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Modo: Corpus Pro

PRUEBA ILÍCITA. TIENE ESE CARÁCTER LA DECLARACIÓN DEL IMPUTADO RENDIDA SIN LA ASISTENCIA JURÍDICA DE UN DEFENSOR PROFESIONAL EN DERECHO, POR LO QUE SU EXCLUSIÓN VALORATIVA DEBE REALIZARSE CON INDEPENDENCIA DE SU CONTENIDO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2677/2013. · Registro digital (IUS): 25607
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-05-08
Promovente: —
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I , Pág. 269.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2677/2013. 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. DISIDENTE Y PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. SECRETARIO: ALFONSO FRANCISCO TRENADO RÍOS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Ley de Amparo vigente; y, 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, emitido el trece de mayo de dos mil trece y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, y su resolución no requiere la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO. Oportunidad del recurso. Por tratarse de un presupuesto procesal cuyo análisis debe hacerse de oficio, es necesario corroborar que la interposición del recurso fue oportuna.

El recurso de revisión planteado por el recurrente, fue interpuesto en tiempo y forma de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, pues de las constancias de autos se advierte que la sentencia dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, le fue notificada en forma personal al quejoso el miércoles diez de julio de dos mil trece, surtiendo efectos el día hábil siguiente, es decir, el jueves once del citado mes y año, de conformidad con la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo.

Así, el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, corrió del viernes doce de julio al lunes doce de agosto de dos mil trece, sin contar en dicho plazo los días trece y catorce de julio, tres, cuatro, diez y once de agosto por corresponder a sábados y domingos, así como el periodo vacacional que abarcó del martes dieciséis al miércoles treinta y uno de julio de dos mil trece, por ser inhábiles conforme a los artículos 19 de la misma Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En tales condiciones, dado que de autos se desprende que el quejoso interpuso recurso de revisión el once de julio de dos mil trece, resulta indudable que se interpuso oportunamente.(1)

Lo anterior es así, no obstante que la interposición del recurso ocurrió antes de que iniciara el cómputo del plazo correspondiente, pues es criterio de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, mismo que se comparte, que en ese caso no puede considerarse extemporáneo, en tanto que lo pretendido por las disposiciones que marcan la temporalidad del plazo para hacer valer medios de impugnación, es que el recurso no se haga valer después de concluido aquél, pero no impiden que pueda presentarse antes de que inicie. Dicho criterio, que por analogía se invoca, se encuentra contenido en la siguiente jurisprudencia:

"RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SU INTERPOSICIÓN RESULTA OPORTUNA AUN CUANDO OCURRA ANTES DE QUE INICIE EL CÓMPUTO DEL PLAZO RESPECTIVO."(2)

TERCERO. Problemática jurídica a resolver. En el presente asunto deberá dilucidarse, como primer aspecto, si el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, resulta o no procedente y, en su caso, determinar si las razones que tomó en cuenta dicho órgano de control para negar el amparo solicitado, en cuanto a la materia de la revisión, competencia de esta Primera Sala, resultan acertadas.

CUARTO. Cuestiones necesarias para resolver el recurso. A fin de facilitar la comprensión del presente asunto, en el presente apartado, esta Primera Sala procederá a sintetizar los ANTECEDENTES del mismo, así como también a reseñar los principales CONCEPTOS DE VIOLACIÓN que esgrimió la parte quejosa, aunado a las diversas ARGUMENTACIONES LÓGICO JURÍDICAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO a fin de dar respuesta a las mismas y, finalmente, los CONCEPTOS DE AGRAVIO que al respecto fueron emitidos por la parte procesal disidente.

I. Antecedentes.

1. El trece de junio de dos mil once, se dio inicio a la averiguación previa **********, con motivo de la denuncia de hechos formulada por ********** y el ofendido, en contra del quejoso, en la que éste compareció el dos de octubre del mismo año a rendir su declaración ministerial, diligencia en la que nombró como persona de su confianza a **********, quien aceptó, protestó y asistió al entonces indiciado, misma en la que éste negó las imputaciones por lo que hace al delito de robo y aceptó las relativas a los ilícitos de lesiones y tentativa de homicidio.

