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Modo: Corpus Pro

DELINCUENCIA ORGANIZADA. LAS COPIAS CERTIFICADAS DE AVERIGUACIONES PREVIAS QUE CONTIENEN TESTIMONIALES DE COINCULPADOS O TESTIGOS DE CARGO, OFRECIDAS EN EL PROCESO POR EL MINISTERIO PÚBLICO PARA ACREDITAR ESTE DELITO Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL INCULPADO, NO DEBEN VALORARSE EN CUANTO A SU CONTENIDO, COMO PRUEBA TESTIMONIAL, SINO COMO DOCUMENTOS PÚBLICOS CON VALOR PROBATORIO PLENO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE DICHAS DECLARACIONES DEBAN EXCLUIRSE DEL MATERIAL PROBATORIO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 41, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 265/2015. · Registro digital (IUS): 26351
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2016-06-10
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV, Pág. 2549.

AMPARO EN REVISIÓN 265/2015. 11 DE MARZO DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: OLGA MARÍA JOSEFINA OJEDA ARELLANO. SECRETARIO: ADRIÁN RIVERA LÓPEZ.

CONSIDERANDO:

V. Estudio de la sentencia recurrida. Este Tribunal Colegiado considera que los agravios formulados por la parte recurrente resultan inoperantes e infundados por un lado, aunque por otro, fundados y, además, suplidos algunos aspectos en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, existen motivos suficientes para modificar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado por la quejosa.

Resultan inoperantes aquellos agravios en los que la parte recurrente considera que se violó en perjuicio de la quejosa lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, con la emisión de la sentencia recurrida, en la cual le fue negado el amparo, por realizarse una deficiente motivación y suplir la deficiencia del Ministerio Público consignador.

Lo anterior se estima así, pues atendiendo a que el juicio de amparo es un medio de control constitucional, contra todo acto de autoridad que lesione los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente en favor de todo gobernado, en el cual, los Jueces de Distrito ejercen esa función de control, actuando con la autoridad de la que están investidos por la ley como representantes del Poder Judicial de la Federación, por lo que es claro que cuando conocen de un juicio de amparo no son parte demandada en la controversia constitucional, sino miembros de la trilogía procesal, a quienes compete resolver sobre la demanda de protección de la Justicia Federal, es decir, son quienes ejercen la función jurisdiccional de carácter constitucional para verificar si el acto de autoridad es o no violatorio de la Constitución o de los tratados internacionales en que México sea Parte, por lo que no puede considerarse que violen derechos fundamentales.

Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis número 35, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página veintiocho, del Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice:

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO."

Por otro lado, en cuanto a las consideraciones del Juez de Distrito plasmadas en la sentencia recurrida, se procede a verificar su legalidad en los siguientes términos:

I. En relación con la fijación del acto reclamado. Del análisis de la resolución recurrida, este órgano federal advierte que se cumplió con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, pues se precisó que el acto reclamado por la quejosa a las autoridades judiciales que señaló como responsables, lo constituye:

• El auto de formal prisión dictado en su contra el cinco de mayo de dos mil trece, por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio (venta) del estupefaciente cannabis sativa l., posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como el diverso de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el exhorto 655/2013, derivado de la causa penal **********, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, así como su ejecución material.

II. Análisis sobre la existencia o inexistencia del acto reclamado.

- Acto inexistente:

Como lo advirtió el Juez de amparo, es inexistente el auto de formal prisión reclamado al Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, puesto que al rendir su informe justificado(19) negó categóricamente su existencia, sin que existiera prueba en contrario que desvirtuara esa manifestación.

Por tanto, es correcto que se decretara el sobreseimiento en el juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, por lo que hace a dicha autoridad judicial.

- Acto existente:

Por otra parte, tal como se estableció en la sentencia recurrida, es cierto el acto reclamado a los Jueces Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México y Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, pues así lo precisaron, respectivamente, al rendir sus informes justificados;(20) haciendo referencia a que el cinco de mayo de dos mil trece, dentro del exhorto 104/2013 derivado del diverso 655/2013, relativo a la causa penal **********, se decretó la formal prisión de la quejosa por los delitos que quedaron especificados en el apartado que antecede, lo cual quedó corroborado con las constancias que fueron remitidas por dichas autoridades, consistentes en copia certificada de la causa penal ********** y del exhorto 104/2013, en donde obra esa determinación judicial; documentos públicos que fueron valorados correctamente por el Juez de Distrito al otorgarles valor probatorio pleno, teniendo con ello, por cierto, el acto reclamado a los citados juzgados de origen.

