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Modo: Corpus Pro

RESOLUCIONES EMITIDAS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON LA INTERVENCIÓN DE TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE ACTÚAN EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL SECRETARIO DE ACUERDOS. TIENEN PLENA EXISTENCIA Y VALIDEZ, AL SATISFACER LAS FORMALIDADES NORMATIVAS QUE AL EFECTO SE REQUIEREN (LEGISLACIÓN PENAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO APLICABLE AL SISTEMA DE ENJUICIAMIENTO MIXTO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2017. · Registro digital (IUS): 27453
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2017-11-17
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y DÉCIMO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo II, Pág. 1319.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y DÉCIMO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 29 DE AGOSTO DE 2017. MAYORÍA DE SIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS CARLOS HUGO LUNA RAMOS, MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ FRÍAS, MARIO ARIEL ACEVEDO CEDILLO, MIGUEL ÁNGEL MEDÉCIGO RODRÍGUEZ, SILVIA CARRASCO CORONA, JOSÉ PABLO PÉREZ VILLALBA E IRMA RIVERO ORTIZ DE ALCÁNTARA. DISIDENTES: OLGA ESTREVER ESCAMILLA, MARÍA ELENA LEGUÍZAMO FERRER Y JORGE FERMÍN RIVERA QUINTANA. PONENTE: MIGUEL ÁNGEL MEDÉCIGO RODRÍGUEZ. SECRETARIO: JAIME FLORES CRUZ.

VISTOS, para resolver los autos de la contradicción de tesis 2/2017; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.-Por oficio 17/2017, de trece de febrero de dos mil diecisiete, recibido en la Oficialía de Partes del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito el dieciséis siguiente, los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito denunciaron la posible contradicción de criterios entre el sustentado por ese órgano colegiado, al resolver, por unanimidad de votos, en sesión de dos de febrero de ese año, el amparo en revisión 259/2016; contra el diverso criterio sostenido por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al fallar, por mayoría de votos, en sesión de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, el juicio de amparo directo 47/2016, que originó la emisión de la tesis aislada I.10o.P.4 P (10a.), de título y subtítulo: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA EMITIDA POR EL JUEZ O EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ POR MINISTERIO DE LEY, CON LA INTERVENCIÓN DE TESTIGOS DE ASISTENCIA. ES VÁLIDA Y TIENE PLENOS EFECTOS JURÍDICOS, AL SATISFACER EL REQUISITO FORMAL EXIGIDO POR EL ARTÍCULO 74 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO."

2. SEGUNDO.-Por auto de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, el presidente del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, por lo que, con la copia certificada de la resolución dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en el amparo en revisión 259/2016, ordenó formar y registrar el expediente de contradicción de tesis con el número 2/2017; asimismo, requirió a la presidencia del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito el envío de copia certificada de la ejecutoria relativa al amparo directo 47/2016, pidió a cada uno de los tribunales contendientes que informaran si el criterio sustentado en los asuntos referidos se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.

3. Lo que en su oportunidad fue informado, además, ordenó que se girara oficio a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que informara si existe o no alguna contradicción de tesis radicada en ese Alto Tribunal sobre la materia de la presente contradicción de tesis.

4. TERCERO.-Posteriormente, por auto de tres de marzo de dos mil diecisiete, se agregó el oficio de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del cual, comunicó las gestiones realizadas, a fin de informar lo solicitado; lo anterior, con el objeto de continuar con la debida integración de la contradicción de tesis 2/2017.

5. CUARTO.-El presidente del Pleno de Circuito, en acuerdo de ocho de marzo de dos mil diecisiete, agregó los oficios respectivos, en donde tuvo a los Tribunales Colegiados de Circuito informando que los criterios que sustentaron en los asuntos de referencia siguen vigentes.

6. QUINTO.-Mediante proveído de seis de abril de dos mil diecisiete, el propio presidente del Pleno de Circuito ordenó agregar el oficio por el que la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comunica que le fue informado por el secretario general de Acuerdos, que no existe contradicción de tesis alguna en ese Alto Tribunal, en el que el tema a dilucidar guarde relación con al que se contrae el presente asunto.

7. Asimismo, al considerar debidamente integrado el expediente, ordenó turnarlo al Magistrado Miguel Ángel Medécigo Rodríguez, integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, a fin de que elaborara el proyecto de resolución.

CONSIDERANDO:

8. PRIMERO.-Este Pleno en Materia Penal del Primer Circuito es competente para conocer y resolver sobre la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Penal de este Primer Circuito.

9. SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por los numerales 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, dado que fue formulada por los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quienes tienen legitimación para denunciar las contradicciones de tesis sostenidas por los Tribunales Colegiados del Circuito al que pertenecen.

10. TERCERO.-En este punto cabe resaltar que en el escrito de denuncia de contradicción de tesis, los Magistrados denunciantes señalaron que los Tribunales Colegiados de Circuito sostienen posturas contradictorias respecto a una misma cuestión jurídica, lo que textualmente puntualizaron:

"... El punto de disenso reside en que éste órgano de control constitucional considera que la resolución judicial que ordena la aprehensión del justiciable debe estar firmada por el secretario del órgano jurisdiccional y no por testigos de asistencia, carece de validez, ya que el numeral 74 del Código de Procedimientos Penales para esta ciudad, exige que las resoluciones judiciales sean firmadas por los Magistrados o Jueces y por el secretario."

11. CUARTO.-Con el fin de verificar si existe la contradicción de criterios denunciada -o cualquier otra que pueda ser abordada por este Pleno-, es necesario precisar, en lo conducente, las consideraciones de las resoluciones respectivas.

11.1. I. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 259/2016, en la parte que interesa, consideró:

"... Por otra parte, este órgano de control constitucional, en suplencia de la queja deficiente, estima que la orden de captura reclamada carece de validez, en razón de que no está firmada por un secretario, sino por testigos de asistencia.-Sobre el particular, el artículo 16 constitucional, en sus dos primeros párrafos, dice: (transcribe).-De la intelección de las porciones normativas transcritas, se obtiene que ese precepto establece la tutela de la persona y, en lo referente a la orden de aprehensión, prevé, como exigencia necesaria, que sea emitida por autoridad judicial.-La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 29/2012, determinó que la orden de aprehensión es una resolución judicial donde, con base en la solicitud del agente del Ministerio Público y una vez satisfechos los requisitos del artículo 16 de la Carta Magna, se ordena capturar a una persona, para ponerla a disposición de la autoridad que la reclama, a fin de que conozca la conducta ilícita atribuida.-De lo anterior, es relevante establecer que nuestro Máximo Tribunal consideró a la orden de aprehensión como una resolución de índole judicial.-Sobre esa plataforma, cobra especial relevancia el contenido del numeral 74 del Código de Procedimientos Penales de esta ciudad, que dice: (transcribe).-La intelección del precepto en cita permite arribar a la conclusión de que dada la trascendencia jurídica que reviste la emisión de una orden de captura, para su validez debe satisfacer, entre otros requisitos, que se encuentre firmada tanto por el titular del órgano jurisdiccional que la emite, como por el secretario que la autoriza.-Esa conclusión se cimenta en el hecho de que es necesaria la fe pública que acredite su existencia, por ende, la firma del fedatario constituye un requisito para la validez de ese acto de autoridad.-Sobre el tema, es dable tener presente que la fe pública es un atributo del Estado que tiene en virtud de su imperio ejercida a través de determinados funcionarios, entre ellos, los secretarios judiciales, quienes ejercen esa prerrogativa como garantía de que son ciertos determinados hechos que interesan al derecho.-(1)Esa función del fedatario contribuye al orden público, a la tranquilidad de la sociedad en que actúa y da certeza jurídica.-Aspecto que el legislador local observó, al instituir en el numeral 58, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, lo siguiente: (transcribe).-Por ello, si en la parte final de la orden de aprehensión reclamada, consta la siguiente leyenda: ... Así lo resolvió y firma el licenciado Carlos Ortiz Camacho, Juez Sexagésimo Noveno Penal del Distrito Federal por ministerio de ley, de conformidad con los artículos 57, 59, 76, primer párrafo y 200 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y del acuerdo 7-56/2009, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, por y ante los testigos de asistencia licenciada ********** y **********, mismas que autorizan y dan fe.