2. Una vez practicadas las diligencias ministeriales conducentes, el diecinueve de enero de dos mil doce, el representante social ejerció acción penal en contra del impetrante (y otro), y en el pliego de consignación relativo solicitó que se librara orden de aprehensión en contra del quejoso, por considerarlo responsable en la comisión del delito de tentativa de homicidio, previsto por los artículos 123, 124, 138, fracción I, en relación con el 20, todos del Código Penal para el Distrito Federal, cometido en agravio de **********.

3. Por auto de veinte de enero de dos mil doce, el Juez Vigésimo Primero Penal del Distrito Federal, a quien por razón de turno correspondió conocer de la referida indagatoria penal, radicó el expediente bajo el número de causa penal ********** y el veintisiete del mismo mes y año, libró orden de aprehensión en contra del quejoso.

4. El tres de febrero de dos mil doce, se llevó a cabo la audiencia en la que el acusado rindió declaración preparatoria, en la que designó para que lo asistiera al defensor de oficio adscrito al juzgado, quien aceptó el cargo conferido, y en ese acto tal indiciado ratificó su declaración ministerial y se reservó su derecho a declarar.

5. El tres de julio de dos mil doce, el Juez de la causa dictó sentencia condenatoria al quejoso por considerarlo penalmente responsable de la comisión del delito de homicidio calificado en grado de tentativa (cuando el pasivo se encuentra inerme y el activo armado).

6. Inconforme con dicha resolución, el quejoso y su defensor de oficio, interpusieron recurso de apelación, el cual fue resuelto de manera colegiada por los Magistrados integrantes de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el ocho de octubre de dos mil doce, en los autos del toca penal **********, en el sentido de confirmar la sentencia de primer grado.

7. En contra de dicha determinación el quejoso interpuso el juicio de amparo, cuya sentencia ahora se analiza en función de los agravios expresados por el recurrente.

II. Conceptos de violación.

• Estimó violados sus derechos fundamentales porque carece de sustento constitucional el hecho de que en la sentencia condenatoria se haya aplicado el artículo que establece el delito de homicidio en grado de tentativa y no el de lesiones a que se refiere el artículo 130 del Código Penal.

• Que es incorrecta la aplicación de un delito que no existe y cuando está probado que es el delito de lesiones, en términos del artículo 130 del Código Penal del Distrito Federal.

• Que se deben tomar en cuenta la hipótesis y su agravante, con fundamento en el artículo 133 constitucional.

• Que en el presente caso cobra aplicación la tesis: "TESTIGO DE OÍDAS".

• Que no se tomó en cuenta la declaración del quejoso y se dio validez legal a los testimonios de cargo, aun y cuando no tienen sustento.

• Que el testimonio aislado de una persona no basta para determinar la responsabilidad del acusado.

• Que una simple y singular declaración no puede traer como consecuencia la restricción de la libertad de una persona.

III. Consideraciones del Tribunal Colegiado. En cuanto a la materia de constitucionalidad y convencionalidad, el Tribunal Colegiado del conocimiento, argumentó lo siguiente:

• En suplencia de la deficiencia de la queja prevista en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo vigente, entró al análisis de los preceptos constitucionales referidos por el quejoso y de los elementos del delito que se le imputaba.

• En atención a ello, calificó de infundados los argumentos que entendió destinados a señalar como violados los artículos 1o., 14, 16, 17 y 21 constitucionales, pues en cuanto al primero de ellos, dijo que a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, esencialmente establecía el reconocimiento de los derechos humanos en nuestro sistema jurídico y la aplicación del principio pro persona, como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, privilegiando aquellas que brinden mayor protección a los gobernados.

• Dijo no advertir que las autoridades de instancia hubieran realizado alguna actuación que atentara contra los derechos humanos del quejoso.

