DELINCUENCIA ORGANIZADA. LA FORMA DE INTERVENCIÓN DEL ACTIVO EN ESE DELITO SE ACTUALIZA A TÍTULO DE AUTORÍA DIRECTA Y MATERIAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, AUN CUANDO SE INCORPORE A GRUPOS CRIMINALES PREEXISTENTES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 5 DE NOVIEMBRE DE 2013. MAYORÍA DE QUINCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS RICARDO ROMERO VÁZQUEZ, NOÉ ADONAI MARTÍNEZ BERMAN, JUAN MANUEL VEGA SÁNCHEZ, JOSÉ MARTÍNEZ GUZMÁN, ANTONIO CAMPUZANO RODRÍGUEZ, VÍCTOR MANUEL MÉNDEZ CORTÉS, YOLANDA ISLAS HERNÁNDEZ, ALEJANDRO SOSA ORTIZ, RUBÉN ARTURO SÁNCHEZ VALENCIA, JOSÉ VALLE HERNÁNDEZ, ENRIQUE MUNGUÍA PADILLA, HUGO GUZMÁN LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL ZELONKA VELA, JORGE ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ Y ADALID AMBRIZ LANDA. DISIDENTE: DARÍO CARLOS CONTRERAS REYES. PONENTE: ADALID AMBRIZ LANDA. SECRETARIA: BLANCA ISABEL GONZÁLEZ MEDRANO.
Toluca, Estado de México. Acuerdo del Pleno del Segundo Circuito, correspondiente al día cinco de noviembre de dos mil trece.
VISTOS, Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante oficio **********, recibido el veintiséis de marzo de dos mil trece, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Magistrado titular del Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, denunció la posible contradicción de tesis entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, ambos de este circuito.
SEGUNDO. Al revestir el asunto naturaleza penal, por acuerdo del presidente de ese Alto Tribunal, de uno de abril de dos mil trece, se ordenó remitir el expediente a la Primera Sala, y en acuerdo de once del mismo mes y año, su presidente ordenó formar y registrar el expediente de contradicción de tesis con el número **********.
De igual manera, para su debida integración, en la misma fecha -previamente- el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitó a los presidentes de los Tribunales Colegiados Segundo y Cuarto en Materia Penal, ambos del Segundo Circuito, que remitieran la información electrónica en que constaran las ejecutorias pronunciadas en los juicios de amparo directos **********,********** y **********, de sus índices, respectivamente, y enviaran a la cuenta de correo electrónico sentenciastccscjnssga@mail.scjn.gob.mx la información electrónica que contuviera las sentencias respectivas, requiriendo, además, la información de si se habían apartado del criterio sostenido en los asuntos de mérito.
También se ordenó dar vista a la procuradora general de la República, a fin de que, de estimarlo conveniente, dicha representación expusiera su parecer dentro del plazo de treinta días.
TERCERO. En proveído de veinticinco de abril de dos mil trece, el presidente de la Primera Sala, tuvo por recibido el oficio **********, suscrito por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante el que remitió las resoluciones pronunciadas en los juicios de amparo directos números ********** -de la cual derivó la tesis **********-, y ********** así como la información electrónica que las contenía informando que no había emitido pronunciamiento en el que se apartara del criterio sustentado en dichos juicios de garantías.
En acuerdo de veintinueve de abril de dos mil trece, el presidente de la Primera Sala, tuvo por recibido el oficio **********, suscrito por el secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante el cual remitió la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo **********, y la información electrónica que la contiene.
Asimismo, al considerar debidamente integrada la denuncia de contradicción de tesis de que se trata, en la misma actuación el presidente de la Sala ordenó turnar los autos a la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
El diez de abril de dos mil trece, el subsecretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, certificó que el plazo para que el procurador de la República rindiera su opinión respecto a la denuncia de contradicción de tesis, transcurriría del once de abril al veintitrés de mayo del año en curso, y en oficio **********, recibido el diez de mayo del mismo año, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, el agente del Ministerio Público de la Federación, emitió pedimento en el sentido de estimar que sí existe la contradicción de tesis planteada.
El trece de mayo de dos mil trece, se ordenaron devolver los autos a la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
CUARTO. El veintiséis de junio del año en curso, el citado Ministro emitió dictamen en el que hizo constar que la contradicción de tesis se suscitaba entre dos Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito, por lo que el órgano competente para resolverla es el Pleno de dicho circuito, en términos del artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y numeral 226, fracción III, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación.
