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Modo: Corpus Pro

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO INDIRECTO, EN RAZÓN DE QUE EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE MARZO DE 2011).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 148/2013. · Registro digital (IUS): 24538
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Pág. 1446.

AMPARO EN REVISIÓN 148/2013. 30 DE MAYO DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JAIME RAÚL OROPEZA GARCÍA. SECRETARIO: ALEJANDRO RAMOS GARCÍA.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. Como se adelantó, no se analizarán los agravios formulados por la parte recurrente ni la legalidad de la sentencia recurrida, ya que este tribunal advierte, de oficio, una causal de improcedencia que lleva a revocar el fallo recurrido para decretar el sobreseimiento en el mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Se invoca la jurisprudencia P./J. 122/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, página 28, que dice:

"IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme."

La causal de improcedencia que se advierte es la prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, que dice:

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XV. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.

"No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación; ..."

Del precepto transcrito se advierte, como regla general, que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo contra los que, conforme a las leyes que los rijan, proceda algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre y cuando en las mismas leyes se suspendan los efectos de los actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto reclamado sea o no susceptible de ser suspendido.

Asimismo, dispone la citada fracción, en su segundo párrafo, que no existe la obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación.

El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal.

Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual resulta inadmisible.

Ahora bien, el artículo 14, fracciones III, XI y XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establece:

"Artículo 14. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

"...

"III. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales;

"...

"XI. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

"XII. Las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; ..."

La interpretación de las fracciones transcritas del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa permite establecer la competencia de dicho tribunal para conocer de los recursos administrativos interpuestos en contra de las resoluciones que impongan multas por infracciones a las normas administrativas federales y las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

En el presente asunto, la quejosa reclama las resoluciones administrativas de veinte de junio de dos mil doce, a través de las cuales el jefe de departamento de Verificación y Vigilancia en Puebla de la Procuraduría Federal del Consumidor, con fundamento en los artículos 83 y 91, fracciones I y II, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, desechó los recursos de revisión interpuestos en contra de las multas impuestas como medida de apremio dentro del expediente administrativo número **********, por no dar cumplimiento al requerimiento que se le hizo de exhibir el contrato de compraventa debidamente registrado y autorizado por la responsable, así como la fe de erratas hecha en la escritura pública número **********, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 25, fracción II y 129 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Para evidenciar lo anterior, se transcribe la parte conducente de la primera resolución que desechó el recurso de revisión intentado contra la multa impuesta por no exhibir la fe de erratas hecha en la escritura pública número **********:

"... Segundo. Con fundamento en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no se entra al estudio del referido medio de impugnación, toda vez que el acuerdo de fecha **********, a través del cual se impuso una multa como medida de apremio, por no haber desahogado el requerimiento de fecha **********, consistente en exhibir la fe de erratas hecha en la escritura pública número **********, no obstante encontrarse apercibido para tal efecto, es un acto que no pone fin al procedimiento administrativo, a una instancia, o bien, resuelve un expediente, por lo que no es impugnable mediante el recurso de revisión promovido.

"En efecto, el acuerdo referido en el párrafo que antecede, no constituye un acto que actualice alguno de los supuestos de procedencia del recurso administrativo de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el cual, en su parte conducente, señala lo siguiente:

"‘Artículo 83. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda.’

"...

"De la correcta interpretación del artículo en cita, y dentro de una lógica jurídica, es de concluirse que el recurso de revisión previsto en dicho precepto legal, se encuentra establecido para impugnar resoluciones definitivas, dictadas por las autoridades administrativas, y no para controvertir actos de la naturaleza del que se impugna. Razón por la cual, no es procedente que esta autoridad entre al estudio del recurso que nos ocupa.

"...

"Sexto. Así las cosas y como corolario de todo lo anterior, es de indicarle al recurrente, que se tiene por no interpuesto y se declara desechado por improcedente el recurso de revisión intentado, toda vez que no se aportaron los elementos suficientes para demostrar la ilegalidad de la resolución impugnada; en consecuencia, es procedente confirmar la multa impuesta por la cantidad de $**********, en auto de fecha **********, al proveedor **********, S.A. de C.V., por los argumentos anteriormente manifestados.

