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Modo: Corpus Pro

DEBIDO PROCESO INTERNACIONAL. DEBE ACUDIRSE A ÉSTE, SI EN EL ÁMBITO NACIONAL NO SE HA DESARROLLADO AMPLIAMENTE LO NECESARIO PARA EL ANÁLISIS DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS. FACULTADES DE INVESTIGACIÓN. LOS ARTÍCULOS 21 Y 102, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL –EN SU TEXTO ANTERIOR A LAS REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 Y 29 DE ENERO DE 2016, RESPECTIVAMENTE–, EN CUANTO REFIEREN QUE AQUÉLLA INCUMBE AL MINISTERIO PÚBLICO, NO DEBEN ENTENDERSE EN EL SENTIDO DE QUE A LAS PARTES LES ESTÁ PROHIBIDO REALIZAR ACTOS DE INVESTIGACIÓN, SINO QUE SU INTERVENCIÓN ES OPTATIVA (INTERPRETACIÓN LITERAL Y SISTEMÁTICA). PRINCIPIOS DE PREVALENCIA DE INTERPRETACIÓN Y PRO PERSONA. CONFORME A ÉSTOS, CUANDO UNA NORMA GENERA VARIAS ALTERNATIVAS DE INTERPRETACIÓN, DEBE OPTARSE POR AQUELLA QUE RECONOZCA CON MAYOR AMPLITUD LOS DERECHOS, O BIEN, QUE LOS RESTRINJA EN LA MENOR MEDIDA. SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DICTADAS AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN. EL PLANTEAMIENTO DE UN INCIDENTE DE IMPOSIBILIDAD PARA DAR CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR, NO PUEDE UTILIZARSE COMO UNA VÍA PARA REVISARLAS O HACER PRONUNCIAMIENTOS SOBRE SI LAS CONSIDERACIONES QUE LAS SUSTENTAN SON CORRECTAS.

Tipo de asunto: INCIDENTE DE INEJECUCIÓN 4/2018. · Registro digital (IUS): 29160
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2019-11-22
Promovente: *.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, Pág. 1910.

INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA 4/2018. 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MAURICIO FERNÁNDEZ DE LA MORA. SECRETARIO: JESÚS DESIDERIO CAVAZOS ELIZONDO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.—Estudio de la inejecución.

7. Mediante resolución incidental de dieciocho de julio de dos mil dieciocho, el Magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, sostuvo que existía la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo protector dictado en el amparo en revisión 203/2017, en lo tocante a la constitución de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala).

8. El Magistrado señaló que lo ordenado por este Tribunal Colegiado de Circuito, suponía ceder facultades de investigación y desahogo de pruebas en favor, tanto de particulares, como de un organismo autónomo, e inversamente, limitárselas al Ministerio Público.

9. Indicó que de acuerdo con los artículos 21 y 102 constitucionales, 2o., 4o. y 5o. del Código Federal de Procedimientos Penales y 4o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República la actividad investigativa corresponde exclusivamente al representante social, y no se prevé que tales facultades puedan delegarse a las víctimas ni a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

10. Abundó que cualquier actividad que realizara la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala), carecería de soporte constitucional y legal y, por tanto, sería nula de pleno derecho, por contrariar el orden jurídico.

11. Además de lo anterior, señaló que "oficiosamente" advertía una diversa razón de imposibilidad jurídica, pues de acuerdo con el principio de debido proceso del juicio de amparo, no puede afectarse a quien no ha sido oído ni vencido en juicio y, en el caso, el cumplimiento del fallo constitucional afectaría al Ministerio Público, autoridad que no fue señalada como responsable.

12. Refirió que como existía esa imposibilidad para crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala), entonces corría la misma suerte lo relativo a las autoridades vinculadas al cumplimiento (Presidente de la República y Cámara de Diputados).

13. Como se ve, las razones de imposibilidad aducidas por la Procuraduría General de la República, así como por el Magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, giran en torno a su interpretación sobre el alcance de diversos preceptos constitucionales y legales, en virtud de lo cual, consideran que en la ejecutoria de amparo se desatienden diversos dispositivos, por lo que no debe ser cumplida.