• Tocante a las formalidades esenciales del procedimiento, precisó que el acto reclamado derivaba de la indagatoria respectiva que dio inicio con la denuncia de una persona y la declaración del ofendido, en la cual compareció el quejoso el dos de octubre de dos mil once a rendir declaración ministerial, en cuya diligencia se le hicieron saber los derechos que a su favor establece el artículo 20, apartado A, de la Constitución Federal, acorde con lo previsto en el numeral 269 del ordenamiento procesal penal local, y nombró como persona de su confianza a *********, quien aceptó y protestó el cargo, y asistió al inculpado, mismo que negó las imputaciones por el delito de robo y aceptó las relativas a los delitos de lesiones y tentativa de homicidio.

• Sobre tal aspecto, señaló el órgano colegiado que la circunstancia de que la persona de confianza que designó el quejoso para que lo asistiera al rendir su declaración ministerial, no sea perito en derecho o profesional del ramo, no invalida su declaración ministerial, ni se traduce en una defensa inadecuada, pues de la interpretación de lo dispuesto en el artículo 20, apartado A, fracción IX, párrafo cuarto, de la Constitución Federal, se desprende que no necesariamente debe ser un profesional del derecho en quien recaiga tal designación, porque la garantía de defensa consagrada en ese precepto fundamental, se encuentra sujeta a las limitaciones y reglamentaciones que al respecto se establezcan en la legislación procesal respectiva y, al no señalarse la mencionada exigencia para colmar tal garantía en el artículo 269 del Código Federal de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el cual resulta aplicable al regir específicamente esa garantía en esta fase previa procedimental, es inconcuso, dijo, que el inculpado se encuentre autorizado para ejercer dicha garantía constitucional, por sí, por un abogado, o por persona de su confianza. De ahí, que para el debido desahogo de esa diligencia ministerial no se requiera que la designación aludida recaiga forzosamente en un perito en derecho o profesional del ramo.

• Que resulta aplicable al respecto el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 9/2006, de rubro: "DECLARACIÓN ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, NO CONSTITUYE REQUISITO LEGAL QUE LA PERSONA QUE ASISTA A LOS INCULPADOS EN SU DESAHOGO SEA UN LICENCIADO EN DERECHO."

IV. Agravios.

• El inconforme expresó en ellos que se violan sus derechos porque en un inicio lo detienen por lesiones dolosas, al llegar al reclusorio llega por robo agravado, calificado y en cinco meses lo notifican que llevara un proceso por tentativa de homicidio, manipulando los delitos para inculparlo, con abuso total de autoridad, violentando de tal forma el artículo 23 constitucional.

• Que jamás aceptó ninguno de los delitos y la autoridad falseó esa aseveración, violando los artículos 1o., 17, 20, fracción V, de la Constitución. Que el ofendido duró un día en el hospital.

• Que le causa agravio que se le absuelva del daño moral, pero la pena del calificativo no se la quitó, siendo inconstitucional la pena pecuniaria que se le imputa, violando los artículos 14, 16, 17 y 133 constitucionales.

• En conclusión, dijo que la sentencia es inconstitucional.

QUINTO. Procedencia del recurso. Establecido lo anterior, debe decirse ahora que tal y como se precisó en diverso apartado de esta ejecutoria, primeramente deberá analizarse si es o no procedente el recurso de revisión que nos ocupa y además, si se acreditan los requisitos de importancia y trascendencia a que hace alusión el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 81, fracción II, de la Ley de Amparo.

De conformidad con el citado precepto constitucional, en relación con el precepto de referencia de la Ley de Amparo, se obtiene que para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, se requiere que se reúnan los siguientes supuestos:

I. En la sentencia recurrida se hubiere resuelto u omita decidir, cuando hubiere sido planteado, sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal;

II. O de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y,

III. El tema planteado entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de acuerdos generales del Pleno.

Ahora bien, en el caso particular se advierte que si bien es cierto que el quejoso no expuso en su demanda de amparo motivo de disenso alguno en el que exprese la inconstitucionalidad de normas generales o pretendido que se estableciera la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, empero, es evidente que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en suplencia de la deficiencia de la queja prevista en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, entró al análisis de los preceptos constitucionales referidos por el quejoso y de los elementos del delito que se le imputa, esgrimiendo disertaciones que entrañaron establecer el alcance de un precepto constitucional en virtud del estudio sobre el derecho a la defensa adecuada, previsto en el artículo 20, apartado A, fracción IX, párrafo cuarto, de la Constitución Federal -en su texto previo a la reforma acusatoria-.

