AMPARO DIRECTO. CUANDO SE PROMUEVE DESPUÉS DE RESUELTO EL RECURSO DE REVISIÓN EXTRAORDINARIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 306, FRACCIÓN II, DEL ABROGADO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MÉXICO, ESA RESOLUCIÓN DEBE CONSIDERARSE PARTE DE LA SENTENCIA DEFINITIVA RECLAMADA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 4 DE OCTUBRE DE 2016. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ANTONIO LEGORRETA SEGUNDO, OLGA MARÍA JOSEFINA OJEDA ARELLANO Y HUMBERTO VENANCIO PINEDA. DISIDENTE: ANDRÉS PÉREZ LOZANO. PONENTE: HUMBERTO VENANCIO PINEDA. SECRETARIO: PORFIRIO MAURICIO NIEVES RAMÍREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Este Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito es competente para resolver la denuncia de contradicción de tesis, en términos de los preceptos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 37, último párrafo, 41 Bis, y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los diversos 24, 27, 28 y 29 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, cuenta habida que el tema a estudio atañe a la aparente discrepancia entre criterios de Tribunales Colegiados de este Circuito Judicial que, por su naturaleza penal, corresponde a la materia de especialidad de este Pleno de Circuito.
SEGUNDO.-La denuncia de criterios antagónicos entre Tribunales Colegiados de Circuito proviene de parte legítima, en tanto fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, acorde a lo dispuesto por los numerales 107, fracción XIII, párrafo primero, del ordenamiento político jurídico fundamental, 227, fracción III, de la Ley de Amparo y 37, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
TERCERO.-El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver los amparos directos relacionados 186/2015 y 187/2015, consideró lo siguiente:
"Toluca, Estado de México. Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, correspondiente a la sesión de siete de enero de dos mil dieciséis.-VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo directo 186/2015; y, RESULTANDO: PRIMERO.-Mediante escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil quince, ante la Segunda Sala Colegiada Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, **********, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que precisó en los términos siguientes: ‘III. Autoridades responsables a quienes se les atribuyen los actos de molestia: Los Magistrados que integran la Segunda Sala Colegiada Penal de Toluca (adscrita al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México).-Y como ejecutoras: El Juez Segundo Penal en Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, México. El director del CPRS de Lerma de Villada, en el Estado de México ...’.-‘IV. Actos en reclamo: de las ordenadoras se impugna: La contradictoria e ilegal resolución al recurso de apelación signado con el toca penal 45/10, mediante la cual, se combatía sentencia de fondo ... y de las ejecutoras denuncio: del Juez de primer grado (a quo) se reprocha su nulo criterio y falta de principios y ética profesional, en tenor de que sentencia a la aquí quejosa ... del director del Cefereso de Lerma de Villada, en el Estado de México, se denuncia el hecho de que una vez que el juzgador emite fallo condenatorio en mi total perjuicio, como en todos los casos, se limitó a dar por notificada dicha sentencia y cumple con el mandato que el juzgador le realiza ligándome a cárcel como sentenciado ...’.-Los que consideró violatorios en su perjuicio de los artículos 1o., 8o., 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-La sentencia de primer grado, de fecha veintidós de enero de dos mil diez, concluyó con los siguientes puntos resolutivos: ‘PRIMERO.- ... **********, de generales conocidos en autos, sí son penalmente responsables en la comisión del delito de secuestro, en agravio de **********, por el cual, el Ministerio Público formuló acusación en su contra.-SEGUNDO.-Como consecuencia del resolutivo anterior, es justo y equitativo imponerle a cada uno de los sentenciados treinta y cinco años de prisión, que deberán compurgar en el lugar que designe el órgano ejecutor de penas; así como mil doscientos treinta y siete días multa, que arrojan la cantidad de sesenta y un mil doscientos treinta y un pesos con cincuenta centavos, que deberán exhibir a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia. Para el caso de insolvencia, debidamente probada, se les sustituye por mil doscientos treinta y siete días de jornada a favor de la comunidad o por el mismo número de días de confinamiento en caso de incapacidad física para trabajar.