DELINCUENCIA ORGANIZADA. LA TEORÍA DE ACUSACIÓN DELIMITA EL MARCO FÁCTICO DE DECISIÓN JUDICIAL, POR LO QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE RESOLVER CONFORME A LAS MODALIDADES DE INTERVENCIÓN PRECISADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO. PRUEBA DE ESCUCHA O INTERVENCIÓN TELEFÓNICA POLICIAL. EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE PERFECCIONARLA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE LOS INTERLOCUTORES. PRUEBA DE ESCUCHA O INTERVENCIÓN TELEFÓNICA POLICIAL. PARA OTORGARLE EFICACIA PROBATORIA EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE PERFECCIONARLA EN JUICIO, EN TÉRMINOS DE LA REGLA APLICABLE AL TESTIMONIO DE UN ELEMENTO POLICIAL.
AMPARO DIRECTO 672/2025. 4 DE DICIEMBRE DE 2025. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADOS JOSÉ NIEVES LUNA CASTRO, RICARDO GARDUÑO PASTEN Y ALMA JEANINA CÓRDOBA DÍAZ. PONENTE: RICARDO GARDUÑO PASTEN. SECRETARIO: GUILLERMO PÉREZ GARCÍA.
Toluca de Lerdo, Estado de México. Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, correspondiente a la sesión ordinaria virtual celebrada en forma remota el cuatro de diciembre de dos mil veinticinco.
V I S T O para resolver el juicio de amparo directo 672/2025; y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de octubre de dos mil veinticinco, ante el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito con residencia en Toluca, Estado de México, ***** ******** ********, por propio derecho, promovió juicio de amparo directo contra el acto que atribuyó a la autoridad responsable, de la siguiente manera:
"III.- AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE APELACIÓN DEL SEGUNDO CIRCUITO, COMO TRIBUNAL DE ALZADA, COM DOMICILIO CONOCIDO.
IV. ACTO RECLAMADO. La Sentencia definitiva dictada en el Toca Penal 539/2023 de fecha 05 de junio de 2024, dictada por los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito como Tribunal de Alzada."
SEGUNDO. Derechos fundamentales vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos humanos violados los previstos en el artículo 1°, 14, 16, 17, 20 apartado A, fracción V, y apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el diverso 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
TERCERO. Trámite del juicio de amparo. El Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con residencia en esta Ciudad, recibió la demanda de amparo y, previó el trámite correspondiente, la remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito, quien a su vez la turnó a este Segundo Tribunal Colegiado en la materia y sede señaladas.
Por auto de Presidencia de cuatro de noviembre de dos mil veinticinco, este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de Segundo Circuito, ordenó su registro con el consecutivo ******** y requirió al Tribunal de Apelación para que realizara la vinculación del toca penal ******** y la causa penal ******** constancias de donde emana el acto reclamado.
Previo desahogo por acuerdo de once de noviembre de dos mil veinticinco, este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, admitió a trámite, la demanda promovida por ***** ******** ********* contra la sentencia de cinco de junio de dos mil veinticuatro, dictada en el toca de apelación ********* del índice del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, en la que modificó la sentencia condenatoria dictada el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, en la causa penal ********, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (altiplano) en funciones de Tribunal de Enjuiciamiento.
De igual forma, este órgano jurisdiccional reconoció el carácter de tercero interesado al representante social que intervino en el procedimiento penal del que deriva el acto reclamado; de conformidad con lo previsto en el artículo 5°, fracción III, incisos c) y e), de la Ley de Amparo; además, se hizo del conocimiento la tramitación del juicio al representante social adscrito a este órgano jurisdiccional.
CUARTO. Emplazamiento de los terceros interesados. Durante la sustanciación del juicio de amparo se emplazó al representante social que intervino en el procedimiento penal del que deriva el acto reclamado, como se advierte de las constancias de autos.