Consecuentemente, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que en el presente asunto, SÍ se reúnen los requisitos de procedencia del recurso de revisión.

SEXTO. Estudio del asunto. No obstante que los agravios hechos valer por el quejoso no tienden a combatir las consideraciones que en materia de la interpretación constitucional planteó el Tribunal Colegiado de Garantías, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al advertir que se trata del sentenciado en una causa penal, privado de su libertad, procede a suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.

En ese orden de ideas, conviene recordar que el Tribunal Colegiado al hacer la interpretación de lo dispuesto en el artículo 20, apartado A, fracción IX, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aún vigente en el Distrito Federal, debido a que no se ha emitido la declaratoria del órgano legislativo local sobre la incorporación plena en los ordenamientos legales correspondientes del sistema penal oral y acusatorio contemplado en la reforma constitucional de dos mil ocho, acorde con el artículo transitorio del respectivo decreto, verificó el estudio del tema de la defensa adecuada, resolviendo que la circunstancia de que la persona de confianza que designó el quejoso para que lo asistiera al rendir su declaración ministerial, no sea perito en derecho o profesional del ramo, no invalida su declaración ministerial, ni se traduce en una defensa inadecuada, pues de la interpretación del precepto constitucional en cita, desprendió que no necesariamente debe ser un profesional del derecho en quien recaiga tal designación, porque la garantía de defensa consagrada en este precepto fundamental, se encuentra sujeta a las limitaciones y reglamentaciones que al respecto se establezcan en la ley procesal respectiva y, al no señalarse tal exigencia para colmar esa garantía en el artículo 269 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, el cual resulta aplicable al regir específicamente esa garantía en esta fase previa procedimental, era inconcuso que el inculpado, dijo, se encuentre autorizado para ejercer dicha garantía constitucional por sí, por un abogado o por persona de su confianza. De ahí que para el debido desahogo de esa diligencia ministerial no se requiera que la designación aludida recaiga forzosamente, en un perito o profesional del ramo.

Pues bien, la anterior consideración no se considera acertada, precisamente en atención a los planteamientos que a continuación se exponen.

En primer lugar, debe especificarse que la materia del presente estudio consiste en determinar si se viola o no en perjuicio del imputado el referido Derecho fundamental a la defensa adecuada, cuando se permite que una persona asista a un indiciado en una diligencia sin acreditar legalmente su condición de abogado. Dicho en otras palabras, la pregunta que debe responderse para resolver el presente recurso de revisión es la siguiente: ¿Fue correcta la interpretación que realizó el Tribunal Colegiado con respecto al contenido del artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho- en el sentido de que el derecho a contar con una defensa adecuada durante la fase procedimental de averiguación previa se garantiza cuando es realizada por una persona de confianza que no es licenciado en derecho?

La anterior interrogante debe ser contestada en sentido negativo.

Sobre el particular, es importante destacar que los hechos delictivos acontecieron en esta ciudad capital (Distrito Federal) el doce de junio de dos mil once y que además, el disidente rindió su declaración ministerial el dos de octubre de ese mismo año; por tanto, es indudable que el proceso penal se inició al tenor del marco constitucional vigente antes de la reforma constitucional acusatoria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho.

Ahora bien, esta Primera Sala estima necesario dotar de contenido, aun de manera sucinta, al tantas veces invocado derecho fundamental a la defensa adecuada, para lo cual, conviene hacer referencia a diversos precedentes sustentados por este Alto Tribunal, entre los cuales destacan los juicios de amparo directo 8/2008, 9/2008, 10/2008 y 33/2008, así como la facultad de atracción 275/2011, en los que se analizó la prerrogativa fundamental de referencia, en relación con la asistencia que debe otorgarse al inculpado.

