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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN PENAL. LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ FACULTADO PARA RESOLVER SOBRE SU NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO, DEBE INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 413, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS (NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2014. · Registro digital (IUS): 25420
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2015-01-23
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, TODOS DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo II, Pág. 965.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, TODOS DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS NICOLÁS NAZAR SEVILLA, GERARDO DÁVILA GAONA Y GUILLERMO DEL CASTILLO VÉLEZ. DISIDENTES: MARÍA EUGENIA OLASCUAGA GARCÍA Y RICARDO DOMÍNGUEZ CARRILLO. PONENTE: GUILLERMO DEL CASTILLO VÉLEZ. SECRETARIA: MARTHA LILIA RAMÍREZ HERNÁNDEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Pleno del Décimo Octavo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor desde el tres de abril de dos mil trece, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por tratarse de una posible discrepancia entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de este circuito y corresponde, exclusivamente, a este Pleno dilucidarla y determinar, en su caso, cuál será el criterio que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de la contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal, y 227, fracción III, en relación con el 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que fue realizada por uno de los tribunales discrepantes.

TERCERO. Antecedentes y aspectos relevantes de las ejecutorias que contienen los criterios discordantes.

I. Amparo en revisión en materia administrativa 359/2013, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito el cinco de marzo de dos mil catorce.

La quejosa impugnó en la vía constitucional la resolución dictada el primero de marzo de dos mil catorce, por el Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sentencias, en el recurso de queja que interpuso contra la determinación de no ejercicio de la acción penal, dentro de la causa **********, confirmándola.

Por razón de turno, correspondió conocer del amparo al Juez Primero de Distrito en esta entidad federativa y seguido el juicio en sus trámites legales, el dieciocho de octubre de dos mil trece, el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo de las labores del referido en primer término, dictó sentencia en la que determinó sobreseer en el juicio por considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada,(2) en razón de que la resolución reclamada pone fin al procedimiento de investigación inicial que realiza el Ministerio Público y, por ende, es apelable en términos del artículo 413, fracción I, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos.(3)

El Tribunal Colegiado de Circuito, al estudiar los agravios esgrimidos los calificó de fundados en suplencia de la queja, conforme a la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 29/2013 (10a.)(4) y señaló sintéticamente lo siguiente:

"Lo anterior es así, en virtud de que, contrario a lo sostenido por el a quo, de lo dispuesto en los artículos 225, 226 y 413, fracción I, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, no se desprende que la resolución que constituye el acto reclamado sea apelable.

"...

"Como se muestra, el primero de los citados preceptos establece la facultad del Ministerio Público de decretar el no ejercicio de la acción penal cuando se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 287 del mismo ordenamiento.

"En tanto que el segundo instituye el control judicial que debe de ejercerse sobre dicha determinación, mediante el recurso de queja, siempre que la víctima u ofendido (legitimados) lo hagan valer; señala también el trámite para la sustanciación y resolución del citado recurso, a través de una audiencia ... así como las consecuencias de no comparecer a la misma, y una regla fundamental a tenerse en cuenta en los casos en que se determine revocar la decisión del Ministerio Público -que tiene como fin, preservar las garantías de legalidad y seguridad jurídica del imputado-.

"Sobre el tema de la resolución del recurso de mérito (queja), el propio texto normativo constriñe al Juez de Control a:

"a) Decidir en definitiva al celebrar la audiencia correspondiente; lo cual revela la intención del legislador de que en ese preciso momento concluya -en sede ordinaria- el control judicial sobre la legalidad del decreto de no ejercicio de la acción penal, para dar paso al medio de control constitucional a través del juicio de amparo indirecto, conforme a lo establecido en el artículo 114, fracción VII, de la ley que lo rige.

"Esto último, a partir de la interpretación que sobre los preceptos 21, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente hasta antes de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, y 20, apartado C, fracción VII, de la propia Constitucional, vigente con posterioridad a la reforma indicada, hizo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 1a./J. 118/2010 de rubro y texto siguientes:

