DELINCUENCIA ORGANIZADA. CUANDO EXISTAN DATOS OBJETIVOS Y COMPROBABLES, QUE PERMITAN ESTABLECER, RAZONABLEMENTE, QUE UNA PERSONA FORMA PARTE DE UNA ORGANIZACIÓN DELICTIVA DETERMINADA, SU DETENCIÓN SE ACTUALIZA EN FLAGRANCIA, EN ATENCIÓN A LA NATURALEZA DEL DELITO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2019. SUSCITADA ENTRE EL TERCER Y CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. 3 DE NOVIEMBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ NIEVES LUNA CASTRO (PRESIDENTE), RUBÉN ARTURO SÁNCHEZ VALENCIA, MARÍA ELENA LEGUÍZAMO FERRER, IRMA RIVERO ORTIZ DE ALCÁNTARA (PONENTE) Y JOSÉ MANUEL TORRES ÁNGEL. SECRETARIO: ALFREDO SILVA JUÁREZ.
Toluca, Estado de México. Acuerdo del Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, correspondiente a la sesión pública ordinaria de tres de noviembre de dos mil veinte.
VISTOS, para resolver, los autos de la contradicción de tesis 1/2019; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante escrito presentado el cinco de marzo de dos mil diecinueve, en la Secretaría de Acuerdos del Pleno en Materia Penal de este Segundo Circuito, el Magistrado titular del Quinto Tribunal Unitario del propio Circuito, con residencia en esta ciudad, denunció la posible contradicción entre el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal en el amparo en revisión **********, y el sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal al resolver el amparo en revisión **********.
SEGUNDO.—Trámite. Por auto de seis de marzo de dos mil diecinueve, el presidente de este Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito admitió a trámite la denuncia de posible contradicción de tesis; solicitó a la Presidencia de los Tribunales Colegiados mencionados copia certificada de las ejecutorias dictadas en los respectivos amparos en revisión; y que informaran si los criterios sustentados se encuentran vigentes o, en su caso, las razones para tenerlos por superados o abandonados.
Por acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, se recibió el oficio procedente de la Dirección General de Compilación y Sistematización de Tesis, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se informó que durante los últimos seis meses no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis radicada ese (sic) Máximo Tribunal en la que el punto a dilucidar guarde relación con el tema materia de la presente contradicción; asimismo, cumplimentado lo requerido, se turnó el asunto al Magistrado Humberto Venancio Pineda, para la elaboración del proyecto de resolución.
El ocho de agosto de dos mil diecinueve se recibió en el sistema electrónico de Plenos de Circuito, el proyecto de resolución elaborado por el Magistrado Humberto Venancio Pineda.
En proveído de seis de septiembre de dos mil diecinueve, se recibió el oficio por medio del cual el Magistrado Mauricio Torres Martínez informó que fue designado para integrar el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, en suplencia del Magistrado Humberto Venancio Pineda, por tanto, se ordenó el returno de la presente contradicción de tesis al Magistrado Mauricio Torres Martínez, para que se impusiera del proyecto de resolución, o en su caso, reelaborara el mismo.
Por auto de treinta de septiembre de dos mil diecinueve se recibió el oficio a través del cual se informó que los integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en sesión de veintiséis de ese mes y año, designaron al Magistrado Adalid Ambriz Landa para integrar el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, en suplencia del Magistrado Mauricio Torres Martínez; en consecuencia, se returnó el presente asunto al Magistrado Adalid Ambriz Landa, para que formulara el proyecto de resolución.
El catorce de octubre de dos mil diecinueve se recibió en el sistema electrónico de Plenos de Circuito, el proyecto de resolución elaborado por el Magistrado Adalid Ambriz Landa.
Por último, mediante proveído de diez de diciembre de dos mil diecinueve, se recibió el oficio por el que el presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, comunicó que en sesiones de veintiséis de noviembre y seis de diciembre de ese año, respectivamente, se designó a la Magistrada Irma Rivero Ortiz de Alcántara para integrar el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, en suplencia del Magistrado Adalid Ambriz Landa, así como integrar el Pleno correspondiente al año dos mil veinte, por tanto, se returnó la presente contradicción de tesis a la Magistrada Irma Rivero Ortiz de Alcántara, para que se impusiera del proyecto de resolución o reelaborara el mismo.
