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Modo: Corpus Pro

NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. AL NO ESTABLECER LA LEY QUE REGULA DICHA DETERMINACIÓN MINISTERIAL MECANISMOS DE SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO COMO LO PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE AMPARO, ES INNECESARIO AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO.

Tipo de asunto: QUEJA 11/2018. · Registro digital (IUS): 27833
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-05-18
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, Pág. 2622.

QUEJA 11/2018. 8 DE FEBRERO DE 2018. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: IRMA RIVERO ORTIZ DE ALCÁNTARA. PONENTE: LUIS PÉREZ DE LA FUENTE. SECRETARIO: JAIME ARTURO CUAYAHUITL OROZCO.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—Al margen de lo expresado en los agravios propuestos, este tribunal advierte la necesidad de suplir la queja deficiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo.

En principio, y por razón de mandato constitucional, de manera preliminar conviene señalar que, acorde con lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, vigente a partir del once siguiente, en términos de su tercer párrafo, corresponde a este órgano de control de constitucionalidad, en el ámbito de su competencia, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En ese tenor, debe decirse que este Tribunal Colegiado verificará la necesidad de ejercer el control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio, cuando se advierta que una norma es sospechosa o dudosa, de cara a los parámetros de control de los derechos humanos, para lo cual, determinará si es indispensable una interpretación conforme en sentido amplio, una en sentido estricto, o una inaplicación, atendiendo a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 4/2016 (10a.), visible en la página 430, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 27, Tomo I, febrero 2016 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 19 de febrero de 2016 a las 10: horas» de título y subtítulo: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. CONDICIONES GENERALES PARA SU EJERCICIO."

Precisado lo anterior y vista la demanda de garantías, se aprecia que el acto reclamado lo constituyó una determinación ministerial, como lo es:

"La determinación del no ejercicio de la acción penal, notificado mediante oficio ********** de fecha 01 de diciembre de 2017, correspondiente a la carpeta de investigación número **********".

Sobre este aspecto, es necesario destacar que los medios de impugnación son los instrumentos legales a través de los cuales se corrigen los errores cometidos tanto en el curso de un procedimiento, como en el dictado de la resolución de un asunto, el más común es el recurso.

La palabra recurso proviene del latín recursus, que significa cambio de vuelta, de regreso o retorno.

La doctrina señala que el recurso es la institución jurídica mediante la cual, la persona física o moral, presuntamente afectada por una resolución jurisdiccional o administrativa, la impugna ante la propia autoridad, o bien ante una diversa, al considerar que le causa los agravios que haga valer, concluyéndose con una nueva resolución confirmatoria, revocatoria o modificatoria de la resolución impugnada.

Igualmente, se considera que son elementos de tal concepto los siguientes:

a) El recurso es una institución jurídica, en atención a que hay varias relaciones jurídicas unificadas con vista a una finalidad común: permitir que se examine la legalidad de resoluciones de autoridad para superar cualquier error que se hubiere cometido, mediante una nueva resolución.

b) El recurso puede ser interpuesto por una persona física o moral, a quien afecta la resolución que se impugna.

c) Las resoluciones impugnables mediante recursos, lo son tanto las administrativas, como las jurisdiccionales.

d) Mediante el recuso se impugnan los actos de autoridad.

e) En el recurso es posible que se plantee la impugnación de la resolución ante la propia autoridad o ante autoridad diversa. En ambos casos, la ley es la que señala la autoridad que tiene competencia para conocer y decidir el medio de impugnación interpuesto.

f) El recurrente considera que la resolución impugnada le causa los agravios que hace valer. Puede o no tener razón. Si la tiene, obtendrá una revocación total o parcial mediante el recurso. Si no la tiene, el fallo será desfavorable.

g) El recurso culmina con una resolución de la autoridad revisora en la que modifica, confirma o revoca la resolución impugnada.

Así, los recursos constituyen una especie dentro de los medios de impugnación que se interponen ante la autoridad mediante un trámite específico, para subsanar las omisiones, excesos, defectos y, en general, cualquier error; se someten a determinadas formalidades fijadas en la ley para dar certeza, procurar el equilibrio procesal y dar seguridad jurídica.

Por tanto, el recurso es un medio de impugnación que se interpone contra una resolución pronunciada en un proceso ya iniciado, con el objeto de que dicha resolución o determinación sea revocada, modificada o anulada.