-Es inconcuso que no se cumple con una formalidad que la ley procesal impone para dotar de certeza y validez a ese acto de autoridad.-Con lo anterior, no se soslaya que el numeral 76, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, disponga lo siguiente: (transcribe).-Si bien, la ley autoriza que los secretarios sean suplidos por los conciliadores o por testigos de asistencia, esa previsión normativa no debe entenderse en forma aislada ni extensiva, respecto a la observancia de exigencias que la ley procesal impone en la emisión de una resolución que requiera la presencia de un funcionario judicial dotado de fe pública.-Postura que es comprensible, dada la repercusión que en el quehacer jurisdiccional ocasiona la ausencia de un fedatario judicial.-Es por lo expuesto, que este Tribunal Colegiado considera que los testigos de asistencia no se encuentran de ninguna manera facultados para autorizar y dar fe de las resoluciones que dicte el titular o el encargado del órgano jurisdiccional.-Con lo anterior, no se soslaya que en diversas disposiciones del Código de Procedimientos Penales para esta ciudad, el legislador haya contemplado que en las diligencias que el Juez practique, debe estar asistido por el secretario y, a falta de éste, por testigos de asistencia.-Sin embargo, el vocablo diligencia, no abarca ni comprende todo el quehacer judicial, en razón de que por diligencia debe entenderse únicamente lo relativo a la actuación de los funcionarios judiciales, por la cual se cumple con un mandato judicial, empero, de ningún modo, al acto de emisión de una orden de aprehensión.-En esa arista, puede concluirse que los testigos de asistencia sólo podrán asistir al Juez o al secretario encargado del órgano jurisdiccional en el desahogo de diligencias, siempre que el secretario respectivo faltare, mas no se les faculta para autorizar con su firma la actuación del juzgador en el dictado de las respectivas resoluciones, máxime, en la ley procesal no existe precepto legal alguno que establezca que los testigos de asistencia tengan fe pública.-En ese contexto, la autorización que consta en el acto reclamado debe ser nula de pleno derecho, al vulnerar los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica del quejoso.-Bajo esa línea de consideraciones, procede modificar la sentencia sujeta a revisión y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para que el Juez Sexagésimo Noveno Penal de esta ciudad, realice lo siguiente: a) Deje sin efecto la orden de aprehensión emitida el quince de agosto de dos mil doce, en la causa penal 197/2011.-b) Dicte una nueva donde contenga el nombre y firma del Juez que la emite y secretario que autoriza y da fe.-Apoya la postura asumida, por las razones que contiene la jurisprudencia: ‘SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA EN UNA CAUSA PENAL. LA FALTA DE FIRMA DEL JUEZ EN ELLA, CONDUCE A CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SE SUBSANE TAL OMISIÓN, PUES ÉSTA IMPIDE CUALQUIER EXAMEN DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA EMITIDA EN APELACIÓN (LEGISLACIONES APLICABLES DE LOS ESTADOS DE GUERRERO Y MICHOACÁN).’ (transcribe).-Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido al jefe general de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, porque no se reclamó por vicios propios, sino derivado del diverso emitido por el órgano responsable ordenador.-En virtud de que lo resuelto por este tribunal se opone a lo decidido por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, al resolver el amparo directo 47/2016, que dio origen a la tesis I.10o.P.4 P (10a.), bajo el rubro: ‘SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA EMITIDA POR EL JUEZ O EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ POR MINISTERIO DE LEY, CON LA INTERVENCIÓN DE TESTIGOS DE ASISTENCIA. ES VÁLIDA Y TIENE PLENOS EFECTOS JURÍDICOS, AL SATISFACER EL REQUISITO FORMAL EXIGIDO POR EL ARTÍCULO 74 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.’, denúnciese la contradicción de criterios, ante el Pleno de Circuito, entre el discernimiento sostenido por este órgano de control constitucional y el sustentado en las tesis del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. ..."

