DELINCUENCIA ORGANIZADA. PARA COMPROBAR EL "DOLO DE PERTENENCIA" QUE REQUIERE ESTE DELITO TRATÁNDOSE DE LA INCORPORACIÓN A GRUPOS CRIMINALES PREEXISTENTES, ES IRRELEVANTE QUE LOS DIRECTORES O MIEMBROS DE OTROS SECTORES DE ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN CONOZCAN O NO A QUIEN SE ATRIBUYE SER MIEMBRO DE DICHA AGRUPACIÓN. DELINCUENCIA ORGANIZADA. TRATÁNDOSE DE ESTE DELITO DE NATURALEZA PERMANENTE LA UBICACIÓN DEL ACTO DELICTIVO EN CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR QUE EXIGE EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SE SATISFACE MOTIVANDO LA TEMPORALIDAD DE LA PERTENENCIA DEL SUJETO ACTIVO A LA AGRUPACIÓN.
DELINCUENCIA ORGANIZADA. PARA COMPROBAR EL "DOLO DE PERTENENCIA" QUE REQUIERE ESTE DELITO TRATÁNDOSE DE LA INCORPORACIÓN A GRUPOS CRIMINALES PREEXISTENTES, ES IRRELEVANTE QUE LOS DIRECTORES O MIEMBROS DE OTROS SECTORES DE ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN CONOZCAN O NO A QUIEN SE ATRIBUYE SER MIEMBRO DE DICHA AGRUPACIÓN.
DELINCUENCIA ORGANIZADA. TRATÁNDOSE DE ESTE DELITO DE NATURALEZA PERMANENTE LA UBICACIÓN DEL ACTO DELICTIVO EN CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR QUE EXIGE EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SE SATISFACE MOTIVANDO LA TEMPORALIDAD DE LA PERTENENCIA DEL SUJETO ACTIVO A LA AGRUPACIÓN.
AMPARO DIRECTO 26/2015. 21 DE MAYO DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ÓSCAR ESPINOSA DURÁN. SECRETARIO: JUAN ANTONIO SOLANO RODRÍGUEZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Son infundados los conceptos de violación que hace valer el quejoso, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo en vigor.
En ese tenor, contrariamente a lo alegado, se advierte que la ejecutoria que por esta vía se combate, no transgrede lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, que protege el principio del debido proceso, dado que el procedimiento del que deriva la sentencia reclamada se sustanció en los términos y acorde con las formalidades que la legislación secundaria exige.
Cierto, en el caso concreto tales exigencias fueron atendidas y respetadas por la autoridad responsable, pues del análisis de las constancias que integran los autos de primera y segunda instancia, de donde procedió la resolución reclamada, se advierte que se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, ya que por cuanto hace a la notificación de inicio de éste y sus consecuencias, se aprecia que la indagatoria de la cual derivó la instauración del proceso penal de origen fue aperturada con motivo de la denuncia presentada por los policías fiscales ********** y **********, con la que se radicó la averiguación previa **********; indagatoria en la cual rindió su declaración el entonces indiciado en audiencia de veinticuatro de marzo de dos mil siete (foja 214 del tomo I), asistido por su defensora pública federal previamente designada; indagación en la que el fiscal investigador, una vez que estimó satisfechos los requisitos constitucionales a que se contrae el arábigo 16, ejerció acción penal, pues consideró que se practicaron las diligencias necesarias para instaurar proceso en contra del demandante del amparo.
De la misma forma, se advierte que el trece de junio de dos mil siete (fojas 2 a 5 del tomo VI), el Juez Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, radicó la causa penal **********, librando orden de aprehensión el catorce siguiente, y en audiencia verificada el veinte de ese mes y año, escuchó a ********** en declaración preparatoria (fojas 281 vuelta a 285 vuelta del tomo VI); diligencia en la que, en apego a lo establecido en el artículo 20, apartado A, de la Constitución Federal vigente en esa época, se le informó sobre la naturaleza y causa de la imputación que obraba en su contra, como probable responsable de la comisión del delito de delincuencia organizada y contra la salud; asimismo, se le hicieron de su conocimiento de todos y cada uno de los derechos que le asistían.
