DETENCIÓN DEL INCULPADO. SI LOS ELEMENTOS APREHENSORES QUE REALIZABAN LABORES DE VIGILANCIA OBSERVARON QUE ÉSTE, AL NOTAR SU PRESENCIA, ADOPTÓ UNA ACTITUD EVASIVA Y AL PRACTICARLE UNA REVISIÓN PRECAUTORIA SE PERCATAN DE QUE ESTÁ COMETIENDO UN DELITO EN FLAGRANCIA (POSESIÓN DE NARCÓTICOS), AQUÉLLA NO ES ARBITRARIA.
AMPARO DIRECTO 278/2014 (CUADERNO AUXILIAR 447/2014) DEL ÍNDICE DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, CON APOYO DEL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. 29 DE MAYO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JUAN MANUEL SERRATOS GARCÍA. SECRETARIO: ISRAEL CORDERO ÁLVAREZ.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO. Son infundados los conceptos de violación aducidos por el defensor público federal de la quejosa, aunque en suplencia de la deficiencia de la queja, conforme a la fracción III, inciso a), del artículo 79 de la Ley de Amparo, este órgano colegiado estima que debe otorgarse a la impetrante de derechos fundamentales, la protección constitucional que solicita.
Previamente, cabe señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 189 de la Ley de Amparo, sus conceptos de violación serán analizados atendiendo a su prelación lógica y, los que guardan estrecha relación entre sí, se examinarán de manera conjunta, tal como lo autoriza el numeral 76 del citado ordenamiento.
Sobre la forma en que puede abordarse el estudio de los conceptos de violación, se comparte el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito,(130) que a continuación se transcribe:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso.
"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
"Amparo en revisión 180/2006. 22 de junio de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.
"Amparo en revisión 181/2006. Calcecril, S.A. de C.V. 22 de junio de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.
"Amparo directo 340/2007. María Julieta Carolina Benítez Vera. 5 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Carlos Alberto González García.
"Amparo en revisión 188/2008. Yolanda Orea Chávez. 26 de junio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Schettino Reyna, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Carlos Alberto González García.
"Amparo en revisión 365/2008. María Victoria Catalina Macuil Cuamani o María Victoria Catalina Macuil o Victoria Catalina Macuil Cuamani. 24 de noviembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Carlos Alberto González García."
En la primera parte del primer concepto de violación, aduce el defensor público federal de la quejosa, que la denuncia contenida en el parte informativo es insuficiente para acreditar el tipo penal, así como la plena responsabilidad de la impetrante en su comisión pues, -a su modo de ver- la conducta de los captores fue contraria a lo previsto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que previene el derecho constitucional de su defendida a no ser molestada en su persona, sino mediante la orden de autoridad competente, que funde y motive la causa de la detención, lo que en el caso -dice- no se actualizó.
De ahí que -continúa el letrado- al resultar ilegal la detención de la quejosa, la responsable no debió concederle valor probatorio a las pruebas que con posterioridad fueron recabadas, porque al proceder a la detención de la peticionaria del amparo, se vulneró su derecho humano a la presunción de inocencia, en la vertiente de trato al individuo, porque el actuar de los elementos policiacos hace concluir -insiste- que presumieron su culpabilidad y por ello la detuvieron, en franca violación a lo previsto en el numeral 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En otras palabras -finaliza el defensor- los elementos policiacos vulneraron los derechos de tránsito, seguridad jurídica y presunción de inocencia de la quejosa, por lo que la juzgadora de segunda instancia no debió concederle valor probatorio al parte de policía, lo que -señala- encuentra sustento en la ejecutoria pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 14/2011 de su índice.
Adversamente a lo argumentado por el defensor público federal de la quejosa, la actuación de la policía al practicar la revisión de la impetrante, no resulta violatoria de sus derechos fundamentales, por las razones que se enuncian en adelante.
Ante todo, resulta conveniente transcribir a continuación el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numeral 9, puntos 1 y 4, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,(131) así como los diversos 7, numerales 1 y 2 y 11, numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,(132) que en lo que interesa disponen:
"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
"No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado.
"La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del Juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.
"En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público.
"Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.
"En casos de urgencia o flagrancia, el Juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley.
"Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.
"En toda orden de cateo, sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, una acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. ..."
"Artículo 9.