11.2. II. Por su parte, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 47/2016, sostuvo lo siguiente:

"Sin que este tribunal soslaye que la sentencia de primera instancia fue emitida por el Juez Quincuagésimo Octavo de lo Penal de esta ciudad, por ministerio de ley, sin la intervención de un secretario, el que fue suplido por testigos de asistencia, quienes autorizaron y dieron fe de esa determinación, resolución que, se estima, es perfectamente válida y surte plenos efectos jurídicos; se explica: El acto jurídico denominado sentencia, es un mandamiento por escrito emitido por autoridad competente en el que, en términos de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se debe fundar y motivar la causa legal del procedimiento, y para que tenga plena eficacia jurídica tiene que cumplir con las formalidades esenciales que el caso amerita.-En ese contexto, al tratarse de una resolución de primera instancia del orden penal local, las formalidades esenciales para su eficacia jurídica, serán las que establezca para tal fin el Código de Procedimientos Penales para esta ciudad.-Al respecto, los artículos 72 y 74 del ordenamiento antes citado establecen: [se transcriben].-De los dispositivos transcritos se advierte, que entre otras de las formalidades que debe contener la sentencia, es esencial que esta última, sea firmada por el Magistrado o Juez que la emite, así como por el secretario con quien actúe, requisito formal que constata la legitimación de la autoridad que la dicta.-Si bien las resoluciones judiciales (llámense decretos, autos o sentencias), deben ir firmadas por los respectivos Magistrados o Jueces, así como por el secretario; lo cierto es que, por cuestiones fácticas, en ocasiones esto no es posible, como en el caso de las ausencias de algún Magistrado o del Juez, o bien, del secretario; circunstancia que se encuentra prevista por el legislador, a efecto de que la ausencia de algunos de esos funcionarios y, por ende, la falta de su firma, no nulifique los actos procesales, ni las determinaciones que en su caso se emitan.-Tal suceso eventual encuentra solución en el artículo 76 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, que establece: [se transcribe].-Cabe puntualizar que el verbo ‘suplir’, significa conforme al Diccionario de la «Lengua Española de la» Real Academia Española, ponerse en el lugar de alguien para hacer sus veces.-Así, es inconcuso que, al asentar específicamente esa expresión gramática, fue para prever que en caso de ausencia de los secretarios, sus intervenciones en los actos judiciales deban ser suplidas por testigos de asistencia; a mayor abundamiento, se destaca que esta eventualidad no se advierte acotada a determinados actos jurídicos.-En consecuencia, ante la ausencia de un secretario, los testigos de asistencia que le suplan, entre otras cosas, deberán, de conformidad con el artículo 58, fracción III, de la ley orgánica antes mencionada, autorizar y dar fe de los despachos, exhortos, actas, diligencias, autos y toda clase de resoluciones que se expidan, asienten, practiquen o dicten por el órgano jurisdiccional.-Por tanto, la sentencia de primera instancia dictada el trece de enero de dos mil cinco, en la causa penal 185/2004, del índice del Juzgado Quincuagésimo Octavo Penal en esta ciudad, firmada por el secretario en funciones de Juez, por ministerio de ley, con la intervención de testigos de asistencia, satisface a plenitud el requisito formal exigido en el artículo 74 del Código de Procedimientos Penales para esta ciudad, pues su actuar es legítimo, al cumplir a cabalidad con lo previsto por el legislador ordinario en el artículo 76 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y, por ende, esa sentencia es válida y tiene plenos efectos jurídicos.-Sostener lo contrario sería pasar por alto a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, pues conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para que se deje sin efectos esa sentencia y se dicte una nueva determinación en la que, específicamente, se recabe la firma del secretario, resulta carente de sustento jurídico, pues ese hecho no trasciende a la defensa del quejoso, porque en términos del artículo 173, apartado A, fracción IV, de la Ley de Amparo, la resolución dictada se emitió por el Juez actuante y con testigos de asistencia, acorde a lo previsto en la ley; esto es, no se advierte agravio alguno personal y directo que afecte la esfera jurídica del peticionario de amparo, porque la ausencia de la firma de secretario se colma con la intervención de testigos de asistencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 76 de la ley orgánica antes mencionada, y ordenar esa reposición sólo para efectos precisados, traería como consecuencia dilatar la resolución de los casos sometidos a la administración de justicia, lo que es contrario al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-Por lo anterior, no se comparte el criterio sustentado en la jurisprudencia I.9o.P. J/2, por el Noveno Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, 10a. Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia penal, Libro VII, Tomo II, abril de dos mil doce, de rubro siguiente: ‘SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA EN UNA CAUSA PENAL. LA EMITIDA POR EL JUEZ O EL SECRETARIO ENCARGADO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CON TESTIGOS DE ASISTENCIA CARECE DE VALIDEZ (LEGISLACIÓN PENAL DEL DISTRITO FEDERAL).’.-Por tanto, en términos de lo dispuesto por el artículo 226, fracción III, en relación con el 227, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, resulta pertinente realizar la denuncia de contradicción de tesis correspondiente ante el Pleno de Circuito en Materia Penal del Primer Circuito. ..."

El criterio anterior originó la emisión de la tesis que es del tenor siguiente:

"Décima Época

"Registro: 2013437

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Tipo de tesis: aislada

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Libro 38, Tomo IV, enero de 2017

"Materia penal

"Tesis: I.10o.P.4 P (10a.)