14. Ahora, no debe perderse de vista que en el trámite de la revisión, una vez dictada la ejecutoria, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 192 a 198 y 214 de la Ley de Amparo, los autos se devuelven al Juez de Distrito o Tribunal Unitario que tramitó la primera instancia del juicio de amparo, a fin de que provea lo necesario para el debido y exacto cumplimiento de la ejecutoria de amparo.

15. Esto es, el envío de las constancias al inferior, no tiene como finalidad que éste analice si está o no de acuerdo con el fallo, sino simplemente, que vigile el debido cumplimiento de la ejecutoria, comparta o no el criterio adoptado en la instancia superior.

16. En el caso, la Procuraduría General de la República planteó un incidente de imposibilidad de cumplimiento del fallo protector.

17. Al respecto, si bien es factible que las partes planteen situaciones materiales o jurídicas, que les impidan dar cumplimiento al fallo protector, debe tratarse de hipótesis excepcionales y, desde luego, debidamente acreditadas.

18. En el caso, el Magistrado del Tercer Tribunal Unitario pasó por alto lo anterior, y procedió a analizar el fallo dictado por este Tribunal Colegiado, llegando al extremo de señalar que la ejecutoria no podía observarse, porque de acuerdo a su criterio y al de la Procuraduría General de la República, la sentencia es incorrecta pues, según su parecer, inobserva los principios de legalidad y debido proceso.

19. Paradójicamente, tal proceder desnaturaliza los principios que dice salvaguardar, como enseguida se explica.

20. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que las sentencias dictadas por un Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver un recurso de revisión, son definitivas e inatacables, y que ningún órgano jurisdiccional tiene facultades para modificarlas y menos para revocarlas.

21. Así se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 106/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en «la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, Tomo II, agosto de 2016, página 1075 y en el» Semanario Judicial de la Federación «del viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas», bajo el registro «digital:» 2012370, que dice:

"SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DICTADAS AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN. LA INTERPOSICIÓN DE CUALQUIER MEDIO DE DEFENSA EN SU CONTRA CONFIGURA UNA CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA QUE CONDUCE A SU DESECHAMIENTO DE PLANO. Acorde con el artículo 107, fracción VIII, inciso b), último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sentencias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver el recurso de revisión no admitirán recurso alguno; por ello, ningún tribunal, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene facultades para modificarlas y menos para revocarlas, en virtud de que con su sola emisión son definitivas e inatacables, y su contenido no puede desconocerse en cualquier otro juicio o instancia. Consecuentemente, la interposición de un segundo recurso de revisión o de cualquier otro medio de defensa contra la resolución dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito al conocer del recurso de revisión que impugna la pronunciada por un Juez de Distrito o por un Tribunal Unitario de Circuito, al constituir una sentencia definitiva e inatacable que adquiere la calidad de cosa juzgada, configura una causa notoria y manifiesta de improcedencia que conduce a su desechamiento sin mayor trámite." (lo resaltado no es de origen)

22. Como se ve, el Alto Tribunal no sólo destacó la inatacabilidad de las resoluciones dictadas en revisión por los Tribunales Colegiados de Circuito, sino que además, dejó en claro que al haber adquirido la calidad de cosa juzgada, ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede modificarlas.

23. Ahora, el planteamiento de un incidente como el que nos ocupa, permite que las autoridades estén en aptitud de demostrar que existe alguna causa material o jurídica que les imposibilita dar cumplimiento al fallo protector.

24. Sin embargo, tal circunstancia de modo alguno puede llevarse al extremo, de considerarla como una vía para revisar o hacer pronunciamientos sobre si es o no correcta, o si está o no de acuerdo con una sentencia de amparo en revisión emitida por un Tribunal Colegiado, o incluso, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con su sola emisión ha adquirido la calidad de cosa juzgada.

25. Incluso, al margen de que la sentencia de primer grado haya sido confirmada, revocada o modificada, cuando en la ejecutoria se concede la protección constitucional, el deber de quien ha instruido la primera instancia del juicio de amparo, es dictar las medidas necesarias para que se dé cabal cumplimiento al fallo protector, en sus términos.