En dichos asuntos, este Supremo Tribunal Constitucional concluyó que dicha prerrogativa consiste en dar oportunidad a todo inculpado de que tenga defensor y que éste, a su vez, tenga la oportunidad de aportar pruebas, promover medios de impugnación, exponer argumentos de derecho y utilizar los beneficios procesales que la legislación correspondiente establezca para la defensa de su patrocinado.

En atención a estas características, se arribó al criterio de que la asistencia legal que debe proporcionar el defensor -a la cual se refiere la Constitución- no sólo debe estar relacionada con la presencia física de este profesional, sino que debía interpretarse en el sentido de que exista una efectiva ayuda del asesor legal.

Desde esa perspectiva, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el derecho fundamental a la defensa adecuada, implica que el defensor debe contar con tiempo y con los medios suficientes y necesarios para la preparación de la defensa; también debe contar con la posibilidad de alegar en la audiencia y ofrecer pruebas, por lo que la participación efectiva del defensor, es un elemento imprescindible para considerar satisfecho el derecho en cuestión. Sobre el particular, es importante destacar que el concepto de defensa adecuada no debe confundirse con defensa exitosa, sino que basta con que se realicen todas las gestiones jurídicas en estricto apego a derecho y bajo los principios que establece la ley reglamentaria.

Por lo anterior, debe aclararse que la facultad del juzgador para analizar los casos en los que se invoque la vulneración a dicha prerrogativa fundamental, se limita a asegurar que las condiciones que posibilitan la defensa adecuada sean satisfechas durante el proceso. Esto es así, pues tal y como lo sostuvo esta Primera Sala en los precedentes destacados, si bien el juzgador, se encuentra constreñido a velar por el respeto a las condiciones que permitan la defensa adecuada, no cuenta con facultades para calificar el grado de diligencia con que se conduce un defensor al momento de realizar su labor, pues revisar la forma en que los defensores efectivamente logran su cometido, excede de las facultades conferidas para vigilar que en el proceso se garantice una defensa adecuada.

En efecto, si bien se reconoce la posibilidad de que a lo largo de cualquier proceso penal, de hecho, puedan existir deficiencias en la estrategia del defensor, ya sea particular o de oficio, tal posibilidad no conlleva a afirmar que el juzgador está obligado a subsanar tales deficiencias. Exigir lo contrario sería tanto como obligarlo a velar por los intereses del inculpado, lo cual, resultaría contrario a uno de los principios básicos que deben caracterizar la actuación de todo Juez; a saber, el de la imparcialidad.(3)

Como corolario de lo anterior, podemos señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza a todo gobernado el derecho de acceder a una defensa adecuada. Este derecho, al estar consagrado como derecho fundamental, entraña, en primer lugar, una prohibición al Estado, que consiste en no entorpecer el ejercicio del derecho de defensa del gobernado y, por otro, un deber de actuar, en el sentido de informarle el nombre de su acusador, los datos que obren en la causa, brindarle la oportunidad de nombrar a un defensor, no impedirle que se entreviste de manera previa y en privado con él y, en general, no impedir u obstaculizar el ejercicio de las cargas procesales que corresponden dentro del proceso penal, para desvirtuar la acusación del Ministerio Público.

Las consideraciones anteriores dieron lugar a la jurisprudencia 1a./J. 12/2012 (9a.), sustentada por esta Primera Sala, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Tomo 1, julio de 2012, página cuatrocientos treinta y tres, que ad literam establece:

"DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA. La garantía individual de defensa adecuada contenida en el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008) entraña una prohibición para el Estado consistente en no entorpecer el ejercicio del derecho de defensa del gobernado y un deber de actuar, en el sentido de informarle el nombre de su acusador, los datos que obren en la causa, brindarle la oportunidad de nombrar un defensor, no impedirle que se entreviste de manera previa y en privado con él y, en general, no impedir u obstaculizar el ejercicio de las cargas procesales que le corresponden dentro del proceso penal para desvirtuar la acusación del Ministerio Público. Así, para proteger la citada garantía es necesario que la labor de quien funja como defensor sea eficaz, pues aquélla no puede concebirse como un mero requisito formal, sino que debe permitir una instrumentación real para tener oportunidades de descargo que, básicamente, permitan al imputado una efectiva participación en el proceso. Ahora bien, el Juez de la causa garantiza la posibilidad de defensa al permitir que se den todas las condiciones necesarias para que el inculpado sea debidamente asistido, tanto formal como materialmente, de manera que si en los hechos no puede calificar su adecuada defensa -en razón de la forma en que se conduce el defensor respectivo-, ello no significa que el Juez de la causa viole la garantía en cuestión, pues el control de la correcta o incorrecta actitud procesal del defensor, del debido ejercicio de las cargas procesales, así como de su pericia jurídica, sólo podrían ser materia de responsabilidad profesional, en términos de las leyes administrativas o penales, y según se trate de un defensor de oficio o particular. Esto es, el Juez respeta la garantía de defensa adecuada: (i) al no obstruir en su materialización (como ocurre cuando niega el derecho a una entrevista previa y en privado o interfiere y obstaculiza la participación efectiva del asesor) y (ii) al tener que asegurarse, con todos los medios legales a su alcance, que se satisfacen las condiciones que posibilitan la defensa adecuada, sin que ello signifique que esté en condiciones de revisar la forma en que los defensores efectivamente logran su cometido, pues ello excedería las facultades que tiene a su cargo para vigilar que en el proceso se garantice una defensa adecuada."

Una vez expuesto lo anterior, esta Primera Sala estima necesario hacer referencia a los antecedentes legislativos inmediatos que reconocen en la Constitución Federal el derecho humano de defensa adecuada.

La modalidad en que se ejerce dicha prerrogativa fundamental está contenida en el artículo 20, apartado "A", fracción IX, de la Constitución Federal, que en su texto anterior a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, establecía:

"Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:

"A. Del inculpado: ...

"IX. Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el Juez le designará un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera; y,

"...

"Las garantías previstas en las fracciones I, V, VII y IX también serán observadas durante la averiguación previa, en los términos y con los requisitos y límites que las leyes establezcan; lo previsto en la fracción II no estará sujeto a condición alguna".

En estricta interpretación literal de la norma constitucional transcrita, se advierte que en términos de la fracción IX del apartado A, el ejercicio de defensa adecuada, en la modalidad de asistencia podría ejercerse por el inculpado por sí, por abogado o por persona de su confianza.

Sin embargo, este concepto que modaliza el ejercicio de la defensa adecuada en materia penal fue sustituido con un cambio radical, con motivo de la reforma penal constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho. La disposición constitucional fue totalmente reconstruida a fin de dar apertura al reconocimiento e instauración del sistema procesal penal de corte acusatorio oral, además de reiterar y fortalecer el reconocimiento de los derechos del imputado y la víctima en el proceso penal.

El actual texto del artículo 20, apartado "B", fracción VIII, de la Constitución Federal, se reitera, de acuerdo al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, es el siguiente:

"Artículo 20. ...

"B. De los derechos de toda persona imputada: ...

"VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el Juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y ...".

A partir de esta trascendental reforma constitucional, el legislador permanente estableció que el ejercicio de la defensa adecuada en materia penal por parte del imputado, deberá realizarse con la asistencia de un abogado, que deberá elegirlo libremente incluso desde el momento de su detención, como se advierte del contenido de la fracción VIII del apartado B de la norma constitucional transcrita.

Respecto a esta última reforma fundamental, es importante hacer la aclaración que su entrada en vigor está supeditada al cumplimiento de condiciones formales y materiales establecidas en el artículo tercero transitorio del Decreto de publicación, cuyo contenido es el siguiente:

"TRANSITORIOS:

"PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo dispuesto en los artículos transitorios siguientes.

"SEGUNDO. El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día si

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25607-acdfe365/prueba-ilicita-tiene-ese-caracter-la-declaracion-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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