"1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitraria. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.
"...
"4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. ..."
"Artículo 7. Derecho a la libertad personal.
"...
"2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por la leyes dictadas conforme a ellas.
"3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. ..."
"Artículo 11. Protección de la honra y de la dignidad
"...
"2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. ..."
De las transcripciones de la parte conducente de los instrumentos internacionales signados por el Estado Mexicano, así como del precepto constitucional señalado, se desprende que el artículo 16 de la Carta Magna, si bien dispone que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, lo cierto es que, en el caso concreto, resulta aplicable el párrafo cuarto de dicho numeral, en el cual se dispone que, en los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público; por lo que, si el Constituyente Originario dispuso que cualquier persona puede detener a una persona cuando se le sorprenda en flagrante delito, con mayor razón, en el caso concreto, los agentes de la Policía Estatal Preventiva en su carácter de autoridades válidamente detuvieron a la hoy quejosa, toda vez que entre sus funciones, no sólo está la de detener a quienes realizan un hecho delictivo en el momento en que lo ejecutan o después de ello, ya que en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la policía, también tiene facultades para la prevención del delito y para vigilar la aplicación de los reglamentos.
Por tanto, en la resolución que constituye el acto reclamado, con apego al orden constitucional, la autoridad responsable determinó que la actuación de los agentes aprehensores, sí tuvo un fundamento legal, pues respecto a las competencias y objetivos fijados para esa autoridad policial, los artículos 2, 40 y 41 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establecen (énfasis añadido):
"Artículo 2. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ..."
"Artículo 40. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las instituciones de seguridad pública se sujetarán a las siguientes obligaciones:
"...
"VIII. Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables;
"...
"XII. Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras instituciones de seguridad pública, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;
"...
"XXVIII. Los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. ..."
"Artículo 41. Además de lo señalado en el artículo anterior, los integrantes de las instituciones policiales, tendrán específicamente las obligaciones siguientes:
"...
"III. Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y persecución de delitos, así como en situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres; ..."
En ese contexto normativo, es evidente que los agentes que pertenezcan a las fuerzas policiacas, dentro del ámbito de la competencia administrativa que constitucionalmente se les otorga, están facultados para realizar acciones que garanticen la seguridad pública y prevengan la comisión de delitos.
De ahí que, contrario a lo estimado por la defensa, los elementos aprehensores estaban actuando dentro de las atribuciones, que les son conferidas constitucional y legalmente y, en ese sentido, al realizar un recorrido de vigilancia sobre la calle **********, del conjunto habitacional **********, cuando los abordó una mujer que les informó que cincuenta metros atrás observó que una persona del sexo femenino se encontraba realizando la venta de droga que portaba en una bolsa negra de plástico; por lo que, al llegar los elementos aprehensores al lugar, observaron a la quejosa sosteniendo en su mano derecha una bolsa que al revisarla se percataron que contenía una bolsa transparente tipo ziploc, conteniendo hierba verde parecida a la marihuana; motivo por el cual, quedó detenida la peticionaria del amparo.
Resulta importante puntualizar que, la actuación de los agentes aprehensores en un primer momento no fue una detención arbitraria de la quejosa como lo pretende hacer ver su defensor; sino que se trata de momentos distintos, que concurren en la actuación de los elementos policiacos; el primero, consistente en la revisión que los agentes pueden realizar a cualquier persona con la finalidad de prevenir o investigar la comisión de algún delito, a fin de garantizar la seguridad pública (que en este caso se motivó en el señalamiento de la mujer que les indicó que metros atrás se realizaba la venta de droga), y el segundo y consecuencia del primero, lo constituye la detención en flagrancia que pueden llevar a cabo si con motivo de dicha revisión observan la comisión de algún delito.
De lo contrario y estimar que la actuación de los agentes aprehensores, siempre debe estar precedida por mandamiento escrito, podría llevar al extremo de impedir a los agentes policiacos que llevaran a cabo una parte importante de las funciones para las que fueron creadas y, sobre todo, implicaría que cualquier actuación de los policías sería apreciada como una detención, lo cual no es acorde con la lógica, puesto que en caso de no advertir la comisión de un delito flagrante, no se actualizaría el segundo momento del que se hablaba con antelación consistente precisamente en la detención.
