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Modo: Corpus Pro

DELINCUENCIA ORGANIZADA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 41, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EL 16 DE JUNIO DE 2016.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 314/2016. · Registro digital (IUS): 28385
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Pág. 516.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 314/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 9 DE MAYO DE 2018. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS EN CUANTO AL FONDO, DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. DISIDENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: JULIO CÉSAR RAMÍREZ CARREÓN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia.

Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General; 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos Circuitos, en un tema de materia penal que corresponde a la especialidad de la Primera Sala.

Lo anterior tiene sustento, además, en el criterio emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, contenido en la tesis I/2012 (10a.) de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."

SEGUNDO.—Legitimación del denunciante.

La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo constitucional y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por **********, quien fue parte en juicio de amparo directo **********, fallado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito el 1 de julio de 2015, criterio que participa en la presente contradicción.

TERCERO.—Posturas contendientes.

1. Resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito al resolver el amparo directo **********.

a) Antecedentes:

El 27 de abril de 2015 **********, promovió juicio de amparo en contra de la sentencia dictada el 31 de agosto de 2010, en el toca penal **********. Esta resolución modificó la de primera instancia y lo declaró penalmente responsable en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, portación de armas de fuego sin licencia y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

De la demanda de amparo conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quien, mediante sentencia de 13 de agosto de 2015, determinó conceder el amparo solicitado. Entre otras cosas, el órgano de amparo consideró que el tribunal responsable incurrió en una indebida valoración de las declaraciones ministeriales obtenidas en una averiguación previa diversa a la que dio origen al proceso penal, ya que, a su juicio, no debieron ser valoradas como testimonios, al no tener dicho carácter.

b) Consideraciones del Tribunal Colegiado en relación con la valoración de declaraciones rendidas en una averiguación previa diversa.

En lo que interesa para la resolución del presente asunto, el Tribunal Colegiado realizó las siguientes consideraciones:

En primer lugar, advirtió que el quejoso no contó con una sentencia irrevocable donde constara plenamente la preexistencia de la organización delictiva a la que se vinculó a éste. No obstante, el Ministerio Público consignador allegó diversas declaraciones ministeriales referentes a averiguaciones previas relacionadas, las cuales no fueron sometidas al contradictorio de las partes. Ello, pues se trató de declaraciones que fueron emitidas ante un órgano que en ese momento tenía la calidad de autoridad y no de parte, como se da únicamente dentro de un proceso.

En virtud de lo anterior, el Tribunal Colegiado consideró que el problema jurídico se centraba en el hecho de que la autoridad responsable otorgó valor probatorio de indicio a las copias certificadas de diligencias que obran en diversas averiguaciones previas diversas, las cuales contienen las declaraciones ministeriales que sirvieron para establecer los elementos del delito de delincuencia organizada.

Al respecto, el órgano de amparo observó que el tribunal de apelación tomó en consideración el contenido de las declaraciones ministeriales que en copia certificada fueron recabadas por la representación social de otras averiguaciones previas y las valoró como indicios, de acuerdo con los artículos 40 y 41 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 285 y 289 del Código Federal de Procedimientos Penales. No obstante, contrario a lo aducido por la autoridad responsable, el Tribunal Colegiado consideró que a pesar de que dichas copias certificadas se refirieran a una declaración de hechos no podían trasladarse con la calidad de prueba testimonial al proceso penal que enfrentaba el quejoso. Ello, en virtud de que no eran pruebas testimoniales admitidas en un proceso penal diverso, las cuales pudieran ser valoradas en el proceso a estudio.

Para dar claridad a lo anterior, el órgano de amparo procedió a analizar el artículo 41 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Así, el Tribunal Colegiado señaló que, de acuerdo con dicho precepto, el legislador estableció la posibilidad de que las pruebas que hubiesen sido admitidas en un proceso puedan ser utilizadas a su vez por la autoridad investigadora para la persecución de la delincuencia organizada y ser valoradas, con esa calidad, en otros procedimientos relacionados con el mismo delito.