Igualmente, se le dio la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en que fincara su defensa; designando como defensor al público federal; resolviéndose la situación jurídica del hoy quejoso el veinticinco de junio de dos mil siete, decretando en su contra la formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión de los injustos de delincuencia organizada y contra la salud (fojas 44 a 336 del tomo VII).
En este orden de ideas, se aprecia de las constancias que conforman el expediente de origen, que la parte quejosa ofreció diversas probanzas durante el desarrollo de la instrucción en el proceso, como son testimoniales, careos, ampliaciones de declaración del denunciante y coinculpados, informe por parte de la aerolínea **********, así como documentales privadas; además se advierte que el dos de octubre de dos mil ocho se certificó que no había pruebas pendientes por desahogar; lo que motivó que el Juez de la causa, en esa propia fecha, declarara cerrado el periodo de instrucción (fojas 587 y 588 del tomo XI).
Evidenciándose que el aquí quejoso tuvo la oportunidad de alegar, pues según se observa a fojas noventa a ciento veinticinco del tomo XII del proceso penal aludido, formuló las conclusiones de inculpabilidad con posterioridad a que el representante social presentó las acusatorias; con base en lo anterior, el diecinueve de junio de dos mil trece, el Juez de primera instancia, después de haber sido repuesto el procedimiento en dos ocasiones, dictó la resolución que dirimió las cuestiones debatidas, en la que consideró al peticionario de amparo penalmente responsable en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, previsto y sancionado en los artículos 2o., fracción I y 4o., fracción I, inciso b), de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de alguno de los delitos a que se refiere el capítulo primero, título séptimo, del Código Penal Federal, respecto del estupefaciente denominado diacetilmorfina (heroína), previsto en el artículo 194, fracción III, del Código Penal Federal y sancionado en el párrafo primero de ese dispositivo legal; sentencia que se impugnó mediante recurso de apelación, lo que motivó la creación del toca penal **********, que correspondió conocer al Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, quien el diecinueve de agosto de dos mil catorce modificó la de primer grado absolviendo al aquí quejoso única y exclusivamente por el aludido delito contra la salud, resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional.
En consecuencia, es evidente que en el proceso que se siguió en contra de **********, no se transgredieron las formalidades esenciales del procedimiento, porque tuvo conocimiento del hecho que se le atribuyó, la oportunidad de defenderse y de alegar antes de que se pronunciara la sentencia reclamada, además impugnó la resolución a través del recurso de apelación, medio ordinario de defensa que prevé la ley de la que procede el acto; por tanto, es dable concluir en el caso que el procedimiento se llevó acorde con lo ordenado por el artículo 14 de la Constitución Federal.
Es aplicable la jurisprudencia P./J. 47/1995, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de mil novecientos noventa y cinco, página ciento treinta y tres, que dice:
"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.-La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."
Así como la tesis 1a. LXXVI/2005, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, agosto de dos mil cinco, página doscientos noventa y nueve, cuyos rubro y texto son:
"PRINCIPIO DE IMPUGNACIÓN DE LAS SENTENCIAS. CONSTITUYE UNA DE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO.-De los artículos 14, segundo párrafo; 17, segundo párrafo y 107, fracción III, inciso a), todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que constituye una formalidad esencial del procedimiento el hecho de que sea impugnable un acto definitivo de un tribunal que lesiona los intereses o derechos de una de las partes. En efecto, si los citados artículos 14 y 17 obligan, respectivamente, a que en los juicios seguidos ante los tribunales se respeten las formalidades esenciales del procedimiento y a que la justicia se imparta de manera completa e imparcial, y por su parte el aludido artículo 107 presupone la existencia de medios impugnativos en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio mediante los cuales se nulifiquen, revoquen o modifiquen, es evidente que dentro de dichas formalidades están comprendidos los medios ordinarios de impugnación por virtud de los cuales se obtiene justicia completa e imparcial."
