EXCUSTODIO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN. DICHO ESTATUS NO MATERIALIZA LA AGRAVANTE DEL DELITO DE PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA O FUERZA AÉREA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 84 TER DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, RELATIVA A QUE EL RESPONSABLE SEA O HAYA SIDO SERVIDOR PÚBLICO DE ALGUNA CORPORACIÓN POLICIAL.
AMPARO DIRECTO 238/2014. 5 DE MARZO DE 2015. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: OLGA MARÍA JOSEFINA OJEDA ARELLANO. PONENTE: HUMBERTO VENANCIO PINEDA. SECRETARIO: PORFIRIO MAURICIO NIEVES RAMÍREZ.
Toluca, Estado de México. Acuerdo del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, correspondiente a la sesión pública ordinaria de cinco de marzo de dos mil quince.
Visto para resolver el juicio de amparo directo 238/2014, promovido por el quejoso **********, por propio derecho, contra el acto del Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, por estimar vulnerados los artículos 14, 16, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-La sentencia definitiva objeto de reclamo se pronunció el treinta y uno de julio de dos mil catorce por el Tribunal Unitario responsable, quien al resolver en el toca **********, relativo al recurso ordinario de apelación interpuesto, entre otros, por el acusado aquí demandante y su defensor público, confirmó la impugnada de primera instancia emitida el treinta de abril del mismo año por el Juez Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, en la causa **********, para determinar que dicho enjuiciado es responsable de los delitos siguientes:
a) Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea calificado, previsto y sancionado por los artículos 11, inciso c), 83, fracción III y último párrafo y 84 Ter de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y,
b) Posesión de cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el numeral 83 Quat, fracción II, en concordancia con el diverso precepto 11, incisos f) y c), de la referida legislación especial.
El tribunal natural de segunda instancia convalidó el grado de culpabilidad equidistante entre el mínimo y el medio, con base en lo cual en hipótesis de concurso real individualizó diecinueve años diez meses quince días de prisión y quinientos cuarenta y tres días multa, a razón del salario mínimo general vigente en el lugar y época de los hechos (cincuenta y cuatro pesos con cuarenta y siete centavos, en marzo de dos mil diez, en Ciudad Victoria, Tamaulipas -Zona C-).
Privativa de libertad a compurgar a partir de su detención el diecinueve de marzo de dos mil diez, donde "determine" el director general de Ejecución de Sanciones del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en la "forma y términos" que señale el Juez de Distrito Especializado en Ejecución de Penas; en tanto, la pecuniaria podrá sustituirse en caso de insolvencia por quinientas cuarenta y tres jornadas de trabajo no remuneradas a favor de la comunidad.
Negó sustitutivos de la pena de prisión (sin emitir pronunciamiento en torno a la condena condicional); ordenó amonestar al amparista y suspenderlo en el ejercicio de sus derechos políticos y civiles por el lapso de la privativa de libertad, así como decomisar las armas y "elementos balísticos".
SEGUNDO.-Mediante proveído de veintisiete de noviembre de dos mil catorce la presidencia de este Tribunal Colegiado admitió la demanda únicamente respecto del acto atribuido al Tribunal Unitario responsable y desechó por la ejecución reclamada al Juez de la causa y director del Centro de Ejecución de Sanciones en Ciudad Victoria, Tamaulipas; adicionalmente, se reconoció el carácter de tercero interesado al agente del Ministerio Público interviniente en el procedimiento de segunda instancia, a quien se ordenó notificar para los efectos del artículo 181 de la legislación de amparo.(1)
El trece de enero último se turnó el asunto al relator para formular proyecto de sentencia; amén de que, en diversas sesiones de diecinueve y veintiséis de febrero se retiró y dejó en lista el asunto, respectivamente, el cual fue nuevamente listado para resolver en esta fecha.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Este Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito es competente para conocer y resolver el juicio, conforme a los artículos 107, fracciones V, inciso a) y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción II, 34, párrafos primero y segundo, 170, fracción I y 174, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; 37, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclama la sentencia definitiva de segunda instancia que emitió decisión en torno a los aspectos sustanciales del delito y la responsabilidad base de la condena impuesta al accionante del amparo, pronunciada por autoridad judicial residente en ámbito donde ejerce jurisdicción este órgano de control de regularidad constitucional.
SEGUNDO.-La existencia de la sentencia definitiva objeto de reclamo se acredita con el informe de la titular del Tribunal Unitario responsable, quien expresamente aceptó haberla emitido, amén de que adjuntó el duplicado del toca **********, así como el expediente original relativo a la causa **********, en cinco tomos; documentos de naturaleza pública con eficacia demostrativa en términos de los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.