QUINTO. Auto de turno. Por acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil veinticinco, se turnó el presente asunto a la ponencia del Magistrado Ricardo Garduño Pasten para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, con fundamento en el artículo 183 de la Ley de Amparo; quien a partir del dieciséis de septiembre de dos mil veinticinco, se incorporó nuevamente a este órgano colegiado; y,
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo directo, toda vez que se reclama una resolución definitiva emitida por una autoridad judicial del orden federal, que tiene su residencia en el ámbito territorial en que ejerce jurisdicción este Órgano Colegiado.(1)
SEGUNDO. Oportunidad en la presentación de la demanda y legitimación. El juicio de amparo se promovió oportunamente(2) y por parte legítima.(3)
TERCERO. Certeza del acto reclamado. La existencia del acto reclamado al Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, quedó debidamente acreditada con el informe justificado rendido por dicha responsable.
Documentales que adquieren eficacia demostrativa, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, al haber sido expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones, y en términos de la jurisprudencia con registro 2004362, identificada con el número 43/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro:
"VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.".
CUARTO. Innecesaria transcripción del acto reclamado y conceptos de violación. No se transcribirá la resolución combatida ni los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, con la finalidad de evitar repeticiones innecesarias, aunado que no existe precepto legal en la Ley de Amparo que imponga tal obligación.
Además, lo anterior no es impedimento para que este tribunal colegiado cumpla con los principios de congruencia y exhaustividad que deben contener las sentencias de amparo; pues, esos principios se cumplen cuando en la resolución se precisan los aspectos sujetos a debate que deriven de la sentencia combatida y las inconformidades planteadas, así como de su estudio y respuesta, sin introducir aspectos distintos a los que conformen la litis, como se realizará en esta ejecutoria.
Sirve de sustento a lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 164618, de rubro:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.".
QUINTO. Estudio del asunto. Los conceptos de violación resultan sustancialmente fundados aunque para arribar a esa conclusión, en parte, deba suplirse en parte la queja deficiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a de la Ley de Amparo.
El acto reclamado a través del juicio de amparo es la resolución de cinco de junio de dos mil veinticuatro, dictada en el Toca de Apelación ***/2023, dictada por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, en la cual se determinó:
1. Dejar sin materia el recurso de apelación que hizo valer Fiscalía General de la República contra la sentencia absolutoria emitida el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, en la causa penal ***/2020, en favor de **** ******* ******** *****, ********* ******* *******, ****** ****** ******, ***** ***** ******, ******* ****** *****, ***** ********* ******* y ****** **** *********, por su responsabilidad penal en la comisión del delito Delincuencia Organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, previsto en el artículo 2, fracción IX, y sancionado por el diverso 4, fracción I, inciso a), para los cuatro primeros, y b) para los tres restantes, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
2. Modificar la parte de la decisión emitida el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, en la causa penal ***/2020, por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano), en funciones de Tribunal de Enjuiciamiento, y dictar sentencia condenatoria contra el quejoso y otros por el delito Delincuencia Organizada con la finalidad de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos, contemplado en el artículo 2, fracción IX, y penado en el diverso 4, fracción I, inciso a) de la citada ley especial.
De esas determinaciones, la que será materia de estudio en esta ejecutoria es la relativa la sentencia de condena dictada en contra del impetrante de garantías por el delito de Delincuencia Organizada; de forma que queda intocado el diverso estudio absolutorio por no deparar perjuicio alguno a quien acude a la vía constitucional.
Previo a su estudio, se considera necesario establecer que, contrario a lo que se alega, no se advierten violaciones procesales que ameriten la reposición del procedimiento, en términos del artículo 174 de la Ley de Amparo.
Además, es importante mencionar que no se advierte conflicto de intereses entre las personas imputadas en la medida que no se advierte se hubieran vertido imputaciones recíprocas en contra.
En cambio, en la demanda de amparo se aduce que la sentencia reclamada trasgrede lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Federal, lo cual es fundado y suficiente para conceder la protección federal; siendo esto lo que en este momento se advierte representa el mayor beneficio para el promovente.