"‘ACCIÓN PENAL. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008). De los artículos transitorios del citado decreto, se advierte que cuando alguna legislatura no ha establecido el sistema penal acusatorio dentro de la legislación secundaria correspondiente ni ha emitido la declaratoria que señale expresamente que dicho sistema ha sido incorporado en los ordenamientos, o bien, la declaratoria en que se establezca que ya existían ordenamientos preconstitucionales sobre la materia, como estos aspectos condicionan la vigencia de las reformas y adiciones de mérito, al existir una vacatio legis que no puede exceder el plazo de ocho años dispuesto para ello, el fundamento para reclamar en amparo indirecto las determinaciones de no ejercicio o desistimiento de la acción penal se encuentra en el artículo 21, cuarto párrafo, de la Constitución General de la República, antes de reformarse, pues esas circunstancias hacen que siga surtiendo efectos. En cambio, de haberse cumplido las condiciones para la entrada en vigor de las reformas y adiciones constitucionales, la víctima u ofendido debe impugnar las determinaciones referidas ante el Juez facultado dentro del sistema acusatorio instaurado, en razón de que la intención del Constituyente Permanente fue que en el nuevo esquema procesal el órgano jurisdiccional conozca de esas impugnaciones para controlar su legalidad, y que contra la resolución que se emita al respecto, proceda el juicio de garantías conforme al vigente artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Ley Fundamental.’

"Ahora bien, en concordancia con el espíritu de las normas adjetivas primeramente invocadas (artículos 225 y 226), y en el contexto que aquí nos ocupa, el tercero de los citados preceptos (413, fracción I) debe interpretarse en el sentido de que el recurso de apelación procede contra las resoluciones dictadas por el Juez de Control que pusieren término al procedimiento judicial, hicieren imposible su prosecución o lo suspendieren por más de treinta días.

"Lo anterior, porque existen razones lógicas para estimar que dicho precepto se refiere precisamente al judicial, que inicia a partir de que el Ministerio Público formula la imputación, porque es hasta entonces cuando se formaliza el procedimiento, según se desprende de lo establecido en los artículos 272, 273 y 276 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos:

"...

"De manera que las resoluciones emitidas con anterioridad a dicho procedimiento, como son el no ejercicio de la acción penal y el archivo temporal que dicta el Ministerio Público en la primera fase de la etapa de investigación -así como otras omisiones durante el mismo periodo, en los casos en que no esté satisfecha la reparación del daño-. Si bien están sujetas al control judicial, no encuadran en los supuestos de procedencia del recurso de apelación previsto en el artículo 413, fracción I, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, puesto que ello implicaría:

"b.1) Desbordar el contexto de las resoluciones emitidas en esa primera fase de la etapa de investigación; cuando las mismas no corresponden al procedimiento formalizado o judicial.

"b.2) Soslayar el imperativo legal de que en la audiencia de la queja debe decidirse en definitiva la materia del propio recurso (no ejercicio de la acción penal).

"b.3) Generar un recurso sobre otro recurso, o una doble instancia sobre una misma resolución; lo que se traduce en una doble carga para la víctima u ofendido que pretende combatir el no ejercicio de la acción penal en vía de amparo indirecto.

"En ese orden de consideraciones, este cuerpo colegiado estima que la interpretación hecha por el Juez de Distrito en la sentencia impugnada sobre el artículo 413, fracción I, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, en efecto, le ocasiona agravios a la parte quejosa; habida cuenta que, además de no ser congruente con el texto del diverso arábigo 226 del mismo ordenamiento (en cuanto a que en la audiencia del recurso de queja debe decidirse en definitiva lo relativo al no ejercicio de la acción penal), ni corresponder a una apreciación sistemática del propio artículo (413, fracción I) en relación con los numerales 272, 273 y 276 de la misma norma instrumental; implica una carga adicional para la víctima u ofendido, impuesta con el pretexto de cumplir el principio de definitividad que rige el juicio de garantías; la cual no se encuentra justificada, puesto que el recurso de queja, en los términos establecidos por el artículo 226 del citado código, se erige en el medio de defensa ordinario cuya promoción satisface suficientemente dicho principio.

"Lo anterior partiendo de la base de que en el caso concreto es el ‘no ejercicio de la acción penal’ de lo que se duele la quejosa, y que al haberse agotado el recurso de queja arriba referido, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, como tampoco el supuesto establecido en la fracción XIII del mismo precepto, dado que la resolución reclamada, si bien es de carácter judicial, no admite ningún recurso ordinario.

"Por las razones expuestas en este considerando, no se comparte el criterio emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, en la tesis XVIII.4o.2 P (10a.), de rubro y texto siguientes:

"‘ACCIÓN PENAL. LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, PREVIO A PROMOVER EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ FACULTADO PARA RESOLVER SU NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO, DEBE AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 413, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES (SISTEMA DE JUSTICIA ACUSATORIO EN EL ESTADO DE MORELOS).’."