A lo expuesto, en términos del transitorio sexto de la actual legislación de amparo, son aplicables las jurisprudencias 749 y 226 del antiguo Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registros digitales 1002815 y 394182, la primera consultable en la página 830 del Tomo II, relativo a la Materia Procesal Constitucional 1, Común, Primera Parte-SCJN, Sexta Sección, Procedimiento de amparo Indirecto, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, y la restante en la página 153 del Tomo VI, relativo a la Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que de manera respectiva establecen:
"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.-Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto."
"DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.-Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena."
TERCERO.-Las consideraciones en que se apoya la sentencia definitiva objeto de reclamo dicen:
"Considerando: PRIMERO. Este Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito es legalmente competente en razón de la materia, territorio y grado, para conocer y resolver el presente recurso de apelación, de conformidad con los artículos 366 del Código Federal de Procedimientos Penales, 29, fracción II, 31 y 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se impugna una sentencia definitiva dictada por un Juez de Distrito residente en el ámbito territorial de este tribunal.-SEGUNDO. Es innecesaria la transcripción de la resolución materia de la alzada, así como de los agravios esgrimidos por el órgano de defensa de los sentenciados ********** y **********, y del agente del Ministerio Público de la Federación, pues no existe disposición legal que así lo exija; por tanto, no es el caso de insertarlos literalmente en esta sentencia, habida cuenta que la confronta de los mismos se lleva a cabo por quien resuelve en diverso apartado de esta ejecutoria de segundo grado, y se analizarán en su integridad.-Además, conforme a lo previsto en el numeral 95, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Penales, para emitir una resolución como la presente, basta el extracto breve de los hechos que conduzcan a los puntos resolutivos a fin de evitar reproducciones innecesarias.-A lo expuesto, resulta aplicable la jurisprudencia XXI.3o. J/9, consultable en la página dos mil doscientos sesenta, Tomo XX, sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, octubre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia penal, de rubro: ‘RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LA TRANSCRIPCIÓN INNECESARIA DE CONSTANCIAS ES PRÁCTICA DE LA QUE EL JUZGADOR GENERALMENTE DEBE ABSTENERSE EN ESTRICTO ACATO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.’.-TERCERO. Previo al análisis de las inconformidades planteadas, es menester puntualizar que el presente recurso resulta procedente en el caso, dado que se trata de una sentencia condenatoria y absolutoria emitida en una causa penal, que resulta apelable en ambos efectos, y efecto devolutivo, respectivamente, conforme a lo previsto en los artículos 366 y 367, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que fueron admitidos correctamente por el a quo; además de estar interpuestos oportunamente, al haber sido promovidos dentro del plazo de cinco días a que alude el numeral 368 del ordenamiento adjetivo en mención.-Lo anterior es así, ya que la sentencia impugnada le fue notificada de manera personal a los enjuiciados ********** y **********, el dieciséis de mayo de dos mil catorce, en cuya fecha interpusieron el recurso correspondiente; a su vez, la defensora pública federal y el agente del Ministerio Público de la Federación, fueron notificados el dos de mayo del año en curso, y mediante escritos presentados en forma respectiva el ocho y siete de mayo último pasado, en la Oficialía de Partes del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, interpusieron recurso ordinario de apelación.(2) Luego, es inconcuso que fueron interpuestos dentro del plazo legal señalado.-Por su parte, el artículo 363 del Código Federal de Procedimientos Penales establece que el recurso de apelación tiene por objeto examinar si en la resolución recurrida se aplicó la ley correspondiente o se aplicó ésta inexactamente, si se violaron los principios reguladores de valoración de la prueba, si se alteraron los hechos o no se fundó o motivó correctamente.-Aunado a lo anterior, el numeral 364 del mismo ordenamiento dispone que la apelación se resolverá sobre los agravios que estimen los apelantes les causa la resolución recurrida; ello, porque el Juez se encuentra plenamente facultado para decidir el asunto en lo principal; de manera que el tribunal de apelación únicamente debe atender a los agravios que graviten en el caso, ya sea que se hagan valer expresamente o bien implícitamente (atendiendo a que no requiere fórmulas exactas, sino a que se plantee claramente la causa de pedir), o en su caso, cuando se analicen con base en el ejercicio de la suplencia de su deficiencia, cuando se trate de apelaciones del procesado o la defensa.