Tampoco se advierte que en la resolución combatida se haya aplicado inexactamente la ley en materia penal en perjuicio de **********, pues ciertamente, la inexacta aplicación de la ley en materia penal se refiere a que un acontecimiento que no esté tipificado en la legislación como delito no puede conducir a la imposición de una pena, porque a todo hecho relacionado con la ley como antijurídico debe preverse expresamente la sanción que le corresponda, en caso de su comisión; lo que no acontece en el presente asunto, toda vez que la conducta atribuida al demandante del amparo, consistente en la pertenencia dolosa a una organización criminal conformada por más de tres personas, está prevista y sancionada como delito en los artículos 2o., fracción I y 4o., fracción I, inciso b), de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada vigente en la época de los hechos.
Por tanto, al ahora sentenciado no se le juzgó ni sentenció por analogía ni por mayoría de razón; en virtud de que la ley en que se sustentó el órgano revisor en segunda instancia, es la aplicable en cuanto al marco punitivo se refiere, entonces resulta erróneo el argumento respecto a que la determinación pronunciada por la autoridad responsable viola el precepto 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tutela la garantía de seguridad jurídica, pues en ningún momento quedó en estado de indefensión o incertidumbre jurídica.
No se soslaya que el artículo 2o., párrafo primero, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada haya sido modificado según reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintitrés de enero de dos mil nueve, en el sentido de que en la ley vigente en la época de los hechos se actualizaría la figura delictiva tanto en el caso de que tres personas acordaran organizarse o por el simple hecho de organizarse para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras, tengan como fin o como resultado cometer algún ilícito contra la salud; en cambio, en la ley especial vigente únicamente quedó la hipótesis de que tres o más personas se organicen de hecho, lo cual no impacta en los derechos del quejoso, en virtud de que esta última hipótesis es análoga a la de la ley anterior y es precisamente la que se le atribuye en el acto que por esta vía se combate.
De igual modo, debe decirse que contrariamente a lo alegado, la sentencia reclamada no vulnera lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, dado que el Tribunal Unitario responsable la emitió debidamente fundada y motivada, tal como se destacará en el cuerpo de esta ejecutoria.
En efecto, del análisis del acto reclamado se advierte que el tribunal responsable acató lo dispuesto en el párrafo primero del arábigo 16 de la Ley Fundamental, ya que la resolución combatida por esta vía está debidamente fundada y motivada, al invocarse los fundamentos de derecho que se estimaron aplicables al caso, tanto los que contienen la descripción típica del ilícito atribuido al quejoso, siendo el de delincuencia organizada previsto y sancionado en los artículos 2o., fracción I y 4o., fracción I, inciso b), de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada vigente en la época de los hechos; así como los relativos a la valoración de la prueba, consistentes en los numerales 40 y 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y 284, 285, 286, 288, 289 y 290 del Código Federal de Procedimientos Penales.
Luego, para cumplir con el parámetro de motivación del acto reclamado la autoridad de apelación responsable destacó la importancia de los elementos de prueba a partir de los cuales afirmó los presupuestos que justifican el dictado de la sentencia condenatoria y expresó las razones por las cuales les otorgó valor probatorio, así como precisó los motivos de desestimación de las pruebas y argumentos que derivaban de la defensa, por considerarlos insuficientes e ineficaces para revocar la sentencia recurrida en cuanto al delito que nos ocupa; en el entendido de que el mismo ejercicio de razonabilidad operó al justificar la aplicación de las consecuencias jurídicas del delito; aspectos de motivación que serán objeto de análisis y cuestionamiento en el siguiente apartado.