Cabe agregar que al margen de la manera como el legislador aluda o designe a un "recurso" o a la acción de interponerlo (por ejemplo, "inconformarse", "recurrir", etc.) debe considerarse que lo relevante para determinar si se está en presencia de dicha figura jurídica, es el hecho de que a través de la misma se pueden revocar o modificar los efectos jurídicos de la resolución impugnada.

Ahora, la impugnación prevista en el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, contempla un derecho a través del cual, el denunciante o querellante tiene derecho a ocasionar la revocación de la determinación ministerial de no ejercicio de la acción penal –entre otras–, en términos de lo dispuesto en el propio código y demás disposiciones legales aplicables, lo que demuestra que sí está regulado el medio de impugnación en el código aplicable, porque al efecto el artículo 258 del mismo ordenamiento procesal establece:

"Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificados a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno."

Como se advierte, en el artículo precitado se contempla un recurso a través del cual el denunciante o querellante puede ocasionar la revocación de las determinaciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal –entre otras–, y aunque aparezca innominado, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal.

De lo anteriormente expuesto, se concluye que el derecho de impugnar las omisiones del Ministerio Público acerca del no ejercicio de la acción penal, sí tiene sustento formal y material en el Código Nacional de Procedimientos Penales; luego, por ser el amparo un juicio extraordinario, para que pueda acudirse a su sustanciación, es necesario que previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria, y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que haya de reclamarse, porque en esto estriba precisamente el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, que hace procedente el juicio únicamente respecto de actos definitivos, es decir, que no sean susceptibles de modificación o invalidación alguna por medio de algún recurso ordinario.

Es así, porque la Ley de Amparo reglamenta las disposiciones previstas en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna y, particularmente, en su precepto 61, establece las causales de improcedencia del juicio de garantías, de entre las que se encuentran la prevista en su fracción XX, que se refiere a la improcedencia del juicio de amparo, cuando tratándose de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el acto combatido deba ser revisado mediante un recurso que no se interpuso.

El citado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, a ese efecto establece lo siguiente:

"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.

"No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación; ..."

En ese orden, para que la interposición de un recurso sea condicionante de la procedencia del juicio de amparo, es preciso que cumpla requerimientos específicos que, conforme al propio precepto en cita, son:

1. Que ese recurso o medio de defensa sea legal, es decir, que esté en la ley.

2. Que a través de ese medio sea posible modificar o revocar el acto de autoridad, sin que se exijan mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva por la Ley de Amparo.

En ese contexto, tal como ya se ha expuesto, el recurso de impugnación en análisis sí se encuentra previsto en ley formal y material y, a su vez, permite eventualmente modificar o revocar el acto de autoridad.

No obstante lo anterior, del propio contexto normativo que se ha expuesto, se advierte que no se prevén mecanismos de suspensión del acto, como lo prevé el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo.

Véase.

“Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. ..." (lo destacado en negritas es propio)

Y, en tal orden, es claro que contrario a lo aducido por el recurrido en el caso, la parte quejosa no tenía la obligación de agotar el principio de definitividad, debido a que la ley del acto no prevé la posibilidad de suspender el mismo, aspecto que debió observarse por el Juez de Distrito al invocar la aplicación de dicho numeral; máxime que de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 1o. de la Carta Magna, en su texto vigente a partir del once de junio de dos mil once, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en aquélla y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, interpretando las normas relativas a esos derechos, de conformidad con dichos ordenamientos (principio de interpretación conforme), con lo que se favorece en todo tiempo a las personas con la protección más amplia (principio pro homine).

En atención a lo anterior, y de conformidad con el artículo 103 de la Carta Magna, a las autoridades jurisdiccionales que conozcan del amparo, les corresponde con mayor énfasis, en razón de sus funciones de impartición de justicia, y atendiendo al objeto del citado juicio, proteger y garantizar los derechos humanos en las controversias sometidas a su competencia.

Se estima que el juzgador de amparo recurrido, en aras de proteger cabalmente los derechos y libertades de acceso a la justicia, prerrogativa de audiencia y tutela jurisdiccional, acorde con lo dispuesto por los ordinales 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los preceptos 14 y 17 de la Constitución General de la República, a fin de garantizar al quejoso un efectivo acceso a la justicia y tutela judicial, debió admitir la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, mas no desecharla por notoria improcedencia.