26. Los incidentes de imposibilidad para dar cumplimiento al fallo protector, no deben ser vistos por los titulares que han tramitado la primera instancia del juicio de amparo, como una oportunidad para defender su fallo inicial, o bien, para atacar las consideraciones de la instancia superior.

27. En virtud de que la resolución incidental debe circunscribirse a analizar si se demostró la existencia de algún aspecto del fallo que alguna autoridad señala no pueda ser cumplido, por existir una imposibilidad para ello.

28. Para clarificar lo anterior, enseguida se suministran ejemplos reales, sustentados en criterios jurisprudenciales del Alto Tribunal, sobre situaciones en las que se da una imposibilidad material o jurídica, que no permite dar cumplimiento al fallo protector.

Primer ejemplo:

a) El amparo se concede para el efecto de restituir un terreno, pero posteriormente se emite una resolución presidencial, por la que ese terreno fue dotado a diverso ejido. En ese supuesto, la desposesión obedece a un acto de autoridad que no guarda relación con el acto reclamado, lo que constituiría una imposibilidad jurídica o legal para su observancia.(6)

Segundo ejemplo:

b) La protección constitucional se otorgó para que un reo fuera trasladado de un centro de reclusión, pero antes de que se lleve a cabo tal movilización, la persona es puesta en libertad, por haber compurgado la pena de prisión.(7)

Tercer ejemplo:

c) En un juicio de amparo se concede la protección constitucional, a fin de que se notifique a la parte quejosa el inicio de la integración de la carpeta de expropiación de un inmueble. Posteriormente, ocurre un cambio de situación jurídica, pues la autoridad emite resolución en la que determina la suspensión definitiva del trámite del expediente de expropiación. Tal situación conlleva una imposibilidad jurídica y de hecho para que se lleve a cabo el cumplimiento.(8)

Cuarto ejemplo:

d) En el trámite de un juicio laboral se embargó un vehículo y, posteriormente, en fase de ejecución de laudo, se ordenó su remate, siendo transmitida su titularidad y posesión a diversa persona. El propietario original del automotor promueve juicio de amparo, y se le concede la protección constitucional para dejar sin efecto todo lo actuado a partir del emplazamiento, incluyendo el referido acto de ejecución del laudo.

29. Dado que respecto al vehículo, ya había operado la transmisión del bien mueble, se consideró que resultaba imposible dar cumplimiento a ese extremo del fallo protector, por lo que se ordenó su cumplimiento sustituto.(9)

Quinto ejemplo:

e) Se concede el amparo para el efecto de que se declare procedente una acción de restitución de tierras; sin embargo, para ese momento, ya existe una obra de utilidad pública construida en el predio respectivo, por lo que se da un impedimento material y jurídico para la observancia del fallo protector.(10)

30. Como se ve de los ejemplos aludidos, las hipótesis de imposibilidad se sustentan en insuperables barreras materiales o jurídicas, que nada tienen que ver con lo correcto o incorrecto de la sentencia protectora, sino en factores externos, imprevisibles, o ajenos al control de las autoridades que deben dar cumplimiento al fallo protector.

31. Ilustra lo anterior, la tesis 2a. LXI/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación «y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, junio de 2005, página 237», bajo el registro «digital:» 178192, que dice:

"INEJECUCIÓN EN SENTENCIA DE AMPARO. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ACREDITA DIRECTAMENTE ANTE LA SUPREMA CORTE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y MATERIAL PARA CUMPLIRLA.—Si la autoridad responsable obligada a dar cumplimiento a la sentencia de amparo acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la ejecutoria no puede cumplirse debido a factores externos, imprevisibles o ajenos a su control y no a omisiones culposas o dolosas, tal situación redunda en la imposibilidad jurídica y material para hacerlo, pues a pesar de haber realizado todas las actuaciones a su alcance tendientes a su cumplimiento, ello no ha sido posible, lo que hace excusable el incumplimiento y, en consecuencia, no se aplicarán las medidas establecidas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debiendo declararse sin materia el incidente de inejecución relativo, al dejar de existir el presupuesto que lo originó." (lo resaltado no es de origen)

32. Ahora, de los casos abordados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta incontrovertible la imposibilidad de observar la sentencia de amparo; sin embargo, en ninguno de los casos se da pauta para que el órgano jurisdiccional que tramitó la primera instancia del juicio de amparo, lleve a cabo una calificación de la sentencia emitida en la instancia superior revisora.