TERCERO.—Reanudación de plazos y autorización para resolución en sesión por videoconferencia. En términos de lo dispuesto por los artículos 1, 2 y 27 del Acuerdo General 21/2020, reformado mediante el diverso 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, a partir del tres de agosto de dos mil veinte se levantó la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio del año en curso,(1) por lo que se estableció que las sesiones ordinarias de los Plenos de Circuito se celebrarán por videoconferencia.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito es competente para conocer y resolver de (sic) la presente contradicción de tesis, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41-Bis y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis sustentada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Penal de este Segundo Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, en tanto que fue formulada por el Magistrado titular del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Segundo Circuito, quien está facultado para ello, de conformidad con el artículo 227, fracción III, en relación con el 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo.
TERCERO.—Criterios contendientes. Con el fin de verificar si existe la contradicción de criterios denunciada, es necesario precisar, en lo conducente, las consideraciones de las ejecutorias correspondientes.
Criterio 1. Sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, consistente en:
"QUINTO.—Son infundados los conceptos de agravio que expone el recurrente, sin que se advierta deficiencia en la queja que suplir, conforme el numeral 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.—Previo a señalar las razones de esta apreciación, conviene puntualizar las siguientes situaciones: El veintiocho de febrero de dos mil trece, el agente del Ministerio Público titular de la Mesa de Patrimoniales de la Dirección General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de **********, declinó competencia para continuar en el conocimiento del asunto a la Subprocuraduría Especializada de Investigación para la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, a la cual remitió las diligencias efectuadas en la averiguación previa original, dejando a disposición de la indicada subprocuraduría tanto al quejoso-recurrente **********, alias ********** como al resto de implicados (f. 143 y siguientes, y 172 del cuaderno I).—El uno de marzo siguiente, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, solicitó del Juez Federal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, obsequiara orden de arraigo en contra de, entre otros, el aquí recurrente (f. 957 y siguientes del cuaderno II), lo que el aludido juzgador federal materializó el tres de marzo siguiente (f. 1069 y siguientes del cuaderno II).—El seis de abril de dos mil trece, el indicado representante social de la Federación ejerció acción penal en contra de **********, alias ********** o ********** y otros sujetos, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de delincuencia organizada con la finalidad de perpetrar delitos contra la salud y secuestro, previsto y sancionado (sic) en los artículos 2, fracción VII y 4, fracción I, inciso b), de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y 194 del Código Penal Federal; así como por la probable comisión del delito de cohecho de particulares, previsto y sancionado en el artículo 307 del Código Penal del Estado de Hidalgo; y consignó sin detenido los autos de la averiguación previa ante el Juez de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México en turno, solicitando emitiera orden de aprehensión en contra de aquéllos (f. 2468 y siguientes del cuaderno IV).—El siete de abril de dos mil trece, el Juez Tercero de Distrito de la indicada especialidad, a quien se remitió por turno la consignación, radicó la causa penal con el número ********** y el ocho siguiente libró la orden de aprehensión solicitada, misma que fue cumplimentada el once de abril de dos mil trece, siendo puesto a disposición del aludido juzgador federal el quejoso, hoy recurrente, entre otros (f. 2540 y siguientes, 2738 y 2777 del cuaderno IV).—En audiencia celebrada el doce de abril siguiente, el aludido juzgador recabó la declaración preparatoria del quejoso y coimputados (f. 2764 y siguientes del cuaderno IV), y en la dilación constitucional duplicada, celebró careos entre el imputado **********, con los diversos inculpados **********, alias **********; **********, alias **********; **********, alias **********; **********, alias ********** y **********, alias ********** (f. 2869 y siguientes del cuaderno IV).