Se aplica, por su contenido, la jurisprudencia VI.3o.(II Región) J/3 (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región,(1) que se comparte, que a la letra dice:

"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. CUANDO LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADVIERTAN QUE EL RESPETO A LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE ACCESO A LA JUSTICIA, GARANTÍA DE AUDIENCIA Y TUTELA JURISDICCIONAL SE SUPEDITÓ A REQUISITOS INNECESARIOS, EXCESIVOS, CARENTES DE RAZONABILIDAD O PROPORCIONALIDAD, EN EJERCICIO DE AQUÉL, DEBEN ANALIZAR PREPONDERANTEMENTE TAL CIRCUNSTANCIA, AUN CUANDO NO EXISTA CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIO AL RESPECTO.—De conformidad con los artículos 1o. y 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los órganos jurisdiccionales se encuentran legalmente vinculados a ejercer, ex officio, el control de convencionalidad en sede interna, lo cual implica la obligación de velar no sólo por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, sino también por los establecidos en la Constitución Federal, adoptando la interpretación más favorable conforme al principio pro persona. Así, deben proteger cabalmente, entre otros, los derechos y libertades de acceso a la justicia, garantía de audiencia y tutela jurisdiccional, acorde con los artículos 8o., numeral 1o. y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los preceptos 14 y 17 de la Constitución General de la República. Ahora bien, si la tutela jurisdiccional se ha definido como el derecho de toda persona para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales para plantear sus pretensiones o defenderse de ellas, con el objeto de que mediante la sustanciación de un proceso donde se respeten ciertas formalidades se emita la resolución que decida la cuestión planteada y, en su caso, se ejecuten las decisiones, es evidente que el respeto a esos derechos y libertades no debe supeditarse a requisitos innecesarios, excesivos, carentes de razonabilidad o proporcionalidad; por ello, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito adviertan tal circunstancia, deben analizarla preponderantemente, en ejercicio del control de convencionalidad, con la finalidad de proteger y garantizar los derechos humanos, aun cuando no exista concepto de violación o agravio al respecto."

En consecuencia, lo procedente es declarar fundado el recurso de queja, a fin de que el Juez Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, bajo la premisa de que quede sin efectos el auto de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de amparo **********, provea sobre la admisión de la demanda de amparo; sin que esta determinación obste para que, con base en los informes con justificación, de las alegaciones o pruebas desahogadas en el juicio de amparo, se advierta de manera fehaciente alguna diversa causa de improcedencia.

Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 73/2014 (10a.), de la Segunda Sala del Máximo Tribunal Constitucional,(2) que se aplica por identidad jurídica sustancial, que a la letra dice:

"RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO. DE SER FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR. El artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo establece que procede el recurso de queja en amparo indirecto contra las resoluciones que desechen una demanda de amparo. Por su parte, el diverso 103 del mismo ordenamiento prevé que, en caso de resultar fundado el recurso, se dictará la resolución que corresponda sin necesidad de reenvío, salvo que ésta implique la reposición del procedimiento. Así, del análisis relacionado de esas disposiciones, tomando en consideración la naturaleza del recurso de queja en el que no existe devolución de jurisdicción, cuando un Tribunal Colegiado de Circuito declare fundado el recurso de queja contra el desechamiento de una demanda de amparo, éste dictará la resolución que corresponda, ordenando al Juez de Distrito proveer lo conducente en relación con la admisión, en términos de los artículos 112 a 115 del propio ordenamiento, lo que implica que no puede asumir la jurisdicción que a éste corresponde."

No es óbice a lo que ahora se resuelve, que en el auto de desechamiento se invocara de aplicación, la siguiente jurisprudencia:

"ACCIÓN PENAL. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008). De los artículos transitorios del citado decreto, se advierte que cuando alguna legislatura no ha establecido el sistema penal acusatorio dentro de la legislación secundaria correspondiente ni ha emitido la declaratoria que señale expresamente que dicho sistema ha sido incorporado en los ordenamientos, o bien, la declaratoria en que se establezca que ya existían ordenamientos preconstitucionales sobre la materia, como estos aspectos condicionan la vigencia de las reformas y adiciones de mérito, al existir una vacatio legis que no puede exceder el plazo de ocho años dispuesto para ello, el fundamento para reclamar en amparo indirecto las determinaciones de no ejercicio o desistimiento de la acción penal se encuentra en el artículo 21, cuarto párrafo, de la Constitución General de la República, antes de reformarse, pues esas circunstancias hacen que siga surtiendo efectos. En cambio, de haberse cumplido las condiciones para la entrada en vigor de las reformas y adiciones constitucionales, la víctima u ofendido debe impugnar las determinaciones referidas ante el Juez facultado dentro del sistema acusatorio instaurado, en razón de que la intención del Constituyente Permanente fue que en el nuevo esquema procesal el órgano jurisdiccional conozca de esas impugnaciones para controlar su legalidad, y que contra la resolución que se emita al respecto, proceda el juicio de garantías conforme al vigente artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Ley Fundamental."(3)