Asimismo, es correcto que se hubiese presumido como cierto el acto de ejecución material del auto de formal prisión que se reclamó del director del Centro de Reinserción Social de Mexicali, dado que fue omiso en rendir su informe justificado y en virtud de que las autoridades ordenadoras aceptaron la emisión de dicha determinación de plazo constitucional que mantiene privada de su libertad personal a la quejosa en dicho centro de reclusión.

III. Causales de improcedencia. En cuanto a la determinación del Juez de Distrito, en la que afirma que no existe causa de improcedencia que las partes hubiesen hecho valer o que se advierta de oficio, este tribunal considera que se encuentra ajustada a derecho, pues en efecto, no se advierte la actualización de alguna hipótesis de improcedencia respecto del acto reclamado que se tuvo como existente.

IV. Análisis de la sentencia recurrida en cuanto a la legalidad del auto de formal prisión reclamado. En relación con este punto, se advierte que en la sentencia de amparo no se hizo un pronunciamiento de forma completa en cuanto a que, previo a la emisión del auto de formal prisión, se hubiesen seguido las formalidades de tipo procesal correspondientes y si se transgredió o no en perjuicio de **********, su derecho de defensa con trascendencia al resultado del fallo, pues sólo se precisó que el acto reclamado fue dictado una vez que se recabó la declaración preparatoria de dicha inculpada.

Por tanto, este Tribunal Colegiado reasume jurisdicción para verificar dichos aspectos específicos de índole procesal.

En ese sentido, se aprecia que el Ministerio Público ejerció acción penal(21) contra la quejosa por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio (venta) del estupefaciente cannabis sativa l., posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como por el diverso de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Una vez radicado el proceso penal ante el juzgado correspondiente y previa reposición del procedimiento para que se hiciera saber a la quejosa, en la diligencia de declaración preparatoria, el nombre de los testigos colaboradores que declararon en su contra, al desahogarse por segunda ocasión esa diligencia el treinta de abril de dos mil trece,(22) fue informada de los delitos que se le imputan, se le hicieron saber los derechos que como inculpada le reconoce la Constitución en su artículo 20, apartado A (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho); fue informada de las personas que deponían en su contra, revelándose la identidad de los testigos colaboradores con clave **********, ********** y **********, y se le hizo saber que tenía derecho a defenderse por sí o por abogado, tan es así que designó para tal efecto al defensor público federal José Guadalupe Rivera Moya que la asistió en esa diligencia, además de contar con defensa técnica durante la etapa de preinstrucción.

Por otra parte, se respetó su derecho a ofrecer y desahogar pruebas en la citada etapa en la que fue emitido el acto reclamado, para que pudiera controvertir los elementos probatorios de cargo que aportó el Ministerio Público; asimismo, tuvo oportunidad de alegar lo conducente contra la consignación de que fue objeto, pues contó con la posibilidad de solicitar la ampliación del término constitucional para ofrecer pruebas en su beneficio o alegar lo que a su interés conviniera antes de que fuera resuelta su situación jurídica, optando la quejosa por solicitar la duplicidad del término constitucional con esa finalidad, haciendo uso de ese derecho a través de los escritos que se presentaron para tal efecto.

Por tanto, debe decirse que, previo al dictado del auto de formal prisión reclamado, se siguieron las formalidades procesales requeridas para no afectar los derechos fundamentales de la quejosa, al recabarse debidamente su declaración preparatoria y respetarse su derecho de defensa en el periodo de preinstrucción en el que se emitió aquella determinación judicial.

