VÍCTIMA U OFENDIDO. SU FALTA DE LLAMAMIENTO A LA FASE DE PREINSTRUCCIÓN, NO NECESARIAMENTE AMERITA LA INSUBSISTENCIA DE ESA ETAPA Y SU REPOSICIÓN.
AMPARO EN REVISIÓN 203/2017. 31 DE MAYO DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MAURICIO FERNÁNDEZ DE LA MORA. SECRETARIO: JESÚS DESIDERIO CAVAZOS ELIZONDO.
CONSIDERANDO:
CUARTO.—Estudio de los agravios.
19. Cabe tener en cuenta que el tribunal de amparo concedió la protección constitucional a **********, alias **********, ********** o **********, medularmente, por los motivos que enseguida se sintetizan:
a) En la preinstrucción se omitió llamar a las víctimas indirectas u ofendidos y, con ello, se afectó el derecho fundamental de seguridad jurídica del quejoso, ya que cualquier resolución que se dicte en el procedimiento penal, no adquiriría el carácter de cosa juzgada, pues las víctimas u ofendidos, en algún momento podrían hacer valer sus derechos bajo la figura de "terceros extraños".
b) Si bien, por regla general, se ha determinado la inexistencia de víctimas u ofendidos, tratándose del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer el delito contra la salud, excepcionalmente, y dadas ciertas circunstancias, pueden existir afectados específicos.
c) En el presente caso se da ese supuesto, pues el inculpado, además de pertenecer a una organización criminal, también habría participado en la desaparición de cuarenta y tres estudiantes de Ayotzinapa y, por tanto, no solamente se afecta la seguridad pública, sino probablemente, también la integridad física de los estudiantes.
d) Por lo que los familiares de los normalistas desaparecidos también se constituyen como víctimas y, en consecuencia, partes en el juicio penal, por lo que debían haber sido llamados a la preinstrucción.
20. Por su parte, el recurrente agente del Ministerio Público de la Federación, en una parte de sus agravios, señala que resulta innecesario el llamamiento de las víctimas u ofendidos, porque el proceso sólo se instruye por el delito de delincuencia organizada, no así por el de secuestro, por lo que las víctimas no tienen relación con el presente asunto.
21. Al respecto, se considera desacertada la afirmación de que tratándose del delito de delincuencia organizada, no existan víctimas u ofendidos.
22. Toda vez que el artículo 7, fracción IV, de la Ley General de Víctimas consagra el deber de salvaguardar la vida e integridad personal, entre otros, de las víctimas del delito de delincuencia organizada, al disponer lo siguiente:
"Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente ley son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos.
"Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:
"...
"IV. A que se le brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad corporal, en los casos previstos en el artículo 34 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada."(11)
(Lo resaltado no es de origen).
23. Mientras que el artículo 141, apartado B, fracción IX, del Código Federal de Procedimientos Penales señala lo siguiente:
"Artículo 141. La víctima o el ofendido por algún delito tendrán los derechos siguientes:
"...
"B. En el proceso penal:
"...
"IX. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada y, en otros casos, cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa."
(Lo resaltado no es de origen).
24. Entonces, como se puede apreciar, la legislación procesal penal, lejos de excluir, hace patente la posibilidad de que en el delito de delincuencia organizada se reconozca la existencia de víctimas u ofendidos, tan es así, que se ordena su protección y el resguardo de su identidad y demás datos personales.
25. De ahí que no se coincida con la apreciación de la fiscalía, en el sentido de que tratándose del delito de delincuencia organizada, no se surta la figura de las víctimas u ofendidos.
26. Motivo por el cual, es infundado el agravio.
27. En otra parte de sus agravios, la fiscalía recurrente asevera que las víctimas u ofendidos han sido representados en todas sus etapas por el Ministerio Público, quien ha velado por sus intereses ante la autoridad judicial, pues solicitó la reparación del daño y se allegó de los medios probatorios para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad.
28. Refiere que lo resuelto por el Magistrado de amparo desnaturalizaría el proceso penal, pues implica equiparar a la víctima con otro Ministerio Público, lo que haría innecesaria la existencia de la representación social.