"...

"Así lo proveyó y firma el ... jefe de departamento de Verificación y Vigilancia en Puebla de la Procuraduría Federal del Consumidor ... con fundamento en ... los artículos 83 y 91, fracciones I y II, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo ..." (fojas 143 a 145 del juicio de amparo).

La segunda resolución reclamada fue emitida en términos similares (fojas 157 a 160 del juicio de amparo), variando únicamente el motivo de la multa combatida (por no exhibir el contrato de compraventa debidamente registrado y autorizado por la responsable), por lo que se omite su transcripción.

Ahora, debe destacarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 104/2004, sostuvo que las resoluciones que dicta la Procuraduría Federal del Consumidor para resolver el recurso de revisión, son impugnables mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos de las fracciones III, XIII y XIV del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa -vigente hasta el seis de diciembre de dos mil siete-, previamente al juicio de amparo, porque conforme a ese precepto legal, dicho tribunal resulta competente para conocer de las resoluciones dictadas al resolver el recurso de revisión con motivo de la imposición de multas o sanciones derivadas de la infracción a disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, o de aquellas que ponen fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelven un expediente con base en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, además, en el juicio de nulidad no se exigen mayores requisitos para la suspensión del acto que los previstos en la Ley de Amparo.

La jurisprudencia en comento aparece publicada en la página 415 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, agosto de 2004, materia administrativa, bajo el rubro y texto siguientes:

"PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. LAS RESOLUCIONES QUE DICTA PARA RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN DEBEN IMPUGNARSE MEDIANTE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS. El artículo 143 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, derogado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 2004, establecía que ‘contra la resolución emitida para resolver algún recurso no procederá otro’. Por su parte, las fracciones III, XIII y XIV del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establecen la procedencia del juicio de nulidad ante dicho órgano jurisdiccional, para impugnar las resoluciones dictadas al resolver el recurso de revisión con motivo de la imposición de multas o sanciones derivadas de la infracción a disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, o de aquellas que ponen fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelven un expediente; este medio ordinario no exige mayores requisitos para la suspensión del acto que los previstos en la Ley de Amparo, de conformidad con las tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/97 y 2a./J. 155/2002, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos V, marzo de 1997 y XVII, enero de 2003, páginas 395 y 576, respectivamente, de rubros: ‘MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS.’ y ‘RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL JUICIO CORRESPONDIENTE DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL NO PREVER LA LEY DEL ACTO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS.’. Acorde con dichas disposiciones y en términos de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, se concluye que el juicio de garantías es improcedente contra esa clase de resoluciones dictadas por la Procuraduría Federal del Consumidor, pues previamente debe agotarse el juicio de nulidad.

"Contradicción de tesis 65/2004-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Noveno Circuito y Primero en Materia Administrativa del Segundo Circuito y el Primero del Vigésimo Primer Circuito. 9 de julio de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rolando Javier García Martínez.

"Tesis de jurisprudencia 104/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del seis de agosto de dos mil cuatro."

Tal criterio es aplicable en el presente caso, como se verá a continuación:

Es cierto que la jurisprudencia en comento interpretó las fracciones III, XIII y XIV del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vigente hasta el seis de diciembre de dos mil siete; sin embargo, el texto de dichas porciones normativas es idéntico al de las fracciones III, XI y XII del artículo 14 de la ley orgánica del citado tribunal vigente, por lo que las consideraciones que sostiene dicho criterio jurisprudencial sirven también para resolver el presente asunto.

Para evidenciar lo anterior, se transcriben ambas disposiciones en un cuadro comparativo:

Ver cuadro comparativo

Así, puede afirmarse que las resoluciones reclamadas emitidas por el jefe de departamento de Verificación y Vigilancia en Puebla de la Procuraduría Federal del Consumidor, que desecharon los recursos de revisión intentados contra diversas multas impuestas por la citada procuraduría, con base en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, son impugnables mediante el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos de las fracciones III, XI y XII del artículo 14 de la ley orgánica del citado tribunal vigente.

