Corpus
Modo: Corpus Pro

DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. LA FORMA DE GARANTIZAR EL EJERCICIO EFICAZ DE ESTE DERECHO HUMANO SE ACTUALIZA CUANDO EL IMPUTADO, EN TODAS LAS ETAPAS PROCEDIMENTALES EN LAS QUE INTERVIENE, CUENTA CON LA ASISTENCIA JURÍDICA DE UN DEFENSOR QUE ES PROFESIONISTA EN DERECHO. DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. LA ILICITUD DE LA DECLARACIÓN RENDIDA POR EL IMPUTADO SIN LA ASISTENCIA TÉCNICO-JURÍDICA DE UN DEFENSOR PROFESIONAL EN DERECHO, NO ADMITE CONVALIDACIÓN. PRUEBA ILÍCITA. TIENE ESE CARÁCTER LA DECLARACIÓN DEL IMPUTADO RENDIDA SIN LA ASISTENCIA JURÍDICA DE UN DEFENSOR PROFESIONAL EN DERECHO, POR LO QUE SU EXCLUSIÓN VALORATIVA DEBE REALIZARSE CON INDEPENDENCIA DE SU CONTENIDO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3535/2012. · Registro digital (IUS): 25605
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-05-08
Promovente: —
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I , Pág. 188.

DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. LA FORMA DE GARANTIZAR EL EJERCICIO EFICAZ DE ESTE DERECHO HUMANO SE ACTUALIZA CUANDO EL IMPUTADO, EN TODAS LAS ETAPAS PROCEDIMENTALES EN LAS QUE INTERVIENE, CUENTA CON LA ASISTENCIA JURÍDICA DE UN DEFENSOR QUE ES PROFESIONISTA EN DERECHO.

DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. LA ILICITUD DE LA DECLARACIÓN RENDIDA POR EL IMPUTADO SIN LA ASISTENCIA TÉCNICO-JURÍDICA DE UN DEFENSOR PROFESIONAL EN DERECHO, NO ADMITE CONVALIDACIÓN.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3535/2012. 28 DE AGOSTO DE 2013. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. DISIDENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: CARMINA CORTÉS RODRÍGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracción V, de la Ley de Amparo, abrogada según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dos de abril de dos mil trece, la cual resulta aplicable para resolver el presente asunto en términos de los artículos tercero transitorio del mismo decreto, y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme a lo previsto en el punto primero, fracción I, del Acuerdo Número 5/1999, así como en el punto tercero del diverso 5/2013, publicados en el Diario Oficial de la Federación, respectivamente, el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, y veintiuno de mayo de dos mil trece; en virtud de que el recurso se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito, en un juicio de amparo directo penal, por lo que la materia del presente asunto es competencia exclusiva de esta Primera Sala.

SEGUNDO. Como una cuestión previa, conviene destacar que el juicio de amparo directo que dio lugar al presente recurso de revisión, fue promovido el catorce de marzo de dos mil doce, por lo que la tramitación del recurso de revisión que ahora nos ocupa se encuentra regulada en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal, 83, fracción V, y 84, fracción II, de la Ley de Amparo, abrogada según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dos de abril de dos mil trece, aplicable en términos de los artículos tercero transitorio del mismo decreto, 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; asimismo, en lo dispuesto en el punto segundo, fracción III, del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el trece de mayo de dos mil trece.

TERCERO. Oportunidad. El recurso de revisión fue interpuesto en tiempo y forma, toda vez que la sentencia recurrida se notificó por medio de lista a la parte quejosa el veintidós de octubre de dos mil doce, surtiendo efectos el día veintitrés siguiente. Así, el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo empezó a correr el veinticuatro de octubre y feneció el ocho de noviembre del propio año, habiéndose descontado los días veintisiete y veintiocho de octubre, así como tres y cuatro de noviembre, todos de dos mil doce, por ser sábados y domingos, días inhábiles en términos de lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Amparo; asimismo, descontando los días uno y dos de noviembre del mismo año, inhábiles en términos de lo establecido en la circular 31/2012 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

En tales condiciones, dado que de autos se desprende que el recurso de revisión fue presentado ante el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el ocho de noviembre de dos mil doce, es inconcuso que el recurso de revisión fue interpuesto oportunamente.