29. Para estar en posibilidad de calificar dichos planteamientos, por cuestión de orden, en primer lugar, debe determinarse si es necesario que a las víctimas se les notifique en torno al procedimiento penal o, si como lo señala el recurrente, basta que el Ministerio Público despliegue su actividad, para considerarlos representados.
30. Si la respuesta fuera negativa, el agravio resultaría fundado, y ello sería suficiente para revocar la sentencia recurrida y reasumir jurisdicción en el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa.
31. En cambio, si la respuesta fuera en el sentido de que sí resulta necesario notificar a las víctimas, entonces, en segundo lugar, tendría que analizarse si, como lo sostuvo el Magistrado del tribunal de amparo, a los familiares de las víctimas u ofendidos directos les reviste el carácter de víctimas indirectas.
32. Precisados los puntos a dilucidar, se procede al estudio correspondiente.
33. En principio, debe tenerse en consideración que la figura de la víctima u ofendido y su reconocimiento como parte, han sufrido profundas transformaciones.
34. Así es, el texto original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no aludía a la víctima u ofendido del delito.
35. Sin embargo, el artículo 10 de la abrogada Ley de Amparo(12) le daba la posibilidad de promover el juicio de amparo en contra de aspectos relacionados con la reparación del daño, el incidente de responsabilidad civil y el aseguramiento de objetos del delito.
36. Mientras que el artículo 5o., fracción III, inciso b), de la misma ley,(13) reconocía el carácter de tercero perjudicado, al ofendido o a la persona que tuviera derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil, si el acto reclamado incidía en esos aspectos.
37. En consonancia con ello, desde la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación se encuentran registrados criterios en ese sentido.
38. Como muestra de ello, se cita la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, «Quinta Época», Tomo CV, julio de 1950, página 583, bajo el registro digital: 807058, del tenor siguiente:
"OFENDIDO, AMPARO PEDIDO POR EL.—Un auto de libertad por falta de méritos no sólo atañe a la libertad personal del inculpado, sino también a los intereses patrimoniales del ofendido, por lo que éste tiene derecho de ser considerado como parte en el juicio de amparo que contra los mismos se interponga. Esta conclusión se inspira en el propósito de no hacer ilusorio el derecho del ofendido, al resarcimiento del daño, como ocurriría si se le vedara todo acceso al juicio de amparo, cuando la responsable decreta la libertad del inculpado por razones más o menos indiscutibles, cerrando así la puerta a todo procedimiento ulterior, conducente a un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad que se atribuye al reo, en la comisión del delito o delitos que han motivado su consignación y haciendo imposible, para la víctima, la obtención de su derecho, a la reparación de daño, con indudable violación, en su perjuicio, de la garantía consignada en el artículo 14 de la Constitución Federal. En consecuencia, siendo parte el ofendido, en el juicio de amparo, en los términos del artículo 5o., fracción III inciso b), cuando el acto judicial del orden penal que reclama afecta sus derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito debe admitirse la demanda de amparo interpuesta por él."
39. Varias décadas después, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres, entre otros aspectos, se adicionó un último párrafo al artículo 20 constitucional, que hasta ese momento sólo se había ocupado del inculpado. El texto del precepto constitucional quedó redactado en los siguientes términos:
"Artículo 20. En todo proceso de orden penal, tendrá el inculpado las siguientes garantías:
"...
"En todo proceso penal, la víctima o el ofendido por algún delito, tendrá derecho a recibir asesoría jurídica, a que se le satisfaga la reparación del daño cuando proceda, a coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le preste atención médica de urgencia cuando la requiera y, los demás que señalen las leyes." (Lo resaltado no es de origen)
40. Después, mediante decreto publicado el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, que entró en vigor al día siguiente, se adicionó el artículo 21 constitucional y, en específico, en su cuarto párrafo se estableció lo siguiente:
"Artículo 21. ...
"...
"Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley."
41. Lo anterior dio lugar al establecimiento de criterios que permitieron la impugnación, a través del juicio de amparo, de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal o de desistimiento de ésta.