A fin de comprender esta norma, el Tribunal precisó que el proceso penal es una secuencia de procedimientos que tiene como finalidad resolver los conflictos de intereses y llegar al dictado de una sentencia que siempre es pronunciada por una autoridad judicial. Asimismo, aclaró que, si bien, el Código Federal de Procedimientos Penales señala que dentro de los "procedimientos" a que dicho código se refiere, se encuentra la averiguación previa, ello no es razón suficiente para establecer que el proceso penal inicia desde esa etapa.

Al respecto, el Tribunal Colegiado refirió que el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Penales establece que el proceso penal federal tiene cabida a partir del procedimiento de preinstrucción, en el cual se realizan las actuaciones para determinar los hechos materia del proceso, la clasificación de éstos conforme al tipo penal aplicable y la probable responsabilidad del inculpado, o en su caso la libertad de éste por falta de elementos para procesar.

De esta manera, el Tribunal Colegiado afirmó que por "pruebas admitidas en un proceso penal", debía entenderse aquellas que son ofrecidas ante el Juez de la causa, a partir de que la autoridad investigadora culminó la etapa de averiguación previa, para dar inicio a la etapa de preinstrucción y propiamente al proceso penal; lo anterior, dado que este último no comprende a la etapa de investigación que realiza el Ministerio Público.

En este contexto, el órgano colegiado sostuvo que las pruebas a que se refiere el artículo 41 de la ley en comento, son aquellas admitidas por el Juez ante quien se inició el mismo. Excluyéndose de esa hipótesis normativa las que se hubiesen recabado en una averiguación previa distinta a la que se le instruye a determinada persona, pues no se trata de pruebas admitidas en un proceso penal, en tanto que esa etapa no forma parte de este último.

Asimismo, refirió que lo establecido en el párrafo segundo del artículo 41 de la ley federal otorgaba certeza jurídica, dado que, a pesar de que se obtuvieran pruebas admitidas de otros procesos para acreditar el delito o la responsabilidad penal de una persona en un proceso distinto, lo cierto era que aquellas pruebas ya habían sido admitidas por un Juez, quien debió cerciorarse tanto de su idoneidad y pertinencia, como de la legalidad de su obtención en términos del artículo 206 del Código Federal de Procedimientos Penales.

En este sentido, consideró que los argumentos del quejoso en los que señaló que las copias certificadas de las declaraciones ministeriales que obraban en el expediente no cumplían con la calidad de prueba admitida en otro proceso conforme al artículo 41 de la ley federal, debían calificarse como fundados.

Finalmente, refirió que las copias certificadas de las declaraciones ministeriales constituían documentos públicos, al contener una certificación realizada por una autoridad que tiene fe pública. Por ello, consideró que la autoridad responsable podía otorgarles valor probatorio pleno, toda vez que dan certeza de que una persona compareció a rendir una declaración ante el agente del Ministerio Público. Sin embargo, aclaró que, en cuanto a su contenido, es decir en lo que respecta a los hechos sobre los que declaró la persona de que se trata, no podía valorarse conforme a las reglas de la prueba testimonial, quedando a la prudente valoración de la autoridad responsable el alcance que se le pudiera dar a la información ahí contenida.

En consecuencia, determinó que lo procedente no era excluir dichas declaraciones ministeriales, sino ordenar que la autoridad responsable las valorara nuevamente como lo estimara prudente, tomando en cuenta que su contenido no puede ser valorado conforme a los requisitos de la prueba testimonial.

2. Resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito al resolver los amparos en revisión 246/2014, 107/2015, 297/2015, 264/2015, 101/2015 y 265/2015.

Al resolver los amparos en revisión 246/2014, 107/2015, 297/2015, 264/2015, 101/2015 y 265/2015, el Tribunal Colegiado analizó la constitucionalidad de diversos autos de formal prisión dictados en contra de diversos quejosos. En dichos asuntos, el Tribunal Colegiado reiteró las consideraciones vertidas al resolver el amparo directo 98/2015. Así, consideró que las autoridades responsables –al dictar el auto de formal prisión– no debieron concederle el valor de testimonio a las declaraciones ministeriales rendidas en averiguaciones previas diversas a las causas penales de origen.