CUARTO. Antecedentes. Antes de analizar la procedencia del recurso, se considera pertinente analizar los antecedentes que informan el presente asunto, pues con base en ellos se podrá dilucidar si se reúnen o no los requisitos de procedencia.

a) El siete de octubre de dos mil once, el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, en la causa penal **********, dictó sentencia condenatoria en contra de los hoy quejosos, al considerarlos responsables de la comisión del delito previsto y sancionado en el artículo 112 Quáter, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito (hipótesis: quienes accedan a equipos del sistema bancario mexicano para obtener información confidencial sin consentimiento de quien esté facultado para ello).(1)

b) Dicha resolución fue apelada y, en sesión de dieciséis de febrero de dos mil doce, el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, dentro del toca penal **********, modificó la sentencia en lo relativo a la sustitución de la sanción pecuniaria por jornadas de trabajo; ordenó que la suspensión de los derechos políticos y civiles de los quejosos fuera a partir de que causara ejecutoria la sentencia y hasta en tanto que se declarara extinta la pena; finalmente, modificó lo relativo al decomiso y destrucción de los instrumentos del delito.

c) En contra de la anterior determinación se promovió juicio de amparo directo, en el que se hicieron valer, en síntesis, los siguientes conceptos de violación:

1. La sentencia reclamada vulnera la garantía de audiencia, pues se pasó por alto que el quejoso **********, antes de ser remitido a la agencia del Ministerio Público, fue retenido durante varias horas de manera injustificada por personal de la institución bancaria ofendida.

2. El artículo 112 Quáter, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito se aplicó indebidamente, pues de su lectura se advierte que la conducta sólo se tipifica cuando el autor busca con su acción obtener recursos económicos, lo que en la especie no se acreditó, porque la conducta de los sentenciados sólo consistió en enviar y/o recibir mensajes.

3. Se violó el principio de congruencia y exhaustividad en las sentencias, así como las garantías de legalidad y seguridad jurídica, pues no se acreditó el cuerpo del delito ni la flagrancia del quejoso **********, además de que no existió querella previa y no existe la agravante de continuidad que fue imputada.

4. Existieron diversas irregularidades en el procedimiento, pues no se tomó en cuenta que la retención de ********** se acordó por el delito de portación de arma de fuego sin licencia, delito que jamás se probó; que se detuvo sin orden judicial a **********; que no se acreditó la responsabilidad penal de los sentenciados y, que en el caso, se actualizaba la causa de exclusión del delito contenida en la fracción III del artículo 15 del Código Penal Federal.(2)

5. La multa impuesta es excesiva y, por tanto, violatoria del artículo 22 constitucional.

6. El uso del material probatorio contenido en el equipo celular del quejoso es contrario a sus derechos fundamentales y, por tanto, dicho material probatorio es nulo, pues la información que se encontraba contenida en el teléfono del referido celular debía entenderse como comunicación privada entre particulares.

7. Los teléfonos celulares usados en la investigación fueron manipulados por agentes del Ministerio Público, así como por personal de la institución bancaria ofendida.

8. Es violatorio de garantías el hecho que se pretenda tener por demostrado que ********** entregó de manera voluntaria su teléfono celular por el dicho singular de un testigo.

9. No se configuró el delito imputado, pues no se acreditó ningún propósito económico, dolo o que la información fuera dada a algún agente externo a la ofendida.

d) Tocó conocer del juicio de garantías al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el cual, mediante sentencia emitida en sesión de seis de septiembre de dos mil doce, determinó, en síntesis, lo siguiente:

1. La designación que hicieron los quejosos de personas de confianza, no recayó en peritos o profesionales en la carrera de derecho, de acuerdo a los datos personales que precisaron los designados; sin embargo, está situación no invalida sus declaraciones ministeriales, ni tampoco se traduce en una defensa inadecuada, pues el artículo 20, apartado A, facción IX, de la Constitución General (vigente al momento de la declaración), no prevé que el enjuiciado necesariamente deba ser asistido por profesional en derecho.

2. El hecho de que la querella fuera interpuesta dos horas con treinta minutos después de iniciada la averiguación previa, no vulnera el principio de debido proceso, pues los quejosos tuvieron tiempo suficiente para debatir el contenido durante la investigación ministerial. Al respecto, la Primera Sala del Más Alto Tribunal, ha sostenido que la detención en flagrancia por delitos perseguidos a petición de parte, se convalida si la querella se presenta cuarenta y ocho horas después de sucedida ésta.