-Por tanto, ese principio únicamente se modifica cuando resultan fundados los agravios expuestos o hechos valer, pues sólo en ese caso no operará el reenvío y el tribunal reasumirá su plena jurisdicción, sustituyéndose en la función del Juez para dictar lo que en su caso proceda, en la parte relativa que se haya estimado fundado el argumento de disenso.-Como una consecuencia lógica y jurídica de lo anterior, si el agravio expuesto (expresa o implícitamente) resulta infundado o inoperante (por insuficiente o por inatendible); o bien cuando siendo procedente la suplencia, no se encuentren motivos para modificar o revocar la resolución, ello significa que la sentencia del Juez cumple con la exigida legalidad y, por tanto, no existe razón alguna para ser modificada en ningún aspecto y deberá ser confirmada.-Máxime que por el término confirmar, no debe entenderse la emisión de una nueva sentencia o resolución con razonamientos distintos pero en el mismo sentido; sino la declaratoria de firmeza y ejecutoria de la resolución apelada precisamente por estar apegada a derecho.-Lo anterior se reitera, porque la reasunción de jurisdicción por parte del superior en sustitución del inferior, sólo se actualiza a partir de la eficiencia del agravio y no oficiosamente; a más de que no es procedente revocar ni modificar el contexto de una sentencia de primer grado que se ha considerado apegada a la legalidad.-Ello también significa que no es dable en el caso imponer razonamientos distintos a los expresados por el juzgador primario, y que lleven invariablemente al mismo sentido de resolución, sólo porque se considere que se mejora la redacción, la sintaxis o la retórica de lo escrito; de manera que únicamente se podrán hacer salvedades o precisiones sobre alguna conclusión que se haya encontrado deficiente o imprecisa; lo que sólo tendrá como motivo brindar mayor seguridad al sentenciado en la comprensión del fallo, pero tampoco constituirá una aclaración oficiosa, ni mucho menos el cambio en el sentido.-De igual manera, si las pruebas en la resolución apelada, fueron valoradas conforme a derecho, de acuerdo con las reglas legales al efecto, los principios de valoración, y los métodos de interpretación atinentes, no es procedente otorgar una valoración distinta o más exhaustiva al caso sólo con el afán nuevamente de mejorar la motivación; salvo que exista agravio formulado expresa o implícitamente al respecto, o bien no habiéndolo y procediendo la suplencia, la irregularidad apreciada sea tal que genere confusión en el contexto del decreto o lo haga ininteligible.-Por otro lado, en la materia de la apelación existen reglas que rigen el recurso, pero no fórmulas solemnes o sacramentales necesarias como requisitos de existencia o validez; por tanto, el recurso se entiende resuelto conforme a derecho cuando atienda a los agravios formulados o apreciados en vía de suplencia; por lo que sólo tendrá como meta una declaratoria final de legalidad o ilegalidad de la resolución apelada, y como consecuencia, la confirmación o bien su revocación o modificación; de tal manera que en ninguna regla o norma legal se contiene la obligación del tribunal ad quem, de manifestar expresamente ‘que hace suyas todas y cada una de las consideraciones y motivaciones del fallo’ de primer grado, pues si bien es cierto que la sentencia emitida en apelación sustituye a la de primer grado, ello es como etapa procesal y como actuación judicial que rige la situación jurídica del inculpado; aun así, basta que la sentencia de apelación concluya confirmando el fallo de primer grado, para que lo sustituya del todo, incluyendo su fundamentación y motivación, como si el propio tribunal lo hubiera dictado.-Lo anterior, se apoya en la jurisprudencia 1a./J. 40/97, visible en la página doscientos veinticuatro, publicada en el Tomo VI, emitida en contradicción por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octubre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, de rubro y texto siguientes: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LA APELACIÓN EN MATERIA PENAL.’ (se transcribe texto).