33. Entonces, como la imposibilidad aducida por el Magistrado del Tercer Tribunal Unitario, se basa en su opinión o divergencia de su criterio, con el adoptado por este Tribunal Colegiado de Circuito, queda claro que la resolución incidental que nos ocupa no resulta apegada a derecho, pues no se sustenta en verdaderos motivos de imposibilidad.

34. Así, lejos de favorecer los principios de legalidad y debido proceso, la decisión del Magistrado del Tercer Tribunal Unitario, precisamente inobserva dichos principios, así como el interés social que subyace en el cumplimiento de las sentencias de amparo.

35. Pues conforme a los citados artículos 192 a 198 y 214 de la Ley de Amparo, la labor de quien tramitó la primera instancia del juicio de amparo, debe enfocarse en llevar a cabo las actuaciones necesarias para lograr el debido y exacto cumplimiento del fallo protector.

36. Apoya lo anterior, la tesis emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, «Quinta Época, Tomo LXXVIII, diciembre de 1943, Núm. 19, página 4796», bajo el registro «digital:» 807480, que es del contenido siguiente:

"SENTENCIAS DE AMPARO, FUERZA OBLIGATORIA DE LAS.—La verdad legal establecida en las ejecutorias de amparo, no puede alterarse en forma alguna, ni limitarse sus efectos por sentencia posterior, ya que el interés social estriba precisamente en el puntual cumplimiento de fallos cuya naturaleza ha llegado a ser incontrovertible."

37. Del mismo modo, resulta aplicable, en lo conducente, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, «Octava Época, Tomo VII, enero de 1991, página 241», bajo el registro «digital:» 223861, de rubro y texto siguientes:

"EJECUTORIAS DE AMPARO PRONUNCIADAS POR EL TRIBUNAL DE REVISIÓN, CARÁCTER INCONTROVERTIBLE DE LAS.—Cuando el Juez de Distrito, al resolver un juicio de garantías desestima y contradice los términos de una ejecutoria pronunciada en la revisión de un diverso amparo sobre el mismo asunto, de la que tuvo conocimiento con el informe justificado que le rindió la responsable; tales disquisiciones constituyen un desacato a la ejecutoria misma y una crítica a sus fundamentos no permitidos a los inferiores, porque la determinación combatida en el segundo amparo no se dictó con el criterio de la responsable, sino acatando el que se estableció en la ejecutoria que cumplimentaba, máxime que la verdad establecida en este tipo de fallos tiene carácter de incontrovertible y no puede alterarse por sentencias de ninguna especie, porque el interés público y la respetabilidad de esas resoluciones no admite que se evada su cumplimiento con procedimientos de cualquier autoridad que interfiera su ejecución; y porque toda autoridad que de alguna manera intervenga en la ejecución de una sentencia constitucional, dentro de los límites de su competencia, está obligada a realizar lo necesario para que la resolución logre vigencia real y eficacia práctica, sin que alguna pueda considerarse extraña para esos efectos porque el artículo 107 de la Ley de Amparo obliga a autoridades diversas de las responsables a coadyuvar en esa ejecución, cuando ello es indispensable por razón de su función." (lo resaltado no es de origen)

38. Lo anterior sería suficiente para dejar sin efectos la resolución incidental, y ordenarle al Magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, que cumpla con su deber de proveer lo necesario para el exacto cumplimiento del fallo protector, y vigilar su puntual acatamiento.

39. No obstante, en aras de una mayor exhaustividad, se analizarán los supuestos en que se apoyaron el Magistrado, así como la Procuraduría General de la República, para afirmar que el fallo protector no es ejecutable.