3. De las constancias de autos no se advierten elementos que permitan sostener que el quejoso ********** haya sido retenido por un tiempo injustificado por personal de la institución bancaria ofendida y, consecuentemente, tampoco se acredita que el teléfono del indiciado haya sido manipulado por un lapso de tres horas, por personal de la institución ofendida.

Que la responsable, acertadamente, consideró que no se encontraba acreditado que el teléfono celular haya sido manipulado por el personal de la querellante durante la entrevista, sino únicamente revisado en presencia de los quejosos cuando éste lo entregó voluntariamente al personal bancario.

4. Derivado de los diferentes cambios de situación jurídica que han ocurrido durante la instrucción de la causa penal el tema de la flagrancia o urgencia no puede analizarse en el juicio de amparo directo.

5. No afectó a las defensas de los quejosos que en el "Acuerdo de retención" se haya citado incorrectamente el delito de portación de arma de fuego sin licencia, pues dicho error no le impidió conocer plenamente la imputación hecha en su contra.

6. Que del análisis de las constancias no se advierten medios de prueba que demuestren o hagan presumir que los quejosos fueron incomunicados o amedrentados por agentes judiciales adscritos a la agencia del Ministerio Público.

Además, dicha alegación fue expresada por los quejosos en la causa penal hasta que se ordenó la reposición del procedimiento por el Tribunal Unitario, situación que sumada a la falta de pruebas permite formar la presunción de que se trata de una aseveración, cuyo fin es lograr una versión defensiva no probada.

7. Es infundado que el personal bancario manipuló el teléfono celular del quejoso, pues el cuadro probatorio permite demostrar que el personal bancario no manipuló éste; que, como lo razonó el Tribunal Unitario ad quem, las pruebas de autos permiten formar la presunción fundada de que fue el quejoso quien entregó voluntariamente el teléfono.

8. Respecto al concepto aseguramiento, del teléfono celular del quejoso y su utilización por parte del órgano ministerial investigador, para recabar las imágenes fotográficas que contienen información de clientes bancarios motivo del ilícito, el Tribunal Colegiado señaló que dicha actuación no fue violatoria de los derechos de los quejosos, en razón de lo siguiente:

i. El teléfono celular asegurado, en sí mismo, no es una "comunicación", sino un artefacto que permite la misma. Dicho artefacto permite retener, en su memoria electrónica, información relacionada con las comunicaciones que haya tenido el quejoso antes de su detención, e inclusive guarda otro tipo de información, como lo son imágenes obtenidas con su propia cámara fotográfica y, en el caso concreto, fue este último tipo de información lo que fue materia de indagación y valoración en la causa penal.

ii. El quejoso fue quien permitió a los denunciantes el acceso a la información del teléfono, para verificar las llamadas telefónicas que supuestamente recibió amenazándolo con un mal, si no obtenía la información bancaria, actualizándose así una excepción al principio de inviolabilidad de las comunicaciones.

iii. La ley adjetiva penal faculta al agente del Ministerio Público para asegurar los objetos, instrumentos y productos de delito. Así, el aseguramiento del teléfono celular fue legal, pues se trata de un instrumento de delito que ameritaba su introducción en las actuaciones ministeriales, conforme a lo dispuesto en los artículos 123, 123 Bis, 123 Quáter y 181 del Código Federal de Procedimientos Penales.

iv. Por tanto, no se está en presencia de una prueba ilícita, que derive de una violación a las formalidades esenciales del procedimiento en la averiguación previa. En el mismo sentido, el Tribunal Colegiado estimó que en nada demerita la acreditación de la responsabilidad penal de los quejosos, que aduzcan que no está acreditado que el contenido de los mensajes electrónicos sea acorde con las fotografías que existían en el teléfono celular asegurado al quejoso **********, pues la prueba principal que valoró el Tribunal Unitario para acreditar que este quejoso obtuvo la información confidencial, son los correos electrónicos que recibió de **********, y no está probado en autos, que dichos correos hayan sido alterados o manipulados por un "hacker", como lo afirman los quejosos.

9. Que es infundado que se actualice la causa de exclusión del delito prevista en la fracción III del artículo 15 del Código Penal Federal; que en el caso la autoridad responsable correctamente ejerció su arbitrio judicial, con base en el cual confirmó el grado de culpabilidad mínimo estimado por el Juez de Distrito.

e) Inconformes con tal determinación, los quejosos interpusieron recurso de revisión. Los agravios expresados por la parte ahora recurrente son, en síntesis, los siguientes:

1. No fueron debidamente analizadas las violaciones procesales que se señalaron en la demanda de amparo, pues no se tomó en cuenta que se valoraron pruebas ilegales, se condenó por delitos que no existen y nunca se probó que las comunicaciones entre empleados estuvieran restringidas o prohibidas.