-TERCERO.-Se suspende a los sentenciados en el ejercicio de sus derechos políticos y de tutela, curatela, apoderado, defensor, albacea, perito, interventor de quiebra, árbitro y representante de ausentes, por un término de duración igual a la pena de prisión impuesta, y que comenzará al quedar compurgada ésta. Concluido este tiempo, la rehabilitación de estos derechos operará sin necesidad de declaratoria judicial.-CUARTO.-Se les condena a los sentenciados al pago de la reparación del daño moral, a favor del ofendido, por la cantidad de siete mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos con cincuenta centavos, en forma solidaria.-QUINTO.-Amonéstese públicamente a los sentenciados, en términos del artículo 55 del Código Penal en vigor.-SEXTO.-Se les absuelve del pago de la reparación del daño material, por los motivos expuestos en la presente.-SÉPTIMO.-Hágase saber a las partes el derecho y término que la ley les concede para interponer el recurso de apelación, en caso de no estar conformes con la presente sentencia.-OCTAVO.-Comuníquese al director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de esta localidad, con copia simple de la presente, así como al director del Instituto de Servicios Periciales del Estado, para su conocimiento y fines legales correspondientes.-NOVENO.-Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y en el momento oportuno archívese este asunto como totalmente concluido.-Notifíquese y cúmplase ...’.-En tanto que la de segundo grado, de veinticuatro de enero de dos mil trece, emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el expediente AD. 145/2012, del índice de este Tribunal Colegiado, concluyó: ‘PRIMERO.-En inicial acatamiento de la ejecutoria amparante, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en el Estado de México, en el juicio de amparo directo 145/2010, por acuerdo de la presidencia de esta Sala, de fecha tres de diciembre de dos mil doce, se dejó sin efecto la ejecutoria del ocho de abril de dos mil diez, que constituyó el acto reclamado en el amparo que se cumplimenta.-SEGUNDO.-En observancia puntual de la precitada resolución federal amparante, al ser infundados los agravios expuestos por el defensor particular de los recurrentes ... **********; sin embargo, para efectos de seguridad jurídica y legalidad, es procedente MODIFICAR la resolución apelada en su resolutivo segundo, para quedar su contenido de la siguiente manera: «SEGUNDO.-Como consecuencia del resolutivo anterior, es justo y equitativo imponerle a cada uno de los sentenciados una pena de treinta y tres años, nueve meses de prisión y multa de $61,231.50 (sesenta y un mil doscientos treinta y un pesos 50/100 M.N.), sanción privativa de libertad que deberán compurgar a partir de su detención material, que lo fue el veintiocho de noviembre del dos mil ocho, por decretó de la fiscalía, al ser puestos a su disposición, misma que compurgarán en los términos y lugar que señale la autoridad ejecutora de penas. Y, por cuanto hace a la pena pecuniaria por $61,231.50 (sesenta y un mil doscientos treinta y un pesos 50/100 M.N.), deberán exhibirla ante el Juez de la causa, y que para el caso de insolvencia probada de los justiciables, de acuerdo a lo previsto en el Código Penal en los artículos 22, fracción IV, y 24, podrá ser sustituida por igual número de jornadas de trabajo a favor de la comunidad y no remuneradas (consistente en mil doscientos treinta y siete días de jornadas de trabajo), en instituciones públicas, educativas o de asistencia social o en instituciones privadas asistenciales, siempre que no excedan la jornada extraordinaria que determina el numeral 66 de la Ley Federal del Trabajo, y bajo la orientación y vigilancia de la autoridad ejecutora, sin que sea humillante o denigrante para los justiciables, asimismo, también en caso de insolvencia e incapacidad física de los sentenciados, podrá sustituirse la pena pecuniaria impuesta por el confinamiento, saldándose un día multa por cada día de confinamiento, resultando ser en la punición que nos ocupa, de mil doscientos treinta y siete días de confinamiento.».-TERCERO.-Quedan intocados los demás puntos resolutivos.-CUARTO.-Comuníquese al H. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en el Estado de México, la forma en que se dio cumplimiento a la ejecutoria de mérito, remitiéndole al efecto, copia certificada de esta nueva resolución.