Máxime que la referida actuación policial no contraviene en perjuicio de la impetrante, sus derechos fundamentales contenidos en el artículo 16 constitucional, así como en los numerales 7.2, 7.3, 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9, puntos 1 y 4, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya que la quejosa no fue sometida a una detención arbitraria, debido a que se llevó a cabo de acuerdo con las causas fijadas en la ley, a saber, por virtud de la flagrancia delictiva que se observó, una vez que se realizó una revisión de la bolsa que sostenía en la mano derecha, misma que contenía el narcótico afecto; supuesto que, indudablemente, actualizó la hipótesis de flagrancia contemplada en el artículo 193 del Código Federal de Procedimientos Penales.
Al respecto, es de considerarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir el dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la comisión designada en el expediente 3/2006, integrado con motivo de la solicitud formulada para investigar violaciones graves de garantías individuales, estableció lo siguiente:
"... que la seguridad pública a cargo del Estado, en sus tres niveles de gobierno, es una función que comprende las acciones encaminadas a brindar seguridad a los gobernados, una de las atribuciones que asisten a dicha función es la relativa a ejercer la fuerza del Estado, esto es, la fuerza pública, por tanto, el acto policiaco, al ejecutarse por elementos del Estado en ejercicio de las funciones de seguridad pública, constituye un acto de autoridad y, como tal, está sujeto para su regularidad a los mandatos y límites constitucionales que lo rigen, en virtud de que, por naturaleza propia, puede restringir las libertades humanas, aun cuando dicha restricción pudiera ser legítima ... que el acto de policía en ocasiones es restrictivo de derechos, aun cuando se trate de restricciones legales y justificadas. Así, en principio, las actividades de seguridad pública y policía deben tender a prevenir situaciones violentas o restrictivas de derechos; sin embargo, cuando no se logra evitar llegar a situaciones que justifiquen la intervención más intensa de los cuerpos de seguridad pública y, por ende, más restrictiva de los derechos de las personas involucradas, sólo deben restringirse los atinentes al caso, debiendo velarse porque los demás no resulten violentados ... que para ser constitucional, el acto de policía está sujeto a que las restricciones se justifiquen bajo un criterio de razonabilidad, modulado a las circunstancias del caso ..."
De los anteriores argumentos derivó la tesis P. XLVIII/2010, visible en la página cincuenta y cuatro, Tomo XXXIII, enero de dos mil once, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de contenido siguiente:
"FUERZA PÚBLICA. LOS ACTOS POLICIACOS, AL CONSTITUIR ACTOS DE AUTORIDAD, ESTÁN SUJETOS PARA SU REGULARIDAD A LOS MANDATOS, LÍMITES Y REVISIÓN CONSTITUCIONAL QUE LOS RIGEN. La seguridad pública a cargo del Estado, en sus tres niveles de gobierno, es una función que comprende las acciones encaminadas a brindar seguridad a los gobernados. Una de las atribuciones que asisten a dicha función es la relativa a ejercer la fuerza del Estado, esto es, la fuerza pública. Por tanto, el acto policiaco, al ejecutarse por elementos del Estado en ejercicio de las funciones de seguridad pública, constituye un acto de autoridad y, como tal, está sujeto para su regularidad a los mandatos y límites constitucionales que lo rigen, en virtud de que, por naturaleza propia, puede restringir las libertades humanas, aun cuando dicha restricción pudiera ser legítima. Además, son actos revisables en cuanto a la necesidad de su realización y la regularidad legal de su ejercicio, sin menoscabo de que de tal revisión deriven o no efectos vinculatorios."
"Dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la comisión designada en el expediente 3/2006, integrado con motivo de la solicitud formulada para investigar violaciones graves de garantías individuales. 12 de febrero de 2009. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: María Amparo Hernández Chong Cuy.
"El Tribunal Pleno, el siete de octubre en curso, aprobó, con el número XLVIII/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a siete de octubre de dos mil diez."
Ahora bien, aun cuando el dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la Comisión designada en el expediente, versó específicamente, sobre el uso desmedido de la fuerza desplegada por elementos de seguridad pública, se estima oportuno destacar que los criterios precisados por el Pleno del Máximo Tribunal del País sirven de base -en términos generales- para verificar que las actuaciones de los entes policiales se ciña al respeto de los derechos fundamentales.