Ahora, en cuanto a los aspectos de índole formal que deben imperar en toda resolución judicial, como lo es el auto de formal prisión, según lo previsto en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, tampoco se hizo pronunciamiento alguno en la sentencia recurrida y este tribunal, en sustitución del Juez de amparo, advierte que la autoridad responsable cumplió con lo establecido en tal dispositivo constitucional, por lo que hace a que el acto reclamado fue pronunciado por una autoridad judicial que resultó competente, quien lo plasmó por escrito el cinco de mayo de dos mil trece, en el que además se vertieron los motivos y fundamentos que la condujeron a decretar la formal prisión de la quejosa en la comisión de los delitos que fueron materia de consignación; de ahí que se consideren acreditados dichos requisitos formales, aunque con algunas salvedades en cuanto a la motivación de ese acto que será materia de concesión del amparo como se verá más adelante.

Asimismo, atendiendo a lo establecido por el artículo 19 constitucional que contiene también algunos requisitos de forma que de manera específica deben reunirse para el dictado del auto de formal prisión, se advierte que en el acto reclamado aparecen expresados cada uno de los delitos que se le imputan a la inculpada y quedó precisado el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de los mismos.

No obstante, por cuanto hace a los requisitos de fondo, relativos a la existencia de datos bastantes para la acreditación del cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad de la inculpada, contrario a lo expuesto en la sentencia recurrida, existen medios de prueba que no fueron valorados de forma adecuada por la autoridad responsable para justificar tales extremos y se aprecian algunas incongruencias en sus argumentos que afectan la garantía de seguridad jurídica de la quejosa, lo cual vuelve ilegal el auto de formal prisión reclamado.

En la especie, se tuvieron por acreditados los elementos del cuerpo de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio (venta) del estupefaciente cannabis sativa l., posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como del diverso de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y se hizo el estudio separado de cada uno de ellos, al igual que el de la probable responsabilidad de **********, en su comisión.

Así las cosas, se procede a verificar la legalidad de la actuación de la autoridad responsable en cuanto a esos aspectos de fondo, destacándose en esta ejecutoria sólo aquellos rubros en los que el acto reclamado viole los derechos humanos y sus garantías respecto de la actora constitucional.

• Cuerpo del delito de delincuencia organizada:

En el considerando tercero del auto de formal prisión reclamado, se estableció que la descripción típica del delito de que se trata se encuentra en los artículos 2o., fracción I y 4o., fracción I, inciso b), de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la que se extrajeron como elementos:

a) La congregación de más de tres personas conscientes de su estancia en la agrupación, con el carácter de miembros de la misma, organizados de hecho en forma permanente;

b) Que las referidas personas tengan la finalidad de realizar conductas que por sí o unidas a otras tiendan a la comisión de delitos contra la salud, con la pretensión de realizar dichas actividades de forma reiterada; y,

c) Que con relación a la citada organización, algunos de los agentes del delito tengan funciones de administración, relativas a la finalidad pretendida y otros no.

Para tener por acreditados dichos elementos descriptivos, luego de darse la explicación de las características del delito de que se trata y la forma en que se estudiarían y valorarían conforme a las reglas de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, las pruebas que obran en autos, la responsable señaló que el primero de los elementos, el cual se menciona en el inciso a), se tenía por acreditado con la copia certificada de la sentencia ejecutoria dictada en el toca penal **********, el dos de marzo de dos mil siete, por el Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, relativo a la causa penal **********, instruida a **********, en donde se le declaró penalmente responsable del delito de delincuencia organizada.(23)

Al efecto, se estableció que la reproducción autorizada de dicha resolución tenía el carácter de documental pública con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 40 y 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y se precisó que tal probanza era apta y suficiente para acreditar fehacientemente la existencia del conglomerado delictual identificado como **********, así como las diversas células que lo componen, algunos dirigentes y elementos que lo integran, su finalidad preponderante en delitos contra la salud y otros, así como el modus operandi en las actividades que realizaban con miras a alcanzar sus propósitos.

Del anterior argumento puede advertirse que la responsable consideró que la documental de mérito hace prueba fehaciente, apta y suficiente para tener por acreditada la existencia de la organización criminal denominada **********, lo que, en concordancia con la cita del artículo 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, hace patente la aplicación de la disposición normativa que prevé el último párrafo del citado precepto legal, referente a que la sentencia judicial irrevocable que tenga por acreditada la existencia de una organización delictiva determinada, será prueba plena con respecto de la existencia de esta organización en cualquier otro procedimiento.

