DELITO. CONDUCTA PENALMENTE RELEVANTE QUE DEBE ANALIZARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. DELITO. ELEMENTOS DE LA CULPABILIDAD QUE DEBEN ANALIZARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. DELITO. ELEMENTOS DEL TIPO PENAL QUE DEBEN ANALIZARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. DELITO. JUICIO DE ANTIJURIDICIDAD QUE DEBE REALIZARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. NOTIFICACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SU CALIDAD DE TERCERO INTERESADO. BASTA CON REALIZARLA AL QUE PARTICIPÓ EN EL PROCEDIMIENTO DE DONDE EMANA EL ACTO RECLAMADO.
AMPARO DIRECTO 99/2014. 2 DE JULIO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: EDGAR BRUNO CASTREZANA MORO, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SECRETARIO: GUSTAVO VALDOVINOS PÉREZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Notificación del amparo directo al Ministerio Público de la Federación. En el presente caso, de conformidad con el artículo 5o., fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, solamente tiene el carácter de tercero interesado el Ministerio Público adscrito al Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito.
Es así, porque el precepto mencionado dispone que tendrá tal calidad el representante social que haya intervenido en el procedimiento penal del cual emana el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable.(1)
Ahora, acorde con el artículo 1o. del Código Federal de Procedimientos Penales,(2) el proceso penal federal está conformado por los siguientes procedimientos:
1. Averiguación previa a la consignación a los tribunales. Este procedimiento, seguido en forma de juicio ante la institución del Ministerio Público de la Federación en su carácter de autoridad administrativa, inicia a partir de que el representante social investigador tiene conocimiento, por denuncia o querella, de hechos que pueden constituir delito y su objeto es que se practiquen las diligencias necesarias para determinar si procede o no la acción penal.
2. Preinstrucción. En este procedimiento, que se sigue ante la autoridad jurisdiccional que conozca de la causa penal, se realizan las actuaciones para que aquélla determine en el auto de formal prisión los hechos materia del proceso, su clasificación conforme al tipo penal aplicable y la probable responsabilidad del inculpado, o bien, en su caso, emita un auto de libertad al inculpado por falta de elementos para procesar. En este procedimiento, el Ministerio Público de la Federación ya no tiene el carácter de autoridad, sino de parte en el proceso penal.
3. Instrucción. Este procedimiento inicia con el auto de formal prisión y concluye con el auto que declara cerrada la instrucción, esto es, antes de que la institución ministerial federal concrete su acusación (en su caso) en su escrito de conclusiones. Abarca las diligencias practicadas ante y por los tribunales con el fin de averiguar y probar la existencia del delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las peculiares del inculpado, así como la responsabilidad o no responsabilidad penal de éste.
4. Primera instancia. A este procedimiento también se le llama juicio y, en él, el Ministerio Público Federal precisa su pretensión y el procesado su defensa ante el tribunal, quien valora las pruebas y pronuncia sentencia definitiva.
5. Segunda instancia. Es el procedimiento ante el tribunal de apelación, en que se efectúan las diligencias y actos tendientes a resolver los recursos. Existe incluso la posibilidad para las partes (inculpado, Ministerio Público de la Federación y víctima u ofendido) de ofrecer pruebas ante el órgano revisor.(3)
6. Ejecución. Este procedimiento comprende desde el momento en que cause ejecutoria la sentencia de los tribunales, hasta la extinción de las sanciones aplicadas.
7. Especiales. Son los procedimientos relativos a inimputables, a menores y a quienes tienen el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos.
En cada uno de tales procedimientos, el orden jurídico nacional prevé la participación de la institución ministerial federal como representante de la sociedad (parte acusadora de carácter público). Si bien la institución ministerial tiene injerencia en cada procedimiento de los antes aludidos, materialmente no es un solo agente de la representación social quien participa en cada etapa del proceso penal federal, sino que la propia institución, con base en su organización interna, designa mediante adscripción a los agentes encargados de solventar las facultades legales que corresponden al Ministerio Público de la Federación en cada procedimiento.
Por ello, aun cuando de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(4) y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República,(5) corresponde al procurador general de la República presidir al Ministerio Público de la Federación, no es el procurador general en persona quien interviene en cada procedimiento mencionado en cada uno de los procesos penales federales, sino que las atribuciones legales de la institución se realizan por conducto de agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la propia institución.