2. Causa agravio el hecho de que se detuvo al quejoso ********** por poseer información confidencial de clientes de las instituciones de crédito en su celular, toda vez que no es delito tener ese tipo de información. Asimismo, toda la información contenida en su teléfono celular está protegida por la Constitución, así como por el Código Penal vigente y es ilegal su consideración como prueba, por tanto, el material probatorio contenido en el citado celular es nulo, pues el contenido de éste debe entenderse como comunicación privada entre particulares; que el quejoso no entregó de manera voluntaria el teléfono a sus denunciantes sino que éstos lo obligaron a ello.

3. Que la resolución del Tribunal Colegiado viola los principios de exhaustividad y congruencia en la sentencia; que no existió querella previa; que no se acreditó el cuerpo del delito; que existieron violaciones a las garantías de legalidad y seguridad jurídicas contenidas en el artículo 16 constitucional; que no se acreditó la flagrancia del quejoso ********** y que existió una indebida valoración de pruebas.

Que la retención de ********** se acordó por el delito de portación de arma de fuego sin licencia, delito diverso, que jamás se probó ni existió base para su acuerdo; que se detuvo sin orden judicial a ********** y que el aparato analizado en el peritaje es distinto al que se puso a disposición de la autoridad ministerial.

Asimismo, se sostuvo que no fue comprobado que **********, hubiera tenido acceso a ningún equipo ni medio del sistema bancario; que el celular fue manipulado; que no contenía la información que se imputada; que jamás se provocó un agravio, pues la información no fue difundida ni salió de las instalaciones de la ofendida, y que se valoraron indebidamente las pruebas que obran en el expediente.

QUINTO. Procedencia. Establecido lo anterior, se debe analizar si el presente asunto reúne los requisitos de importancia y trascendencia a que hace alusión el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el punto primero del Acuerdo Plenario Número 5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de junio de dicho año, para verificar si es o no procedente el recurso de revisión.

En efecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el Acuerdo Número 5/1999, cuyo punto primero establece que para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, se requiere que se reúnan los siguientes supuestos:

a. En la sentencia recurrida se haya hecho pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una norma general, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional, o que, habiéndose planteado alguna de esas cuestiones en la demanda de amparo, se haya omitido su estudio; y,

b. El problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia, a juicio de la Sala respectiva.

Ahora bien, por lo que se refiere al segundo de los requisitos antes mencionados, el propio punto primero del acuerdo en cita señala que, por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia, cuando exista jurisprudencia sobre el problema de constitucionalidad hecho valer en la demanda de garantías, así como cuando no se hayan expresado agravios o, en su caso, éstos resulten ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes y, no haya que suplir la deficiencia de la queja, o bien, en casos análogos.

Los anteriores lineamientos se recogen en la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 149/2007, cuyo rubro es: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA."

En este sentido, debe señalarse que el recurso de mérito cumple con los requisitos antes aludidos, en virtud de que en la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado se realizó una interpretación del artículo 20 de la Constitución General, en relación con los alcances del derecho a la defensa adecuada, temas que son de importancia y trascendencia, en virtud de los criterios novedosos que pueden surgir en torno a los alcances de ese derecho fundamental y los efectos de su transgresión.

Por otro lado, tanto en la demanda de amparo, en la sentencia del Tribunal Colegiado y los agravios, se formularon disertaciones en torno a la detención en flagrancia y el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, previsto en el artículo 16 constitucional, siendo que este último constituye un problema de interpretación constitucional, tal como lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver, por mayoría de cuatro votos, el amparo directo en revisión 3004/2012, en sesión de fecha veintitrés de enero de dos mil trece.

Al encontrarse reunidos los requisitos para la procedencia del presente recurso de revisión en amparo directo, este Tribunal Pleno procede a su estudio.