II. Amparo en revisión en materia administrativa 261/2012, fallado por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito el veintisiete de septiembre de dos mil doce.

El Tribunal Colegiado, en la tesis que originó la presente contradicción, señaló textualmente lo siguiente:

"La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 118/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, marzo de 2011, página 17, de rubro: ‘ACCIÓN PENAL. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008).’, estableció que la víctima u ofendido del delito debe impugnar las determinaciones de no ejercicio o desistimiento de la acción penal ante el Juez facultado dentro del sistema acusatorio instaurado y que contra la resolución que se emita al respecto procede el juicio de garantías, conforme al artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Sin embargo, dicho órgano no se pronunció en cuanto a la aplicabilidad del principio de definitividad respecto de la resolución que emita el Juez facultado dentro del sistema acusatorio, sino del derecho de la víctima u ofendido de reclamar en la vía constitucional la determinación de no ejercicio o desistimiento de la acción penal.

"Ahora bien, el recurso de queja previsto en el artículo 226 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos constituye un medio de impugnación en sede judicial de las decisiones del Ministerio Público que pueden afectar los derechos de las víctimas y ofendidos, esto es, fuera del ámbito administrativo en el que se desenvuelve dicha representación social; asimismo, contra la resolución de dicho recurso de queja procede la apelación a que se refiere el artículo 413, fracción I, del citado código.

"Por ello, si el legislador estableció una doble instancia jurisdiccional para controvertir el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, es inconcuso que para la víctima u ofendido es imperativo agotar la queja y luego la apelación, y contra la resolución que se emita en esta última, podrá promover el juicio de amparo indirecto, ya que en el caso no opera algún supuesto de excepción al principio de definitividad.

"Lo anterior sin soslayar que en términos de la fracción VII del artículo 114 de la ley de la materia, el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, conforme al artículo 21, párrafo cuarto, constitucional; pues dicha norma de procedencia del juicio de garantías perdió su vigencia, y aun cuando sea aplicada por analogía al texto constitucional vigente, no dispensa la aplicación del principio de definitividad, en caso de que la impugnación en sede judicial sea biinstancial, por lo que, de ser así, debe agotarse la vía jurisdiccional y no existe motivo alguno que justifique que el juicio de amparo indirecto suplante al recurso de apelación establecido en la legislación ordinaria, de manera que sólo contra la resolución que decida en definitiva el control judicial del no ejercicio de la acción penal procederá el juicio de amparo indirecto."

III. Amparo en revisión en materia penal 15/2013 y amparo en revisión en materia penal 152/2013, ambos del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, resueltos respectivamente, en sesiones del quince de marzo y treinta y uno de mayo de dos mil trece.

El Tribunal Colegiado de Circuito, en ambos asuntos, consideró en esencia, lo siguiente:

"... fue correcta la determinación del Juez Federal en cuanto a que si los quejosos no agotaron el principio de definitividad del amparo, éste resultaba improcedente, pues como bien lo adujo el juzgador, es claro que la resolución que resuelve el recurso de queja que confirmó el no ejercicio de la acción penal es una sentencia que pone fin al procedimiento, pues una vez determinado que no se ejercitará acción penal en contra de la o las personas inculpadas, se agota por completo el juicio, ya no puede tener continuidad al dejar de tener materia. Por lo que dicha hipótesis encuadra perfectamente en lo dispuesto en el precepto invocado en la sentencia recurrida, de acuerdo con el cual será apelable, entre otras, la resolución que pone término al procedimiento.

"...

"Debiendo destacarse que lo expuesto por el Juez obedece a las reformas constitucionales en materia penal de junio de dos mil ocho, mediante las cuales se implementó el sistema penal acusatorio y oral, habiendo cambiado el texto del artículo 21 al cual remite el 114 de la Ley de Amparo. Por lo que si no solamente tal artículo fue reformado sino todo el sistema penal, resulta lógico pensar que las legislaciones estatales también fueron adecuando a él sus ordenamientos, de tal manera que ahora pueden preverse otros recursos ordinarios en contra de la determinación del no ejercicio de la acción penal, tal como acontece en el caso de Morelos. Cumpliéndose así con lo dispuesto por la fracción VII del apartado C del artículo 20 constitucional, el cual a la letra establece:

"‘Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

"‘...