Al respecto, el recurrente afirma en vía de agravios, que no era suficiente con esa documental para tener por acreditada de manera plena la existencia de la organización criminal conocida como **********, ya que en el expediente que dio origen a esa resolución judicial, se advertía que el agente del Ministerio Público de la Federación ejerció acción penal contra **********, por considerar que pertenecía a la organización criminal denominada **********, liderada por **********, y tal persona fue sentenciada por pertenecer a esa organización, por lo que, a su criterio, la sentencia ejecutoria que se invoca, tuvo por demostrada la existencia de una diversa agrupación delictiva, donde a pesar de que se haga referencia a **********, lo cierto es que el proceso que se siguió a ********** no tuvo la finalidad de demostrar la existencia de esta última organización; por tanto, concluye el agraviado que no puede constituir cosa juzgada la resolución judicial que se controvierte, en términos del último párrafo del artículo 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para tener acreditada de manera plena la existencia de la organización denominada **********, con la cual se vincula a la quejosa.

Agravio que a consideración de los suscritos resulta fundado, tomando en consideración lo siguiente:

El último párrafo del numeral 41 de la ley federal que se cita, al señalar que la sentencia judicial irrevocable que tenga por acreditada la existencia de una organización delictiva determinada, será prueba plena con respecto de la existencia de esta organización en cualquier otro procedimiento, otorga la posibilidad al Ministerio Público de hacer uso de una sentencia con esa calidad en otros procedimientos penales para poder acreditar en ellos la existencia de una organización criminal que previamente quedó determinada de forma plena; y, a su vez, el juzgador está en aptitud de valorarla como documental, haciendo prueba plena respecto de la existencia de la organización delictiva establecida en dicha resolución judicial.

Es decir, la calidad de cosa juzgada sobre la existencia de una determinada organización criminal que se actualiza sobre ese tópico con el dictado de una sentencia judicial irrevocable, es lo que permite utilizar dicha resolución en otros procedimientos para tener también por acreditada en ellos, la existencia de la misma organización delictiva que ya fue materia de análisis, otorgando certeza jurídica en cuanto a que, ese punto ya no está sujeto a variación por ser el producto de un proceso judicial que concluyó con una sentencia que no podrá ser modificada.

Por tanto, debe considerarse que es la declaración judicial que se hace en la sentencia irrevocable sobre la existencia de una determinada organización criminal, lo que debe tomarse en cuenta y valorarse en otros procedimientos, haciendo prueba plena sólo respecto de aquella organización específicamente definida, ya que de hacerse extensiva esa declaratoria a otros conglomerados criminales -con independencia de que estén relacionados con la organización cuya existencia quedó determinada- crearía inseguridad jurídica, al someter al criterio del juzgador, la valoración conducente a establecer si se encuentra vinculada o no determinada organización con la que fue materia de análisis en la sentencia irrevocable, lo cual no permitió el legislador, pues en el artículo 41 que nos ocupa, no se da la pauta para establecer que la sentencia irrevocable hace prueba plena sobre la existencia de una organización criminal y las que estén vinculadas con esta última.

Ahora bien, de la lectura de la sentencia dictada dentro del toca **********, del índice del Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito (visible a fojas 282 a 448 del tomo IV del duplicado de la causa **********), se aprecia que en ella se estableció que ********** y otros, estaban organizados cuando menos desde mediados del año dos mil, siendo comandados por ********** como jefe del **********, quienes en forma reiterada se dedicaban a la comisión de delitos contra la salud y que dentro de dicha organización sus integrantes tenían funciones específicas, como era la guardia personal de **********, la cual se encontraba a cargo de una célula denominada **********; asimismo, se señala que el sentenciado de mérito brindaba información confidencial y esencial a la organización criminal ********** y brindó también seguridad a **********.

En ese contexto, se advierte que la organización criminal que de manera concreta se tuvo por acreditada en la sentencia judicial irrevocable de que se trata y con la cual se vinculó al sentenciado **********, fue la comandada por **********, denominada particularmente **********; y si bien es cierto que se hace referencia a que dicha organización contaba con una célula encargada de la seguridad del líder de la misma, la cual se denominaba **********, también lo es que, se habla de esta última sólo como una célula dependiente del conglomerado principal que dirigía **********, encargada de una función muy específica que era la de brindar seguridad al líder.