El uno de julio de dos mil trece, el presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó un proveído en el que visto el dictamen de referencia, con copia certificada de las constancias que obraban en el expediente de contradicción de tesis, ordenó formar la carpeta de antecedentes y conforme a lo dispuesto en los numerales citados en el párrafo que antecede, además, décimo primero transitorio, párrafos segundo y tercero, del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, mediante el que se expidió la vigente Ley de Amparo; 41 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y primero transitorio del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, y su anexo publicados en dicho medio oficial el catorce de junio del año en curso, determinó que carecía de competencia legal para conocer de las contradicciones de tesis denunciadas entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados del mismo circuito y de la misma especialización y ordenó su remisión al Pleno del Segundo Circuito.
QUINTO. El cuatro de julio de dos mil trece, el Magistrado presidente del Pleno del Segundo Circuito tuvo por recibido el oficio de uno de julio de dos mil trece, signado por el secretario de Acuerdos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual remitió a este Pleno de Circuito, el expediente relativo a la contradicción de tesis **********, de su índice, por carecer de competencia legal; con fundamento en los precitados ordinales, se avocó al conocimiento de la citada denuncia de contradicción de tesis; la admitió y registró con el número 2/2013 y advirtiendo que el expediente se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 14, fracción VII, del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, turnó los autos al Magistrado Adalid Ambriz Landa para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Pleno del Segundo Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal, 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, décimo primero transitorio, párrafos segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, por el que se expide la vigente Ley de Amparo, 41 Ter, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y primero transitorio del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito y su anexo publicados en dicho medio oficial el catorce de junio del año en curso, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Penal de un mismo circuito, en un tema de proceso penal federal.
SEGUNDO. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, el veintisiete de noviembre de dos mil doce, resolvió el amparo directo **********, cuyas consideraciones, en lo que interesa, son las siguientes:
"... Por otra parte, este órgano colegiado advierte conforme a derecho que con las pruebas existentes en autos la autoridad responsable estimara demostrada la plena responsabilidad penal de ********** en la comisión del delito de delincuencia organizada, pruebas que valoró conforme a derecho y son bastantes para demostrar que el hoy quejoso es el sujeto activo que, en unión de más de tres, ejecutó por las conductas típicas y antijurídicas que le atribuyeron, consistentes en integrar de hecho el referido grupo organizado con la finalidad de perpetrar el delito contra la salud. Está demostrada no sólo la identidad del ahora peticionario de garantías, sino también que intervino en el delito de delincuencia organizada agravado, con la circunstancia de haber incurrido en él cuando se desempeñaba como ********** adscrito a una corporación de **********, como co-autor material, de conformidad con el supuesto previsto en el numeral 13, fracción III, del Código Penal Federal, pues ********** es quien materialmente y en acuerdo consciente y querido con más de tres personas realizó la acción idónea para incorporarse al aludido grupo de hecho organizado, esto es, aceptó integrarse al mismo a fin de colaborar en el logro de las finalidades del grupo, que no eran otras más que perpetrar conductas que actualizaran el delito contra la salud. En el caso, el quejoso es la persona que decidió, movida por un interés económico y aprovechando el cargo de ********** de la Dirección de ********** de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, avisaba a los integrantes del mismo cuándo diversos integrantes de la propia Dirección de Seguridad Pública realizarían operativos de revisión o investigación en los locales donde el grupo organizado expendía clorhidrato de cocaína a los adictos que fueran a solicitarlo a que **********, con lo cual, realizaba colaboración o contribución a que las finalidades del grupo organizado continuaran actualizándose. Así lo advirtió la autoridad jurisdiccional de segunda instancia señalada responsable, al valorar las deposiciones provenientes de los atestes que presenciaron algunas de las ocasiones en que el quejoso iba a cobrar diversas ‘cuotas’ al líder del grupo de hecho organizado, quien cuando constataba que la información era cierta él mismo o por mediación del testigo protegido entregaba diversas cantidades de dinero al hoy quejoso, lo que acaecía en los locales donde se expendía la droga o en el local de lucha