42. Muestra de ello, es la tesis P. CLXVI/97, sustentada por el Pleno del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación «y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, diciembre de 1997, página 111», bajo el registro digital: 197233, de rubro siguiente:
"ACCIÓN PENAL. LAS RESOLUCIONES SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA, SON SUSCEPTIBLES DE VIOLAR GARANTÍAS INDIVIDUALES Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO."
43. Luego, por decreto publicado el veintiuno de septiembre de dos mil, el artículo 20 constitucional sufrió una nueva reforma, en la que su texto se dividió en dos apartados (A y B), dedicándose el primero a los derechos del inculpado y, el segundo, a los de la víctima u ofendido que, en la parte conducente, establece lo siguiente:
"Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:
"A. Del inculpado:
"...
"B. De la víctima o del ofendido:
"I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;
"II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes.
"Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;
"III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;
"IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.
"La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;
"V. Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no estarán obligados a carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. En estos casos, se llevarán a cabo declaraciones en las condiciones que establezca la ley; y
"VI. Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio."
44. Sin embargo, la jurisprudencia precisó que el juicio de amparo no resultaría procedente contra actos tales como la negativa de librar una orden de aprehensión, o la resolución de un recurso de apelación respecto a un auto de libertad dictado en el término constitucional, por considerar que con ellos no se afectaba directamente el tema de la reparación del daño.
45. Así se desprende de los criterios 1a./J. 85/2001 y 1a./J. 54/2008, emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables en el Semanario Judicial de la Federación «y su Gaceta, Novena Época, Tomos XIV, noviembre de 2001, página 17 y XXVIII, octubre de 2008, página 223», bajo los registros digitales: 188386 y 168612, «respectivamente», de rubros:
"ORDEN DE APREHENSIÓN. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL QUE NIEGA SU LIBRAMIENTO."
"LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE ELLA EL OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL EN QUE SE CONCEDE LA LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR, EN TANTO QUE NO AFECTA EL DERECHO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO."
46. La jurisprudencia imperante en ese momento, también dejó en claro que no procedía suplir la queja deficiente de la parte ofendida, como se advierte de los criterios 1a./J. 26/2003 y 1a./J. 27/2003, visibles «en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, agosto de 2003, páginas 175 y 127, bajo los registros digitales: 183484 y 183485, «respectivamente», de rubros:
"OFENDIDO EN MATERIA PENAL. NO PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO A FAVOR DE AQUÉL CUANDO COMPAREZCA COMO QUEJOSO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS.", y,
"OFENDIDO EN MATERIA PENAL. ES IMPROCEDENTE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA A SU FAVOR CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 76 BIS DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO COMPAREZCA COMO QUEJOSO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS."
47. No obstante, la misma Sala dio un importante giro a su interpretación, sobre la base de que la reforma al artículo 20 constitucional tenía por objeto mejorar la situación jurídica de la víctima u ofendido, y afianzar su participación en el procedimiento penal.
48. Entonces, se estableció la posibilidad de que la víctima u ofendido acudiera al amparo, aunque el acto reclamado no se refiriera directamente a la reparación del daño.
49. Lo que quedó reflejado en la jurisprudencia 1a./J. 114/2009, visible en el Semanario Judicial de la Federación «y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 550», bajo el registro digital: 164565, que dice:
"OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. PUEDEN ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTE EN LOS HECHOS A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, AUNQUE NO SE REFIERA DIRECTAMENTE A ELLA.—Del proceso legislativo que modificó al del proceso legislativo que modificó al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incluir un apartado relativo a las garantías de la víctima o del ofendido, se advierte claramente la intención del Poder Revisor de la Constitución de mejorar su situación jurídica y afianzar su participación en el procedimiento penal, principalmente para obtener la reparación del daño que le haya causado el hecho típico. Por otro lado, conforme a los artículos 5o., fracción III, inciso b), y 10, fracción II, de la Ley de Amparo, la víctima o el ofendido pueden participar en el juicio de amparo; sin embargo, condicionan tal posibilidad al hecho de que sólo se trate de actos vinculados directamente con la reparación del daño, lo cual puede hacer nugatoria la indicada garantía constitucional, ya que existen múltiples actos procesales que aun cuando no afectan directamente esa figura reparatoria –en tanto que no importan un pronunciamiento al respecto– sí implican que, de facto, la reparación no ocurra, con lo cual sí se les puede relacionar en forma inmediata con tal cuestión. En consecuencia, tanto el ofendido como la víctima del delito pueden acudir al juicio de amparo indirecto con el carácter de tercero perjudicado cuando el acto reclamado afecte en los hechos la reparación del daño, aunque no se refiera a ella directamente."