—El diecisiete de abril de dos mil trece, el indicado Juez de Distrito resolvió la situación jurídica del hoy recurrente y otros, a quienes declaró formalmente presos por la probable comisión del delito de delincuencia organizada, previsto y sancionado en los artículos 2, fracciones I y VII, (sic) con relación al diverso 4, fracción I, inciso b), y 5, fracción I, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de acuerdo con el supuesto de responsabilidad o intervención previsto en el diverso 13, fracción II, del Código Penal Federal (f. 3102 y siguientes del cuaderno IV).—Inconforme con esa decisión, **********, su defensor y el agente del Ministerio Público de la Federación interpusieron recurso de apelación, medio de impugnación que fue tramitado ante el Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, cuyo titular, el doce de marzo de dos mil catorce, en el toca penal **********, confirmó la determinación recurrida (f. 295 del cuaderno I del toca referido), misma que constituye el acto reclamado en el juicio de garantías que hoy se resuelve en revisión. ... En torno a las violaciones que alega el hoy recurrente y que podrían provocar impacto procesal en la totalidad de las actuaciones, se advierten infundados los argumentos referidos.—En efecto, aduce el quejoso que en el oficio de puesta a disposición que suscribieron los elementos policiales de nombre **********, ********** y **********, datado el veintisiete de febrero de dos mil trece (f. 40 del cuaderno I), no se advierte (sic) hayan hecho de su conocimiento los derechos que le asistían al haber sido asegurado en flagrante delito y que resguardan los artículos 14, 16 y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las convenciones internacionales a las que se ha ceñido el Estado nacional, pues no le hicieron saber que tenía derecho a designar un defensor o persona de su confianza, ni le informaron las razones de su detención.—A fin de evidenciar lo expresado, el quejoso menciona el numeral 7.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual prescribe que ‘Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada sin demora del cargo o cargos formulados contra ella.’, y cita también el criterio sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos bajo el rubro de: ‘DETENCIÓN ILEGAL ARBITRARIA. LA INFORMACIÓN DE LOS MOTIVOS Y RAZONES DE LA DETENCIÓN DEBE DARSE CUANDO ÉSTA SE PRODUCE EN LENGUAJE SIMPLE, LIBRE DE TECNICISMOS.’, y alega que el hecho de que el delito de delincuencia organizada tenga naturaleza permanente –cuya consumación se prolonga en el tiempo– no era óbice para que se estimara flagrancia delictual.—Tales planteamientos se estiman infundados, ya que de los autos que conforman la causa penal se advierte que una vez que tuvo noticia de los hechos de privación de la libertad que denunció el elemento policial ********** –quien atribuye al quejoso haberse integrado al grupo criminal **********–, conducta que fue desplegada en su contra el diecinueve de enero de dos mil trece, haciendo mención que en dicha conducta intervinieron diversos compañeros de la misma corporación policial a que pertenece el denunciante referido –esto es, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de **********– la autoridad ministerial de **********, determinó se realizara investigación por parte de los elementos policiales que lo auxilian, lo que ocurrió el veintisiete de febrero de dos mil trece (f. 21, 22 y 24 del cuaderno I). A dicha investigación se avocaron los elementos policiales ya mencionados, quienes, como consta en el parte informativo de veintisiete de febrero de dos mil trece, con la información derivada de la denuncia que realizó **********, se constituyeron en las oficinas de la aludida corporación policial a que pertenecía el hoy recurrente, logrando entrevistarse, entre otras personas, con el oficial **********, quien les refirió su integración al indicado grupo criminal (f. 28), tal como le fue atribuido por el denunciante de mérito. Del aludido parte informativo no se advierte la hora en que los elementos policiales citados se constituyeron en las oficinas de la indicada Dirección de Seguridad Pública. Asimismo, obra en autos el oficio de puesta a disposición del hoy recurrente y otras personas, así como de diversos objetos que fueron asegurados a los detenidos –en su mayoría teléfonos móviles– como consta a fojas (sic) 40 del cuaderno I, ante la aludida autoridad investigadora de la ciudad de **********, oficio del que tampoco se advierte la hora en que fue puesto a disposición de la indicada autoridad ministerial. ... También alega el recurrente que su detención no ocurrió en flagrante delito, por lo que la misma es ilegal, pues no estaba perpetrando ilícito alguno.—Para soportar dicha apreciación, el recurrente invoca el artículo 16 constitucional, así como los diversos preceptos 9 y 11 de la Convención Universal de los Derechos Humanos (sic), los que son del tenor literal siguiente: ‘Artículo 9.’ (transcribe texto).—‘Artículo 11.’ (transcribe texto).—Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el recurrente invoca los artículos 9.1, 9.2, 9.3 y 14, que disponen: ‘Artículo 9.1.’ (transcribe texto).—‘Artículo 9.2.’ (transcribe texto).—‘Artículo 9.3.’ (transcribe texto).—‘Artículo 14.’ (transcribe texto).—De la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, invoca el artículo XXV, del tenor literal siguiente: ‘Artículo XXV.’ (transcribe texto).—De la Convención Americana sobre los (sic) Derechos Humanos, los numerales 7.1, 7.2, 7.3. 7.4 y 7.5, que postulan: ‘Artículo 7.1.’ (transcribe texto).—‘Artículo 7.2.’ (transcribe texto).—‘Artículo 7.3.’ (transcribe texto).—‘Artículo 7.4.’ (transcribe texto).—‘Artículo 7.5.’ (transcribe texto).—Asimismo, el recurrente invoca y transcribe el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los supuestos que se refieren al delito flagrante y al caso urgente, así como el diverso 193 del Código Federal de Procedimientos Penales y establece que su detención ocurrió al amparo de una orden de investigación y que los elementos policiales que lo detuvieron no le externaron cuál fue el motivo de la misma.—Para soportar su apreciación, el recurrente transcribe diversos criterios jurisprudenciales en torno al delito flagrante y cita partes de la discusión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, para delimitar la flagrancia hasta lo que se denomina cuasiflagrancia.—Lo anterior le lleva a concluir que el delito flagrante se refiere a la inmediatez en la comisión del delito, mismo que debe estarse cometiendo para que tenga lugar la detención en flagrancia, lo que implica que la policía no tiene facultades para detener ante la sospecha de que alguien pudiera estar cometiendo un delito o de que estuviera por cometerlo y tampoco puede detener para investigar.—Las anteriores reflexiones conducen al recurrente a afirmar que tratándose de delitos permanentes esa precisión es especialmente importante, porque si la persona no es sorprendida al momento de estar cometiendo el delito o inmediatamente después de cometerlo, la autoridad carece de atribuciones para detenerlo, porque para ello es preciso que se le sorprenda perpetrando el delito; lo que aunado al hecho de que su detención ocurrió merced a una orden de investigación, torna del todo ilegal el aseguramiento y detención citados y, como consecuencia, son ilegales las pruebas obtenidas a partir de dicha ilícita detención, pues provienen de un acto viciado de origen, invocando, para apoyar sus consideraciones, el criterio aislado de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con rubro: ‘PRUEBA ILÍCITA. LAS PRUEBAS OBTENIDAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE, VIOLANDO DERECHOS FUNDAMENTALES, NO SURTEN EFECTO ALGUNO.’, así como el diverso contenido en el criterio jurisprudencial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con rubro: ‘ACTOS VICIADOS. FRUTOS DE.’. Razona que ello es así, porque la autoridad policial que lo detuvo no contaba con datos ciertos o válidos que motivaran su detención y termina afirmando que el estudio de las situaciones involucradas con la problemática a que alude implica la interpretación directa de preceptos constitucionales, que en la especie son los artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que conllevaría que la Suprema Corte se avocara a su conocimiento.—Son infundados los argumentos reseñados, en atención a que la investigación a que se avocaron los policías que detuvieron al quejoso –mismos que se han mencionado en líneas anteriores de esta sentencia– provino de directa orden del órgano ministerial facultado en la investigación de conductas probablemente constitutivas de delito, quien ordenó la investigación a virtud de la denuncia que sobre la privación de su libertad formuló el elemento policial **********. Como se ha expuesto en líneas anteriores, al denunciar el hecho –lo que ocurrió a las tres horas con diez minutos del veintisiete de febrero de dos mil trece, ratificada a las cinco horas del mismo día–, el indicado elemento policial de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de **********, señaló que diversos compañeros que laboran con él en dicha corporación, le insistieron en que se integrara al grupo delictivo denominado **********, diciéndole que en caso de no acceder a ello y a transmitirles información sobre las actividades que desplegaran en dicha porción territorial las diversas corporaciones policiales federales, estatales y municipales, sabían de las actividades de su familia, esto es, lo amenazaron con causarle un mal grave a él y a su familia. Añadió que dicho grupo delictivo se dedica a efectuar levantones, privar de la vida, privar de la libertad y a perpetrar delitos contra la salud con marihuana y cocaína, señalando, entre otros de sus compañeros, al recurrente **********, como uno de los que se han integrado al grupo organizado referido. También precisó que fue obligado a abordar un vehículo y trasladado a **********, donde le entregaron una cantidad de dinero para que aceptara obrar de la manera en que aquéllos le indicaron, regresándolo después al sitio donde abordó dicho vehículo.