libre denominado **********. Las referencias que al respecto realizaron los testigos ********** y **********, constituyen imputaciones directas que evidencian que el quejoso voluntariamente se integró al referido grupo delictivo, pues a cambio de la información que proporcionaba al mismo, recibía cantidades de dinero que el líder de la agrupación le entregaba por la referida contribución. Con tal conducta de integración, el quejoso intervino con otros que también estaban anímicamente ligados entre sí y con el grupo, a la satisfacción de las finalidades para las que aquél se formó, lo que el quejoso realizó a título culpable. De las deposiciones referidas, la autoridad responsable destacó la de once de septiembre de dos mil dos, proveniente de ********** y la de seis de diciembre del mismo año, proveniente de ********** quienes, en el resto de sus intervenciones ante la autoridad jurisdiccional -como ya se ha ilustrado en otras partes de este estudio- refirieron que vieron que el quejoso se apersonó en los lugares referidos a ‘cobrar su cuota’ por la seguridad que brindaba en los locales ubicados en la colonia ********** del Municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, especialmente -como lo refirió el testigo **********- en el local sito en calle ********** y ********** quien de acuerdo con las declaraciones del diverso ateste **********, contribuía a los fines del grupo avisando cuando se realizaran los aludidos operativos, para que el mismo tomara providencias y evitara fueran descubiertas esas actividades. No escapó a la óptica de la autoridad responsable la postura desvinculante que invariablemente adoptó el quejoso **********. En efecto, el tres de octubre de dos mil dos, ante la autoridad ministerial el quejoso compareció a título de testigo, mencionando ‘... que a finales de dos mil uno, me encontré asignado al destacamento ********** -región territorial del Municipio de que se trata, en la que fue realizado uno de los cateos por el Ministerio Público, a uno de los inmuebles donde la persona a quien se atribuye el liderazgo de la organización rentaba un local comercial, donde tenía establecido un negocio de venta de **********, ubicado en la calle **********, esquina **********, colonia **********, Municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, en el que fue encontrada una caja de cereal con diversos envoltorios pequeños con clorhidrato de cocaína, cuya existencia fue acreditada con la fe ministerial y con el dictamen en química que suscribieron peritos oficiales, como ya se hizo notar en otra parte de esta sentencia, debiendo insistirse que la autoridad responsable atendió a que fue merced a las referencias que de ese inmueble y otros proporcionó el testigo **********, que logró localizarse en dicho inmueble los indicios referidos- durando aproximadamente un año ...’, relatando diversas situaciones que incuestionablemente evidencian que personal policial estaba vinculado a las actividades delictivas tanto del grupo de hecho organizado cuya integración se le imputa, como a otros, en atención a que precisó que ‘... cabe señalar que el director de seguridad pública -diverso procesado de nombre **********- los cuales señalaba al personal de patrullaje que se abstuvieran de realizar rondín o presencia en «zonas restringidas» en las cuales se les era ordenado (sic) quedaba estrictamente prohibido circular por las mencionadas zonas, comprendían diferentes calles del Municipio, recordando que entre ellas se encontraban las avenidas **********, **********, ********** y **********, colonia **********; dichas instrucciones eran giradas para ser cumplidas en diferentes lapsos, comprendiendo de quince a veinte días ... las instrucciones que se giraban para los «servicios especiales» eran ordenadas por la dirección ...’ (f. 7983, cuaderno IX). En diversa declaración de fecha diecinueve de diciembre de dos mil dos, en la que el Ministerio Público lo exhortó y en presencia de abogado particular (licenciado **********), ********** señaló ‘... que una vez que se me hacen saber las imputaciones que existen en mi contra, deseo manifestar que por el momento me reservo mi derecho a declarar en la presente averiguación previa y niego todos los hechos ...’ (f. 10363, cuaderno XIV). En diversa comparecencia de veintitrés de diciembre de dos mil dos, ante la propia investigadora, previa exhortación y en presencia del citado abogado privado, ratificó el contenido de un escrito en el que externó diversas manifestaciones, el cual, en lo más importante, es del tenor literal siguiente: ‘... los operativos que se realizaban en la jurisdicción de Nezahualcóyotl, eran encabezados por el director de Seguridad Pública Municipal, **********, acompañado de sus grupos especiales como fueron **********, **********, **********, ********** y grupo **********, por lo que al suscrito por vía radio se me indicaba que no se podría patrullar por las diferentes zonas donde el director llevaba a cabo operativos, argumentando que en ese momento las zonas donde se hacían los operativos se catalogaban como zonas restringidas para el suscrito y la mayoría de elementos ...’