En esa misma línea, al resolver el amparo en revisión **********, el Tribunal Colegiado consideró que no se le debió dar el valor de documental pública a diversas constancias que obraban en otras indagatorias, pues, en atención al contenido del segundo párrafo del artículo 41 de la ley especial, dichos medios probatorios no constituyen pruebas documentales admitidas en un proceso penal diverso, lo cual es requisito indispensable para poder ser valoradas en éste.

Derivado de estos asuntos, el Tribunal Colegiado emitió la tesis jurisprudencial II.1o.P. J/5 (10a.), con el rubro y texto siguientes:

"DELINCUENCIA ORGANIZADA. LAS COPIAS CERTIFICADAS DE AVERIGUACIONES PREVIAS QUE CONTIENEN TESTIMONIALES DE COINCULPADOS O TESTIGOS DE CARGO, OFRECIDAS EN EL PROCESO POR EL MINISTERIO PÚBLICO PARA ACREDITAR ESTE DELITO Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL INCULPADO, NO DEBEN VALORARSE EN CUANTO A SU CONTENIDO, COMO PRUEBA TESTIMONIAL, SINO COMO DOCUMENTOS PÚBLICOS CON VALOR PROBATORIO PLENO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE DICHAS DECLARACIONES DEBAN EXCLUIRSE DEL MATERIAL PROBATORIO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 41, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA). De los artículos 1o. y 4o. del Código Federal de Procedimientos Penales se advierte que el proceso penal federal comienza a partir del procedimiento de preinstrucción, en el cual se realizan las actuaciones para determinar los hechos materia del proceso; por tanto, las pruebas admitidas en éste, son aquellas que se ofrecen ante el Juez a partir de que la autoridad investigadora culminó la etapa de averiguación previa, es decir, una vez que consignó. Por su parte, el artículo 41, párrafo segundo, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada establece que las pruebas admitidas en un proceso podrán ser utilizadas por la autoridad investigadora para la persecución de este ilícito y ser valoradas como tales en otros procedimientos relacionados con los delitos a que se refiere la propia ley. En ese sentido, las pruebas a que alude esta porción normativa son aquellas admitidas por el Juez ante quien se inició el proceso, excluyendo de dicha hipótesis normativa las que se hubiesen recabado en una averiguación previa distinta a la que se instruye a determinada persona; de ahí que si la autoridad ministerial ofrece como pruebas en el proceso penal las copias certificadas de diversas averiguaciones previas que contienen testimoniales de coinculpados o testigos de cargo, para acreditar el delito de delincuencia organizada y la responsabilidad penal del inculpado en su comisión, aquéllas únicamente deben valorarse como documentos públicos con valor probatorio pleno, al contener una certificación realizada por una autoridad con fe pública, con el alcance de generar certeza de que una persona, en determinada fecha, compareció a rendir su declaración ante el Ministerio Público; sin embargo, en cuanto a su contenido, respecto a los hechos declarados, no deben valorarse como prueba testimonial, por considerarse que cumplen los requisitos del artículo 289 del referido código, en virtud de que, de la interpretación del párrafo segundo del mencionado artículo 41, se obtiene que éste sólo contempla las pruebas admitidas en un proceso penal del que no forma parte la averiguación previa en donde se desahogaron dichas testimoniales, y que fue ofrecida como prueba por la representación social para acreditar el delito y la responsabilidad penal del imputado; por tanto, esas declaraciones no pueden trasladarse con la calidad de una prueba testimonial al proceso penal iniciado contra determinada persona, por lo que debe quedar a la prudente valoración de la autoridad responsable el alcance que le pueda otorgar a la información ahí contenida, sin que ello implique que deban excluirse del material probatorio, al ser recabadas conforme a las facultades de investigación que prevén los artículos 21 de la Constitución Federal y 180 del indicado código."

3. Resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito al resolver el amparo directo **********.

a) Antecedentes:

El 5 de enero de 2015, **********, promovió juicio de amparo en contra de la sentencia dictada el 28 de noviembre de 2008, en el toca penal ********** y su ejecución. Esta resolución confirmó la de primera instancia, en la que –junto a varios coacusados– fue sentenciado por la comisión de los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro y con la agravante de homicidio.

De la demanda de amparo conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, quien, mediante sentencia de 1 de julio de 2015, determinó conceder el amparo solicitado. Lo anterior, para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente su sentencia y, en su lugar, dictara una resolución en la que reiterara la acreditación del delito contenido en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en tanto que el quejoso decidió voluntariamente pertenecer a la organización; y lo absolviera de la acusación formulada en su contra por el delito de secuestro.

b) Consideraciones del Tribunal Colegiado en relación con la acreditación del delito de delincuencia organizada.

En lo que interesa para la resolución de este asunto, las consideraciones principales fueron las siguientes:

En el caso concreto, el quejoso alegó la inconstitucionalidad e invalidez del artículo 41, párrafo segundo y tercero de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Al respecto, el quejoso señaló que el segundo y el tercer párrafos eran violatorios de los artículos 16 y 20 constitucionales, pues permitían utilizar constancias que no se desahogaron ante el Juez de la causa, lo que rompía el principio de inmediación.

En adición a lo anterior, el impetrante adujo que las declaraciones ministeriales de cada uno de los inculpados fueron trasladadas de distintas indagatorias en copia fotostática que el mismo órgano investigador certificó. Por tanto, consideró que se trataba de pruebas ilícitas que debían ser invalidadas y no violaciones procesales que acarrearan la reposición del procedimiento.

Al respecto, el Tribunal Colegiado determinó que dichos conceptos de violación debían calificarse como infundados ya que la norma impugnada no era inconstitucional. De acuerdo con el Tribunal Colegiado, el artículo 41 contiene una regla especial prevista por el legislador por razones de política criminal para el caso de delincuencia organizada, de acuerdo con la cual, resulta válido que el juzgador valore como tales, las pruebas ofrecidas en otros procedimientos relacionados con ese delito.

En este sentido, el Tribunal Colegiado estimó que –conforme a lo establecido en el artículo 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, vigente en el momento de los hechos–, si el órgano acusador glosaba a la averiguación diversas declaraciones de testigos, rendidas en otras indagatorias, el juzgador estaba obligado a valorar las declaraciones contenidas en copias certificadas de averiguaciones previas diversas, como tales; esto es, como pruebas testimoniales de acuerdo con los artículos 285 y 289 del Código Federal de Procedimientos Penales. Por lo que no podían ser objeto de justipreciación, como si de una documental pública se tratara.

A mayor abundamiento, el Tribunal Colegiado refirió que, aun en este escenario, la valoración de las pruebas no debía ser arbitraria o caprichosa, sino que el juzgador debe atender a las reglas que establece el Código Federal de Procedimientos Penales. Por tanto, determinó que si tales pruebas eran ineficaces para tener por acreditado el delito y la responsabilidad del acusado, así debía declararse, a fin de no vulnerar los derechos de legalidad y debido proceso.

Por otra parte, el Tribunal Colegiado refirió que, contrario a lo que solicitó el quejoso en sus conceptos de violación, en el caso concreto no tenía aplicación el criterio jurisprudencial emitido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "DECLARACIONES DEL COIMPUTADO EN UNA AVERIGUACION PREVIA. NO PUEDEN FORMAR PARTE DEL ACERVO PROBATORIO DE UN JUICIO QUE VERSA SOBRE HECHOS RELACIONADOS.",(9) toda vez que versaba sobre una hipótesis distinta.

Al respecto, después de transcribir las consideraciones de esta Primera Sala que dieron origen a dicho criterio, el Tribunal Colegiado señaló que el delito de delincuencia organizada es un procedimiento sui géneris, en el que, por razones de política criminal, el legislador faculta expresamente a la representación social a recabar copias certificadas de otras indagatorias, para que obren como tales en la presente. En consecuencia, consideró que no era posible aplicar el criterio jurisprudencial invocado por el quejoso, ni siquiera conforme al principio pro persona, toda vez que éste se refiere a procedimientos convencionales y no al de delincuencia organizada.

CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis.

Antes de abordar la cuestión de fondo, es preciso establecer si entre los tribunales contendientes existe una genuina contradicción de criterios. Para ello, debe tomarse en consideración lo siguiente:

En principio, hay que recordar que la intervención de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación –y en algunos supuestos de los Plenos de Circuito– se justifica por la necesidad de unificar criterios para, así, dotar de plenitud y congruencia al ordenamiento jurídico, en aras de garantizar mayor seguridad jurídica en la impartición de justicia. Por tanto, el estudio de los criterios contendientes exige que se determine si, en la especie, existe esa necesidad de unificación, lo cual se advierte cuando en algún tramo de los procesos interpretativos involucrados, éstos se centren en una misma problemática y concluyan con la adopción de decisiones distintas, aunque no sean contradictorias en términos lógicos.(10)

Al respecto, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que no es menester que los criterios opuestos sean los que, en los casos concretos, constituyan el sostén de los puntos resolutivos, pues en las condiciones marginales o añadidos de "a mayor abundamiento" pueden fijarse criterios de interpretación que resulten contrarios a los emitidos por diversos órganos jurisdiccionales.(11)

Asimismo, esta Primera Sala ha referido que a fin de determinar si existe la contradicción de tesis planteada y, en su caso, resolver cuál es el criterio que debe prevalecer, no es necesario que los criterios se sostengan en tesis jurisprudenciales. Así, por tesis debe entenderse, para estos efectos, el criterio adoptado por un órgano jurisdiccional terminal a través de argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia.(12)

De esta manera, puede concluirse que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:

(1) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se hayan visto en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo, dando lugar a la emisión de un criterio o tesis.

(2) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque o contacto, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación desarrollada gire en torno a un mismo problema jurídico, independientemente de que las cuestiones fácticas que originan los asuntos no sean exactamente iguales.

(3) Que las tesis o criterios de los órganos colegiados resulten contradictorias, lo que da lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si alguna forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquiera otra que, como aquélla, sea legalmente posible.

Tomando en consideración lo anterior, este Alto Tribunal estima que en el presente caso sí existe la contradicción de criterios denunciada, toda vez que los Tribunales Colegiados contendientes se vieron en la necesidad de resolver una misma cuestión litigiosa, frente a la cual emplearon su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo, adoptando posturas o criterios que resultan contradictorios. Veamos:

Como se mencionó en el apartado de antecedentes de esta resolución, al resolver los respectivos juicios de amparo que fueron puestos a su consideración, ambos tribunales se vieron en la necesidad de determinar si las copias certificadas de una averiguación previa diversa, en las que obraban declaraciones de testigos de cargo así como pruebas documentales, podían ser valoradas en el proceso penal como tales, esto es, como testimonios o documentos públicos. Lo anterior, tomando en consideración el contenido del artículo 41, segundo párrafo, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en su texto anterior a la reforma Publicada en el Diario Oficial de la Federación de 16 de junio de 2016, el cual a la letra establece lo siguiente:

"Artículo 41. Los Jueces y tribunales, apreciarán el valor de los indicios hasta poder considerar su conjunto como prueba plena, según la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos y el enlace que exista entre la verdad conocida y la que se busca.

"Las pruebas admitidas en un proceso podrán ser utilizadas por la autoridad investigadora para la persecución de la delincuencia organizada y ser valoradas como tales en otros procedimientos relacionados con los delitos a que se refiere esta ley."