—Ante la aludida denuncia, la autoridad ministerial de **********, ordenó a elementos policiales de la Coordinación de Investigación de la Agencia de Seguridad e Investigación Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública de **********, se avocaran a la investigación del hecho delictivo referido, por lo que éstos se constituyeron en las oficinas de la indicada Dirección de Seguridad Pública de ********** y se entrevistaron, entre otros elementos policiales, con el quejoso, determinando que éste se encontraba implicado en la comisión del delito denunciado, por lo que fue puesto a disposición del órgano ministerial.—Por tanto, se concluye que debido a la naturaleza permanente del delito de delincuencia organizada –el que se prolonga en el tiempo mientras dura la permanencia del activo en la agrupación criminal, permanencia durante la cual efectúa actos reiterados a fin de contribuir a los fines del ente criminal– es incuestionable que sí precedió la denuncia del citado ********** en contra de, entre otros, el recurrente **********, como uno de los sujetos que decidió integrarse a la indicada agrupación organizada para delinquir –de la cual otros miembros de ella, también compañeros del denunciante y del recurrente, le insistían en que se plegara a dicho grupo delictivo realizando la labor de informarles sobre las actividades de las diversas corporaciones policiales, bajo la amenaza que de no hacerlo, él y su familia sufrirían las consecuencias–, existió flagrancia en la detención referida, pues la conducta de organizarse de hecho con más de tres personas se prolonga en el tiempo –y, en el caso, hasta el momento en que fue detenido el hoy recurrente, quien admitió haber pertenecido a dicha agrupación desde el veintinueve de diciembre de dos mil doce al veintisiete de febrero de dos mil trece, momento en que ocurrió su aseguramiento y puesta a disposición del órgano ministerial, señalando también que estuvo reportando a dicho grupo criminal hasta el día anterior a su aseguramiento–, de tal manera que en el instante en que el quejoso-recurrente fue asegurado, evidentemente existía flagrancia delictiva, pues en ese momento integraba el aludido grupo organizado para delinquir, como se advierte tanto de sus declaraciones como de las provenientes de diversos coimputados que admitieron su personal intervención en el delito –esto es, admiten que incurrieron en la conducta consistente en organizarse de hecho con más de tres personas con la finalidad de perpetrar delitos e imputan a ********** haber incurrido en la misma acción–.—Por estas razones son infundados los agravios que expone el recurrente, pues más allá de que al momento en que fue asegurado –lo que ocurrió en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de **********, lugar al que se constituyeron los mencionados elementos policiales que suscribieron el oficio de puesta a disposición– ‘no estuviera cometiendo un delito’, es evidente que si las investigaciones que realizaron los indicados policías les condujeron al conocimiento de que ********** integraba la agrupación organizada para delinquir y probablemente había intervenido en la privación de la libertad del denunciante **********, incuestionablemente que la detención ocurrió en flagrancia, pues, se insiste, cuando fue asegurado el recurrente integraba el grupo criminal de que se trata sin funciones de dirección, ya que las del recurrente eran poner en conocimiento de otros miembros del grupo delictivo respecto de las actividades que las distintas corporaciones policiales establecieran en la porción geográfica asignada a aquél, razones por las que son infundados los argumentos que se atienden.—De esta manera, no se advierte que la determinación objeto del reclamo haya sido sustentada en prueba ilícita, ni que hayan sido vulnerados los derechos fundamentales que el recurrente menciona, pues se agotaron las formalidades esenciales del procedimiento en la averiguación previa y en la etapa de pre-instrucción del caso, con lo que se satisfizo el derecho de debido proceso que asiste al recurrente, razones por las que procede abordar el análisis relativo a si las pruebas apreciadas en tal acto son suficientes y eficientes para acreditar los elementos integrantes del cuerpo del delito y si los mismos son igualmente idóneos para colegir la probable responsabilidad penal del quejoso en su comisión."
