

"a) La Secretaría de Gobernación.

"b) El C. Titular del Instituto Nacional de Migración.

"c) El C. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México.

"d) El C. Titular de la Dirección de Atención a Trámites de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México.

"IV. Actos que de cada autoridad se reclaman:

"De las autoridades responsables señaladas en el apartado tercero, incisos a), b), c) y d) del presente escrito de demanda se reclama la resolución contenida en el oficio con número de folio **********, de fecha 8 de noviembre de 2022, notificada el pasado 28 de noviembre de 2022, misma que se adjunta a la presente demanda de amparo como anexo 2, en la cual se resuelve la solicitud efectuada con fecha 13 de octubre de 2022, de autorización de visado por oferta de empleo, a favor de **********, solicitada por **********.

"De todas las autoridades responsables señaladas en el apartado tercero del presente escrito de demanda se reclama la aplicación del artículo décimo octavo ‘De la solicitud de visa’, fracción II, de los Lineamientos generales para la expedición de visas que emiten las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores."

El acto reclamado es del contenido siguiente:

Se suprimen imágenes

En el auto recurrido, el secretario encargado del despacho del juzgado del conocimiento desechó de plano la demanda de amparo, al considerar que se actualizaba de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo.

Los razonamientos que sustentaron ese desechamiento son:

• Del escrito de demanda se advertía que la parte promovente acude a la instancia constitucional a reclamar la resolución dictada el ocho de noviembre de dos mil veintidós, con folio **********, en el que se le negó dar trámite a la visa de trabajo a la parte quejosa.

• Los requisitos que deben satisfacerse para que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, son:

1) Que el acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.

2) Que dicho acto deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda algún juicio, recurso o medio de defensa a través del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, siempre que conforme a estas leyes se suspendan sus efectos mediante la presentación del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado; y,

3) Que no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la medida cautelar, sin importar si el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido.

• Los anteriores requisitos se cumplían, por lo siguiente:

• El primero de los requisitos se acreditaba, porque los actos reclamados se atribuían a autoridades de la administración pública federal, concretamente a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración.

• Se acreditaba el segundo requisito, porque lo reclamado era susceptible de impugnarse a través del juicio de nulidad o del recurso de revisión, por lo siguiente:

i) Resultaba procedente el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos del artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que establece:

"Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

"...

"XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;"

ii) Procedía el recurso de revisión previsto en los artículos 83 y 85 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que establecen lo siguiente:

"Artículo 83. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente."

"Artículo 85. El plazo para interponer el recurso de revisión será de quince días contado a partir del día siguiente a aquél en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se recurra."

Que lo anterior era así, toda vez que la parte quejosa reclamaba la resolución dictada el ocho de noviembre de dos mil veintidós, con folio **********, en la cual se le negó la visa de trabajo a la parte quejosa, la cual era una determinación final sustentada, entre otros ordenamientos legales, en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

• Se cumplía el tercer requisito, pues la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no exigía mayores requisitos que los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, ni plazo mayor que el que establecía para el otorgamiento de la suspensión provisional. Lo anterior se sustentó en la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO."

• La parte quejosa está obligada a respetar el principio de definitividad que prevé el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Máxime que no se actualizaba alguna hipótesis de excepción al principio de definitividad, por lo siguiente:

• En primer lugar, porque a través de la promoción del juicio contencioso administrativo podían suspenderse los efectos del acto combatido, ya que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé dicha medida cautelar sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo.

• Tampoco se actualizaba la excepción de falta de fundamentación, porque del acto reclamado se advertía que estaba fundado en diversos artículos de la Constitución Federal, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, entre otras normas, lo que llevaba a la convicción de que los actos no adolecían de la cita de dispositivos legales y las razones que lo sustentaban por lo que, en su caso, podría configurarse una indebida o incorrecta fundamentación y motivación, en cuyo supuesto, la parte promovente estaba obligada a respetar el principio de definitividad.

Por lo que era claro que la parte quejosa conocía los fundamentos de la autoridad responsable para emitir el acto reclamado, lo que revelaba que el perjuicio que hacía valer estribaba en una indebida y no en una falta de fundamentación.

• No se actualizaba la excepción relativa a que no es obligación del promovente agotar los recursos o medios de defensa cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal, ya que no sólo se aducían violaciones a preceptos constitucionales, sino a la Ley de Migración.

• Tampoco el quejoso se ostentaba como tercero extraño, no reclamaba la inconstitucionalidad de alguna ley, ni estaba en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, menos estaba acreditado algún otro elemento del que se pudiera inferir que se surtía algún caso de excepción al principio de definitividad.

Para controvertir la determinación anterior, la parte recurrente, medularmente en sus dos agravios refiere que es ilegal el desechamiento de la demanda de amparo pues, en su opinión, se soslayó que la Ley de Amparo establece que no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previo a la promoción del juicio de amparo, cuando existan violaciones directas a la Constitución Federal, como ocurrió en la especie.

Que se inadvirtió que en el escrito inicial de la demanda de amparo se alegó la falta de motivación y fundamentación de la resolución reclamada.

La confronta entre lo resuelto en el acuerdo recurrido y lo manifestado por la recurrente revelan que la problemática a dilucidar consiste en resolver si es apegado a derecho el desechamiento de la demanda de amparo, al considerarse actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo.

Para dar respuesta al planteamiento anterior, se tiene en cuenta lo siguiente:

I. El numeral 113 de la ley de la materia establece:

"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."