SEXTO. Agravios inoperantes. Del asunto que se analiza se desprende, en primer lugar, que son inoperantes los argumentos en los que el recurrente sostiene: (i) que la resolución del Tribunal Colegiado viola los principios de exhaustividad y congruencia; (ii) que no existió querella previa; (iii) que no se acreditó el cuerpo del delito; (iv) que existió una indebida valoración de pruebas; (v) que la retención de ********** se acordó por el delito de portación de arma de fuego sin licencia, delito diverso a aquel por el cual fue sentenciado; (vi) que se detuvo sin orden judicial a **********; (vii) que no fue comprobado que ********** hubiera tenido acceso a ningún equipo ni medio del sistema bancario; y, (viii) que se valoraron indebidamente las pruebas que obran en el expediente.

Lo anterior es así, pues dichos planteamientos implican aspectos de legalidad ajenos a la materia de este medio de defensa, la cual se limita a examinar cuestiones de constitucionalidad de normas generales, o bien, la interpretación directa de un derecho fundamental previsto en la Constitución General, cuando el Tribunal Colegiado se haya pronunciado al respecto por haberse propuesto el tema en la demanda de amparo, o bien, se hubiere omitido el examen, así como en aquellos casos en los que el Tribunal Colegiado haya introducido esa cuestión en la sentencia recurrida.

Apoya la calificación anterior, la jurisprudencia 1a./J. 56/2007, sustentada por la Primera Sala, de rubro y texto siguientes:

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE ADUZCAN CUESTIONES DE MERA LEGALIDAD. Conforme a los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, relativos al recurso de revisión en amparo directo, es competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta instancia el estudio de cuestiones propiamente constitucionales. Por tanto, si se plantean tanto agravios sobre constitucionalidad de normas generales o de interpretación directa de preceptos de la Constitución, como argumentos de mera legalidad, éstos deben desestimarse por inoperantes."(3)

SÉPTIMO. Estudio de fondo. En primer lugar, en total suplencia de la queja, en términos del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, actualmente abrogada, se procederá al análisis del planteamiento relativo a la detención en flagrancia de los quejosos.

El Tribunal Colegiado, al pronunciarse sobre este tema, formuló las siguientes afirmaciones:

"En la inteligencia que a este Tribunal Colegiado de Circuito no le corresponde analizar de manera directa si fue correcta o no la calificación de flagrancia, pues como ya se analizó, en el amparo directo corresponde el análisis de una violación procesal ocurrida en la averiguación previa, siempre y cuando afecte el derecho de defensa del indiciado o permita la creación e introducción a la averiguación de pruebas que no cumplan con las formalidades legales, por ello, en el juicio de amparo se analiza el tema de la detención, con el fin de nulificar o no los medios de prueba que, por las circunstancias que rodean ese hecho, afecten al quejoso. De ahí, que el tema de la flagrancia o urgencia en la detención de un enjuiciado, no puede analizarse aisladamente en esta vía de defensa constitucional, sino que debe ser impugnado oportunamente en la secuela del procedimiento penal."(4)

Para apoyar su determinación, el Tribunal Colegiado invocó la jurisprudencia de esta Primera Sala, de rubro: "RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO CON POSTERIORIDAD SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL NUEVE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE)."(5)

Sin embargo, este criterio ha sido superado por la misma Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver, por unanimidad de votos, la contradicción de tesis 244/2012, de la cual surgió la jurisprudencia 1a./J. 45/2013 (10a.), que se transcribe a continuación:

"VIOLACIONES COMETIDAS EN LA DETENCIÓN DEL INCULPADO CON MOTIVO DE LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL (FLAGRANCIA O CASO URGENTE). ES FACTIBLE SU ANÁLISIS EN AMPARO DIRECTO CUANDO NO HAYAN SIDO ANALIZADAS PREVIAMENTE EN AMPARO INDIRECTO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 121/2009, sostuvo que en el amparo directo procede analizar como violaciones al procedimiento las cometidas en la averiguación previa cuando afecten los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual no debe interpretarse limitativamente, en la medida en que la protección del derecho humano al debido proceso la conforman sistemáticamente diversos numerales constitucionales, esto es, el respeto a este derecho se vincula con la observación de los parámetros que la Constitución establece para todas las etapas procedimentales. En ese sentido, el catálogo de derechos del detenido, previsto en el artículo 20, apartado A, fracciones I, V, VII y IX, constitucional, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se extiende a todos aquellos actos o diligencias realizados desde la averiguación previa, lo que permite ubicar posibles violaciones en cualquier diligencia de esta etapa. Ahora bien, el artículo 16 de la Carta Magna establece algunas excepciones que implican la restricción a aquellos derechos, entre las cuales se encuentra la privación de la libertad personal, específicamente en las detenciones por flagrancia o caso urgente, derivadas de la existencia de elementos que permiten atribuir a una persona su probable responsabilidad en la comisión de un hecho calificado como delito por las leyes penales; sin embargo, para que dicha excepción sea constitucionalmente válida deben satisfacerse ciertas condiciones de legalidad, lo que implica que el órgano de control constitucional tiene la obligación de verificar si la detención prolongada por la policía sin poner al detenido a disposición inmediata de la autoridad ministerial o sin cumplir los requisitos constitucionales que justifican la excepción por la flagrancia o el caso urgente, generó elementos de prueba que incumplen con los requisitos de formalidad constitucional que deban declararse ilícitos, o si las diligencias correspondientes se realizaron en condiciones que no permitieron al inculpado ejercer su derecho de defensa adecuada. En esas condiciones, procede analizar en el juicio de amparo directo, en términos del artículo 160, fracción XVII, de la ley de la materia, las violaciones cometidas con motivo de la excepción prevista en el artículo 16 constitucional (flagrancia o caso urgente), que justifican la detención de una persona como probable responsable de la comisión de un delito, pues podrían constituir una transgresión al derecho humano al debido proceso, conforme al cual es necesario el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, a la licitud de las pruebas y al ejercicio de defensa adecuada a que se refieren los artículos 14 y 20 constitucionales, lo que estará condicionado a que no hayan sido analizadas previamente en amparo indirecto."(6)

De la lectura de la jurisprudencia de mérito se desprende que este órgano colegiado reconoció la existencia de la diversa jurisprudencia 1a./J. 121/2009, en la que se apoyó el Tribunal Colegiado para resolver el amparo directo; sin embargo, manifestó que no debe interpretarse limitativamente, en la medida en que la protección del derecho humano al debido proceso la conforman sistemáticamente diversos numerales constitucionales. En particular, el artículo 16 de la Carta Magna establece algunas excepciones que implican la restricción a aquellos derechos, entre las cuales se encuentra la privación de la libertad personal, específicamente en las detenciones por flagrancia o caso urgente, derivadas de la existencia de elementos que permiten atribuir a una persona su probable responsabilidad en la comisión de un hecho calificado como delito por las leyes penales; sin embargo, para que dicha excepción sea constitucionalmente válida deben satisfacerse ciertas condiciones de legalidad, lo que implica que el órgano de control constitucional, en el juicio de amparo directo, tiene la obligación de verificar si la detención prolongada sin poner al detenido a disposición inmediata de la autoridad ministerial o sin cumplir los requisitos constitucionales que justifican la excepción por la flagrancia o el caso urgente, generó elementos de prueba que incumplen con los requisitos de formalidad constitucional que deban declararse ilícitos, o si las diligencias correspondientes se realizaron en condiciones que no permitieron al inculpado ejercer su derecho de defensa adecuada. Lo anterior, estará condicionado a que no hayan sido analizadas previamente en amparo indirecto.

Por tanto, lo que procede es revocar en este punto la sentencia recurrida y devolver los autos relativos al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, para que partiendo de la interpretación constitucional expuesta en la presente ejecutoria, se avoque de nueva cuenta al estudio de la legalidad de la resolución dictada por el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, de fecha dieciséis de febrero de dos mil doce, en el toca penal **********, en particular, por lo que se refiere a la legalidad de la detención de los inculpados.

OCTAVO. Por otro lado, en ejercicio de la amplia suplencia de la queja prevista en el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que en la sentencia de amparo directo emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, también se emitió un pronunciamiento sobre diverso problema de constitucionalidad, consistente en el derecho fundamental a una defensa adecuada, en los siguientes términos:

"A las veintiún horas del primero de diciembre de dos mil diez, el agente del Ministerio Público de la Federación investigador reiteró al quejoso **********, los derechos constitucionales y legales que le asisten, quien designó como persona de confianza a **********, quien aceptó y protestó el cargo conferido, y asistió al quejoso cuando se reservó a declarar.

"A las veintitrés horas con treinta minutos del mismo día, le fueron reiterados al quejoso ********** sus derechos constitucionales y legales, quien designó como persona de confianza a **********, mismo que aceptó y protestó el cargo conferido, y asistió al quejoso cuando se reservó a declarar.

"Debe

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25605-4dfac9da/defensa-adecuada-en-materia-penal-la-forma-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.