Por su parte, en el caso concreto, a la quejosa **********, se le relaciona con la organización criminal denominada **********, que tiene la finalidad de cometer delitos contra la salud, haciéndose referencia a la misma como un conglomerado autónomo e independiente del que comandaba **********, denominado **********, de ahí que como lo afirma el recurrente, la sentencia irrevocable dictada en el toca penal **********, cuya copia certificada fue valorada por la responsable en el auto de formal prisión reclamado, no tenga el alcance de acreditar de manera fehaciente, apta y suficiente como se afirmó, la existencia de la organización criminal denominada **********, en los términos y con los alcances que prevé el último párrafo del artículo 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; por tanto, la valoración realizada en esos términos por la responsable afectó la garantía de legalidad en perjuicio de la quejosa y debe ser reparada dicha violación.

Lo anterior no implica que dicha probanza deba ser excluida del material probatorio de cargo que es utilizado para la acreditación del cuerpo del delito de delincuencia organizada, sino que, únicamente se valore de forma prudente y en términos distintos a los que se establecen en el último párrafo del numeral 41 de la ley federal aplicable al caso, ya que no tiene los alcances de hacer prueba plena respecto de la existencia de la organización criminal denominada ********** como lo informó el Juez del proceso, sin perjuicio de que en dicha documental sí se hace referencia a la conformación de una célula que con tal denominación brindaba seguridad a la organización que comandaba **********, lo cual deberá considerar la responsable en los términos que considere conducentes -incluso como un indicio-, en el entendido de que este tribunal advierte que dicha sentencia judicial no fue el único medio de prueba que se tomó en cuenta para acreditar el primer elemento del cuerpo del delito de que se trata.

En relación con lo precisado en el párrafo que precede, es infundado el agravio que vierte el recurrente en cuanto a que la copia certificada de la sentencia dictada en el toca **********, no puede ser tomada en cuenta por no contar el Ministerio Público con facultades para realizar cotejos; pues, por una parte, como lo precisó el Juez de Distrito en la sentencia recurrida, se trataba de constancias que obraban dentro de sus archivos específicamente, se trataba de copia certificada de la resolución judicial de mérito autorizada legalmente por el secretario del Tribunal Unitario que la emitió y, por otro lado, en cuanto a la certificación de su existencia dentro de determinada averiguación previa, ésta no fue realizada únicamente por el Ministerio Público, sino que estuvo asistido para ello de dos testigos de asistencia que dieron fe de lo asentado por el representante social, como lo establece el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales (ver reverso de la foja 448 del tomo IV del duplicado de la causa **********), de ahí que cumpla con los requisitos legales para ser tomada en cuenta, al margen del alcance probatorio que la autoridad responsable prudentemente le pueda otorgar.

Continuando con el análisis del acto reclamado en los aspectos de valoración de pruebas que convalidó el Juez de Distrito, se aprecia que la responsable, para acreditar el primer elemento del cuerpo del delito de delincuencia organizada, también tomó en consideración la denuncia de hechos y puesta a disposición de doce de abril de dos mil once,(24) que obra en un documento suscrito por elementos del Ejército Mexicano, cuyo contenido transcribió en su resolución y al efecto precisó que del anterior medio de convicción se ponen de manifestó las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fueron detenidos más de dos sujetos y otros que escaparon, quienes se encontraban en el inmueble ubicado en **********, número **********, del fraccionamiento **********, en Saltillo, Coahuila, realizando labores de recaudación, contabilidad, administración del dinero de una organización formada por más individuos, así como vigilancia del inmueble y mantenimiento del mismo al cual se denomina **********.

Parte informativo al que se le dio valor de indicio ajustándolo a las reglas de la prueba testimonial, aduciendo que los deponentes conocieron los hechos sobre los que declararon por medio de los sentidos; sin embargo, se aprecia que no sólo se tomaron en cuenta los datos que conocieron de forma directa los elementos aprehensores, sino también aquello que obtuvieron de lo referido por los sujetos aprehendidos, pues se indica que del oficio de puesta a disposición se advierten las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que realizaban labores de recaudación, contabilidad, administración respecto del dinero de una organización formada por más individuos, así como vigilancia del inmueble al cual se le denominaba **********; y estos datos los aportaron los activos al momento de su detención, ya que los elementos militares les cuestionaron sobre su actividad en ese lugar y aquéllos vertieron circunstancias que los incriminan, al involucrarse con una organización criminal donde el inmueble en que se encontraban fungía como caja general.