Así pues, como la Ley de Amparo dispone que tendrá la calidad de tercero interesado, el representante social que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, es claro que esa intervención está acotada en atención al procedimiento en que se genera el acto reclamado.
Por tanto, la calidad de tercero interesado se actualiza para el Ministerio Público de la Federación que intervino en la primera instancia ante el Juez de Distrito, cuando la ley no prevea recurso alguno en contra de la sentencia pronunciada en tal fase, pues es en ese procedimiento que se genera el acto reclamado.
Pero corresponderá tal carácter al representante social federal que intervino en la fase de apelación, si el acto reclamado es la sentencia de segunda instancia, pues es en el procedimiento seguido ante el tribunal revisor que se genera, en su caso, la afectación a las partes del proceso penal federal.
Es así, porque cuando el acto reclamado proviene de un proceso penal federal biinstancial, en el juicio de amparo directo es innecesaria la notificación al Ministerio Público Federal adscrito a la autoridad de primera instancia, pues la sentencia dictada en tal fase se encuentra superada procesalmente por la de la segunda instancia.
De este modo, tiene el carácter de tercero interesado el Ministerio Público adscrito al Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito, pues es el representante social que intervino en la fase del proceso penal de la que deriva el acto reclamado y, además, no tiene la calidad de autoridad responsable en el presente juicio de amparo. Por consiguiente, basta con la notificación que la autoridad responsable practicó a la agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción (folio 16 del cuaderno de amparo) para tener por satisfecho el emplazamiento de la institución ministerial en su carácter de parte tercera interesada.
Encuentra aplicación la tesis XXVII.3o.3 P (10a.),(6) de este propio órgano colegiado, de rubro y texto siguientes:
"NOTIFICACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SU CALIDAD DE TERCERO INTERESADO. BASTA CON REALIZARLA AL QUE PARTICIPÓ EN EL PROCEDIMIENTO DE DONDE EMANA EL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 5o., fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, tiene el carácter de tercero interesado el Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual emana el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. Por otra parte, los procedimientos penales del sistema tradicional son: a) averiguación previa a la consignación a los tribunales, b) preinstrucción, c) instrucción, d) primera instancia o juicio, e) segunda instancia, f) ejecución y, g) procedimientos especiales. En cada uno de ellos, la ley prevé la participación de la institución ministerial federal como representante de la sociedad (parte acusadora de carácter público), empero, materialmente no es un solo agente quien participa en cada etapa del proceso, sino que la propia institución, con base en su organización interna, designa mediante adscripción, a los encargados de solventar las facultades que corresponden al Ministerio Público en cada procedimiento mencionado. Así, es claro que esa intervención está acotada en atención al procedimiento en que se genera el acto reclamado; por tanto, la calidad de tercero interesado se actualiza para el Ministerio Público de la Federación que intervino en el procedimiento respectivo. De ahí que, si el acto reclamado es la sentencia de segunda instancia, tendrá el carácter de tercero interesado el Ministerio Público adscrito al tribunal de alzada (Tribunal Unitario o Sala Penal) señalado como responsable, al ser el representante social que intervino en la fase del proceso penal de la que deriva el acto reclamado y, además, no tener la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo. Por consiguiente, basta con la notificación que la autoridad responsable practique al agente del Ministerio Público de su adscripción para tener por satisfecho el emplazamiento en su carácter de parte tercero interesada, sin que sea necesario notificar también al agente ministerial que fungió en otros procedimientos, como el de primera instancia."
QUINTO. Violaciones procesales. De conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal vigente, así como del artículo 174 de la Ley de Amparo, en el primer amparo directo que promueva un justiciable en relación con un proceso ordinario, debe decidirse respecto de todas las violaciones procesales planteadas y, de aquellas que, en su caso, se adviertan en suplencia de la queja.
El presente juicio constitucional es el primero que promueve la parte quejosa con motivo del juicio natural. Por tanto, a fin de evidenciar el cumplimento de la precitada norma constitucional y legal, conviene destacar lo siguiente:
a) Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso no formuló conceptos de violación procesales;
b) No se advierte que se actualice alguno de los supuestos de suplencia de la queja previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo, ni tampoco trasgresión manifiesta a los derechos fundamentales del quejoso durante la secuela del procedimiento que lo hubiese dejado sin defensa.
Por tanto, se decreta que han quedado firmes e intocadas todas las cuestiones relativas al procedimiento penal de origen.