Al respecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito estimó que la autoridad responsable erró al concederle valor probatorio de testimonios y documentos públicos a las copias certificadas de una averiguación previa diversa. Ello, en virtud de que, en su opinión, el artículo 41 antes transcrito se refiere únicamente a las pruebas admitidas en el proceso jurisdiccional y no a las desahogadas en la etapa de investigación. En contraste, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito consideró que las declaraciones rendidas en autos de la causa penal y que obran en copias certificadas, sí debían ser valoradas como testimonios. Lo anterior, al considerar que dichas probanzas sí se encontraban comprendidas en la regla especial prevista en el segundo párrafo del artículo 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

De lo anterior se desprende que los tribunales contendientes se pronunciaron sobre un mismo punto de derecho a través de un ejercicio de interpretación, a partir del cual arribaron a soluciones jurídicas distintas. Ello, pues mientras que el primero estimó que el artículo 41, segundo párrafo, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada no resulta aplicable tratándose de diligencias desahogadas en una averiguación previa diversa sino únicamente a aquellas admitidas en la etapa jurisdiccional, el segundo llegó a una conclusión contraria, esto es, que dicho precepto sí se refiere a las diligencias practicadas ante el órgano investigador.

De esta manera, esta Primera Sala advierte que el punto de contradicción entre los Tribunales Colegiados, sobre el cual está llamada esta Suprema Corte a pronunciarse, estriba en dilucidar si el artículo 41, segundo párrafo, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al establecer que las pruebas admitidas en un proceso podrán ser utilizadas para la persecución de la delincuencia organizada y ser valoradas como tales en otros procedimientos, se refiere únicamente a las pruebas admitidas ante un Juez o también a las diligencias desahogadas en una averiguación previa diversa. Y, en consecuencia, si por virtud de dicho precepto las copias certificadas de una averiguación previa distinta a la de la causa penal, pueden ser valoradas, en cuanto a su contenido, como pruebas testimoniales, documentales, etcétera.

No pasa inadvertido para esta Primera Sala que, al resolver el amparo directo **********, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Sin embargo, esta Primera Sala observa que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver sus respectivos asuntos, no esgrimió ninguna consideración en este sentido, por lo que no resulta posible fijar un punto de contradicción al respecto.

Finalmente, es importante precisar que el estudio de la presente contradicción de tesis se realizará a la luz del marco normativo y constitucional bajo el cual se emitieron los criterios contendientes. En ese sentido, en lo que sigue se tomará como referencia el contenido constitucional vigente hasta antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio 2008 y las disposiciones aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales, así como el artículo 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016.

QUINTO.—Estudio de fondo.

Como ha quedado precisado, el punto de contradicción se circunscribe a determinar si el artículo 41, segundo párrafo, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al establecer que las pruebas admitidas en un proceso podrán ser utilizadas para la persecución de la delincuencia organizada y ser valoradas como tales en otros procedimientos, se refiere únicamente a las pruebas admitidas ante un Juez o también a las desahogadas en una averiguación previa diversa. Lo anterior, con la intención de dilucidar si, por virtud de dicho artículo, estas últimas pueden ser valoradas en cuanto a su contenido como pruebas documentales, testimoniales u otras.

Para resolver lo anterior, conviene traer a colación, en primer lugar, el texto del artículo 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación. de 16 de junio de 2016). Dicho precepto, a la letra dispone:

"Artículo 41. Los Jueces y tribunales, apreciarán el valor de los indicios hasta poder considerar su conjunto como prueba plena, según la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos y el enlace que exista entre la verdad conocida y la que se busca.

"Las pruebas admitidas en un proceso podrán ser utilizadas por la autoridad investigadora para la persecución de la delincuencia organizada y ser valoradas como tales en otros procedimientos relacionados con los delitos a que se refiere esta ley.

"La sentencia judicial irrevocable que tenga por acreditada la existencia de una organización delictiva determinada, será prueba plena con respecto de la existencia de esta organización en cualquier otro procedimiento por lo que únicamente sería necesario probar la vinculación de un nuevo procesado a esta organización, para poder ser sentenciado por el delito de delincuencia organizada."

Como puede observarse, el artículo transcrito contiene diversas reglas especiales que rigen la valoración de las pruebas tratándose de procesos penales seguidos por la probable comisión de los delitos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. No obstante, en atención al punto de contradicción, en lo que sigue nos referiremos únicamente al segundo párrafo de dicho precepto, por ser és

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28385-66a50586/delincuencia-organizada-interpretacion-del-articulo-41-segundo-parrafo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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