En efecto, después de examinar la resolución reclamada se advierte que en ésta existen las siguientes cuestiones procesales irregulares que impactan de manera negativa tanto en la acreditación del delito de delincuencia organizada y la responsabilidad penal del quejoso en su comisión, que ameritan la concesión del amparo solicitado:
I. Transgresión al principio de congruencia externa, acusación, presunción de inocencia, imparcialidad judicial y defensa adecuada;
II. Insuficiente fundamentación y motivación;
III. Indebida fundamentación y motivación en el estudio del delito de Delincuencia Organizada y la responsabilidad penal del quejoso en su comisión; y,
IV. Indebida fundamentación y motivación en el estudio de la individualización de la pena.
Lo anterior, por las razones que enseguida se exponen:
I. Trasgresión a los principios de congruencia externa, acusación, presunción de inocencia, imparcialidad judicial y defensa adecuada.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el principio de congruencia externa de las sentencias estriba en que éstas deben dictarse en concordancia con la demanda y la contestación formuladas por las partes, de manera que su transgresión se presenta cuando la parte dispositiva de la sentencia no guarda relación con la pretensión de las partes, concediendo o negando lo que no fue solicitado.(4)
Llevada esta premisa a la materia penal, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que llegue a dictarse en un asunto penal, tiene que ser acorde a la acusación del Ministerio Público, en términos del artículo 21 de la Constitución Federal,(5) lo mismo que atendiendo la estrategia de defensa que en su caso se haya empleado.
Esa obligación se encuentra contenida en el artículo 68 de Código Nacional de
Procedimientos Penales, del tenor:
"Artículo 68. Congruencia y contenido de autos y sentencias
Los autos y las sentencias deberán ser congruentes con la petición o acusación formulada y contendrán de manera concisa los antecedentes, los puntos a resolver y que estén debidamente fundados y motivados; deberán ser claros, concisos y evitarán formulismos innecesarios, privilegiando el esclarecimiento de los hechos."
Para efectos de la materia penal es indispensable tener clara esa situación, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación, ha establecido que conforme a los principios de acusación, presunción de inocencia, imparcialidad judicial y defensa adecuada (que configuran el derecho humano a un debido proceso), siempre que el Ministerio Público no especifique en el escrito de consignación los hechos y la conducta que se atribuyen al inculpado, la autoridad judicial carece de facultades para deducir y configurar dichos elementos a través de la revisión oficiosa de la averiguación previa, para el efecto de resolver la situación jurídica del inculpado.(6)
Así, al dictarse una sentencia penal, el juzgador debe limitarse a analizar las circunstancias precisadas en la acusación, so pena de trasgredir los principios de congruencia externa, acusación, presunción de inocencia, imparcialidad judicial y defensa adecuada.
Lo anterior, sin que pase inadvertido que en este momento, acorde a lo dispuesto por el artículo 21 Constitucional, en determinados casos, un particular con la calidad de víctima, puede también establecer los límites de la acusación; sin embargo, en este caso, ni se surte esa hipótesis por el delito de que se trata, ni un particular instó la acción penal contra el quejoso.
Precisado lo anterior, debe decirse que se estiman trasgredidos los principios aludidos por lo siguiente:
En la sentencia reclamada se destacó:
"(...) el Ministerio Público Federal expuso en sus alegatos de apertura, que probaría, más allá de toda duda razonable, que al menos desde el cuatro de agosto de dos mil diecinueve, existe una agrupación criminal integrada por más de tres personas organizadas de manera jerárquica, liderada por el mencionado en el párrafo anterior,(7) cuya actividad principal era cometer delitos en materia de hidrocarburos, y a la cual también pertenecían el resto de los acusados.
3. Hecho que la representación social sustentó en las pruebas que fueron desahogadas a la postre durante la propia audiencia de juicio y que hizo consistir en: (...)".
En la sentencia reclamada se tiene por demostrada la existencia del delito de Delincuencia Organizada y que el ahora quejoso lo ejecutó en calidad de administrador, director o supervisor;(8) para ello, se advierte que en ella se destaca lo que se considera se desprende de las pruebas desahogadas en juicio, parafraseando el contenido de éstas, sin hacerlo en confronta de la acusación de la Fiscalía.
Asimismo, con respeto, pareciera que la sentencia de primer grado y la de segundo grado son el límite de la acusación.
Efectivamente, no se establece en particular, en qué consistió la acusación que formuló la Fiscalía en contra del quejoso, pues al inicio de la resolución reclamada se habla en lo general del hecho que aseguró la fiscalía habría de demostrar; y, después, no se vuelve a indicar cuáles fueron los hechos concretos en circunstancias de modo, lugar y tiempo en que se estima, el quejoso ejecutó del delito de que se trata; menos se explica en qué consistió la acusación específica de que administrador, director o supervisor.