Ahora bien, en cuanto a la exigencia de requisitos en el juicio de nulidad para la suspensión del acto, en relación a los exigidos en el juicio de amparo, este Tribunal Colegiado no pasa por alto que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 56/2007, consideró que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para suspender los actos reclamados, lo que condujo a la mencionada Sala de nuestro Alto Tribunal a sostener la procedencia del amparo indirecto, sin agotar antes el juicio de nulidad, por surtirse una excepción al principio de definitividad, lo que, en principio, haría inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 104/2004 en ese aspecto.

Sin embargo, ello no es así, pues debe señalarse que a partir de las reformas al mencionado artículo 28 de la ley relativa, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil diez, en vigor a los noventa días siguientes de dicha publicación, es decir, el diez de marzo de dos mil once, dicho numeral ya no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para suspender los actos impugnados y, por ende, sí resultaba necesario agotarlo antes de promover el juicio de garantías en el caso concreto.

En efecto, la jurisprudencia identificada con el número 2a./J. 56/2007, se encuentra publicada en la página 1103, Tomo XXV, mayo de 2007, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala:

"RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO CORRESPONDIENTE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL PREVER EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS. Del examen comparativo del citado precepto con los artículos 124, 125 y 135 de la Ley de Amparo, se advierte que se actualiza la excepción al principio de definitividad prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece mayores requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado que la Ley de Amparo, a saber: 1) circunscribe la posibilidad de solicitar la medida cautelar a los supuestos en que la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución; 2) obliga al solicitante a ofrecer, en su caso, las pruebas documentales relativas al ofrecimiento de la garantía, a la solicitud de suspensión presentada ante la autoridad ejecutora y, si la hubiere, la documentación en que conste la negativa de la suspensión, el rechazo de la garantía o el reinicio de la ejecución; 3) obliga a ofrecer garantía mediante billete de depósito o póliza de fianza, para reparar los daños o indemnizar por los perjuicios que pudieran causarse a la demandada o terceros con la suspensión si no se obtiene sentencia favorable en el juicio -debiendo expedir dichos documentos a favor de las partes demandadas-; 4) constriñe a exponer en el escrito de solicitud de suspensión, las razones por las cuales se considera que se debe otorgar la medida cautelar y los perjuicios que se causarían en caso de la ejecución de los actos cuya suspensión se solicite; 5) condiciona el otorgamiento de la suspensión a que, sin entrar al fondo del asunto, se advierta claramente la ilegalidad manifiesta del acto impugnado; y, 6) establece que se otorgará la suspensión si la solicitud es promovida por la autoridad demandada por haberse concedido indebidamente. En ese tenor, al actualizarse la excepción al principio de definitividad aludido, es factible acudir directamente al juicio de amparo sin agotar previamente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa."

Es importante mencionar que la jurisprudencia transcrita se emitió al tenor del texto del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, anterior a su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil diez, en vigor a los noventa días siguientes de dicha publicación, es decir, el diez de marzo de dos mil once; texto que era del tenor literal siguiente:

- Texto anterior del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

"Artículo 28. El demandante, podrá solicitar la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, cuando la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución, cumpliendo con los siguientes requisitos.

"I. Podrá solicitarla en la demanda o en cualquier tiempo, hasta antes de que se dicte sentencia, ante la Sala de conocimiento del juicio.

"II. Acompañar copias de la promoción en la que solicite la suspensión y de las pruebas documentales que ofrezca, para correr traslado a cada una de las partes y una más para la carpeta de suspensión.

"III. Ofrecer, en su caso, las pruebas documentales relativas al ofrecimiento de garantía, a la solicitud de suspensión presentada ante la autoridad ejecutora y, si la hubiere, la documentación en que conste la negativa de la suspensión, el rechazo de la garantía o el reinicio de la ejecución, únicas admisibles en la suspensión.

"IV. Ofrecer garantía suficiente mediante billete de depósito o póliza de fianza expedida por institución autorizada, para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que pudieran ocasionarse a la demandada o a terceros con la suspensión si no se obtiene sentencia favorable en el juicio contencioso administrativo.