. ‘... la imputación que hace el testigo **********, donde supuestamente me identifica como oficial que frecuentaba para cobrarle una cuota cada tercer día a **********, a fin de no molestar a sus clientes, ignorando el suscrito a qué tipo de comercio se dedicaba este señor y asimismo, no tengo el gusto de conocerlo, por lo que ********** no se ubica en tiempo, lugar y espacio, en virtud de que ni número de unidad señala, en la que supuestamente avisaba de los operativos a realizar a pasar por cuota alguna ... hace mención que el suscrito me encontraba laborando en el módulo de ********** y avenida **********, cuestión que es totalmente mentira, toda vez que desde el año dos mil, este módulo se encuentra como oficina administrativa, a cargo de un Juez Conciliador ...’ (f. 10399, cuaderno XIV). ... . En audiencia de veintidós de junio de dos mil cuatro, ante el Juez Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, en la causa penal **********, instruida, entre otros, contra **********, depuso con el carácter de ********** el quejoso **********, quien señaló a preguntas que le formuló el defensor público, respondió que en el periodo dos mil a dos mil tres, se desempeñaba como ********** de ********** municipal, con el grado de **********; a finales de dos mil, estuvo en el sector **********, que es el sector ********** y después lo comisionaron al sector **********, en ********** y **********; que cuando estuvo laborando no escuchó hablar de **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********; que no brindó apoyo en un operativo de la FEADS (sic), en la colonia **********, de Ciudad Nezahualcóyotl; que el director de Seguridad Pública en Ciudad Nezahualcóyotl en dos mil **********, era **********, quien en momento alguno le comentó de la existencia de una organización criminal denominada ********** (f. 24318, cuaderno XXX). De las deposiciones del quejoso, el tribunal responsable advirtió que adoptó una postura desvinculante de las imputaciones que en su contra expusieron los testigos ********** y ********** quienes, invariablemente, a partir de la identificación que de él realizaron, lo ubicaron como uno de los ********** de la Dirección de ********** de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, que integró el grupo de hecho organizado para perpetrar conductas relacionadas con el delito contra la salud, revelando las conductas que de él precisaron los testigos, el acuerdo pre-ordenado al que arribó con los miembros de aquél, razones por las que es conforme a derecho la ponderación que de esas declaraciones realizó el tribunal responsable, sin que obste para ello que ninguno de los otros co-procesados afirmara que no conoció al quejoso y que no escuchó hablar de él pues, como lo estableció dicha responsable, no es ajeno a la dinámica de ejecución del delito de que se trata que los miembros del grupo desconozcan la existencia de otros, tanto más cuando que el quejoso adoptó la conducta de integración cuando desempeñaba el cargo de ********** de la dirección de ********** citada. Mas lo cierto es que los testigos mencionados, quienes igualmente integraron el aludido grupo realizando las acciones que admitieron ante el juzgador de primer grado, lo situaron realizando conductas que incuestionablemente evidenciaron a los ojos de aquéllos, la asunción del quejoso en pertenecer al grupo de hecho organizado. En esas condiciones, las declaraciones de los testigos referidos adquieren confirmación legal -como lo precisó el tribunal responsable en el acto reclamado- con la actuación ministerial de cateo en uno de los locales que arrendaba una de las personas a quien se imputa el liderazgo del grupo de hecho organizado, en el que fue encontrada una caja de cereal con pequeños envoltorios que en su interior contuvieron la sustancia que, posteriormente, peritos oficiales concluyeron es clorhidrato de cocaína, -cuya existencia acreditó la fe ministerial-, lo que corrobora las situaciones que los testigos establecieron en sus declaraciones, consistentes en que, el grupo organizado poseía diversos locales en distintas colonias del Municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México -entre otras, la colonia **********, donde se ubicaba un inmueble donde fue efectuado un cateo, como ya se estableció-, a los que acudían los adictos a solicitar les fueran vendidos los envoltorios referidos, haciéndose notar que las situaciones expuestas salieron a la luz a partir de que ********** acudió a la autoridad ministerial a ofrecerse a colaborar con la investigación relacionada con el llamado ********** -lo que realizó, de acuerdo con sus declaraciones y, en especial, la de diez de mayo de dos mil dos, porque afirmó que el líder del grupo de hecho organizado lo amenazó de muerte porque no aceptó hacerse pasar por él, ejecutando en su contra el indicado líder acciones que pretendieron evidenciar el cumplimiento o actualización de sus amenazas en la persona del quejoso, como son el ataque que sufrió al inmueble donde vivía, en el cual estaban los familiares del testigo-, lo que quedó precisado a partir de su primera deposición datada el diez de mayo de dos mil