La acusación, como ya se explicó, no puede ser dogmática ni pasada por alto o superada, pues como se dijo, es la base para determinar si se formula juicio de reproche contra una persona o no.
En los estrictos términos supratrascritos de la impresión que al quejoso se le acusó de ser parte de una agrupación delictiva que existe desde el cuatro de agosto de dos mil diecinueve, misma que comercializa con hidrocarburo y, que lidera **** ******* ******** ******** ***** ** ******** *** ** ******* * ** ** ****** ** ** **.
De forma que, en su apariencia no se exponen las circunstancias concretas de modo, lugar y tiempo en que se considera por la fiscalía que el impetrante de amparo ejecutó el delito de Delincuencia Organizada, pues ese señalamiento destacado en la sentencia reclamada como de acusación es totalmente genérico y dogmático.
En la sentencia reclamada deben exponerse con claridad las circunstancias de modo, lugar y tiempo en que se considera en la acusación quedó demostrado que el imputado ejecutó el delito que se le atribute, en este caso, el de Delincuencia Organizada y, exponer si se considera que se incorporó a una organización previamente existente o si conformó ésta de origen; empero, no se hace con la precisión requerida, pues se indica que existen indicios que a partir de dos mil diecinueve, el ente criminal sobornaban a diversas autoridades, entre ellas, a personal de Petróleos Mexicanos y para sus actividades irregulares utilizaban armas de fuego y se valían de medios violentos (foja 192 de la sentencia).
Tampoco se expone, en función de la acusación, cómo el quejoso dirigió la agrupación (Circunstancias de modo, lugar y tiempo de ejecución del ilícito que debió exponer el Ministerio Público).
De igual forma, no se expone si aquello que se determinó en la sentencia de primer grado es coincidente con la materia de la acusación.
Aspectos mencionados que en el particular eran de vital importancia porque el Ministerio Público es quien fija los límites de la acusación y, en este caso, existen un número considerable de personas que fueron llevadas a juicio y a las que se sentenció como administradoras, dirigentes o supervisoras, al quejoso se le señaló como dirigente; sumado a que el delito de Delincuencia Organizada permite diversas formas de ejecución en su forma básica y también en su forma especial; y, la atribuida al impetrante es la mayormente agravada.
Y, es que exigir ello no es una cuestión de capricho o que pueda pasarse por alto, porque como ya se vio, es una exigencia formal prevista en el artículo 68 del Código Nacional de Procedimientos Penales el que en cada determinación que resuelve la situación jurídica de una persona en el ámbito penal, se establezca en qué consiste el hecho que se atribuye por la Fiscalía como delictivo; y, en términos de ese precepto y los diversos 16 y 19 Constitucional el que la sentencia sea congruente; lo que habrá de examinarse en la vía ordinaria de apelación.
De hecho, es una cuestión notoria para este Tribunal el que en las sentencias que son revisadas en esta vía extraordinaria, por regla general, en aquellas que sostienen un juicio de reproche, se asiente como punto de partida en qué consiste la acusación específica del Ministerio Público en cuanto a las circunstancias de modo, lugar y tiempo de ejecución del delito atribuido al acusado; y, a partir de ello es que se determina si se demostró la teoría acusadora o no.
Sin embargo, se insiste, en la especie, después de estudiar la sentencia reclamada, se obtiene que en la misma no se realizó el ejercicio de exponer las circunstancias concretas de modo, lugar y tiempo que se fijó en la acusación como de ejecución del delito de que se trata por el impetrante.
Lo que no constituye una actividad menor, sino de gran importancia, porque es lo que permite establecer si, de entrada, la sentencia que se dicta es congruente con la acusación del Ministerio Público y si existió o no una trasgresión a los principios de acusación, presunción de inocencia, imparcialidad judicial y defensa adecuada.
Cierto, como ya se dijo, en función de los hechos concretos por los que el Ministerio Público haya acusado al quejoso, en cuanto a las circunstancias de modo, lugar y tiempo en que se considera ejecutó el delito de Delincuencia Organizada, es que se estima debe analizarse con libertad de jurisdicción si las pruebas desahogadas en juicio son suficientes para acreditar ese extremo.