Aspectos que, a criterio de este tribunal, carecen de valor probatorio, en términos del artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Penales, aplicado de forma supletoria a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, según su numeral 7.

Por tanto, la autoridad responsable debió valorar de forma divisible el oficio de puesta a disposición y otorgar valor probatorio únicamente a lo que les consta de manera directa a los agentes aprehensores, esto es, en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fueron detenidos los activos y encontraron diversos objetos, numerario, armas, cartuchos, estupefaciente, así como los vehículos que pusieron a disposición, sin tomar en consideración aquello que les refirieron los sujetos al momento de su detención en cuanto a las actividades específicas que desarrollaban, dado que se trata de datos que no les constan y respecto de los cuales se constituyen en testigos de oídas.

Lo anterior, al margen de que las circunstancias específicas en que fueron encontrados los detenidos en relación con otros medios de prueba, pudiera arrojar una conclusión específica sobre la actividad que desarrollaban en el inmueble donde fueron asegurados, pero esto no se acredita de forma directa de lo expuesto en el oficio de puesta a disposición, al menos en cuanto a los aspectos que les constan de manera directa a los aprehensores.

En ese sentido, sobre la eficacia de los comúnmente denominados testigos de oídas (de referencia de terceros), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que no debe otorgárseles ningún valor, lo cual ha sostenido, incluso, de manera específica respecto del proceso penal federal, al resolver el amparo directo 14/2011, en donde refirió:

"214. En ese sentido, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que no puede afirmarse que exista prueba en sentido procesal -entendiendo por tal algo que sea apto para producir convicción- si el dicho de los testigos tiene como fuente de información un tercero, cuya comparecencia nunca se logró.(25)

"215. Este es el supuesto que da origen al ‘testigo de oídas’ respecto del cual esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha especificado que no tiene validez probatoria, precisamente porque no reúne los requisitos de conocimiento directo del hecho que está testificando. Y con mayor razón cuando, como acontece en la especie, las afirmaciones que no presenciaron los policías ministeriales que aprehendieron al quejoso, constituyeron elementos base del dictado de la sentencia condenatoria reclamada.(26)

"216. Así, el dicho de los policías captores no podía ser tomado en cuenta porque ellos no presenciaron el hecho, no vieron a la persona acusada participar en el mismo, no estuvieron presentes cuando la víctima perdió la vida o cuando fue atacada. Su única fuente de información fue un testigo singular. Afirmar lo que alguien más sostiene no es una forma válida de comprobar la certeza de los hechos sobre los cuales se investiga. Por ende, el juzgador viola los principios de la valoración de la prueba cuando toma en cuenta como testimonio una opinión no fundada en apreciaciones directas a través de los sentidos."(27)

Así las cosas, aunque el Juez de Distrito en la resolución recurrida se percató de tal circunstancia, no consideró procedente conceder el amparo para que el oficio de puesta a disposición fuera valorado adecuadamente; por ende, este tribunal considera que en ese tópico el auto de formal prisión también resulta ilegal, por lo que debe modificarse la sentencia recurrida y concederse la protección constitucional a la quejosa.

Siguiendo con el análisis respectivo, este órgano de control constitucional advierte que otra de las probanzas que también fue tomada en cuenta por la autoridad responsable para resolver la situación jurídica de la actora constitucional, fue la copia certificada de la declaración ministerial de **********, alias **********, vertida el dieciocho de abril de dos mil once,(28) en la diversa averiguación previa **********, de la que luego de transcribir su contenido se valoró de la siguiente forma:

"La anterior prueba, en su carácter de documental pública adquiere valor probatorio pleno, conforme a lo previsto en los preceptos 40 y 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en relación con los artículos 280, 286 y 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, por cuanto se refiere a la certeza de su formulación por parte de funcionario público, que permite tener comprobada la existenci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26351-cae142cf/delincuencia-organizada-las-copias-certificadas-de-averiguaciones-previas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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