Del precepto transcrito se advierte que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; entendiéndose por "manifiesto" aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara de la demanda y de sus anexos, y por "indudable" aquello de lo que se tiene la certeza y plena convicción, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es.

Así, una causa manifiesta e indudable de improcedencia es entendida como aquella que está plenamente demostrada, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos a esas promociones; de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes.

De ese modo, si el Juez de amparo carece de todos los elementos para albergar sin duda la improcedencia del juicio, debe admitirse a trámite la demanda, en atención al principio pro actione.

Es ilustrativa la tesis 2a. LXXI/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por ‘manifiesto’ lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por ‘indudable’, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada."(5)

II. Respecto de las causas de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que deben probarse plenamente y no inferirse con base en presunciones pues sólo por excepción, en los casos precisos que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo puede vedarse el acceso a dicho medio de control constitucional y, por ello, resulta ser de aplicación estricta lo dispuesto en el artículo 113 de ese ordenamiento legal para desechar de plano una demanda.(6)

Al resolver la contradicción de tesis 297/2011, la citada Segunda Sala estableció diversos lineamientos que cobran observancia en el asunto que se analiza, de los cuales destacan los siguientes:

• Que el Juez Federal, en el auto de trámite que se dicte con motivo de la presentación de una demanda de amparo indirecto, no puede llevar a cabo el análisis exhaustivo del acto reclamado y con base en dicho estudio, desecharla de plano.

• Que de acuerdo con la ley, el Juez de Distrito está facultado para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, entendiéndose por "manifiesto" lo que se observa en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es.

• Que un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, con la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto; de modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes.

• Que para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables; de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido.

• Que como causales de improcedencia manifiestas e indudables se encuentran la extemporaneidad en la presentación de la demanda, la promoción del juicio de amparo contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o en contra de una sentencia dictada en otro juicio de amparo, entre otras, haciendo la acotación de que no todas las causales de improcedencia son aptas para demostrar de manera manifiesta e indudable la improcedencia del juicio constitucional. • Así, concluyó que de existir incertidumbre de su actualización no debe ser desechada la demanda, sino que atendiendo a que, por regla general, debe estimarse procedente el juicio de garantías, se debe admitir a trámite, ya que de lo contrario se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que, considere, le ocasiona perjuicio, por lo que en ese caso debe proveerse sobre la admisión de la demanda, a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada, sin perjuicio de sobreseer en el juicio si el estudio propio de la sentencia dictada en la audiencia constitucional así lo impone legalmente.

Las anteriores consideraciones originaron la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.),(7) de rubro siguiente:

"AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA."(8)

De lo expuesto se obtiene que para advertir la notoria e indudable improcedencia debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en razón de que están acreditados con elementos indubitables; de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido.

En esos términos, si los Jueces de amparo únicamente pueden desechar una demanda al advertir de manera notoria e indudable la actualización de una causa de improcedencia, el desechar de plano dicho medio de control constitucional es una excepción a la regla genérica que debe primar, consistente en la admisión del juicio de amparo, al tratarse del medio de defensa por el cual los gobernados pueden ver restituidos los derechos humanos y garantías contenidos en la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, que les han sido vulnerados por el actuar o las omisiones de las autoridades, lo que debe ser así a efecto de no restringir la garantía de acceso a la justicia contenida en el artículo 17 constitucional.

Apoya lo anterior la tesis 1a. CCXCI/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Tomo I, agosto de dos mil catorce, página 536, de rubro y texto siguientes:

"TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados".

III. Los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo disponen:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.

"No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;"

"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.

"No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.

"Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;"

De los artículos citados se advierte la regla general relativa a que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda un medio de defensa ordinario por el que sean susceptibles de modificarse, revocarse o nulificarse.

Asimismo, se advierte que los supuestos de excepción a esa regla son los siguientes:

a) Que el recurso no prevea la posibilidad de suspender los efectos del acto impugnado con los mismos alcances que establece la Ley de Amparo;

b) Que previendo esa posibilidad suspensiva exija mayores requisitos que los que la Ley de Amparo prevé para conceder la suspensión definitiva;

c) Que la ley del recurso ordinario prevea un plazo mayor al que establece la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional;

d) Que el acto de afectación carezca de fundamentación;

e) Que sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; y,

f) Que el recurso se establezca en una norma que no tenga rango de ley.

Conviene precisar que el supuesto mencionado en el inciso e) se actualiza cuando la parte quejosa expresa únicamente argumentos encaminados a demostrar que el acto de autoridad infringe por sí mismo y en forma inmediata algún precepto constitucional.

A contrario sensu, no se surte la excepción al principio de definitividad cuando el demandante alega conjuntamente violaciones directas e indirectas a la Constitución. Lo anterior obedece a que el juicio de amparo está diseñado específicamente para revisar la regularidad constitucional de los actos de autoridad, mientras que los tribunales de jurisdicción ordinaria tienen a su cargo la revisión de las cuestiones de legalidad.

En los casos en que el reclamo del particular se funde en violaciones de ambos tipos será menester que previamente agote los medios ordinarios de defensa, a fin de que los tribunales competentes se hagan cargo de las cuestiones de legalidad.

Sin embargo, cuando sólo se alegan violaciones directas a la Constitución no existe motivo para vincular a los particulares a acudir en primer término ante los tribunales de jurisdicción ordinaria, pues al confrontar el acto de autoridad directamente con las disposiciones constitucionales se surte la competencia otorgada a los tribunales de amparo, actualizándose así una excepción al principio de definitivida

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31657-23d47f4c/excepcion-al-principio-de-definitividad-es-innecesario-agotar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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