Criterio 2. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, estimó que:
"DÉCIMO.—Estudio y resolución del asunto. Ahora, a efecto de dar claridad a esta resolución, procede exponer brevemente los antecedentes relevantes del acto reclamado en el juicio de amparo que se revisa.—1. El cuatro de agosto de dos mil doce, el agente del Ministerio Público de la Federación consignó la averiguación previa ********** y ejerció acción penal (con detenido) contra ********** y otros, por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer el delito de secuestro, previsto en el artículo 2o., fracción VII (secuestro previsto en los numerales 9 y 10 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos ... de Secuestro), sancionado en el diverso 4, fracción II, inciso a); y portación de arma de fuego de uso exclusivo, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II, en relación con el 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y 13, fracción II, del Código Penal Federal; 2. En la misma fecha, el entonces Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad, radicó la causa penal número **********; ratificó la legalidad de la detención del aquí recurrente y otros, respecto de los delitos (sic) delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea; (sic) recabó la declaración preparatoria del quejoso, concedió la duplicidad del plazo estipulado en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y resolvió la situación jurídica del quejoso y los diversos coimputados, respecto de dichos ilícitos.—3. En relación con el delito de secuestro que constituye la materia de estudio en el recurso de apelación cuya resolución se reclamó en el amparo que se revisa, precisó que se resolvería sobre la solicitud de orden de aprehensión en términos del artículo 142 del Código Federal de Procedimientos Penales.—4. El cinco de agosto de dos mil doce, el Juez de la causa libró orden de aprehensión contra ********** y otros, por su probable responsabilidad en la comisión del delito (sic) privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, previsto en el artículo 9, fracción I, inciso a), en relación con el artículo 10, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, la cual se cumplimentó el veintitrés de agosto siguiente, por lo que en proveído de la misma fecha, decretó la detención material del aquí recurrente y también en esa data, recabó su declaración preparatoria; 5. El veintiocho de agosto de la citada anualidad, la secretaria encargada del despacho del Juzgado Federal mencionado, dictó auto de formal prisión en contra del hoy quejoso por el delito (sic) privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro; 6. Contra tal determinación, **********, así como su defensor, interpusieron recurso de apelación, el cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, bajo el toca **********, y que el quince de octubre de dos mil doce resolvió revocar el auto de término y ordenó reponer el procedimiento a partir de la declaración preparatoria del indiciado, a efecto de que se designara un asesor jurídico distinto para cada uno de los imputados, en virtud a que en las declaraciones ministeriales de ellos, se apreciaban imputaciones recíprocas; asimismo, para que se diera vista al Ministerio Público con relación a los actos de tortura denunciados por los imputados; 7. Así, el dieciséis de octubre de dos mil doce, el Juez del proceso recabó la declaración preparatoria del indiciado y otros; y el dieciocho siguiente, nuevamente dictó auto de formal prisión contra ********** y otros, por su probable responsabilidad penal en la comisión del ilícito (sic) privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro; 8. El aquí recurrente interpuso recurso de apelación del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, el que por resolución de veintidós de marzo de dos mil trece, emitida en el toca **********, modificó la resolución recurrida y ordenó la apertura del proceso sumario; 9. Inconforme con lo anterior, el dos de diciembre de dos mil quince, el quejoso promovió amparo indirecto, el cual se radicó en el Quinto Tribunal Unitario de Segundo Circuito, bajo el consecutivo **********, el cual fue resuelto en definitiva el cinco de julio de dos mil diecisiete, por el Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, resolución recurrida en el medio de impugnación en que se actúa.—En este punto debe destacarse que la resolución reclamada ya fue materia de análisis constitucional al haberse promovido diverso juicio de amparo por parte de uno de los coimputados, el cual fue resuelto por este Tribunal Colegiado como amparo en revisión **********, en el que se concedió la protección constitucional por insuficiente motivación; aspecto que constituye cosa juzgada sobre dicha violación formal en el dictado de la resolución reclamada; sin embargo, dado que se advi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29827-79a8d98b/delincuencia-organizada-cuando-existan-datos-objetivos-y-comprobables · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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