Lo anterior, porque lo analizado en la ejecutoria que informa a dicha contradicción de tesis, fue dilucidar el problema de sucesión de normas constitucionales en el tiempo y establecer, en su caso, cuál de ellas era la aplicable para reclamar en el juicio de amparo las determinaciones o resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, pero en la inteligencia de que la Federación, los Estados y el entonces Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberían expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales necesarios a fin de incorporar el sistema procesal acusatorio, de tal suerte que se concluyó que la intención del legislador fue que en relación con los Jueces de control, éstos se ocuparan –entre otras funciones– de conocer de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, pero tomando en cuenta que a nivel constitucional, sólo se podían establecer sus atribuciones fundamentales, en tanto que el desarrollo de las garantías quedaría a cargo de la legislación secundaria, esto, para no sobrerregular nuestra Constitución.

Y lo anterior se demuestra con la siguiente transcripción:

"...

"La aludida intención del Constituyente Permanente, se puede apreciar en el dictamen de la Cámara de Origen, en donde al tratar lo relativo al artículo 16 constitucional, se detallan algunas de las funciones del Juez de control, en los términos siguientes:

"‘Otra atribución del citado Juez sería conocer las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos.—Este tipo de Jueces podrán ser los que sustancien las audiencias del proceso, preliminares al juicio, las cuales desde luego que se regirán por los principios del proceso, previstos en el artículo 20 propuesto en el presente dictamen, ya que dependerá de la organización que las leyes establezcan pero también de las cargas laborales y los recursos disponibles, en razón de que seguramente en circuitos judiciales de alta incidencia delictiva, se requerirá de algún o algunos Jueces que se aboquen sólo a resolver las medidas, providencias y técnicas señaladas, otros Jueces que se constriñan a revisar las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, que pueden ser miles, y otros Jueces más que se responsabilicen de sustanciar el proceso hasta antes del juicio, incluso los procesos abreviados.—De manera que a nivel constitucional sólo deben establecerse las atribuciones fundamentales y remitir el desarrollo de las garantías a la legislación secundaria, para no sobrerregular en nuestra Constitución.—Por todo lo señalado, se determina procedente incluir Jueces denominados de control, que se responsabilizarán de la resolución rápida de las solicitudes ministeriales de cateos, arraigos, intervenciones de comunicaciones privadas, órdenes de aprehensión, y las demás que requieran control judicial, asimismo, resolver las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, y realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio, de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada Poder Judicial. ...’" (lo subrayado y en negritas es propio).

En tal orden, es claro que si hasta el momento, en la legislación secundaria no se han desarrollado a plenitud las garantías conducentes, como lo es que el acto administrativo consistente en una determinación de no ejercicio de la acción penal pueda verse suspendida de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto, en sí mismo considerado, sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley, entonces dicho acto de autoridad es susceptible de conocerse en amparo indirecto.

Por lo expuesto y fundado, además, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.—Se declara fundado el recurso de queja interpuesto por **********, apoderado legal de la quejosa **********, contra el proveído de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en el cuaderno principal del juicio de amparo indirecto **********.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al Juez Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México y, en su oportunidad, archívese.

Así lo resolvió el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por mayoría de votos de la Magistrada Emma Meza Fonseca (presidenta) y el Magistrado Luis Pérez de la Fuente (ponente), con voto particular de la Magistrada Irma Rivero Ortiz de Alcántara.

En términos de lo previsto en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en ese supuesto normativo.

_______________________

1. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XX, Tomo 2, mayo de 2013, materia común, página 1093.

2. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Tomo II, agosto de 2014, materia común, página 901 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de agosto de 2014 a las 8:05 horas».

3. Novena Época, registro digital: 162669, Primera Sala, tipo de tesis jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, marzo de 2011, materia común, tesis 1a./J. 118/2010.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27833-5d0a3ae3/no-ejercicio-de-la-accion-penal-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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