dos, mencionando -dada su pertenencia al grupo de hecho organizado y al trato cercano que tenía con el líder de él- tanto las acciones que en colaboración con el citado grupo efectuó el testigo, como la identidad y acciones que observó desplegaron otras personas integrantes del mismo, así como los inmuebles en los que observó se preparaba la droga y aquellos otros en los que otras personas la confeccionaban en los pequeños envoltorios -lo que quedó fehacientemente demostrado con la deposición de la entonces co-procesada **********, quien afirmó que confeccionaba pequeños envoltorios de la sustancia ilícita, porque voluntariamente aceptó hacerlo, a propuesta de **********-, los que eran llevados a los aludidos locales para su venta al público, lo que se realizaba durante todo el día y diariamente, como lo señaló el testigo **********. En torno a que la autoridad responsable no ponderó los testimonios de los testigos de descargo que ofertó el quejoso, esto es, de ********** y de **********, ni tampoco la actuación en la que el personal del juzgado instructor realizó una descripción de la media filiación de los mismos (legibles a fojas 26525, cuaderno XXXII), se señala que ello no es apegado a la sentencia reclamada, pues en la página ciento treinta y siete de la misma, el tribunal responsable realizó pronunciamiento en relación con tales testimoniales y, aun cuando dicho pronunciamiento fue adverso al quejoso -pues la autoridad responsable lo emitió para poner de manifiesto su pertenencia a la Dirección de ********** municipal y no para desvirtuar las imputaciones de los atestes de cargo, consistentes en que********** mencionó la media filiación de ‘la pareja’ con la que el quejoso acudía a la ********** ‘para cobrar su cuota’-, lo cierto es que la aludida responsable sí ponderó dichas probanzas de descargo. De ahí que partiendo de dicha ponderación, se señala que aun cuando la descripción que de la media filiación de aquéllos mencionó personal del juzgado instructor no guarde semejanza con la descripción que de ‘la pareja’ del quejoso refirió el testigo **********, lo cierto es que ********** no tuvo como compañeros exclusivamente a los testigos ********** y ********** -de los que personal del juzgado mencionó su media filiación-, sino a diversas personas con el puesto de ********** ‘**********’, tal como lo evidencian las fatigas y roles de servicio que remitió el personal del Ayuntamiento de Ciudad Nezahualcóyotl y el diverso de la Dirección de **********del mismo Municipio, razones por las cuales es adecuado a derecho el acto reclamado. ... existen probanzas no abundantes en torno a su intervención en la integración del grupo de hecho organizado para delinquir, lo cierto es que las mismas fueron adecuadamente ponderadas por la autoridad responsable y conducen a evidenciar sin lugar a dudas la pertenencia del quejoso al aludido grupo, desplegando las acciones consecuentes con la colaboración que voluntaria y libremente eligió prestar a aquél. Además, se señala que el principio referido fue invariablemente respetado al quejoso, pues se le dio el trato de inocente hasta que una autoridad jurisdiccional de segundo grado, en sentencia firme ... determinó la existencia de prueba suficiente a revelar su integración al grupo de hecho organizado, razones por las que son infundados los aludidos argumentos ... Adecuadamente, la aludida autoridad estimó que el hoy quejoso es imputable, dado que al momento de realizar el hecho típico cuya comisión se le imputa, tenía la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquél y conducirse de acuerdo con ese conocimiento, pues no existe prueba de la que pudiera desprenderse que ********** padeciera trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, que le inhibiera el pleno uso de sus facultades mentales y que, a consecuencia de ello, estuviera imposibilitado para comprender o auto-determinarse conforme a ese entendimiento. Por otra parte, la autoridad responsable tampoco advirtió que el quejoso hubiera realizado el acto delictivo bajo un error invencible de prohibición, ya fuera porque desconociera la ley o su alcance, o bien, hubiese creído que su conducta estaba justificada -ello es completamente improbable, dado el cargo que desempeñó el quejoso en la Dirección de ********** Municipal de Ciudad Nezahualcóyotl-. Además, leída la causa penal, no se advierte que al cometer el injusto penal hubieran concurrido circunstancias que impidieran a ********** abstenerse de integrar un grupo de hecho organizado con la finalidad de perpetrar el delito contra la salud; por ende, lo era exigible una conducta ajustada a derecho. Por estos motivos, se reitera, es conforme a derecho que la autoridad señalada responsable considerara reunidos los elementos típicos del delito de delincuencia organizada agravado con la circunstancia de ser servidor público adscrito a una ********** el quejoso, previsto y sancionado en los numerales 2, fracción I y 4, fracción I, inciso b), en relación con el 5, fracción I, todos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. SÉPTIMO. En lo que se refiere a la individualización de las sanciones ..."