Lo que lleva a concluir que en la resolución combatida se expusieron las razones particulares por las cuales se otorgó valor probatorio a los medios de convicción relacionados con los hechos; por tanto, es inconcuso que la autoridad responsable fundó y motivó el acto reclamado; por lo que no existió violación a la garantía contenida en el precitado párrafo primero del artículo 16 de la Constitución General de la República.
Lo anterior, conforme a la jurisprudencia 260, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página ciento setenta y cinco, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.-De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."
También se advierte que de manera reiterada se aduce en los conceptos de violación, que la autoridad de apelación responsable no tomó en cuenta el principio de presunción de inocencia previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos tratados internacionales que el quejoso menciona, al condenarlo por el injusto de delincuencia organizada; sin embargo, ello deviene infundado cuenta habida de que, como acertadamente lo consideró quien dictó la ejecutoria materia de esta instancia constitucional, del conjunto de circunstancias y pruebas habidas en la causa penal de origen se advertían firmes imputaciones en su contra por parte de los coinculpados **********, alias ********** y **********, alias **********, quienes lo señalan como quien junto con el primero de los nombrados recibía instrucciones y una fotografía para identificar y rescatar las maletas con droga que llegaban en los vuelos de ********** procedentes de Bogotá, Colombia; por su parte, el testigo ********** lo vio el veintidós de marzo de dos mil siete (día en que se descubrió la actividad ilícita del grupo delincuencial) atendiendo el vuelo ********** de ********** (donde venía la maleta con heroína que se incautó), así como por el policía fiscal **********, quien lo reconoció como uno de los maleteros que se encontraba en la banda de equipaje donde se tenía que recoger el bagaje con droga, elementos de cargo que desvirtúan la presunción de inocencia que en principio opera en favor del inculpado.
De tal suerte que si bien el sentenciado rechazó las imputaciones que obran en su contra y negó su participación, necesariamente se encontraba obligado a probar los hechos positivos en que basa su postura excluyente, dado que no basta su sola negativa, no corroborada con elementos de convicción eficaces, para estimar como violentado el principio de presunción de inocencia en su contra; por lo que al no aportar medio convictivo apto y suficiente en que se sustentara su versión defensista, permite concluir que no se violentó el principio de mérito; ya que de admitir como válida y por sí misma suficiente la manifestación exculpatoria del quejoso, sería destruir todo el mecanismo de la prueba circunstancial; de ahí lo infundado de la alegación en estudio.
Adquiere vigencia por las razones que la informan, la jurisprudencia número 20, emitida por este Segundo Tribunal Colegiado, publicada en la Novena Época, Tomo XXIII, mayo de dos mil seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, localizable en la página un mil quinientos doce, que establece:
"DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.-La circunstancia de que determinados principios como los de debido proceso legal y presunción de inocencia no sólo estén consagrados en la Constitución Federal, sino también en tratados internacionales, no significa que no pueda justificarse una sentencia de condena o que todo acto de autoridad que afecte los intereses del procesado, como su libertad, trastoquen dichos principios. Por el contrario, lo que en ellos se establece es la condicionante de que dicha afectación al quejoso, en su caso, se vea justificada por la constatación de haberse observado o cumplido los requisitos que la propia ley contempla para que esa afectación quede enmarcada dentro de la legalidad en aras del interés público que es inherente al proceso penal y, en general, a la persecución de los delitos. Luego, si se obtiene que el sentido del fallo se justifica por haberse cumplido los requisitos legales exigidos por el caso y con base en la normatividad aplicable, resulta obvio que no se transgreden los principios aludidos y consagrados en la Constitución ni, por ende, los posibles tratados que igualmente los reconocieran."
Así como la tesis jurisprudencial 1a./J. 26/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos setenta y seis, Libro 5, Tomo I, abril de dos mil catorce, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de abril de 2014 a las 10:40 horas», cuyos título, subtítulo y texto son:
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA.-La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de ‘poliédrico’, en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de esas vertientes se manifiesta como ‘estándar de prueba’ o ‘regla de juicio’, en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los Jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se hayan aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona; mandato que es aplicable al momento de la valoración de la prueba. Dicho de forma más precisa, la presunción de inocencia como estándar de prueba o regla de juicio comporta dos normas: la que establece las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para considerar que es suficiente para condenar; y una regla de carga de la prueba, entendida como la norma que establece a cuál de las partes perjudica el hecho de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme a la cual se ordena absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho estándar para condenar."