Así, de lo reproducido se obtiene lo siguiente:
• La seguridad pública a cargo del Estado, es una función que comprende las acciones encaminadas a brindar seguridad a los gobernados.
• Los actos de policía pueden restringir los derechos fundamentales.
• Dicha restricción, para ser constitucional, deberá estar justificada en la legislación y atender a un criterio de razonabilidad, atentas las circunstancias del caso.
Para establecer el parámetro de razonabilidad, se acude a la resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida en el amparo en revisión 2146/2005, donde estableció que al fijar el alcance o límite de una garantía individual, el legislador debe:
a) Perseguir una finalidad constitucionalmente legítima.
b) Ser adecuada, idónea, apta y susceptible de alcanzar el fin perseguido.
c) Ser necesaria, es decir, suficiente para lograr dicha finalidad, de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva o injustificada para el gobernado.
d) Estar justificada en razones constitucionales.
En esa tesitura, si como se estableció, la seguridad pública, en la que se comprenden la prevención y persecución de delitos, de acuerdo con la Carta Magna, es una función del Estado, cuyo fin es velar por la armonía y desarrollo integral de la colectividad; por tanto, la restricción de los derechos fundamentales, o bien, su limitación debe tener justificación en un criterio de razonabilidad que atienda a los requisitos antes precisados, en relación con el frente que debe hacer el Estado, ante la proliferación de la delincuencia, articulando en su contra a todas las autoridades, sin excluir a ninguna de las que tenga, dentro de sus atribuciones, coadyuvar a lograr los objetivos de seguridad pública, traducidos en libertad, orden y paz pública, como condiciones imprescindibles para gozar de las garantías que la Constitución reconoce a los gobernados.
Bajo esa premisa, puede concluirse que, los conceptos de garantías individuales y seguridad pública no sólo no se oponen, sino que se condicionan recíprocamente pues, por un lado, el Estado debe respetar los derechos fundamentales de las personas, sin embargo, las garantías que el Estado ofrece para su observancia o efectividad, no deben servir como medio o conducto para la comisión de delitos; y, por otro, el Estado tiene la obligación de prevenir la comisión de delitos y perseguirlos en caso de consumarse, sin que ello le faculte para emitir todo tipo de arbitrariedades sin razón o relación con las circunstancias del caso.
Lo anterior encuentra congruencia con lo establecido en el artículo 22, numerales 3 y 4, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que disponen (énfasis añadido):
"Artículo 22. Derecho de circulación y de residencia.
"1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.
"2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio.
"3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden público, la moral o la salud pública o los derechos y libertades de los demás.
"4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede ser asimismo, restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés público."
De lo transcrito se observa que, el derecho de tránsito no es irrestricto, sino que dicha garantía puede limitarse para la prevención de infracciones ya sean penales o administrativas, incluso por cuestiones de orden público o seguridad de los derechos de los demás.
En ese contexto, se tiene que el fin perseguido y que es constitucionalmente válido es la seguridad pública; el acto de autoridad consistente en la "revisión precautoria", la cual implica una restricción momentánea de la libertad de tránsito, está prevista en la legislación nacional y ésta es congruente con los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano; y, finalmente se cumple con el requisito de razonabilidad, pues, la simple revisión precautoria que se efectúe sobre una persona, respecto de la cual existen indicios de que está cometiendo un delito (como es el hecho de que diversa fémina señaló que metros atrás una mujer realizaba la venta de droga que llevaba en una bolsa negra, como la que se aseguró a la impetrante), se considera una medida suficiente, para lograr la finalidad de prevención del ilícito.
Por ende, es inconcuso que sí existen disposiciones legales que facultan a los policías para prevenir la comisión de los delitos que funden la necesidad de su intervención; de ahí, que si en el caso concreto, los policías aprehensores tuvieron conocimiento de la posible comisión de un delito (porque una persona del sexo femenino les informó que metros atrás se realizaba la venta de droga) su fin era lícito, ya que constituía precisamente la prevención de una conducta delictiva.
Además, cabe precisar que en el ejercicio de sus funciones, los policías están legitimados para, en defensa de su integridad personal, realizar un registro preventivo, como técnica de intervención corporal en la que, mediante una revisión física rigurosa de la persona detenida, indumentaria, objetos que lleve consigo, para localizar e incautar, en su caso, armas u objetos susceptibles de causar un daño físico.