50. La evolución jurisprudencial también hizo patente el deber de emplazar a la víctima u ofendido e, incluso, la necesidad de ordenar la reposición del procedimiento del juicio de amparo, si se omitía notificarle como tercero perjudicado.
51. Así se advierte de la jurisprudencia 1a./J. 36/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación «y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, mayo de 2011, página 40», bajo el registro digital: 162065, de rubro siguiente:
"OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. CASOS EN QUE LA OMISIÓN DE EMPLAZARLO COMO TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES DEL JUICIO QUE DA LUGAR A ORDENAR SU REPOSICIÓN."
52. De igual manera, se establecieron criterios que pusieron de manifiesto el derecho de las víctimas u ofendidos de ofrecer pruebas en la averiguación previa y durante el proceso, así como de impugnar las decisiones que al respecto adoptara la autoridad.
53. Así se desprende de las tesis 1a. CVII/2011 y 1a. CVIII/2011, visibles en el Semanario Judicial de la Federación «y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, páginas 312 y 312», bajo los registros digitales: 161422 y 161423, respectivamente, de rubros:
"VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. TIENE EL DERECHO DE APORTAR PRUEBAS TANTO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA COMO EN EL PROCESO PENAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)."
"VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO QUE INCIDA SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A QUE SE LE RECIBAN TODOS LOS DATOS O ELEMENTOS DE PRUEBA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 365 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES)."
54. Después, mediante decreto publicado el diez de junio de dos mil once, se modificó el artículo 1o. constitucional, para quedar redactado del modo siguiente:
"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
"Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
"Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. "Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." (Lo resaltado no es de origen)
55. A partir de entonces, de acuerdo con el contenido del segundo párrafo del citado precepto constitucional, las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con la propia Constitución y los tratados internacionales de los que México es Parte.
56. Lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos, a partir del principio pro persona, de modo que ante varias alternativas interpretativas, se opte por aquella que reconozca con mayor amplitud los derechos, o bien, que los restrinja en la menor medida.
57. Corrobora lo expuesto, la tesis 1a. XXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación «y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Tomo 1, febrero de 2012, página 659», bajo el registro digital: 2000263, que es del contenido siguiente:
"PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL.—El segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de los que México es Parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro personae que es un criterio hermenéutico que informa todo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios. Esto implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación del principio pro personae en el análisis de los derechos humanos es un componente esencial que debe utilizarse imperiosamente en el establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la protección de la persona, a efecto de lograr su adecuada protección y el desarrollo de la jurisprudencia emitida en la materia, de manera que represente el estándar mínimo a partir del cual deben entenderse las obligaciones estatales en este rubro."
58. Más adelante, también fue superado el criterio relativo a la improcedencia de suplir la queja deficiente a favor de la víctima u ofendido en el juicio de amparo, tal como se desprende de la jurisprudencia 1a./J. 29/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación «y su Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 1, noviembre de 2013, página 508», bajo el registro digital: 2004998, de título y subtítulo siguientes:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO POR EL DELITO, CONFORME AL MARCO CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS QUE RESGUARDAN LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B Y 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO OBSTANTE QUE EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, LA PREVEA SÓLO EN BENEFICIO DEL REO."
59. También se dejó atrás el criterio que impedía a la víctima u ofendido impugnar mediante el juicio de amparo la negativa de librar una orden de aprehensión.
60. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que, al no permitirse que el ofendido impugnara esa clase de resoluciones, dejaba de atenderse su derecho a contar con un recurso efectivo, en contravención a lo dispuesto en los artículos 17 de la Constitución(14) y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos(15) y, del mismo modo, se desatendía el principio pro persona, contenido en el artículo 1o., párrafo segundo, constitucional.