En este contexto, debe destacarse que la lectura íntegra efectuada al acto que se combate por esta vía, permite apreciar que no se vulneraron garantías constitucionales en detrimento de **********, al condenarlo por el ilícito de delincuencia organizada, pues como acertadamente lo concluyó el tribunal responsable, de las constancias que integran los autos de primera y segunda instancia, se encuentran comprobadas la existencia del delito y su plena responsabilidad penal.
Ello es así, ya que en la forma como lo desarrolló la autoridad responsable en la determinación materia de este juicio de garantías, este Tribunal Colegiado advierte que la sentencia de que se trata es legal, porque basó la resolución en las reglas de valoración de la prueba establecidas en los preceptos 40 y 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en relación con los numerales 281, 284, 285, 286, 288, 289 y 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria en términos del artículo 7 de la ley especial antes citada, pues los elementos probatorios existentes en autos, debidamente relacionados y valorados en su conjunto de manera lógica y natural, más o menos necesario que existe entre la verdad conocida y la que se busca, conforme con lo reseñado por el Tribunal Unitario responsable, se consideran aptos y suficientes para acreditar, en términos del numeral 168 del código adjetivo invocado, los elementos del delito de que se trata así como la plena responsabilidad penal del sentenciado en su comisión, dado que le permitieron al ad quem llegar al conocimiento como hecho cierto, que ********** pertenecía a una organización de más de tres personas que tenían como fin realizar en forma permanente o reiterada ilícitos contra la salud, consistentes en la introducción a nuestro país de droga proveniente de Colombia, teniendo como centro de operaciones el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; acción que por sí integra el tipo penal que se le reprocha.
En este sentido, es menester precisar el contenido del artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales que a la letra dice:
"Artículo 168. El Ministerio Público acreditará el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad del indiciado, como base del ejercicio de la acción penal; y la autoridad judicial, a su vez, examinará si ambos requisitos están acreditados en autos.
"Por cuerpo del delito se entiende el conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como delito, así como los normativos, en el caso de que la descripción típica lo requiera.
"La probable responsabilidad del indiciado se tendrá por acreditada cuando, de los medios probatorios existentes, se deduzca su participación en el delito, la comisión dolosa o culposa del mismo y no exista acreditada a favor del indiciado alguna causa de licitud o alguna excluyente de culpabilidad.
"El cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad se acreditarán por cualquier medio probatorio que señale la ley."
Del precepto transcrito se advierte que se tendrán por acreditadas la existencia de un ilícito, así como la plena responsabilidad, cuando converjan los siguientes requisitos:
a) Que se compruebe la existencia del cuerpo del delito, lo cual se verificará cuando se justifique la existencia del conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como delito, así como los normativos, en el caso de que la descripción típica lo requiera; y,
b) Que se acredite la responsabilidad del procesado, esto es, cuando de los medios probatorios existentes, se deduzca su participación en el injusto, la comisión dolosa o culposa del mismo y no exista acreditada a su favor alguna causa de licitud o alguna excluyente de culpabilidad.
Ahora, el ilícito de delincuencia organizada (con la finalidad de cometer delitos contra la salud) que se imputa al aquí quejoso, está previsto y sancionado en los artículos 2o., fracción I y 4o., fracción I, inciso b), de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que establecen:
"Artículo 2o. Cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:
"I. ...contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero... del Código Penal Federal."
"Artículo 4o. Sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o delitos que se cometan, al miembro de la delincuencia organizada se le aplicarán las penas siguientes:
"I. En los casos de los delitos contra la salud a que se refiere la fracción I del artículo 2o. de esta ley.