-QUINTO.-Notifíquese y con testimonio de esta resolución devuélvase el proceso al juzgado de su procedencia, requiriendo al instructor para que informe a esta Sala la forma en que haya dado cumplimiento al fallo. En su oportunidad archívese el toca como asunto concluido ...’.-SEGUNDO.-Por acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil quince, este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, admitió a trámite la demanda de garantías y la registró con el número 186/2015; reconoció el carácter de terceros interesados a **********, así como al agente del Ministerio Público que intervino en el procedimiento penal; y dio vista al representante social de la Federación adscrito, quien omitió formular pedimento.-TERCERO.-Mediante proveído de veintiocho de agosto siguiente, se acordó favorable la petición de **********, en el sentido de tener por ampliada la demanda de garantías respecto de los conceptos de violación.-CUARTO.-Por auto de trece de octubre de dos mil quince, se returnaron los autos a la ponencia del Magistrado Óscar Espinosa Durán, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.-QUINTO.-Este asunto se encuentra relacionado con el diverso amparo directo 187/2015, del índice de este Tribunal Colegiado de Circuito, motivo por el cual, se considera pertinente resolverlos en la misma sesión; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.-Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver el medio de impugnación que se plantea, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracciones V, inciso a), y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 y 170 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se señaló como acto reclamado una sentencia definitiva pronunciada por una autoridad judicial en materia penal, cuyo domicilio se ubica dentro de la circunscripción territorial de este tribunal.-SEGUNDO.-La existencia del acto reclamado quedó plenamente acreditada con el informe justificado rendido por la responsable ordenadora; así como con los autos originales del toca de apelación 45/2010 y causa penal 123/2010 (antes 126/2008); documentales que adquieren eficacia demostrativa, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, al haber sido expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones.-Certeza que se extiende a los actos de ejecución atribuidos al Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial, y director del Centro Preventivo y de Readaptación Social, ambos de Lerma de Villada, Estado de México ya que existe la posibilidad que, en su oportunidad y conforme a sus atribuciones, realicen lo conducente al cumplimiento de la determinación reclamada.-TERCERO.-No se transcribirá la determinación reclamada ni los conceptos de violación que se hicieron valer, en virtud de que no existe precepto en la ley reglamentaria que así lo exija; además, este Tribunal Colegiado debe observar los principios de congruencia y exhaustividad en las resoluciones que dicta, los cuales obligan a precisar los aspectos sujetos a estudio, así como las inconformidades planteadas y la respuesta correlativa, sin introducir cuestiones ajenas a la litis, como se realizará en esta ejecutoria.-Corrobora lo expuesto la jurisprudencia número 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.-De los preceptos integrantes del capítulo X «De las
entencias», del título primero «Reglas generales», del libro primero «Del amparo en general» de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.’.-CUARTO.-Son inoperantes, fundados pero inoperantes e infundados los conceptos de violación expresados, sin que se advierta queja deficiente que suplir, con fundamento en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.-Es inoperante lo expuesto por el quejoso, en el sentido de que la sentencia reclamada transgrede en su contra la garantía contenida en el artículo 19 de la Carta Magna, ello, en virtud de que ese numeral se refiere a la observancia de las exigencias formales para el dictado de una resolución de término constitucional, mismos requisitos que no son observables para el dictado de una sentencia definitiva, es decir, dicho precepto constitucional regula los aspectos formales y de fondo del dictado del auto de plazo constitucional que debe emitirse dentro de las setenta y dos horas, el cual no puede ser materia de análisis en este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 158 de la Ley de Amparo. Misma situación ocurre en lo relativo a la alegada infracción al numeral 8o. de la Constitución Federal, debido a que en ésta se protege el derecho de petición, y lo reclamado en este asunto es la sentencia emitida dentro de un proceso penal.