61. Lo anterior quedó reflejado en la tesis 1a. CXXVIII/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de abril de 2014 a las 10:09 horas «y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 862», bajo el registro digital: 2006183, del contenido siguiente:
"VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. TIENE LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA INTERPONER JUICIO DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL QUE NIEGA LIBRAR UNA ORDEN DE APREHENSIÓN (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 85/2001). Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 7/2000-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 85/2001, de rubro: ‘ORDEN DE APREHENSIÓN. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL QUE NIEGA SU LIBRAMIENTO.’, estableció que la resolución jurisdiccional que niegue el libramiento de la orden de aprehensión no puede ser materia del juicio de amparo, pues constituye un acto de autoridad jurisdiccional y que, aceptar esa posibilidad, implicaría atentar contra el artículo 10 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y contradecir el criterio establecido por este Alto Tribunal en el sentido de que la posibilidad que tiene el ofendido o las personas que conforme a la ley tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, de promover juicio de amparo ‘únicamente’ se actualiza contra actos que emanen del incidente de reparación o de responsabilidad civil y contra actos surgidos dentro del procedimiento penal, relacionados inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes afectados a la reparación o a la responsabilidad civil. Ahora bien, una nueva reflexión sobre el tema lleva a esta Primera Sala a apartarse de ese criterio y, por ende, a interrumpir dicha jurisprudencia, al no resultar ya sostenible el argumento relativo a que si se otorgara a las víctimas la legitimación para impugnar la determinación jurisdiccional que niega el libramiento de una orden de aprehensión, se atentaría contra el contenido del citado artículo 10, porque tal razonamiento deriva de una interpretación restrictiva que no favorece los derechos de las víctimas de contar con un recurso efectivo, y contraviene los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), así como el principio pro persona contenido en el artículo 1o., párrafo segundo, constitucional. De ahí que, contrario a lo sostenido en la citada jurisprudencia, la víctima u ofendido del delito sí tiene el carácter de parte activa en el proceso penal y, por ende, cuenta con legitimación para impugnar, mediante el juicio de amparo, no solamente tópicos relacionados directamente al derecho fundamental a la reparación del daño, sino también aquellas resoluciones jurisdiccionales de las cuales dependa, a la postre, dicho derecho." (Lo resaltado no es de origen).
62. Del mismo modo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó que los derechos internacionalmente reconocidos a la víctima u ofendido, descansan sobre cuatro pilares:
a) Derecho de toda persona a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial;
b) Derecho a un recurso efectivo, que incluye el derecho a una investigación;
c) Derecho a la verdad; y,
d) Derecho a obtener reparación.
63. Así se desprende de la tesis 1a. CLXXXVIII/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 5 de junio de 2015 a las 9:30 horas «y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Tomo I, junio de 2015, página 574», bajo el registro digital: 2009279, que es del contenido siguiente:
"AMPARO DIRECTO PENAL. MATERIA DE SU ESTUDIO CUANDO ES PROMOVIDO POR LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO CONTRA UNA SENTENCIA DEFINITIVA APELADA ÚNICAMENTE POR EL MINISTERIO PÚBLICO, DEBIDO A QUE LA NORMA ADJETIVA NO LES RECONOCE EL DERECHO PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que en amparo directo es procedente la suplencia de la queja cuando el promovente es la víctima u ofendido del delito, por lo que dicha figura implicará que en caso de que el órgano de control directo de constitucionalidad advierta que se han infringido los derechos fundamentales de aquéllos, debe otorgar la protección constitucional para que esa transgresión sea reparada, tomando en cuenta los derechos fundamentales que como parte en el proceso les asiste de conformidad con el artículo 20 Constitucional, así como los derechos que internacionalmente les han sido reconocidos y que están basados en cuatro pilares esenciales: a) el derecho de toda persona a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, para la determinación de sus derechos; b) el derecho a un recurso efectivo, que incluye, inter alia, el derecho a una investigación; c) el derecho a la verdad; y d) el derecho a obtener reparación. En ese sentido, la materia del juicio de amparo directo cuando lo promueve la víctima u ofendido a quien la norma ordinaria no legitima para interponer el recurso de apelación, cuando el acto recla
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28367-57bc27a3/victima-u-ofendido-su-falta-de-llamamiento-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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