-En cuya ejecutoria la Sala expuso: ‘Las anteriores ejecutorias motivaron la tesis jurisprudencial número 503, publicada en las páginas 301 y 302 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo II, Materia Penal, que dice: «CUERPO DEL DELITO, RESPONSABILIDAD, O INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN, SI EL TRIBUNAL DE ALZADA HACE SUYAS LAS CONSIDERACIONES DEL JUEZ, NO INCURRE EN VIOLACIÓN DE GARANTÍAS.». Como se ve, la materia de la contradicción no se da en relación con la obligación del tribunal revisor de suplir la queja deficiente, cuando el apelante sea el reo o su defensor, suplencia que necesariamente supone la realización de un examen minucioso y pormenorizado de la sentencia de primer grado, sino en la conclusión distinta a que llegan los Tribunales Colegiados de referencia al no advertir irregularidad o deficiencia que suplir, pues en tanto los dos primeros sostienen que ese examen, referido preferentemente a la comprobación del cuerpo del delito y la plena responsabilidad del inculpado, debe plasmarse objetivamente en la sentencia de segundo grado, debidamente fundada y motivada, para poner de manifiesto que no existió irregularidad alguna, el último, por el contrario, estima que es innecesario, bastando el que haga suyas las consideraciones y fundamentos que llevaron al juzgador primario a resolver como lo hizo en relación con la comprobación del cuerpo del delito y la plena responsabilidad del procesado, a las que remite, para que se tenga por cumplida esa obligación... Conviene recordar al efecto, que la petición de parte para que se inicie la segunda instancia, así como la suplencia de la queja deficiente cuando el apelante sea el reo o su defensor, surgió como una medida necesaria tendente a proteger al inculpado de una sentencia ilegal y, por ende, injusta, tomando en cuenta la evidente desigualdad en que se encuentra aquél frente al representante social, lo que, en principio, pretendió lograrse mediante la revisión oficiosa, conforme a la cual, sin instancia de parte, obligaba a la autoridad revisora a efectuar un examen exhaustivo y pormenorizado de toda la sentencia de primer grado, examen que necesariamente debió plasmarse objetivamente en la resolución recaída a ese análisis, revisión oficiosa declarada inconstitucional por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial publicada en la página 164 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo II, Primera Sala, que dice: «REVISIÓN DE OFICIO EN MATERIA PENAL.».-Por otra parte, no puede perderse de vista que la revisión oficiosa, al ser procedente sin instancia de parte y obligar al tribunal de alzada a efectuar un análisis pormenorizado de la sentencia del inferior, de encontrar dicho tribunal alguna irregularidad, tenía que subsanar ésta, aun cuando al hacerlo, en la resolución correspondiente agravara la situación del inculpado, pese a la conformidad tácita de las partes con la de primer grado, derivada de su no intervención, en especial del Ministerio Público, único a quien compete la persecución de los delitos.-Es así como, pretendiendo corregir esa injusticia, el artículo 365 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco, ya derogado, defectuosamente disponía que: «Se revisarán de oficio las sentencias que impongan pena mayor de veinte años de prisión, tramitándose el recurso en la misma forma que el de apelación, pero debiendo el tribunal corregir las ilegalidades que encuentre y que perjudiquen al reo aun cuando ningún agravio se exprese», precepto cuyo alcance fue esclarecido por la anterior Primera Sala de este Alto Tribunal al resolver, por unanimidad de cuatro votos, el amparo directo número ********** promovido por **********, y que dio origen a la tesis que, sin integrar jurisprudencia, se encuentra publicada en las páginas 601 y 602 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Segunda Parte, que dice: «REVISIÓN DE OFICIO DE LA SENTENCIA EN MATERIA PENAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).».-En la actualidad, en las legislaciones de los Estados de Sonora, Veracruz y Puebla, relativas a los Circuitos Quinto, Séptimo y Sexto, respectivamente, a los que pertenecen los Tribunales Colegiados involucrados en la presente contradicción de tesis, el recurso de apelación sólo es procedente a instancia de parte, obliga al tribunal revisor, por regla general, a examinar únicamente los agravios aducidos y, sólo como excepción, a suplir su deficiencia total o parcial, cuando el recurrente sea el reo o su defensor, limitando su intervención a constatar si en el caso sometido a su consideración se aplicó inexactamente la ley, se violaron los principios reguladores de la valoración de las pruebas o se alteraron los hechos, ello en relación con la comprobación del cuerpo del delito, la plena responsabilidad del inculpado y la individualización de la pena.-Ahora bien, la suplencia de la queja deficiente, atento a las consideraciones anteriores, no se da por la ausencia total o parcial de agravios enderezados en contra de la sentencia recurrida, toda vez que la misma supone, necesariamente, la existencia de alguna irregularidad en aquélla que, además, no agrave la situación del inculpado variando la litis sin la intervención del representante social, pues de no ser así, es decir, de encontrar el tribunal de alzada que la sentencia del resolutor primario se encuentra ajustada a derecho, de donde se concluye que no existe irregularidad que amerite ser suplida, aquélla debe confirmarse por sus propios y legales fundamentos, al no estarse en el supuesto de la revisión oficiosa.