40. Previamente, se estima pertinente hacer una breve explicación de lo resuelto en la ejecutoria de amparo por este Tribunal Colegiado de Circuito, ya que en el trámite del incidente, tanto la Procuraduría General de la República, como la Cámara de Diputados y el Presidente de la República, aseveraron que este órgano jurisdiccional había analizado aspectos ajenos a la litis.

41. En el caso, en la causa penal del índice del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, se dictó auto de formal prisión en contra de los quejosos, por estimar acreditada su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada.

42. Los inculpados y su defensa interpusieron el recurso de apelación, el cual fue desestimado por un Tribunal Unitario, que confirmó el auto de formal prisión.

43. Hasta ese momento, en la vía ordinaria, la litis analizada se había limitado a la legalidad de la resolución que confirmó un auto de formal prisión.

44. Sin embargo, la resolución de segunda instancia fue impugnada a través de un juicio de amparo, del que conoció otro Tribunal Unitario.

45. Al resolver el juicio de derechos fundamentales, el Magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, no abordó los planteamientos de demora en la puesta a disposición, tortura contra los detenidos, y de que no se acreditaron el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, al haber advertido una violación al debido proceso que ameritaba la reposición del procedimiento.

46. Así es, partiendo de los propios hechos consignados por el Ministerio Público, en los que la representación social sustentó su teoría del caso, el Magistrado de amparo advirtió que a las personas a quienes se atribuía pertenecer a la delincuencia organizada, también se les señalaba como partícipes en la afectación de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.

47. Señaló que por lo anterior, los familiares de los estudiantes desaparecidos resultaban víctimas, y con ese carácter debían ser integrados a la relación jurídico procesal pues, de lo contrario, ésta no se integraría y, por ende, se desatendería el debido proceso.

48. Por esos motivos, concedió el amparo para que se dejara insubsistente el auto de formal prisión, y se repusiera el procedimiento de la preinstrucción, para lo cual indicó que debía notificarse a las víctimas el inicio de esa fase, a fin de que pudieran comparecer al procedimiento desde esa etapa, para que hicieran valer sus derechos.

49. Inconforme con dicha resolución, el agente de Ministerio Público de la Federación interpuso el recurso de revisión, que correspondió conocer a este Tribunal Colegiado de Circuito.

50. En sus agravios, la representación social señaló que las víctimas no podían tener la calidad de parte en un procedimiento penal, destacando que el delito por el que se instruía la causa, era el de delincuencia organizada.

51. Agregó que las víctimas ya estaban representadas por el Ministerio Público, por lo que no tenía por qué llamárseles al procedimiento, pues con la actuación del fiscal, quedaban garantizados sus derechos.

52. También señaló que era innecesario reponer la etapa de preinstrucción, ya que después de emitirse el auto de formal prisión, las víctimas se habían apersonado a la causa penal, por lo que los efectos del amparo sólo retrasarían el juicio.

53. Como se ve, al conocer de la revisión, la litis para este Tribunal Colegiado no radicaba en estudiar la legalidad del auto de formal prisión, sino analizar lo relativo a las víctimas, en especial, si era correcta o no la decisión de reconocerles dicha calidad de parte, así como los alcances de sus derechos, en especial, determinar si tenían o no derecho a participar activamente en el procedimiento penal.

54. Es decir, la litis en el recurso de revisión consistió en los siguientes aspectos:

a) Si existen o no víctimas en el delito de delincuencia organizada, y a quiénes corresponde esa calidad.

b) Si es suficiente que el Ministerio Público intervenga, o las víctimas pueden hacer valer sus derechos de manera activa, como parte autónoma.

c) Si fue correcto reponer la preinstrucción, para el solo efecto de notificar a las víctimas, cuando el procedimiento ya se encontraba en etapa de instrucción.

55. Al abordar el estudio, este Tribunal Colegiado de Circuito desestimó el agravio del Ministerio Público, en el que afirmaba que no existían víctimas en el delito de delincuencia organizada.