-En la demanda se invocó como preceptos violados los artículos 1o. y 133 de la Carta Magna, sin que en el particular se expresara argumento alguno; no obstante, con la finalidad de otorgar seguridad jurídica, se analizará si existió infracción alguna al precepto invocado, pues, de conformidad con el numerales invocado, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos reconocidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona; de esta manera, aun cuando el derecho humano que se analice esté contenido en la Constitución Federal, existe obligación de los juzgadores de ejercer el control ex officio de constitucionalidad o convencionalidad de una norma, en razón a que no se trata de una cuestión de subsidiariedad, sino que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los Jueces y todas las autoridades del país se encuentran obligadas a velar por esas prerrogativas, y que esa vigilancia se traduce en que se debe favorecer en todo tiempo a las personas con la protección más amplia sin importar la fuente nacional o internacional en la que se encuentre: de ahí que no resulte aplicable la tesis que invoca, de rubro: ‘DERECHOS HUMANOS. SU ESTUDIO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA NECESARIAMENTE QUE SE ACUDA A LOS PREVISTOS EN INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, SI RESULTA SUFICIENTE LA PREVISIÓN QUE CONTENGA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’.-Sirve de apoyo, la tesis LXVIII/2014, de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página seiscientos treinta y nueve, Libro 3, Tomo I, febrero de dos mil catorce, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: ‘CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. NO ES UNA CUESTIÓN DE SUBSIDIARIEDAD, POR LO QUE DEBE LLEVARSE A CABO AUN CUANDO EL DERECHO HUMANO DE QUE SE TRATE ESTÉ CONTENIDO EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.-La obligación de ejercer el control ex officio de constitucionalidad y convencionalidad de una norma se actualiza aun en aquellos casos en los que el derecho humano de que se trate esté regulado en la propia Constitución Federal. Lo anterior, porque el Tribunal Pleno, al resolver el expediente varios 912/2010, no hizo esa acotación, ni determinó que el control ex officio fuera una cuestión de subsidiariedad, sino que más bien recalcó que los Jueces y todas las autoridades del país estaban obligadas a velar por los derechos humanos y que esa vigilancia se traducía, en el caso de los juzgadores, en un problema interpretativo; para ello, se requiere que lleven a cabo efectivamente ese control en aquellos casos en los que la norma que se va a aplicar despierte sospechas para la autoridad aplicadora o sea señalada por el interesado como violatoria de derechos en el juicio de amparo; en esos supuestos, deberá además llevar a cabo el ejercicio en los tres pasos que indica el expediente varios 912/2010: interpretación conforme en sentido amplio, interpretación conforme en sentido estricto y, en su caso, inaplicación.’.-Por otra parte, adversamente a lo estimado por el promovente del juicio, la mayoría de este Tribunal Colegiado considera que la resolución reclamada no transgrede las garantías previstas en los artículos 14 y 20 de la Constitución Federal, en lo que se refiere al derecho a que a todo sujeto se le respete el ‘debido proceso’, con excepción de lo relativo a la declaración rendida por los imputados asistidos por persona de confianza, lo cual será analizado en un apartado posterior.-De la lectura de las actuaciones de los autos de primera y segunda instancia, se constata que el procedimiento del que deriva la decisión controvertida, en lo general, se sustanció en los términos y acorde a las formalidades que la legislación secundaria exige, debido a que tales extremos se traducen en: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La de alegar; y, 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas, ya que, de no hacerlo así, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia postulada en la Norma Fundamental, que tiene como propósito evitar la indefensión del afectado con la emisión de una sentencia condenatoria que restrinja la libertad del peticionario de garantías, sin la debida oportunidad de defensa, ésta entendida como uno de los derechos sustantivos de mayor valía después del inherente a la propia vida.