-Similar criterio es sustentado por la anterior Primera Sala de este Alto Tribunal en las tesis que, sin integrar jurisprudencia, contienen los siguientes rubros: «AGRAVIOS, SUPLENCIA DE LOS. IMPROCEDENCIA.», «SUPLENCIA DE AGRAVIO. IMPROCEDENCIA.», «SUPLENCIA DE LOS AGRAVIOS EN APELACIÓN.».-En este orden de ideas, establecido que la suplencia de la deficiencia de la queja en materia penal, sólo opera cuando el recurrente sea el reo o su defensor y se advierta alguna irregularidad en la sentencia de origen, es de decirse que si bien es cierto que debe existir el examen previo de la sentencia apelada, necesario, como ya se dijo, para que aquel tribunal concluya que no advirtió irregularidad alguna que lo obligue a suplir la queja deficiente, lo que significa que la sentencia revisada se encuentra apegada a derecho y conduce a su confirmación (de no haber apelado el Ministerio Público o por resultar infundados los agravios por éste formulados) no lo es menos que, contrariamente a c
mo lo sostienen los Tribunales Colegiados Primero del Quinto Circuito y Segundo en Materia Penal del Séptimo Circuito, resulta innecesario plasmar objetivamente en la sentencia correspondiente ese análisis pormenorizado que llevó al tribunal de apelación a confirmar la sentencia recurrida por sus propios fundamentos, invariablemente reiterativo de estos últimos, al no poder variarlos aun para llegar a la misma conclusión pues, de hacerlo, en alguna forma agravaría la situación del inculpado, alterando la litis y contrariando la finalidad perseguida por la queja deficiente, lo cual resulta ocioso, bastando para cumplir con esa obligación, como se dejó apuntado, que al no advertir irregularidad alguna que suplir, remita y haga suyos los razonamientos y fundamentos de la sentencia de primer grado que consideró ajustada a derecho, siendo inexacto, por otra parte, que esa reiteración, como lo sostiene el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, tenga como consecuencia que en el amparo promovido en contra de la sentencia así reiterada, haga que se tenga como reclamada la de primera instancia.-Es decir, no es a través de la suplencia de la deficiencia de los agravios, a que se refiere el Tribunal Colegiado denunciante, como se debe cuestionar el actuar del tribunal de alzada al resolver la apelación de la sentencia si en ella no encontró irregularidades, pues tal figura jurídica sólo se entiende referida al caso de que sí existan; lo cual no implica, evidentemente, que se le exima de la obligación de fundar y motivar sus resoluciones, en virtud de que tal obligación ya la exige el artículo 16 constitucional.-Similar proceder se sigue en el juicio constitucional, en relación con las causas de improcedencia previstas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, apreciadas de oficio, pues al respecto el juzgador obviamente deberá hacer un examen pormenorizado de la demanda para constatar si se actualiza alguna de ellas, pero lo anterior no significa que tenga la obligación de plasmar objetivamente en su sentencia ese examen pormenorizado, siendo suficiente el que ponga de manifiesto que no encontró alguna, o en su defecto, hacerse cargo únicamente de la o las que advirtió, como se desprende del criterio sustentado del anterior Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis jurisprudencial número 285, publicada en las páginas 191 y 192 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que dice: «IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.» (la transcribe).’-Criterio que además fue reiterado y retomado últimamente por la misma Primera Sala del Máximo Tribunal, al resolver la denuncia de contradicción de tesis 87/2007-PS, sobre el mismo tema, y en la que se declaró improcedente atento a que ya existía sobre el particular, la jurisprudencia antes transcrita.-Resolución en que la Sala ponderó que de la actuación de los órganos colegiados ahí contendientes, se desprendía que la jurisprudencia antes transcrita no había sido atendida, por lo que expresó: ‘No obstante, al parecer, esta jurisprudencia no ha sido atendida o, en otro caso, ha sido interpretada en el sentido de que, si el tribunal de apelación omitió hacerse cargo del cuerpo del delito, probable responsabilidad y no hizo suyas expresamente las consideraciones del Juez de primer grado, se está ante una sentencia deficientemente fundada y motivada, insistiendo así en que tal estudio se reitere en la sentencia de apelación que habrá de dictarse tras concedido el amparo. Sin embargo, tal apreciación resulta insostenible con lo resuelto por la Sala, particularmente en las consideraciones bajo las cuales se dictó la tesis jurisprudencial en comentario. En efecto, desde aquella ocasión se sostuvo -más bien, se reiteró- el criterio de que se suple cuando se advierte una irregularidad, en cuyo caso, es tal aspecto el que debe abordarse y objetivarse en la sentencia, y no todos a modo reiterativo.