SEXTO. Diferencias entre el cuerpo del delito y el delito en sí. Es menester mencionar que los artículos 14, párrafo segundo y 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(7) señalan que el cuerpo del delito es un concepto procesal que deberá acreditarse para el libramiento de la orden de aprehensión u orden de comparecencia dictada por la autoridad jurisdiccional, previa denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito sancionado cuando menos con pena privativa de libertad; de ahí que el cuerpo del delito sólo tiene un carácter presuntivo.
Por su parte, los artículos 134 y 168 del Código Federal de Procedimientos Penales,(8) señalan que el Ministerio Público ejercitará acción penal cuando se encuentre acreditada en la averiguación previa el cuerpo del delito (conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como delito, así como los normativos, en el caso de que la descripción típica lo requiera) y la probable responsabilidad (su participación en el delito, la comisión dolosa o culposa del mismo y no exista acreditada a favor del indiciado alguna causa de licitud o alguna excluyente de culpabilidad) del indiciado.
Ello es así, ya que el proceso no tendría sentido si se considerara que la acreditación del cuerpo del delito indica que en definitiva se ha cometido un ilícito.
Por otra parte, en relación con el estudio relativo a la acreditación del delito, éste comprende un estándar probatorio mucho más estricto que el relativo al cuerpo del delito, pues tal acreditación (que sólo puede darse en sentencia definitiva) implica la corroboración de que en los hechos existió una conducta (acción u omisión) típica, antijurídica y culpable.
Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 1a./J. 143/2011 (9a.),(9) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS. Conforme a los artículos 134 y 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, en el ejercicio de la acción penal el Ministerio Público debe acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, lo cual significa que debe justificar por qué en la causa en cuestión se advierte la probable existencia del conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho delictivo. Así, el análisis del cuerpo del delito sólo tiene un carácter presuntivo. El proceso no tendría sentido si se considerara que la acreditación del cuerpo del delito indica que, en definitiva, se ha cometido un ilícito. Por tanto, durante el proceso -fase preparatoria para el dictado de la sentencia- el Juez cuenta con la facultad de revocar esa acreditación prima facie, esto es, el juzgador, al dictar el auto de término constitucional, y el Ministerio Público, en el ejercicio de la acción penal, deben argumentar sólidamente por qué, prima facie, se acredita la comisión de determinado delito, analizando si se acredita la tipicidad a partir de la reunión de sus elementos objetivos y normativos. Por su parte, el estudio relativo a la acreditación del delito comprende un estándar probatorio mucho más estricto, pues tal acreditación -que sólo puede darse en sentencia definitiva- implica la corroboración de que en los hechos existió una conducta (acción u omisión) típica, antijurídica y culpable. El principio de presunción de inocencia implica que el juzgador, al dictar el auto de término constitucional, únicamente puede señalar la presencia de condiciones suficientes para, en su caso, iniciar un proceso, pero no confirmar la actualización de un delito. La verdad que pretende alcanzarse sólo puede ser producto de un proceso donde la vigencia de la garantía de defensa adecuada permite refutar las pruebas aportadas por ambas partes. En efecto, antes del dictado de la sentencia el inculpado debe considerarse inocente, por tanto, la emisión del auto de término constitucional, en lo que se refiere a la acreditación del cuerpo del delito, es el acto que justifica que el Estado inicie un proceso contra una persona aun considerada inocente, y el propio acto tiene el objeto de dar seguridad jurídica al inculpado, a fin de que conozca que el proceso iniciado en su contra tiene una motivación concreta, lo cual sólo se logra a través de los indicios que obran en el momento, sin que tengan el carácter de prueba."
El tipo penal hace una descripción objetiva, normativa y subjetiva del delito, mientras que el cuerpo del delito es únicamente la descripción del hecho mismo, con independencia del sujeto que lo realiza, es decir, los elementos subjetivos se refieren al autor del delito, lo cual tiene que ver con la voluntad del sujeto, elemento que únicamente puede ser constatado con un análisis interno de la voluntad del sujeto y no de forma externa como lo es en el caso de la materialidad del hecho estudiado en el cuerpo del delito.
En esa virtud, acreditar el cuerpo del delito, no es más que demostrar la existencia de un hecho, el cual está conformado por elementos corpóreos comprobables a través de los sentidos y que, asimismo, conforma la parte objetiva, normativa y subjetiva específica del tipo penal establecido en un ordenamiento legal, con independencia de la culpabilidad del acusado.