Tal como lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CCXLVIII/2011 (9a.), con registro digital 160185, del siguiente contenido:
"SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. TEORÍA DEL CASO. El nuevo sistema procesal penal, a través del principio de contradicción, garantiza la igualdad procesal de las partes prevista en el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en la medida en que se les permite escuchar de viva voz las argumentaciones de la contraria para apoyarlas o rebatirlas y observar desde el inicio la manera como formulan sus planteamientos en presencia del juzgador. Así, tanto el Ministerio Público como el imputado y su defensor, deben exponer al juzgador su versión de los hechos con base en los datos que cada uno de ellos aporte, a fin de lograr convencerlo de su versión, la cual ha sido denominada en la literatura comparada como "teoría del caso", que puede definirse como la idea central o conjunto de hechos sobre los que versará la participación de cada parte, a efecto de explicarlos y determinar su relevancia, dotándolos de consistencia argumentativa para establecer la hipótesis procesal que pretende demostrarse y que sustentará la decisión del juzgador, la cual deberá vincularse con los datos aportados para desvirtuar aquellos en que se apoyen las afirmaciones de su contraparte, de manera que la intervención de las partes procesales puede resumirse en: presentación, argumentación y demostración. En otras palabras, la teoría del caso se basa en la capacidad argumentativa de las partes para sostener que está acreditado un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o haya participado en su comisión, o bien, que existe alguna excluyente de responsabilidad o la destrucción de la proposición que se realiza contra el imputado y que desvirtúa las evidencias en que se apoya."
Por ello, como se omitió realizar ese ejercicio confrontativo, se considera que la resolución reclamada deviene trasgresora del artículo 16 Constitucional en perjuicio del quejoso; y, máxime, porque se le atribuye la ejecución del injusto de Delincuencia Organizada en la modalidad de administración, dirección o supervisión, sin exponerse en la sentencia en concreto cual o cuales de esas actividades específicas desarrolló, según la acusación, pues en el apartado de la responsabilidad se concluyó de manera general que los acusados contaban con funciones de dirección (foja 135 de la sentencia).
Incluso, en cuanto a la temporalidad de ejecución del delito es importante mencionar que en la sentencia reclamada se dice que se demostró la existencia de una agrupación delictiva con presencia desde el cuatro de agosto de dos mil diecinueve, como acusó el Ministerio Público;(9) sin embargo, no se dice cómo estableció la Fiscalía se demostró la existencia de la agrupación delictiva respectiva desde esa data, ni qué dijo el Ministerio Público respecto a la data en la cual se ubicó el quejoso dentro del grupo delictivo, siendo importante mencionar que las pruebas desahogadas en juicio y relacionadas en la sentencia reclamada (obviamente de data posterior a la mencionada) no dan cuenta de esa fecha, más allá de la mención que se hace de esa data con relación a una denuncia anónima que en la propia sentencia se dice no se le daría valor probatorio.
Asimismo, en el acto reclamado se establece que en la acusación se dijo que estaba demostrada la existencia de una agrupación criminal liderada por **** ******* ******** ******** ***** ** ******** *** ** ******* * ** ** ****** ** ** ** y otros, integrada por más de tres personas organizadas de manera jerárquica; y, que su actividad principal era cometer delitos en materia de hidrocarburos; empero, no se indica en qué forma concreta se acusó al quejoso de ejecutar el delito de que se trata como administrador, director o supervisor.
De igual forma, en la sentencia reclamada no se establece en concreto, en función de la acusación, en qué lugar o lugares se ejecutó el delito de Delincuencia Organizada que se atribuye al quejoso; sólo se hacen citas genéricas en ese sentido (fojas 148 a 149 de la sentencia).
Todo ello lleva a considerar que la sentencia reclamada adolece del referido requisito formal, lo cual no puede ser superado por esta autoridad de amparo, sino que, debe ser subsanado por la autoridad responsable, porque en esta vía constitucional sólo en función de la actividad que realice es que puede determinarse si un juicio de reproche es legal o no.