"V. Los documentos referidos deberán expedirse a favor de la otra parte o de los terceros que pudieran tener derecho a la reparación del daño o a la indemnización citadas.

"VI. Tratándose de la solicitud de la suspensión de la ejecución en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, procederá la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.

"El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos:

"a) Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso, y

"b) Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito.

"VII. Exponer en el escrito de solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado, las razones por las cuales considera que debe otorgarse la medida y los perjuicios que se causarían en caso de la ejecución de los actos cuya suspensión se solicite.

"VIII. La suspensión se tramitará por cuerda separada y con arreglo a las disposiciones previstas en este capítulo.

"IX. El Magistrado instructor, en el auto que acuerde la solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado, podrá decretar la suspensión provisional, siempre y cuando con ésta no se afecte al interés social, se contravenga disposiciones de orden público o quede sin materia el juicio, y se esté en cualquiera de los siguientes supuestos:

"a) Que no se trate de actos que se hayan consumado de manera irreparable.

"b) Que se le causen al demandante daños mayores de no decretarse la suspensión, y

"c) Que sin entrar al análisis del fondo del asunto, se advierta claramente la ilegalidad manifiesta del acto administrativo impugnado.

"X. El auto que decrete o niegue la suspensión provisional, podrá ser impugnado por las autoridades demandadas mediante el recurso de reclamación previsto en el artículo 59 de esta Ley, dejando a salvo los derechos del demandante para que lo impugne en la vía que corresponda.

"XI. En el caso en que la ley que regule el acto administrativo cuya suspensión se solicite, no prevea la solicitud de suspensión ante la autoridad ejecutora, la suspensión tendrá el alcance que indique el Magistrado instructor o la Sala y subsistirá en tanto no se modifique o revoque o hasta que exista sentencia firme.

"XII. Mientras no se dicte sentencia en el juicio, la Sala podrá modificar o revocar la sentencia interlocutoria que haya decretado o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique.

"XIII. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia firme favorable, la Sala ordenará la cancelación o liberación, según el caso, de la garantía otorgada.

"Asimismo, si la sentencia firme le es desfavorable, a petición de la contraparte o, en su caso, del tercero, y previo acreditamiento que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala, ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante el tribunal.

"XIV. Si la solicitud de suspensión de la ejecución es promovida por la autoridad demandada por haberse concedido en forma indebida."

Conforme al texto del precepto legal antes transcrito, vigente hasta antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil diez, es que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 56/2007 antes citada, resolvió que dicho numeral exigía mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión de los actos reclamados, de tal modo que resultaba innecesario agotar ese medio de impugnación en forma previa al amparo indirecto.

Sin embargo, el texto reformado del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente desde el día diez de marzo de dos mil once, es decir, con anterioridad a la notificación de las resoluciones reclamadas en el juicio de amparo de origen, que data de veintinueve de junio de dos mil doce (fojas 163 y 164), ya no prevé esos requisitos para conceder la suspensión de los actos impugnados en el juicio contencioso administrativo, sino que establece la posibilidad de conceder la suspensión solicitada atento a lo siguiente:

- Texto vigente del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

"Artículo 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes:

"I. Se concederá siempre que:

"a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y

"b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado.

"II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos:

"a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.

"Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos:

"1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y

"2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito.

"b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable.

"En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía.

"La suspensión a la que se refiere este inciso quedará sin efecto, si previa resolución del Magistrado instructor, el tercero otorga a su vez contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la notificación del acto impugnado al solicitante y a pagar los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado, si finalmente la sentencia definitiva que se dicte fuere favorable a sus pretensiones, así como el costo de la garantía que este último hubiere otorgado. No procede admitir la contragarantía si, de ejecutarse el acto, quedare sin materia el juicio.

"c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme.

"d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado instructor o quien lo supla.

"III. El procedimiento será:

"a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte s

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24538-5c714bc7/juicio-contencioso-administrativo-en-acatamiento-al-principio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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