Así, se entiende que para poder establecer la responsabilidad de un sujeto en específico, primero deben existir indicios suficientes para la acreditación del cuerpo del delito, esto es, la demostración de la existencia de un hecho con todos sus elementos constitutivos, como lo defina la ley, al considerarlo como delito y señalar la pena correspondiente.
Por ello, se entiende que al reunir dichos elementos objetivos, no se establece aún la responsabilidad plena del inculpado, sino por el contrario, se acredita únicamente una probable responsabilidad, siendo ésta la justificación del Estado para iniciar el proceso penal tendente a comprobar fehacientemente la plena culpabilidad del acusado.
Es importante reiterar que, dentro de la acreditación del cuerpo del delito, no se incluye la intencionalidad en la comisión del ilícito, es decir, la voluntad del autor no es tomada en consideración al momento de analizar dicha figura.
Por ello, es claro que al dictar sentencia definitiva, el nivel de exigencia probatoria para la comprobación de la responsabilidad plena del inculpado debe ser mucho más estricto, de esta forma, el juzgador puede tener la total certeza de que ha obtenido la verdad jurídica respecto al hecho delictivo.
De modo tal que el análisis de dicha institución procesal, cuerpo del delito, no debe hacerse en las sentencias definitivas.
Ahora, las sentencias en materia penal se estructuran de dos formas:(10)
a) En los considerandos se analiza la existencia del cuerpo del delito y plena responsabilidad, pasando después a la punición. Esta postura lleva los conceptos procesales de "cuerpo del delito" y "probable responsabilidad", previstos en los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, al ámbito de la sentencia cambiando la "probable" por la "plena" responsabilidad, tal y como se demuestra en el siguiente recuadro:
Ver recuadro
b) En los considerandos se realizan los juicios de la existencia de la conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, pasando después a la punición. Esta postura parte de considerar que el concepto de cuerpo del delito es propio de las órdenes de aprehensión, comparecencia y autos de plazo constitucional, no para la sentencia, en donde deben analizarse los juicios apuntados, con base en la interpretación sistemática de varios preceptos de la ley sustantiva penal. Postura que se retoma con la jurisprudencia supra citada y que se representa en la siguiente tabla:
Ver tabla
Por lo tanto, si bien es cierto que, por costumbre todavía muchos juzgadores estructuran sus sentencias a partir del cuerpo del delito y plena responsabilidad, también lo es que en toda sentencia debe analizarse si existe o no delito, mediante tres juicios de valoración: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad.
CONDUCTA
La conducta puede expresarse en forma de acción (actividad voluntaria o involuntaria) y de omisión, comprendiendo esta última la omisión simple y la comisión por omisión.(11)
Por otra parte, el delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales.(12)
Es aplicable la tesis XXVII.3o.4 P (10a.), de este propio órgano colegiado, pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:
"DELITO. CONDUCTA PENALMENTE RELEVANTE QUE DEBE ANALIZARSE EN LA SENTENCIA (CÓDIGO PENAL FEDERAL). En la jurisprudencia 1a./J. 143/2011, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS.’, se estableció que en toda sentencia debe analizarse si existe o no delito, esto es, una conducta típica, antijurídica y culpable. Por tanto, en la sentencia debe analizarse como presupuesto la existencia de una conducta, la cual en términos del artículo 15, fracción I, del Código Penal Federal, exige que se realice con la intervención de la ‘voluntad’ del agente. Lo anterior implica que se excluye el delito por faltar la conducta penalmente relevante, en casos en que el sujeto no ha tenido la capacidad de autodeterminar libremente sus movimientos corporales por recaerle una fuerza física irresistible o porque el hecho se realizó por movimientos reflejos."
JUICIO DE TIPICIDAD
1. Elementos de la descripción típica
1.1. Elementos objetivos o externos. Son aquellos que delinean sólo la parte exterior de la conducta y que no requieren de una especial valoración jurídica y cultural del hecho concreto para constatar su existencia.(13)
1.2. Elementos normativos. Se trata de presupuestos del injusto típico que sólo pueden ser determinados mediante una especial valoración de la situación de hecho.(14)
Son aquellos ingredientes especiales que se contienen en cada figura delictiva y que requieren de una especial valoración objetiva por parte del juzgador.(15)
Pueden ser de dos clases:
a) Los que requieren valoración jurídica. Se trata de conceptos que pertenecen al ámbito del derecho, al cual debe recurrir el intérprete para fijar su alcance.
b) Los que requieren valoración cultural. Son aquellos que tiene un contenido cultural y en los que se requiere una valoración de orden ético o social, la operación mental que sobre ellos realiza el Juez debe ajustarse a normas y concepciones vigentes que no pertenecen a la esfera del derecho.