56. Posteriormente, desestimó el agravio en el que se indicaba que bastaba con la actuación del Ministerio Público para hacer valer los derechos de las víctimas.

57. Para dar respuesta a ese planteamiento, fue necesario analizar la evolución del reconocimiento de las víctimas, hecho lo cual, se concluyó que sí resultaba necesario su llamamiento al procedimiento penal.

58. Vinculado a lo anterior, al momento de precisar a quiénes les resultaba la calidad de víctimas, se determinó que los propios hechos relatados por el Ministerio Público al ejercer acción penal, involucraban un tema de desaparición forzada de personas, ya que se mencionaba que diversas autoridades habían tenido participación en dichos hechos.

59. Sobre el tema de desaparición forzada de personas, se advirtió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sustentado jurisprudencia en el sentido de que el examen de hechos de esa naturaleza, no debe llevarse de manera aislada, dividida y fragmentada, sino que debe analizarse la totalidad del conjunto de hechos.

60. En tal virtud, se consideró que el reconocimiento de las víctimas no debía limitarse a los normalistas desaparecidos y sus familiares, pues había otras personas que habían resultado afectadas, por ejemplo, los jóvenes integrantes del equipo de fútbol "Los Avispones de Chilpancingo", uno de los cuales, de tan sólo 16 años de edad, falleció, al igual que el conductor de su camión; una señora que se desplazaba a bordo de un taxi, así como varios estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero; y del mismo modo, otras personas habían resultado con diversos grados de lesiones.

61. Se destacó que, incluso, en autos ya obraba el reconocimiento de la calidad de víctimas a los integrantes del referido club deportivo, y que conforme a la jurisprudencia interamericana, a los familiares de las víctimas fallecidas o heridas, también les asistía el carácter de víctimas.

62. Enseguida se analizó el agravio del Ministerio Público, en el que exponía que no resultaba necesaria la reposición del procedimiento, pues al haberse dictado un auto de formal prisión, era posible que las víctimas comparecieran con posterioridad, el cual se declaró fundado.

63. Así es, este Tribunal Colegiado coincidió con el planteamiento de la fiscalía de que, al emitirse un auto de formal prisión, el proceso seguiría su curso y, por tanto, se consideró que bastaba con proveer lo conducente para que a las víctimas se les hiciera saber que, de estimarlo pertinente, podrían hacer valer sus derechos en la fase de instrucción.

64. Lo anterior implicaba dejar insubsistente la concesión del amparo, cuyo efecto era reponer la fase de preinstrucción, que tenía como único objetivo notificar a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, y continuar el trámite del procedimiento.

65. Ante ello, como lo dispone el artículo 93, fracción VI, de la Ley de Amparo, se procedió a reasumir jurisdicción sobre el análisis de los conceptos de violación no abordados por el Tribunal Unitario de amparo.

66. Por lo que se tuvo que retomar la litis original, relativa a la legalidad de la resolución que confirmó el auto de formal prisión, en la inteligencia de que el reconocimiento de la calidad de víctimas en el caso, así como sus derechos, ya se había analizado como parte de la litis del recurso de revisión.

67. Entonces, al reasumir jurisdicción para analizar los conceptos de violación, no podía desatenderse lo que ya se había determinado al analizar la litis de la revisión, es decir, a quiénes se había reconocido el carácter de víctimas, así como sus derechos.

68. En el caso, se analizaron de manera conjunta diversos conceptos de violación en los que se planteó que había existido demora en la puesta a disposición de los acusados, que éstos presentaban lesiones, y que no había elementos para tener por acreditados el cuerpo del delito y la probable responsabilidad.

69. En el entendido de que otros argumentos vinculados a esos temas, se analizaron bajo la óptica de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.

70. De ese modo, se procedió al análisis del caudal probatorio que se tuvo en cuenta para el dictado del auto de formal prisión.

71. Se analizaron las temáticas de la demora en la puesta a disposición de los declarantes, así como lo tocante a las lesiones que presentaron.