"‘C. De los derechos de la víctima o del ofendido:

"‘...

"‘VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.’

"Todo lo anterior significa que si bien es cierto el amparo indirecto procede en contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal, también lo es que tal decisión tiene que ser la que lo resuelva en definitiva, pues el amparo es un medio extraordinario de defensa que sólo procede contra actos definitivos.

"Luego, es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que estima violatorio de sus garantías individuales antes de solicitar la protección de la Justicia Federal, de modo que el amparo sea la instancia final que utilice para lograr la anulación de dicho acto.

"En el caso concreto, resulta indudable que el texto vigente del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos sí prevé el recurso idóneo para combatir lo resuelto en el recurso de queja, y solamente habiéndolo agotado resulta procedente el amparo, pues el contenido de la fracción I del artículo 413 del código adjetivo penal de la entidad, no admite interpretación, es claro al establecer que serán apelables las resoluciones dictadas por el Juez de Control cuando pusieren término al procedimiento, hicieren imposible su prosecución o lo suspendieren por más de treinta días.

"Ahora bien, lo hasta aquí expuesto, nos permite invocar un criterio reciente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al analizar los temas relacionados con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y específicamente en relación al derecho de las personas a la impartición de justicia, concluyó que tal prerrogativa no puede ‘... soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.’

"La citada tesis versa al tenor literal siguiente:

"‘DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables ...’

"Del criterio transcrito se puede concluir y reiterar entonces que si bien sí procede el amparo indirecto en contra de la determinación del no ejercicio de la acción penal, la misma debe ser la que lo resuelva en definitiva, no pudiéndose omitir el cumplimiento de los requisitos formales establecidos para su procedencia, como lo es agotar los recursos ordinarios previstos en la ley.

"...

"Sin embargo, la suplencia de la deficiencia de la queja no tiene el alcance que pretenden los recurrentes, pues dicha figura se limita a subsanar las omisiones, equivocaciones o imprecisiones en que pudieron haber incurrido los beneficiarios de ella, pero no puede llegar al extremo de hacer procedente un recurso que no lo es o de pasar por alto la obligación de agotarlo previo al juicio de garantías.

"Resulta aplicable, por analogía, la siguiente tesis:

"...

"‘SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL, NO IMPLICA EL HACER PROCEDENTE UN RECURSO QUE NO LO ES. La suplencia de la deficiencia de la queja que existe en la materia penal sólo tiene como fin resolver sobre la cuestión efectivamente planteada y sobre la legalidad o constitucionalidad del acto impugnado, no obstante las imperfecciones o ausencia de conceptos de violación o agravios, para evitar que por una defensa inadecuada o insuficiente, se prive de la libertad de manera injustificada a una persona, pero de ninguna manera llega al extremo de admitir juicios o recursos no permitidos por la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanan. Conforme al artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, en materia penal, aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios. Suplir implica en este caso integrar lo que falta o subsanar una imperfección, completar lo parcial o incompleto, y únicamente opera sobre conceptos de violación o agravios en el caso de que éstos sean materia de estudio ante la inexistencia de una causa de improcedencia, por lo que la suplencia sólo opera una vez que es procedente el juicio o recurso, pero no significa actuar al margen de la ley declarando procedente lo improcedente.’."

CUARTO. Existencia y estructuración de la contradicción de tesis.

I. Cuestiones previas

1. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que es necesaria la reunión de los siguientes supuestos para que exista contradicción de tesis: a) Dos o más ejecutorias en las que se adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales; y b) Que la diferencia de criterios emitidos en esas ejecutorias se presente en las consideraciones, razonamientos o respectivas interpretaciones jurídicas.

Es aplicable la jurisprudencia P./J. 72/2010, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el texto:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(5)

En forma complementaria, de conformidad con las premisas establecidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 1a./J. 22/2010 y 1a./J. 23/2010, la finalidad de la contradicción de tesis radica en la necesidad de unificar criterios enfrentados y dotar de seguridad jurídica al sistema jurisdiccional.

Además, como la condición de existencia de una contradicción de tesis está ligada a una posible discrepancia de los procesos interpretativos involucrados y no tanto a los resultados que éstos arrojen, su análisis debe hacerse con el objeto de identificar si en alguno de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales.

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más tribunales colegiados de circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."(6)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25420-d47545d7/accion-penal-la-victima-u-ofendido-del-delito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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