1.3. Elementos subjetivos específicos (artículo 134 del Código Federal de Procedimientos Penales).(16) Son aquellas finalidades que el autor del hecho persigue en forma trascendente, con respecto a la finalidad del resultado, se trata de especiales tendencias y motivos que el legislador exige en algunos casos, aparte del dolo, para constituir el tipo de algún delito como requisitos de carácter subjetivo distintos al dolo.(17)
2. Autoría y participación (artículo 13 del Código Penal Federal)(18)
2.1. Autor es el que realiza por su propia persona todos los elementos del tipo del hecho punible. La autoría puede ser ejecutada algunas veces directa o indirectamente por el agente y otras por intermediario o de un tercero, se distingue, por tanto, entre la autoría material, intelectual y autoría mediata. La autoría comprende:(19)
• Intelectual
• Material
• Coautoría
• Indeterminada
• Mediata
2.2. La participación es un concepto de referencia -un concepto que necesita de otro- en relación con otro delito principal. Participación significa intervención dolosa en un delito doloso ajeno. Partícipe es el sujeto que contribuye al hecho ajeno.(20) El referido artículo establece como formas de participación la instigación, la complicidad primaria, la complicidad secundaria y la complicidad correspectiva.
2.3. Como corolario a lo anterior, el autor es quien tiene el dominio del hecho, es decir, quien puede decidir preponderantemente sobre el curso de la conducta típica. El partícipe no domina el hecho, sino que interviene en él con un grado de decisión menor. Además, su intervención es accesoria, pues supone la existencia de un autor principal.(21)
3. Elementos subjetivos genéricos
3.1. Dolo. Puede ser directo o eventual (artículos 8o. y 9o. del Código Penal Federal).(22) Es el conocer y querer los elementos del tipo.(23) Sus elementos son el conocimiento y la voluntad. Existen las siguientes clases de dolo:
I) De primer grado. Es cuando el autor sabe lo que hace y quiere realizar precisamente el resultado prohibido en el tipo penal (en los delitos de resultado) o la acción típica (en los delitos de simple actividad).(24)
II) Eventual. El autor considera seriamente como posible que su conducta ha de producir la realización del tipo penal y se conforma con esta posibilidad, en efecto, hay dolo eventual si el autor no ha desistido de la ejecución del hecho por la posibilidad cercana de la producción del resultado y su conducta se arguya que se ha conformado con el riesgo de la realización del tipo para conseguir el fin propuesto.(25)
3.2. Culpa. Se caracteriza por la existencia de un deber de cuidado exigible al activo y la inobservancia de ese deber. De acuerdo con el artículo 9o. del Código Penal Federal, las especies de la culpa son las siguientes:
a) Culpa con representación, la cual ocurre cuando se produce el resultado típico que el activo previó y confío que no se produciría; y
b) Culpa sin representación, que ocurre cuando el activo produce el resultado típico que no previó, siendo previsible.
Tiene aplicación al caso, la tesis XXVII.3o.5 P (10a.), de este propio órgano colegiado, pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra reza:
"DELITO. ELEMENTOS DEL TIPO PENAL QUE DEBEN ANALIZARSE EN LA SENTENCIA (CÓDIGO PENAL FEDERAL). En la jurisprudencia 1a./J. 143/2011, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS.’, se estableció que en toda sentencia debe analizarse si existe o no delito, esto es, una conducta típica, antijurídica y culpable. Una conducta es típica cuando tiene adecuación a los elementos del tipo del tipo penal. De la interpretación sistemática de los artículos 7, 8, 9, 12, 13, 15, fracciones II y VIII, inciso a), 17 del Código Penal Federal, se desprende que los elementos del tipo penal que deben analizarse en la sentencia son: i) los elementos objetivos de la descripción típica del delito de que se trate; ii) si la descripción típica los contempla, los elementos normativos (jurídicos o culturales) y subjetivos específicos (ánimos, intenciones, finalidades y otros); iii) la forma de autoría (autor intelectual, material o directo, coautor o mediato) o participación (inductor o cómplice) realizada por el sujeto activo; iv) el elemento subjetivo genérico del tipo penal, esto es, si la conducta fue dolosa (dolo directo o eventual) o culposa (con o sin representación)."