II. Insuficiente fundamentación y motivación.
En la ejecutoria de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resolvió la Contradicción de Tesis 133/2004, se estableció que la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, teniendo como apoyo el o los preceptos jurídicos que le permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate.
En abono a lo mencionado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que en el delito de Delincuencia Organizada previsto en el artículo 2o., párrafo primero, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se sanciona el hecho de que tres o más personas se organicen con un fin delictivo, independientemente de que realicen o no los delitos que pretenda llevar a cabo la organización, lo cual indica su autonomía frente al delito-fin y, en este sentido, los miembros activos se corresponden con los fines de la organización, que exige una actualización clara y permanente de pertenencia, por lo que el actuar reprochable de los sujetos activos se da como un acto instantáneo de formar parte de dicha organización y, por ende, personalísimo de integrar ese grupo.
Actuar que indicó, se realiza de forma individual, sin necesidad de división de actos conformadores de la efectiva comprensión de la conducta punible, a título de autoría directa y material, en términos del artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal; de ahí que sea innecesario el acuerdo previo entre los integrantes del grupo, que corresponde al elemento esencial de la coautoría.(10)
Al respecto, en jurisprudencia, este Tribunal ha estableció que para cumplir cabalmente con el artículo 19 Constitucional, en cuanto a la exigencia de ubicación del acto delictivo en circunstancias de modo, tiempo y lugar, debe atenderse a la naturaleza del delito de que se trata, y que si bien es cierto que tratándose de un delito permanente o de tracto sucesivo, como podría clasificarse el llamado "contra la delincuencia organizada", no habrá de buscarse una fecha exacta o lugar único de consumación, como puede esperarse en los instantáneos, ello no significa que la autoridad judicial esté exenta de dicha obligación, pues respecto de dichos ilícitos de naturaleza permanente, esas circunstancias deben destacarse resaltando la temporalidad y peculiaridad de cada uno de los actos que se estiman significativos para probar, en su caso, esa existencia y continuidad de ejercicio del comportamiento de efectos permanentes que constituyen el hecho reprobable.
Así, ha determinado que tratándose del delito previsto en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la exigencia constitucional en comento, debe satisfacerse motivadamente, señalando los actos concretos de intervención del indiciado de que se trate, conforme a las circunstancias espacio-temporales de verificación y dentro del ámbito de validez temporal de la ley respectiva y las pruebas en que tal afirmación se sustente; es decir, debe ubicarse la temporalidad de la pertenencia a la agrupación utilizando para ello la cita de los actos concretos de intervención conforme a los fines de la agrupación de las que sí se deben precisar suficientemente circunstancias espacio temporales, mas no porque fuesen dichos actos el objeto de reproche, sino como parámetro o referencia útil para constatar la pertenencia al grupo que es lo que verdaderamente constituye el núcleo típico del delito de que se trata.(11)
Este Segundo Tribunal Colegiado también ha establecido que en aras de cumplir con la debida motivación que exige el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a los actos de autoridad, con independencia de la comprobación del delito específico que en su caso resulte, es menester acreditar la intención de los sujetos (tres o más) de organizarse de manera permanente o reiterada con el propósito abstracto de cometer delitos y en cada uno la pertenencia voluntaria en esa agrupación.
Así, se indicó que debía demostrarse que sabían que la configuración y organización de sus asociados eran con el fin de delinquir, y que su intención fue formar parte de ésta (ya sea habitual u ocasionalmente) compartiendo su finalidad, esto es, que estaban dispuestos a participar en delitos aún no determinados específicamente, pues se trata de un delito doloso por excelencia y de peligro abstracto.(12)
Igualmente, este Segundo Tribunal ha determinado que en el delito de Delincuencia Organizada, la conducta típica es la de pertenencia consciente y voluntaria a la organización criminal conformada por más de tres personas, siendo irrelevante que se participe o no del acuerdo inicial o fundante de la organización, de manera que si ésta ya existe, el ilícito se configura (en lo individual) con motivo de la integración posterior de otros implicados, y si bien el dolo de pertenencia no se satura únicamente con la finalidad de pertenecer, sino con la materialización de facto, y éste implica la aprobación de la organización, ello no signi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33915-2642a0f2/delincuencia-organizada-la-teoria-de-acusacion-delimita-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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