-En efecto, en el caso concreto, tales exigencias fueron atendidas y respetadas por el Juez del conocimiento responsable, ya que del análisis de las actuaciones que integran los autos de donde emana la determinación impugnada, se observa que al quejoso desde la etapa de averiguación previa, le fue notificado el inicio del procedimiento penal seguido en su contra, el delito que se le atribuía y los derechos previstos en el artículo 20, apartado A (anterior a las reformas constitucionales que dieron origen a los juicios orales y acusatorios), entre los que se encuentra el de contar con una defensa adecuada.-Una vez que el agente del Ministerio Público del orden común estimó integrada la indagatoria, ejerció acción penal en contra de **********, por los delitos de robo con violencia y secuestro en grado de tentativa, solicitando la ratificación de la detención en flagrancia, o en su defecto, se le concediera la orden de aprehensión correspondiente; una vez radicado el asunto ante el Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada, con el número 126/2008, se ratificó la detención peticionada por el fiscal, y el treinta de noviembre de dos mil ocho, se desahogó la declaración preparatoria del ahora quejoso, en la que, con posterioridad a ser informado de los derechos constitucionales previstos en el artículo 20 aludido, designó como defensor particular al licenciado en derecho **********, quien aceptó y protestó el cargo que le fue conferido; en el mismo sentido, cabe mencionar que al momento del desahogo de las diligencias en cita, y después de haber peticionado la duplicidad del plazo constitucional, el inculpado ofreció como pruebas la ampliación de declaración de los oficiales remitentes Lorenzo Rivera Morales y Juan José Enríquez del Monte, así como de la víctima **********; los careos constitucionales, cartas de buena conducta y ampliación de declaración de los imputados, las cuales fueron desahogadas en audiencia de dos de diciembre de dos mil ocho, con excepción del testimonio del segundo de los policías mencionados, debido a que no compareció, y tanto el defensor como el imputado, se desistieron de su ofrecimiento.-Concluida la dilación constitucional, el cinco de diciembre de dos mil ocho, se le dictó auto de formal prisión únicamente por el delito de secuestro, previsto y sancionado por el artículo 259, en relación con los ordinales 8, fracciones I y IV, 9 y 11, fracción I, e inciso d), del Código Penal para el Estado de México (no así por el mismo injusto en grado de tentativa, como lo solicitó el agente del Ministerio Público), considerando que el diverso ilícito de robo por el que también el fiscal investigador consignó los hechos, el Juez del proceso determinó que éste no se actualizaba, porque si bien el ofendido fue desapoderado de sus pertenencias, se resolvió que esa no era la finalidad que tenían los sujetos activos, por lo que debía quedar subsumida esa conducta en el delito de secuestro aludido.-En este orden de ideas, también se constata que la parte quejosa ofreció diversos medios de convicción durante el desarrollo de la instrucción en el proceso y, una vez concluido su desahogo, a solicitud tanto del defensor como del acusado, en audiencia verificada el once de noviembre de dos mil nueve, con fundamento en lo previsto en el artículo 257 del código adjetivo penal local, se declaró cerrada la instrucción, con vista a las partes para que formularan las conclusiones de su interés, así, las del agente del Ministerio Público obran de la foja cuatrocientos setenta y cuatro a la quinientos catorce, escrito en el que solicitó la imposición de las penas al ahora sentenciado por la comisión del injusto de secuestro; las de inculpabilidad de **********, por conducto de su abogado particular, se integran de la foja quinientos sesenta y cinco a la quinientos noventa y dos; una vez que quedó visto el asunto para resolver, el veintidós de enero de dos mil diez, se dictó sentencia de primer grado, en la que se le condenó por haber sido considerado plenamente responsable de la consumación del ilícito antes indicado; en desacuerdo con la anterior determinación, el imputado interpuso el recurso de apelación que fue dirimido por la Segunda Sala Colegiada Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, dentro del toca de apelación 45/2010, mediante resolución de ocho de abril de dos mil diez, en la que se modificó la pena de prisión impuesta por el a quo, reduciéndola en la proporción correspondiente, de acuerdo al grado de culpabilidad que le fue atribuido.-Ejecutoria de segunda instancia que fue suje