JUICIO DE ANTIJURIDICIDAD
1. Definición. Una conducta es antijurídica cuando está en contra del orden normativo, y tal conducta se encuentra en contra del orden normativo cuando no está amparada por una causa de justificación.(26)
2. Causas de justificación(27)
2.1. Consentimiento del titular del bien jurídico. El consentimiento es la manifestación de la voluntad, mediante la cual quien es capaz de actuar renuncia a su interés jurídicamente protegido, del cual puede disponer válidamente.
2.2. Legítima defensa. Este elemento negativo del delito, se define como la conducta que se realiza en ejercicio del derecho, que se tiene para preservar intereses propios o de un tercero que se encuentran jurídicamente protegidos y que son víctimas de un ataque legítimo.
2.3. Estado de necesidad justificante. Existe un estado de necesidad cuando se actúa por una situación de peligro actual de intereses protegidos por el derecho, en el cual no queda otro remedio que la violación de los intereses de otro jurídicamente protegido.
2.4. Cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho. Es una causa de justificación que tiene que ver con la ofensa de un bien jurídico por parte de un sujeto que realiza legítimamente sus funciones.
En la especie es aplicable la tesis XXVII.3o.6 P (10a.), de este propio órgano colegiado, pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente:
"DELITO. JUICIO DE ANTIJURIDICIDAD QUE DEBE REALIZARSE EN LA SENTENCIA (CÓDIGO PENAL FEDERAL). En la jurisprudencia 1a./J. 143/2011, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS.’, se estableció que en toda sentencia debe analizarse si existe o no delito, esto es, una conducta típica, antijurídica y culpable. Una conducta típica es antijurídica cuando contraviene el orden jurídico en su conjunto (antijuridicidad formal) reafirmando la lesión o puesta en peligro de los bienes jurídicos protegidos (antijuridicidad material). De los artículos 15, fracciones III, IV, V y VI y 17 del Código Penal Federal, se desprende que la antijuridicidad se excluye oficiosamente cuando la conducta se justifica por el orden jurídico al desplegarse para salvaguardar bienes jurídicos propios o ajenos de mayor valor al lesionado, siendo las causas de justificación enunciadas por el legislador las siguientes: i) el consentimiento del titular del bien jurídico protegido (expreso o presunto); ii) la defensa legítima (expresa o presunta); iii) el estado de necesidad justificante, y iv) el cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho."
JUICIO DE CULPABILIDAD
1. Definición. Es el conjunto de presupuestos o caracteres que debe tener una conducta para que le sea reprochada jurídicamente a su autor, ésta se entiende como el elemento subjetivo del delito que comprende el juicio de reproche por la ejecución de un hecho contrario a lo mandado por la ley.
2. Elementos
2.1. Imputabilidad. De conformidad con el artículo 15, fracción VII, del Código Penal Federal,(28) este elemento se señala que al momento de realizar el hecho típico, el agente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquél o de conducirse de acuerdo con esa comprensión, en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado.
2.2. Conocimiento de la antijuridicidad. Conocer la antijuridicidad del hecho implica que el sujeto conozca que el hecho que está realizando es reprochable y prohibido por la norma. Para que un sujeto tenga conciencia de la antijuridicidad de su acto se necesita lo siguiente:
i) Comprensión de la ilicitud del hecho, no en sentido técnico jurídico, sino en la valoración general propia;
ii) No requiere ni el conocimiento de la punibilidad ni el conocimiento de la prescripción legal que contiene la prohibición; y,
iii) Requiere el conocimiento "actual" de la contradicción, precisamente, referido a aquella norma cuya lesión se reprocha al autor.
2.2.1. El error de prohibición. Es el aspecto negativo de la conciencia de la antijuridicidad. De conformidad con la teoría de la culpabilidad, el conocimiento de la antijuridicidad no es un elemento del dolo, sino un elemento independiente dentro de la culpabilidad. El dolo, como conocimiento y voluntad de realizar elementos del tipo, se concibe como un dolo natural, que no incluye el conocimiento de la antijuridicidad. Éste como elemento independiente se traslada a la culpabilidad y se rige por los principios que inspiran la categoría del de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25324-7be33cf5/delito-conducta-penalmente-relevante-que-debe-analizarse-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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