-Cierto es que la tesis de la Sala señala que: «...el tribunal revisor cumple con la obligación de suplir la deficiencia de la queja, al hacer suyas y remitir a las consideraciones, razonamientos y fundamentos de la sentencia de primer grado, al no advertir irregularidad alguna en aquélla, que amerite ser suplida...» y que la tesis del colegiado señala en su parte final que su criterio no contraviene la jurisprudencia de la Sala pues «...se trata de los casos en que la responsable es omisa en realizar dicha remisión y sólo se limita a contestar los agravios formulados por la defensa», con lo que aparentaría regir para un caso no resuelto por la jurisprudencia 40/97 de esta Sala.-Sin embargo, la propia lectura de la tesis del colegiado referida, así como de las consideraciones de que derivó, deja en claro que, a juicio de este colegiado, la legislación (en el caso del Estado de México), imponía como deber genérico a los tribunales de alzada reiterar en la sentencia de apelación todos esos aspectos inherentes a la sentencia de primer grado, aun cuando no fueron materia de agravio ni advirtiera en ellos alguna irregularidad, contrario a lo que había establecido la Sala en su jurisprudencia... tal delimitación resulta insostenible pues, se insiste, aun cuando la tesis jurisprudencial de la Sala estableció que bastaba que la alzada hiciera suyas las consideraciones del primer juzgador, la esencia de esta jurisprudencia descansó y así quedó reflejado en la tesis y plasmado en las consideraciones de la ejecutoria correspondiente, en que la suplencia de la queja no obligaba a un estudio reiterativo de lo abordado en la sentencia de primer grado, sino que sólo obligaba al juzgador a plasmar lo que advirtiera como una irregularidad de la misma.-Si la jurisprudencia de la Sala al tiempo de lo anterior, sostuvo que «bastaba hacer tal remisión», lo fue porque uno de los colegiados así lo sostenía, cuyas consideraciones fueron por las que se fue orientando el criterio adoptado, pero no a manera de exigirlo como un formalismo o solemnidad de las sentencias de alzada sin el cual éstas estarían defectuosas en su fundamentación y motivación. Eso iría en contra del argumento bajo el cual se construyó esa misma jurisprudencia.’-Del criterio jurisprudencial invocado y de la resolución de la última contradicción de tesis que se declaró improcedente, que delimitó la interpretación y sentido de aquél, se desprenden claras reglas para la resolución del recurso de apelación determinadas por jurisprudencia definida y con carácter obligatorio para los órganos constituidos como el que ahora conoce y resuelve, y que pueden resumirse en las siguientes: 1o. El recurso de apelación se resuelve sobre los agravios formulados o la suplencia de ellos, por lo que nunca es una revisión oficiosa. 2o. Cuando el tribunal de apelación encuentra que la resolución apelada es legal, debe motivar las razones para ello, pero no reiterar las consideraciones del fallo; por tanto, basta que lo confirme para que se entienda que lo sustituye. 3o. No es necesario ni mucho menos indispensable insertar la expresión sacramental ‘este tribunal hace suyos los razonamientos’ para a su vez motivar la resolución de apelación, pues no se exige como formalismo ni solemnidad sin el cual el fallo sea defectuoso. 4o. La sentencia legal debe ser confirmada por sus propios y legales fundamentos. 5o. Es innecesario plasmar expresamente el análisis pormenorizado que llevó al tribunal de apelación a confirmar la sentencia recurrida por sus propios fundamentos. 6o. Cuando se advierta que la sentencia es legal, basta remitir al fallo confirmado, sin reiteración alguna. 7o. La sentencia así dictada en apelación generará sustitución de la de primer grado y se atenderá a los fundamentos y motivación del fallo primario, como si el órgano de alzada lo hubiere dictado, y no se entenderá en amparo directo o indirecto, que se reclama la de primer grado, sino la de apelación. 8o. De advertirse legal la sentencia, su confirmación da lugar a su sustitución aunque los fundamentos y motivación se encuentren en el fallo primario; de advertirse ilegalidad en la sentencia, por el contrario, no se reasume jurisdicción total, sino parcial, única y exclusivamente en cua
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25663-5aa7c677/excustodio-de-un-centro-de-reclusion-dicho-estatus · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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