Por tanto, si durante la revisión de la bolsa negra que los aprehensores, a simple vista observaron que sostenía la impetrante, misma que contenía una bolsa ziploc albergando lo que resultó ser marihuana, es evidente que en ese momento se descubrió la conducta probablemente constitutiva de delito sobre la cual los policías son testigos directos, dado que la posesión de narcóticos, es un delito de carácter permanente que se consuma durante todo el tiempo que se tienen bajo su radio de acción y disponibilidad inmediata la droga afecta, esto es, que se encuentre al alcance del sujeto activo y con lo cual se pone en riesgo el bien jurídico tutelado por la norma, la salud pública.
En esas condiciones, existe obligación de detener a la persona que sea descubierta en la comisión de un hecho ilícito, como lo es la posesión de narcóticos, sin el permiso correspondiente, de lo cual, los policías se enteraron en el ejercicio de sus funciones de prevención de delito, que la propia Constitución y la legislación federal les otorgan, y éstos se ciñeron al procedimiento y la llevaron ante el representante social; por tanto, y opuesto a lo afirmado por el defensor de la quejosa, existió flagrancia delictiva, por lo que no se vulneraron sus derechos fundamentales.
Al respecto, es dable destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las sentencias emitidas en los casos Acosta Calderón contra Ecuador y López Álvarez contra Honduras, sostuvo la legalidad de revisiones y detención que se dieron en supuestos similares a los antes relatados.
Así, en sentencia emitida el veinticuatro de junio de dos mil cinco, al resolver el fondo del caso Acosta Calderón contra Ecuador, la Corte señaló lo siguiente (énfasis añadido):
"... 50. Después de analizados los elementos probatorios, la declaración del perito, así como los alegatos de la Comisión y de los representantes, la Corte considera probados los siguientes hechos:-50.1. El señor Acosta Calderón, de nacionalidad colombiana, nació el 20 de agosto de 1962 y tenía 27 años de edad cuando ocurrieron los hechos. Residía en Putumayo, Colombia, y se dedicaba a la agricultura. ... En relación con la detención y el proceso penal seguido contra el señor Acosta Calderón. 50.2. El señor Acosta Calderón fue arrestado el 15 de noviembre de 1989 en el Ecuador por la Policía Militar de Aduana bajo sospecha de tráfico de drogas. El parte policial rendido ese día indica que en una maleta incautada a la presunta víctima se halló una sustancia que la policía presumió era ‘pasta de cocaína’ ... Alegatos de la Comisión. 51. En relación con el artículo 7 de la Convención Americana la Comisión alegó que: a) el arresto del señor Acosta Calderón ‘fue efectuado in flagrante delicto (sic), cuando la Policía Militar de Aduana halló una sustancia que posiblemente tenía la apariencia de una droga prohibida, en cuyo caso la Comisión no podría decir que el arresto de por sí haya sido arbitrario’; ... Alegatos de los representantes. 52. En relación con el artículo 7 de la Convención Americana, los representantes hicieron suyas las alegaciones hechas por la Comisión y además señalaron que: a) la presunta víctima fue detenida sin ‘una orden de prisión preventiva o de detención dictada por un Juez. ... La policía no podía realizar la detención bajo una presunción, ... no podía «presumirse» que se trataba de una sustancia sujeta a control, el deber de la policía era determinar, en el mismo acto, que la (supuesta) sustancia (incautada a la presunta víctima) era ilegal’; b) al no existir prueba alguna en contra del señor Acosta Calderón ‘nunca pudo existir flagrancia, que habría sido la causa legal para la detención’; c) ‘la ley doméstica no establece que la mera posibilidad de una eventual infracción sea causa para realizar la detención, por el contrario, el delito debe encontrarse perpetrando al momento de la detención o haberse perpetrado inmediatamente antes. Toda detención que no cumpla con este requisito es arbitraria’; ... 56. Esta Corte ha señalado que la protección de la libertad salvaguarda ‘tanto la libertad física de los individuos como la seguridad personal, en un contexto en el que la ausencia de garantías puede resultar en la subversión de la regla de derecho y en la privación a los detenidos de las formas mínimas de protección legal’. 57. Asimismo, este tribunal ha mani
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25206-9c6dc0cf/detencion-del-inculpado-si-los-elementos-aprehensores-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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