"Página: 2767

"Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de enero de 2017 a las 10:07 horas

"SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA EMITIDA POR EL JUEZ O EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ POR MINISTERIO DE LEY, CON LA INTERVENCIÓN DE TESTIGOS DE ASISTENCIA. ES VÁLIDA Y TIENE PLENOS EFECTOS JURÍDICOS, AL SATISFACER EL REQUISITO FORMAL EXIGIDO POR EL ARTÍCULO 74 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. La sentencia de primera instancia emitida por el Juez o secretario en funciones de Juez por ministerio de ley, con la intervención de testigos de asistencia, satisface a plenitud el requisito formal exigido en el artículo 74 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, pues su actuar es legítimo, al cumplir a cabalidad con lo previsto por el legislador en el numeral 76 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, relativo a que la ausencia de un secretario será suplida por testigos de asistencia, quienes de conformidad con el artículo 58, fracción III, de la ley orgánica mencionada, deberán autorizar y dar fe de los despachos, exhortos, actas, diligencias, autos y toda clase de resoluciones que se expidan, asienten, practiquen o dicten por el órgano jurisdiccional; por ende, al colmarse el requisito formal requerido, la sentencia es válida y tiene plenos efectos jurídicos."

12. QUINTO.-Conviene destacar que la finalidad de la contradicción de tesis es resolver el diferendo interpretativo surgido entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de salvaguardar el principio de seguridad jurídica; ello, con independencia de que las cuestiones fácticas que den origen a los criterios, sean exactamente iguales.

13. Así, para que una contradicción de tesis exista, es necesario que: a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que hayan ejercido su arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de cualquier canon o método; b) Que entre dichos ejercicios interpretativos exista, al menos, un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y, c) que esto último pueda dar lugar a cuestionarse acerca de si una forma de abordar el punto jurídico es preferente con relación a cualquier otra legalmente posible.

14. Lo expuesto se sustenta en las jurisprudencias 1a./J. 22/2010 y 1a./J. 23/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.-(2)Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO.-(3)El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."

15. SEXTO.-Este Pleno en Materia Penal del Primer Circuito considera que, en el caso, sí existe contradicción de tesis, como se verá a continuación:

16. En efecto, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión sometido a su potestad jurisdiccional, que derivó de un juicio de amparo en el que el acto reclamado lo constituyó una orden de aprehensión, consideró que ésta carece de validez, en razón de que no estaba firmada por un secretario, sino por testigos de asistencia.

17. Para sustentar su determinación, hizo referencia al artículo 16 constitucional, para señalar que la orden de aprehensión debe ser emitida por una autoridad judicial y que, en términos de lo que ha considerado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se trata de una resolución de índole judicial.

18. De esta manera, interpretando el artículo 74 del Código de Procedimientos Penales para la ahora Ciudad de México, arribó a la conclusión de que, dada la trascendencia jurídica que reviste la emisión de una orden de captura, para su validez debe satisfacer, entre otros requisitos, que se encuentre firmada tanto por el titular del órgano jurisdiccional que la emite, como por el secretario que la autoriza; en razón de que es necesaria la fe pública que acredite su existencia, por ende, la firma del fedatario constituye un requisito para la validez de ese acto de autoridad.

19. Explica lo que debe entenderse por fe pública, en términos del criterio de la Primera Sala de referencia, para establecer que la función del fedatario contribuye al orden público, a la tranquilidad de la sociedad en que actúa y da certeza jurídica.

20. Menciona lo que prevé el artículo 58, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, para considerar que si en la parte final de la orden de aprehensión reclamada, consta que la orden de aprehensión fue emitida por el Juez por y ante los testigos de asistencia, quienes autorizaron y dieron fe, no se cumplía con una formalidad que la ley procesal impone para dotar de certeza y validez a ese acto de autoridad.

21. No soslayó lo que dispone el artículo 76, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, pues al respecto señaló que si bien autoriza que los secretarios sean suplidos por los conciliadores o por testigos de asistencia, esa previsión normativa no debe entenderse en forma aislada ni extensiva, respecto a la observancia de exigencias que la ley procesal impone en la emisión de una resolución que requiera la presencia de un funcionario judicial dotado de fe pública; lo que era comprensible, dada la repercusión que en el quehacer jurisdiccional ocasiona la ausencia de un fedatario judicial.

22. El mencionado Tribunal Colegiado de Circuito consideró que los testigos de asistencia no se encuentran de ninguna manera facultados para autorizar y dar fe de las resoluciones que dicte el titular o el encargado del órgano jurisdiccional; sin soslayar que en diversas disposiciones del Código de Procedimientos Penales para esta ciudad, el legislador haya contemplado que en las diligencias que el Juez practique, debe estar asistido por el secretario y, a falta de éste, por testigos de asistencia.

23. Que el vocablo diligencia no abarca ni comprende todo el quehacer judicial, en razón de que por diligencia debe entenderse únicamente lo relativo a la actuación de los funcionarios judiciales, por la cual s

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27453-64d5f419/resoluciones-emitidas-por-los-organos-jurisdiccionales-con-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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