72. Se indicó que la alteración a la salud de los declarantes, eran aspectos que debían abordarse, pues sin prejuzgar, pudieran estar relacionados con actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes; los cuales están absolutamente proscritos en nuestro orden jurídico, que comprende no sólo las normas nacionales, sino también las internacionales, y su interpretación por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; máxime que México ya ha sido condenado en varias ocasiones por el referido tribunal internacional, por situaciones relacionadas con la tortura, entre otros aspectos.

73. Se destacó que las declaraciones obtenidas bajo tortura, solían no ser veraces, y que darles valor constituye una infracción a un juicio justo.

74. Asimismo, se indicó que los dos informes emitidos por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (en adelante GIEI), debían ser tomados en cuenta, sin omitir el apartado de "Investigación sobre trato a los detenidos e informes médicos".

75. En el mismo tenor, se advirtió que el representante en México del Alto del Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, había emitido un Informe Sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa, intitulado "Doble injusticia", en el que se concluía que en los casos de varias de las personas, cuyas declaraciones se tomaron en cuenta para emitir el auto de formal prisión, se contaba con "fuertes elementos de convicción que indican la comisión de actos de tortura".

76. Así, se señaló que además de los dictámenes médicos que obran en el expediente, también debían tenerse en cuenta los referidos informes.

77. Además, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 287, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Penales(11), se estableció que debía analizarse la verosimilitud de las declaraciones, pues algunas de sus afirmaciones se desvirtuaban con el resto del material probatorio, tales como que:

a) Los estudiantes iban a boicotear un evento político;

b) Que entre ellos había infiltrados de un grupo criminal antagónico al de la región; y,

c) Que los normalistas llevaban armas de fuego.

78. También se advirtió que los declarantes incurrían en múltiples inconsistencias en la narración de lo sucedido a los 43 estudiantes desaparecidos.

79. Por ejemplo, uno de los declarantes "confesó" que los estudiantes fueron privados de sus vidas en un cerro ubicado "arriba de la colonia (**********)"; que sus cuerpos habían sido colocados en una fosa, y que ahí se les había prendido fuego; e incluso afirmó que se realizó un ritual con la sangre de tres de los normalistas.

80. En cambio, otros indiciados refirieron que los estudiantes habrían sido llevados al basurero de Cocula, que ahí se habían incinerado sus cuerpos, y sus restos, finalmente se arrojaron en el río San Juan.

81. Sin embargo, del análisis de esas declaraciones, se advertía que también incurrían en múltiples incongruencias, respecto a lo que narran sobre el aviso o llamada para preparar su participación, el traslado de los normalistas al referido basurero, la privación de la vida de los estudiantes, así como respecto a la preparación y duración del incendio, y el momento en que se recogieron las cenizas; aspectos que era necesario analizar, por estar relacionados con el tema de la verosimilitud de las declaraciones.

82. En suma, este Tribunal Colegiado advirtió:

• La existencia de múltiples lesiones en los declarantes, según se desprende de los dictámenes médicos.

• Que tales dictámenes coinciden con los informes emitidos tanto por el GIEI, como por el representante en México del Alto del Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

• Que en autos había afirmaciones de los declarantes que habían sido desvirtuadas con el propio caudal probatorio, tales como que los estudiantes iban armados, que pertenecían a un grupo criminal opuesto al que prevalecía en la región, y que querían boicotear un evento político.

• Que al narrar lo sucedido a los estudiantes, los declarantes incurrían en múltiples contradicciones.

83. Y, además, se daba la circunstancia de que existían dos dictámenes elaborados por distintos expertos independientes, de prestigio internacional, que concluyeron lo siguiente:

• Doctor José L. Torero(12):

"1. No existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada, en función a testimonios, que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula.

"2. Toda la evidencia recolectada muestra que en el basurero municipal de Cocula sólo se han dado fuegos de pequeñas dimensiones cuya temporalidad no puede ser debidamente definida.

"3. No hay evidencia que apoye la hipótesis que los cuerpos fueron cremados con un fuego alimentado mayoritariamente por las grasas subcutáneas.

"4. Toda la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29160-07f2118c/debido-proceso-internacional-debe-acudirse-a-este-si · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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