TERCERO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, el catorce de abril de dos mil once, resolvió el amparo directo **********, y la parte conducente expuso:
"... SÉPTIMO. Son parcialmente fundados aunque suplidos en su deficiencia en términos de la fracción II del artículo 76 Bis, los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, en contra de la sentencia de fecha veintinueve de enero de dos mil diez dictada por el Quinto Tribunal Unitario de este Segundo Circuito en contra de ********** ... La resolución reclamada resulta violatoria de la garantía que al respecto establece el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto al aspecto formal (motivación) se refiere, porque se incurre por la responsable en varias inconsistencias técnicas y contradicciones que impiden exponer con claridad y precisión exigidas, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que le lleven a considerar acreditada la forma de intervención del quejoso en cuanto al delito de delincuencia organizada y la especificidad de la responsabilidad respectiva en cuanto a circunstancias de ejecución ... . Por principio debe precisarse que en lo tocante al acreditamiento del delito de delincuencia organizada, los conceptos de violación resultan infundados, pues contrariamente a lo que en ellos se expone dicho delito sí obra acreditado y no se advierte que en cuanto a ello la responsable infrinja garantías del quejoso. Por tanto, no se produce aplicación retroactiva en perjuicio ni se incurre en omisiones de aplicación del beneficio, como aduce el quejoso. Se afirma la anterior pues en términos generales, la autoridad responsable estuvo en lo correcto en cuanto a considerar el acreditamiento de dicho delito, cuya conducta típica es la de pertenencia consciente y voluntaria a la organización criminal conformada por más de tres personas, siendo irrelevante que se participe o no el acuerdo inicial o fundante de la organización, de manera que si ésta ya existe, el delito se configura (en lo individual) con motivo de la integración posterior de otros implicados y si bien el dolo de pertenencia no se satura con la finalidad de pertenecer sino con la materialización de facto, y éste implica la aceptación de la organización, eso no significa, por un lado, que esa aceptación tenga que probarse como si se tratare de actos protocolarios, pues es claro que basta la prueba de la conformidad con la actuación. Así, la narrativa de testigos presenciales acerca del porqué se afirma que un determinado integrante operó materialmente con actos de supervisión o custodia, por ejemplo, con la aclaración de que todo ello ocurrió con la venia, tolerancia o conformidad implícita de actuar, de otros integrantes con facultades reconocidas de selección, reclutamiento o aprobación, es prueba perfectamente viable para la configuración de esa aceptación de pertenencia a la que se refiere el quejoso, y la cual por cierto, no forma parte del dolo del sujeto activo quien se integra cognoscitiva y volitivamente decidido, sin una consecuencia que refleja el resultado de incorporación, obviamente necesariamente aceptada por el ente del grupo facultado para ello, pero cuya demostración es independiente del dolo como elemento personalísimo, y, por ende, puede evidenciarse y corroborarse mediante cualquier tipo de prueba (directa o indirecta). Por consiguiente, y la reforma constitucional a la que se refiere el quejoso (artículo 16 constitucional, en junio de dos mil ocho), y el texto del precepto justifican, como a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25110-730c827c/delincuencia-organizada-la-forma-de-intervencion-del-activo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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