a a control constitucional, en el diverso juicio de amparo directo 45/2010, promovido por el aquí quejoso y los diversos cosentenciados, que fue resuelto por determinación de ocho de noviembre de dos mil doce, concediendo la protección de la Justicia Federal para los efectos que en ella se precisaron; por lo que, en cumplimiento de la misma, la Sala responsable emitió la diversa de veinticuatro de enero de dos mil trece; acto este último que constituye la materia de la controversia en este asunto.-De esta manera, es evidente que en el proceso que se siguió contra el sentenciado **********, contrariamente a lo estimado, no se transgredieron las formalidades esenciales del procedimiento, con excepción de lo relativo a la declaración ministerial de los implicados asistidos por persona de confianza, porque tuvo conocimiento del ilícito penal que se le atribuyó, la oportunidad de defenderse mediante la aportación de todas las pruebas que estimó pertinentes para su defensa y alegó lo que a su interés convino antes de que se pronunciara la sentencia ejecutoriada; además, impugnó la resolución a través del recurso de apelación, medio ordinario de defensa que prevé la ley de donde procede el acto controvertido; por tanto, es dable concluir que en el caso, no se transgredió la garantía contemplada en el artículo 14 de la Constitución General de la República.-Es aplicable la jurisprudencia 47, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento treinta y tres, Tomo II, diciembre de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: ‘FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.-La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga «se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento». Éstas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.’.-Así, resulta infundado el motivo de inconformidad en el que aduce que dentro del procedimiento se vulneró el principio non reformatio in peius, debido a que, en su concepto, al apelar el auto de formal prisión, el tribunal de alzada estimó acreditado el delito de secuestro consumado y no en grado de tentativa, como lo consideró el Juez de instrucción, a pesar de que únicamente lo controvirtió el procesado; sin embargo, contrario a lo que refiere, de las constancias del expediente se constata que ello no ocurrió, pues desde el primer momento en que resolvió su situación jurídica, esto es, al dictar la resolución de bien preso, la autoridad de primera instancia lo consideró probable responsable en la comisión del ilícito de secuestro consumado, de manera que no existió infracción al principio invocado.-De igual modo, contrariamente a lo alegado, la mayoría de este tribunal estima que la sentencia reclamada no vulnera lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, dado que la Sala colegiada responsable la emitió debidamente fundada y motivada.-En efecto, del análisis del acto reclamado se observa que los Magistrados de la Segunda Sala Colegiada Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, acataron lo dispuesto en el párrafo primero del arábigo 16 de la Ley Fundamental, ya que en la resolución combatida se invocaron los fundamentos de derecho que se estimaron aplicables al caso, tanto los que contienen la descripción típica del ilícito atribuido, siendo el de secuestro previsto y sancionado en el arábigo 259, párrafo primero, del Código Penal para el Estado de México vigente en la época de los hechos; así como los relativos a la valoración de la prueba, consistentes en los numerales 254 y 255, ambos del Código de Procedimientos Penales aplicable.-Luego, para cumplir con el parámetro de motivación del acto reclamado, la autoridad de apelación responsable, destacó la importancia de los elementos de convicción, a partir de los cuales afirmó los presupuestos que justifican el dictado de la sentencia condenatoria y expresó las razones por las cuales les otorgó valor probatorio; asimismo, precisó los motivos de desestimación de las probanzas y argumentos que derivaban de la defen
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26895-26bf87e1/amparo-directo-cuando-se-promueve-despues-de-resuelto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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