"a) A quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión, respecto de la delincuencia organizada, de veinte a cuarenta años de prisión y de quinientos a veinticinco mil días multa, o
"b) A quien no tenga las funciones anteriores, de diez a veinte años de prisión y de doscientos cincuenta a doce mil quinientos días multa."
De lo anterior se colige que el delito en estudio es de comisión alternativa, pues puede actualizarse mediante la hipótesis conductual de "organizarse, o bien, por el hecho de acordar hacerlo"; con la finalidad de realizar conductas por sí mismas o unidas a otras, que regulan a su vez el fin o resultado de cometer alguno o algunos de los delitos que limitativamente se precisan; requiere de un elemento subjetivo específico (distinto del dolo), que se traduce en esa particular finalidad; se clasifica como de aquellos que la doctrina denomina "de resultado anticipado o cortado" pues para su configuración es irrelevante el que se logre o no la consumación, materialización, o simplemente exteriorización de las conductas que pudieran integrar a los diversos delitos que conformaren en abstracto la finalidad perseguida por la organización.
La simple organización fue motivo suficiente para que el legislador considerara como sancionable dicha conducta, sin que se exija la comisión de alguno de los delitos previstos en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en sus cinco fracciones, basta con que un grupo mayor a tres personas se organice con el fin de cometer un delito, para que por ese solo hecho se le pueda fincar responsabilidad penal por el mencionado ilícito.
También se trata de un tipo de puesta en peligro del bien jurídico, o lo que es lo mismo, de peligro abstracto, en donde no se requieren la existencia y comprobación del resultado material.
Además es doloso, abarcando el conocimiento de los aspectos objetivos y voluntad del autor o aceptar tal integración, es decir, el saber y querer de ese "pertenecer" al grupo que deliberadamente se organiza o acuerda organizarse, más claramente, la conducta típica es la de pertenencia consciente y voluntaria a la organización criminal conformada por más de tres personas.
Estos razonamientos derivan de la jurisprudencia II.2o.P. J/22, de este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, publicada en la página mil ciento noventa y cuatro, Tomo XXIV, septiembre de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto dicen:
"DELINCUENCIA ORGANIZADA, NATURALEZA DEL DELITO DE.-Conforme al artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la hipótesis delictiva se actualiza cuando: tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos que en diversas fracciones se precisan de manera limitativa en el propio numeral. De lo anterior se obtiene que, desde el punto de vista de la dogmática jurídica penal, el aludido delito puede clasificarse como de naturaleza plurisubjetiva, puesto que se requiere de un número mínimo de activos, que es de tres personas; de comisión alternativa, pues puede actualizarse mediante la hipótesis conductual de ‘organizarse, o bien, por el hecho de acordar hacerlo’; ello con la finalidad de realizar conductas que por sí mismas o unidas a otras, que regula a su vez el fin o resultado de cometer alguno o algunos de los delitos que limitativamente se precisan; por tanto, requiere de un elemento subjetivo específico (distinto del dolo), que se traduce en esa particular finalidad; además, puede clasificarse como de aquellos que la doctrina denomina ‘de resultado anticipado o cortado’ puesto que para su configuración es irrelevante el que se logre o no la consumación, materialización, o simplemente exteriorización de las conductas que pudieran integrar a los diversos delitos que conformaren en abstracto la finalidad perseguida por la organización. Además, es sin duda un delito doloso, en donde el dolo debe abarcar el conocimiento de los aspectos objetivos y la voluntad del autor o aceptar tal integración, esto es, el saber y querer de esa pertenencia al grupo que deliberadamente se organiza o acuerda organizarse."
En el caso a estudio, están acreditados los elementos del tipo penal de delincuencia organizada previsto y sancionado en los artículos 2o, fracción I, en relación con el 4o., fracción I, inciso b), ambos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, así como la plena
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25816-7588260a/delincuencia-organizada-para-comprobar-el-dolo-de-pertenencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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